Ordenan captura de expresidentes del Senado y la Cámara por escándalo de corrupción en la UNGRD

Bogotá.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió este miércoles 7 de mayo órdenes de captura contra los expresidentes del Senado, Iván Name Vásquez, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, por su presunta participación en un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión, tomada por la Sala de Instrucción del alto tribunal, marca un hito en las investigaciones sobre el desvío de recursos públicos destinados a la gestión de desastres, uno de los casos más graves de corrupción durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Hechos que motivaron la decisión judicial

El caso se centra en la presunta malversación de fondos en la UNGRD, particularmente en un contrato de $46.800 millones para la compra de 40 carrotanques destinados a abastecer de agua potable al departamento de La Guajira, una de las regiones más pobres del país. Según las denuncias del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, y el exdirector Olmedo López, parte de estos recursos fueron desviados para pagar sobornos millonarios a congresistas, con el objetivo de asegurar apoyo legislativo a las reformas sociales impulsadas por el gobierno de Petro, como las reformas a la salud, pensional y laboral.

Pinilla, quien busca un principio de oportunidad con la Fiscalía, reveló que se entregaron $3.000 millones a Iván Name (Alianza Verde) y $1.000 millones a Andrés Calle (Partido Liberal), supuestamente a cambio de agilizar la aprobación de proyectos legislativos clave. Estos pagos, según la fiscal María Cristina Patiño, provinieron de sobrecostos en el contrato de los carrotanques, que en realidad costaron $37.764 millones, dejando un excedente de $14.163 millones, de los cuales $5.342 millones habrían sido destinados a sobornos.

La Corte Suprema, bajo la dirección del magistrado Francisco Farfán, ha recopilado pruebas que incluyen testimonios, mensajes y registros financieros. Además, el tribunal ordenó inspecciones en las oficinas de la Presidencia del Senado y la Cámara, así como en la Casa de Nariño, para esclarecer la posible participación de altos funcionarios del gobierno. La investigación señala que el esquema pudo haber sido orquestado desde el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), involucrando a figuras como Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones.

Ambos congresistas, que hasta junio de 2024 presidieron sus respectivas cámaras, han negado las acusaciones. Name afirmó no conocer a Pinilla y estar dispuesto a comparecer ante la justicia, mientras que Calle rechazó cualquier vínculo con los sobornos. Sin embargo, la Corte Suprema consideró que existen elementos suficientes para ordenar su captura, aunque aún no se ha definido si serán detenidos o juzgados en libertad.

Implicaciones políticas

La orden de captura contra Name y Calle tiene profundas repercusiones políticas para el gobierno de Gustavo Petro, que enfrenta uno de los mayores escándalos de corrupción de su administración. La investigación, que también involucra a tres exministros (Ricardo Bonilla, Gloria Inés Ramírez y Luis Fernando Velasco) y al propio presidente Petro, quien fue citado a declarar por escrito, pone en entredicho la legitimidad de las reformas impulsadas por el Ejecutivo y debilita la coalición gubernamental en el Congreso.

El caso ha generado un ambiente de desconfianza en el sistema político colombiano, especialmente porque Name y Calle pertenecen a partidos tradicionales (Alianza Verde y Partido Liberal), lo que refuerza la percepción de que la corrupción permea tanto a la izquierda como a la derecha. Además, la posible implicación de funcionarios cercanos al presidente Petro podría complicar su agenda legislativa en un momento crítico, cuando busca aprobar reformas estructurales antes de que finalice su mandato.

Otros congresistas involucrados en el escándalo

Además de Iván Name y Andrés Calle, la Corte Suprema investiga a otros congresistas por su presunta participación en el esquema de corrupción de la UNGRD. Según las revelaciones de Pinilla y López, hasta 15 legisladores podrían estar implicados. Los nombres confirmados hasta ahora incluyen:

• Martha Peralta Epiayú (Pacto Histórico): La senadora guajira habría intervenido en un contrato por más de 2.000 millones de pesos en su departamento, según la fiscalía, ente que la vinculó formalmente a la investigación.

• Liliana Bitar Castilla (Partido Conservador): Senadora investigada por posibles acuerdos ilegales para la aprobación de proyectos y contratos.

• Juan Pablo Gallo (Partido Liberal): Senador señalado por participar en la asignación irregular de contratos a cambio de apoyo a operaciones de crédito público.

• Wadith Manzur (Partido Conservador): Representante a la Cámara involucrado en la trama de beneficios económicos mediante contratos de la UNGRD.

• Karen Astrith Manrique (curul de víctimas de Arauca): Investigada por su rol en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal): También miembro de la Comisión de Hacienda, bajo escrutinio por posibles dádivas.

• Juan Diego Muñoz Cabrera (excongresista): Implicado en el mismo esquema de corrupción.

La investigación sigue en curso, y la Corte Suprema no descarta nuevas citaciones o imputaciones a medida que se recopilen más pruebas. Este caso, que combina elementos de corrupción, clientelismo y abuso de poder, continúa sacudiendo los cimientos del sistema político colombiano.