¡Qué circo! Ni el propio Hospital Rosario Pumarejo de López sabe quién es su representante legal

Valledupar.

En una de esas paradojas que solo se ven en la administración pública colombiana, el Revisor Fiscal de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, José Alberto Henríquez David, le acaba de escribir a la Superintendencia Nacional de Salud para preguntarle algo tan básico como quién es, a estas alturas, el agente especial interventor y representante legal de la entidad. Sí, el hospital no sabe con certeza si quien puede firmar, autorizar pagos, contratar o mover recursos es el recién posesionado Víctor Augusto Pedraza López o la removida Lina María de Armas Daza, que un juez ordenó reintegrar de forma provisional por estar embarazada. (Ver también "Fuero de maternidad mantiene a Lina de Armas en el Rosario Pumarejo")

VER OFICIO DEL REVISOR FISCAL A LA SUPERSALUD

La confusión se originó cuando, mediante Resolución 2026420000009555-6 del 7 de octubre de 2026, Supersalud removió a De Armas y designó a Pedraza, quien se posesionó al día siguiente. Sin embargo, el 9 de octubre el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, en una acción de tutela, suspendió esa resolución y ordenó el restablecimiento temporal de De Armas mediante una “transición coordinada”, dejando expresamente prohibido el ejercicio simultáneo de la representación legal. El resultado es un limbo jurídico en el que nadie tiene claro quién puede obligar válidamente a la institución.

En su oficio RF-OF-2026-1125 del 14 de octubre, Henríquez David advierte con claridad los riesgos: “la adecuada identificación de la persona facultada para ejercer la representación legal de la ESE constituye un elemento esencial para determinar la competencia y validez de actuaciones administrativas, financieras, presupuestales, contractuales, laborales, bancarias y contables”. Agrega que la indefinición “podría generar contingencias relacionadas con la validez de los actos realizados, eventuales pagos carentes de suficiente autorización, duplicidad de instrucciones, dificultades frente a las entidades financieras y terceros, así como riesgos de naturaleza administrativa, contractual, contable, fiscal y disciplinaria”.

El revisor fiscal solicita a Supersalud, entre otras cosas, “informar y precisar formalmente quién ostenta, a la fecha de respuesta de la presente comunicación, la calidad de Agente Especial Interventor y Representante Legal”, precisar los efectos de la medida provisional e “impartir las directrices necesarias para materializar la ‘transición coordinada’ ordenada judicialmente”, indicando el momento exacto en que termina y quién tiene facultades en cada etapa. También pide orientación sobre qué hacer con los actos y pagos que Pedraza haya autorizado en los pocos días que estuvo en el cargo.

Mientras tanto, Henríquez David anuncia que su revisoría “continuará realizando seguimiento especial a las operaciones administrativas y financieras efectuadas durante este periodo”, especialmente las de ordenación del gasto, contratación, tesorería y pagos, y que extremará los controles “para salvaguardar los recursos de la ESE y evitar la materialización de operaciones cuya competencia o autorización pueda posteriormente ser objeto de cuestionamiento”.

En otras palabras, el hospital opera en medio de una incertidumbre que su propio revisor fiscal describe como determinante para la legalidad de todo lo que se haga. Y mientras Supersalud responde la solicitud urgente, en el Rosario Pumarejo de López siguen esperando que alguien les diga, de una vez por todas, quién tiene la pluma y la facultad para firmar.

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