La plata en los bancos y las regiones pilando por el afrecho

La reciente aprobación en primer debate del presupuesto para el Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2025-2026, que asciende a 30.9 billones de pesos, ha dejado al descubierto una alarmante ineficiencia en el manejo de dichos recursos públicos. Durante el bienio 2024-2025, se reportó que 16.9 billones de pesos no fueron ejecutados, lo que representa una falta de compromiso con el desarrollo regional y la reducción de la desigualdad en el país.

En efecto, mientras municipios como Valledupar y Becerril están pidiendo autorizaciones a sus concejos para solicitar empréstitos por $150.000 millones y $200.000 millones, respectivamente, y el departamento del Cesar, por su parte, evalúa solicitar un empréstito por $350.000 millones, el gobierno nacional se da el lujo de tener parqueados y ociosos casi 17 billones de pesos de regalías que, en sentido estricto, no le pertenecen, por cuanto, por definición, las regalías son la compensación a la que tienen derecho las regiones productoras de recursos naturales por la explotación de los mismos en su territorio.

La no ejecución de 16.9 billones de pesos demuestra una desconexión entre la planificación y la implementación de proyectos. Este dinero, que podría haber sido destinado a infraestructura, educación, salud y otros sectores vitales, permanece inactivo, mientras las necesidades de la población siguen sin ser atendidas.

El Ministerio de Hacienda ha intentado justificar esta situación argumentando que la subejecución ayuda a mantener la regla fiscal y a controlar el gasto público. Sin embargo, esta explicación no es suficiente para las comunidades que ven cómo sus proyectos se retrasan o se cancelan debido a la falta de recursos. La realidad es que la ineficiencia en la ejecución presupuestal no solo afecta la credibilidad del gobierno, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos.

Por ello, congresistas de distintos sectores políticos como el representante antioqueño Jhon Jairo Roldán (partido Liberal), el senador Miguel Uribe (Centro Democrático), y hasta nuestros congresistas José Eliécer Salazar y José Alfredo Gnecco, han coincidido en sus críticas al gobierno, no sólo por su pésima ejecución presupuestal, sino también por su política antiminería que ha reducido porcentualmente los ingresos de regalías para las regiones para el bienio 2025-2026 en 1.2%, esto es, $400.000 millones menos que en el bienio anterior.

Los mencionados problemas en la ejecución presupuestal del nivel central en este gobierno, que no se limitan al tema de regalías sino que son transversales a todo el presupuesto general de la nación, reafirman el argumento de una mayor autonomía territorial y una mayor descentralización en el manejo de los recursos, que es el eje central de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) que surte su trámite en el Congreso y que ya fue aprobado en sexto debate.

A pesar de la oposición a la reforma del SGP por parte del establecimiento nacional y de centros de pensamiento que reproducen el enfoque centralista como ANIF y FEDESARROLLO, lo cierto es que el modelo centralista en vigor desde 200 años de vida republicana está haciendo agua y no es sostenible en el tiempo. Desde las regiones entendemos su oposición, aunque no la compartimos. Así nos sentimos nosotros cuando el gobierno Santos reformó el sistema de regalías para quitarnos lo que, por derecho propio, nos pertenecía, con el cuestionable argumento de la corrupción, como si, acaso, en el nivel central no estuviera enquistada la mayor corrupción administrativa del país.

Las regalías, provenientes de la explotación de recursos naturales, tienen como objetivo primordial contribuir al desarrollo social y económico, especialmente en las áreas productoras. Sin embargo, la incapacidad del gobierno para implementar proyectos efectivos y ejecutarlos eficiente y oportunamente está condenando a las regiones al atraso y a la pobreza.

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