Fiscalía imputa cargos a María Alejandra Benavides, exasesora de MinHacienda por caso UNGRD

Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos este jueves 8 de mayo a María Alejandra Benavides Soto, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La audiencia, celebrada ante el Juzgado 56 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, marca un nuevo capítulo en uno de los casos de corrupción más relevantes del actual gobierno.

La Fiscalía acusa a Benavides de ser una pieza clave en un esquema de corrupción que involucró el direccionamiento irregular de tres contratos por un total de 92.000 millones de pesos, destinados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar). Según la fiscal María Cristina Patiño, estos contratos habrían sido utilizados para influir en congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, con el objetivo de asegurar votos a favor de la aprobación de créditos solicitados por el Ejecutivo entre 2023 y 2024.

La investigación señala que Benavides, bajo instrucciones directas del entonces ministro Bonilla, actuó como enlace entre el Ministerio de Hacienda, la UNGRD y los legisladores, facilitando la asignación de estos contratos para garantizar apoyo político en el Congreso. Las pruebas incluyen audios y declaraciones de la exasesora, quien reconoció haber contactado a figuras como la congresista Karen Manrique, interesada en un contrato en Arauca, y haber coordinado con Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, para ejecutar las órdenes.

Delito imputado

A Benavides se le imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos, modificando la acusación inicial que contemplaba tráfico de influencias de servidor público. Este cambio, según fuentes judiciales, responde a la evidencia que demuestra su participación activa en la gestión indebida de los contratos, aunque no se ha establecido que haya obtenido beneficios económicos directos.

Contexto y reacciones

Benavides, quien se desempeñó como asesora técnica del viceministerio general del Ministerio de Hacienda hasta marzo de 2024, no aceptó los cargos durante la audiencia, argumentando que está en proceso de negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía. Este acuerdo, que la convierte en testigo clave, le ha permitido entregar información que compromete a altos funcionarios, incluyendo a Bonilla, al exministro del Interior Luis Fernando Velasco y a directivos del Instituto Nacional de Vías (Invías), como Juan José Oyuela.

La exasesora ha denunciado amenazas contra su vida y la de su familia desde que comenzó a colaborar con la justicia, lo que llevó a la Fiscalía a otorgarle un esquema de protección. Además, un allanamiento a la casa de su madre y el robo de discos duros con información relevante han generado controversia sobre la seguridad de los testigos en este caso.

Implicaciones

El caso UNGRD ha sacudido al gobierno del presidente Gustavo Petro, salpicando a figuras cercanas al Ejecutivo y generando un debate sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos. La imputación de Benavides, junto con su colaboración, podría destapar más detalles sobre la red de corrupción que, según la Fiscalía, buscaba consolidar apoyo político a través de contratos millonarios. Cabe recordar que por el mismo caso, la Corte Suprema de Justicia ordenó esta semana capturar a los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara Andrés Calle.