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Secretario de Transparencia de Presidencia sugirió intervención a la UPC por presuntas irregularidades y de la ANT por funcionarios en el RESO

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Andres Molina
Tuesday, August 5, 2025 11:12 AM
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Valledupar.

En la Sala de Juntas de Emdupar y ante los medios de comunicación del Cesar, el secretario de Transparencia de Presidencia de la República, Andrés Idárraga, entregó fuertes declaraciones sobre la Universidad Popular del Cesar, UPC, y la Agencia Nacional de Tierras, ANT, entidades a las cuales le ha puesto la lupa su despacho debido a denuncias que de manera “anónima” hicieron llegar ciudadanos.

¿Intervendrá MinEducación la UPC?

Sobre la UPC, el funcionario del Gobierno nacional expuso un informe sobre contratos, costos y circunstancias que, según manifestó, presentan irregularidades relacionadas con sobre costos y malos manejos administrativos que el rector Rober Romero Ramírez y demás funcionarios directivos deberán aclarar.

“En primer lugar, hemos entendido, de acuerdo a los documentos que nos han llegado, que ha habido una serie de situaciones, de acuerdos establecidos por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, asociados a temas rectorales, pero que se han venido, por decirlo de una manera, de acuerdo a las alertas, siendo apropiados por parte del rector, por encima del Consejo Superior Universitario, y tiene que ver con, por ejemplo, nombramientos y algunos requisitos. Son temas que estamos verificando. La contratación de la renovación tecnológica, estamos hablando de los posibles sobrecostos que podrían estar por encima del 60 % en tecnología, sobre todo compra de computadores y equipos”, dijo el secretario de Transparencia.

Mencionó unos nombres conocidos en Valledupar y sobre los cuales hay cuestionamientos por manejo de recursos, irregularidades y otros señalamientos que están bajo la investigación de su despacho.

“En las denuncias que han llegado a la Secretaría de Transparencia, se está involucrando al señor Álvaro Iglesias Ibarra y Orlando Seoanes Lerma. Estamos hablando de quien al parecer es el hermano del señor rector, es Esmelín Romero Ramírez, que de acuerdo a las denuncias se están utilizando recursos sin un beneficio concreto para la universidad, al parecer en acciones que están asociadas a una suerte de escuela de perfeccionamiento académico”, comentó.

También hizo mención puntual a una serie de contratos: “Descubrimos 169 contratos y órdenes contractuales celebradas con recursos de la nación por parte de la Universidad Popular del Cesar, que es lo que nos parece, digamos, más preocupante. En primer lugar, en lo que tiene que ver con las sedes de Valledupar y de Aguachica, donde los 169 contratos, al parecer, se omitieron el cumplimiento de principios de publicidades de transparencia en 161 convocatorias. Reitero, 161 convocatorias de 169”.

Y agregó: “Estamos hablando del contrato de obra número 42, de una invitación pública, que es la 009 del 2024, por valor de 7 mil 842 394 millones de pesos. Estamos hablando del contrato de obra número 31, que corresponde a la invitación pública 008 del 2024, por valor de 2 mil 990 millones. El contrato número 26, que corresponde a la invitación 007 del 2024, por valor de 395 millones de pesos. El contrato 25, que corresponde a la invitación número 006 del 2024, por valor de mil 67 millones de pesos…”.

El secretario de Transparencia cerró su intervención con respecto a la UPC con el anuncio de que sugerirá la intervención del Ministerio de Educación en la universidad, debido a los hallazgos que consideró de suprema gravedad.

“Tenemos otros asuntos, por lo cual ahí está el principal argumento para poner en consideración del ministro de Educación una intervención, sobre todo por temas financieros”, afirmó.

Para Idárraga, sí hay irregularidades en la ANT por contratistas en el RESO

El secretario de Transparencia de Presidencia, Andrés Idárraga, contrario a lo dicho por el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, considera que sí hay irregularidades con respecto a que contratistas de la ANT hagan parte del Registro de Sujetos de Ordenamiento, RESO, una plataforma pública que entre sus principales funciones está la de identificar y validar a potenciales beneficiarios de tierras a título gratuito en Colombia.

“No soy superior jerárquico ni tengo control sobre las definiciones y acciones que tome el señor Felipe Harman, director de la ANT, lo que les puedo decir simplemente es que en el marco de mis competencias, tomando muy seriamente todas las alertas que ante la opinión pública salieron por cuenta de esos hechos que estoy trasladando a la Procuraduría y a la Fiscalía, a diferencia de lo que se ha dicho por parte de la ANT sí nos parece algo grave que personas que pretenden mostrarse como población vulnerable digan que no son declarantes de renta, que son unos pobres viejecitos y que necesitan tierra cuando hay gente que sí necesita la tierra. Eso es como si usted fuera empresario y estuviera en el Sisbén”, aseveró el funcionario.

Entre todas las revelaciones, el funcionario anunció que toda la investigación de su despacho será trasladada a la Fiscalía para que investigue y tome decisiones “Es una denuncia penal contra ellos por posible fraude procesal, por posible falsedad ideológica en documento privado, junto con las disciplinarias que van a la Procuraduría”, concluyó.

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