El fuero de maternidad que mantiene a Lina de Armas al frente del Rosario Pumarejo pese a su remoción

Valledupar.

La Superintendencia Nacional de Salud resolvió el 7 de octubre apartar a Lina María de Armas Daza del cargo de agente especial interventora del Hospital Rosario Pumarejo de López y designó en su lugar a Víctor Augusto Pedraza López. Sin embargo, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, a través de un auto del 9 de octubre, admitió la acción de tutela presentada por ella y decretó medidas cautelares de urgencia que suspenden temporalmente esa resolución, ordenando su continuidad o reintegro inmediato en las funciones y en la representación legal de la institución.

El despacho judicial, bajo la titularidad del juez Alberto Enrique Ariza Villa, acogió los argumentos de la accionante, quien interpuso la tutela en nombre propio y en representación de su hija menor. De Armas acreditó encontrarse en estado de embarazo —con prueba positiva del 15 de agosto, notificada formalmente a Supersalud el 31 de ese mes— y sostuvo que es la principal proveedora económica del hogar. Según el expediente, su esposo renunció a su trabajo formal para dedicarse al cuidado exclusivo de la menor, quien presenta una condición de discapacidad y requiere terapias continuas. Con base en ello, alegó vulneración de derechos al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada por maternidad.

La medida cautelar frenó de tajo el empalme y la posesión del reemplazo designado. El juzgado le otorgó a Supersalud y al hospital un plazo máximo de 24 horas para restablecer a De Armas en el ejercicio pleno de sus funciones, cargo que había asumido el 9 o 10 de junio de 2026, en una institución intervenida desde enero de 2022 por graves hallazgos administrativos, financieros y asistenciales.

En el ambiente político y administrativo local no ha pasado desapercibida la coincidencia temporal: la notificación del embarazo se produjo apenas semanas antes de que se materializara la decisión de remoción. Para una funcionaria que supera los cuarenta y pico de años, el hecho se presta a suspicacia en sectores que observan con atención el manejo del hospital, aunque la decisión judicial se sustenta estrictamente en la protección constitucional del fuero de maternidad y no en consideraciones de gestión.

La interventoría de De Armas, que duró cerca de cuatro meses hasta la resolución de Supersalud, estuvo marcada por cuestionamientos públicos sobre contratos, movimientos de personal y el avance de la formalización laboral. El hospital acumula años bajo intervención y ha visto pasar varios agentes especiales; la llegada de Pedraza López, economista con experiencia en cargos directivos de ESE, buscaba precisamente dar un nuevo impulso a la operación.

Con la tutela en curso y las medidas cautelares vigentes, De Armas permanece en el cargo mientras se define de fondo el proceso. La decisión del Juzgado Quinto Civil del Circuito deja claro que, en el ordenamiento colombiano, el fuero de maternidad puede prevalecer sobre la discrecionalidad de la Superintendencia en la designación o remoción de agentes interventores, al menos de manera provisional.