Secretario de Transparencia le pide cuentas a rector de la UPC

Bogotá.

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República ha disparado una avalancha de exigencias al rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC), Robert Trinidad Romero Ramírez, demandando una montaña de documentos que podrían destapar un enredo de irregularidades en contratos millonarios, finanzas opacas y hasta conflictos de interés que sacuden los cimientos de la institución. (Ver Solicitud de Transparencia a la UPC)

En un oficio explosivo de 10 páginas, fechado el 25 de agosto, la Secretaría –encargada de la cruzada nacional contra la corrupción– invoca la Ley 2195 de 2022 para obligar al rector a entregar, en solo 10 días hábiles, una lista interminable de información sensible. ¿El detonante? Un comunicado a la opinión pública emitido por la UPC el 5 de agosto, a través del cual la entidad respondió a los cuestionamientos previos que el secretario de Transparencia había hecho al centro universitario. (Ver también Secretario de Transparencia de Presidencia sugirió intervención a la UPC por presuntas irregularidades)

Entre las demandas más impactantes figuran detalles minuciosos sobre ocho contratos de obra que suman altas cifras: desde $7.842 millones hasta $675 millones, adjudicados en invitaciones públicas del 2024. La Presidencia quiere todo: propuestas, pólizas, informes de ejecución y supervisión. Además, exigen la "malla de contratación" completa desde abril de 2022, incluyendo enlaces al SECOP II –el portal de transparencia contractual–, y explicaciones si algo no fue publicado como manda la ley. 

Pero la ofensiva no para ahí. La Secretaría pone el foco en la Escuela de Perfeccionamiento Académico de la UPC: piden su acto de creación, presupuestos anuales de 2022 a 2025, estados financieros y hasta la declaración de conflictos de interés del propio rector Romero. Exigen estadísticas de admisiones para aclarar este turbio asunto.

El documento también arremete contra posibles favoritismos: hojas de vida de altos funcionarios como Fabián Dangond Castro (jefe de Planeación), Marlon López De Castro (decano de Ciencias Administrativas) y Jorge Eliécer Bernard (decano de Derecho). Sumado a esto, un informe sobre nombramientos provisionales desde 2022, quejas disciplinarias contra el rector por presunto abuso de poder, y hasta denuncias sindicales que involucran exclusión laboral y vulneraciones de derechos.

¡Y hay más! La Presidencia reclama correspondencia con Findeter y el Ministerio de Educación sobre un contrato interadministrativo de 2023 para infraestructura educativa, estados financieros de 2020 a 2025 –incluyendo manejo de recursos nacionales y estampillas–, y detalles de procesos judiciales contra la universidad. No olvidan las elecciones del 10 de abril de 2025: exigen censos electorales, trazabilidad del escrutinio y verificabilidad total, insinuando posibles manipulaciones.

Incluso el sistema interno ORFEO y un proyecto de inversión en maestrías y doctorados con fondos de regalías (código BPIN 2021000100130) están bajo la lupa, junto con registros calificados para programas en Magdalena y Bolívar. Y para rematar, piden el plan de formalización laboral con sindicatos como ASPU y SINTRAUNICOL, tras declaraciones explosivas de docentes en asamblea el 31 de julio.

¿Estamos ante un caso de corrupción encubierta o solo una auditoría rutinaria? La Secretaría lo deja claro: esto es para "complementar" esfuerzos contra la opacidad, pero el tono del oficio sugiere que las sospechas van en serio. El rector tiene hasta mediados de septiembre para responder, o enfrentará sanciones. 

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