Reforma a la salud

Por Ismael José González-Guzmán*

El reciente proyecto de reforma a la salud propuesto por el gobierno de Gustavo Petro ha encendido un debate crucial en Colombia. Este tema, que toca la vida de millones de personas, merece una reflexión profunda sobre su contenido, sus implicaciones y su viabilidad en el largo plazo. La salud, como derecho fundamental, debe ser garantizada para todos, sin distinciones socioeconómicas. El proyecto, aunque loable en sus intenciones, enfrenta una serie de retos estructurales que requieren soluciones concretas. En esta columna, propongo una mirada crítica y constructiva a los aspectos positivos, los desafíos que se avecinan y las oportunidades de mejora.

Aspectos positivos: Un cambio necesario hacia la equidad

La principal virtud de la reforma es su enfoque garantista, reconociendo el derecho a la salud como fundamental e irrenunciable, independiente de la capacidad de pago. En un país donde las inequidades socioeconómicas han definido el acceso a los servicios de salud, este planteamiento es una respuesta urgente a las demandas de justicia social. La propuesta se distancia del modelo actual, que ha sido criticado por centrarse en la intermediación financiera y por poner el lucro por encima del bienestar. En su lugar, se busca un sistema público, universal y preventivo, lo cual promete un avance significativo en la equidad del acceso a la salud.

Un segundo aspecto positivo es el enfoque en la atención primaria en salud. A lo largo de los años, el sistema de salud en Colombia ha estado orientado principalmente hacia la atención de la enfermedad, lo que ha sobrecargado los hospitales y ha dificultado la prevención efectiva. La reforma propone un modelo preventivo que pone énfasis en la promoción de la salud, una estrategia que podría reducir las brechas existentes en el acceso a la atención y mejorar los indicadores de salud pública a largo plazo.

Además, la formalización del talento humano en salud es un punto a destacar. La precariedad laboral ha afectado tanto la calidad del servicio como la dignidad de los profesionales de la salud. La reforma plantea corregir este problema mediante la regularización del personal sanitario, lo cual no solo mejoraría la calidad de vida de los trabajadores del sector, sino que también incentivaría una atención más constante y de mejor calidad.

La descentralización del sistema de salud es otro de los puntos clave. La propuesta busca transferir mayor poder y responsabilidad a las entidades territoriales, lo que permitiría una gestión más cercana y ajustada a las necesidades locales. En un país tan diverso como Colombia, las realidades en las zonas rurales no son comparables con las de las grandes ciudades, y otorgar a las regiones mayor capacidad de gestión es una medida que podría mejorar la eficacia del sistema.

Retos y desafíos: Sostenibilidad y transición

A pesar de estos aspectos positivos, la propuesta de reforma enfrenta varios desafíos importantes. El primero de ellos es la sostenibilidad financiera. Eliminar las EPS como intermediarios puede parecer una solución a corto plazo para los problemas de corrupción y mal manejo de recursos, pero esto no garantiza, por sí solo, la viabilidad económica del sistema. Aunque la reforma propone un sistema estatal que manejará directamente los recursos, no se ofrece un plan claro sobre cómo se financiará el sistema a largo plazo, especialmente en un contexto de alta informalidad laboral y dificultades en la recaudación fiscal.

El riesgo de sobrecargar al Estado con funciones de aseguramiento, financiamiento y prestación de servicios de salud es considerable. La capacidad del Estado para gestionar de manera eficiente un sistema tan amplio y complejo es una de las grandes incógnitas de la reforma. Colombia ha tenido históricamente dificultades en la administración pública, y sin un fortalecimiento institucional previo, la reforma podría colapsar bajo su propio peso. La transición de un modelo centrado en las EPS hacia uno gestionado por el Estado debe ser cuidadosamente planificada para evitar interrupciones en la prestación de servicios, especialmente en regiones vulnerables.

Otro reto importante es la infraestructura hospitalaria. Los hospitales públicos en Colombia están, en muchos casos, desbordados por la demanda, mal equipados y en condiciones críticas de funcionamiento. La reforma no parece priorizar con suficiente énfasis la necesidad urgente de inversiones en infraestructura y equipamiento hospitalario. Sin una red de hospitales fuerte y moderna, los objetivos de la reforma corren el riesgo de no materializarse.

La transición: ¿Desorden o cambio ordenado?

Uno de los puntos más críticos de esta reforma es la transición. Cambiar de un modelo profundamente estructurado alrededor de las EPS a un sistema estatal requiere una planificación extremadamente cuidadosa. Un cambio abrupto podría generar caos administrativo y, lo que es más grave, interrupciones en la prestación de servicios. Las poblaciones más vulnerables, que hoy dependen de las EPS, podrían ser las más afectadas si no se garantiza una continuidad en la atención durante el proceso de cambio. Esto podría generar una crisis de confianza en el sistema y hacer que el objetivo de garantizar el derecho universal a la salud se vuelva inalcanzable.

Además, es preocupante la capacidad de las entidades territoriales para asumir las responsabilidades que se les delegarán en el nuevo modelo. La descentralización, si no viene acompañada de recursos suficientes y capacitación técnica, podría generar una mayor desigualdad entre las regiones más desarrolladas y las más pobres. Para evitar esto, el gobierno central deberá garantizar un apoyo constante a los territorios, con el fin de asegurar que todos los colombianos, sin importar su ubicación, tengan acceso a un servicio de salud de calidad.

Soluciones y recomendaciones

Para que esta reforma sea exitosa, es esencial abordar algunos puntos clave que no están completamente desarrollados en la propuesta actual. Uno de los principales es garantizar una financiación sostenible. La reforma debería contemplar un modelo de financiamiento mixto, que combine aportes estatales con contribuciones privadas bajo un esquema solidario. Esto podría incluir el fortalecimiento de impuestos ya existentes sobre productos nocivos para la salud, como el tabaco, que actualmente ya contribuyen a la financiación del sistema de salud. Asimismo, es importante considerar la implementación o ajuste de gravámenes sobre productos como las bebidas azucaradas, cuyo impacto en la salud pública ha sido objeto de debate, pero que podrían jugar un rol significativo en generar recursos adicionales para el sistema. En segundo lugar, es imprescindible una modernización tecnológica del sistema. La digitalización de los servicios de salud podría mejorar significativamente la eficiencia en la gestión de recursos y la atención de los pacientes. La implementación de sistemas de salud electrónicos, telemedicina y aplicaciones de seguimiento de pacientes reduciría la carga burocrática y mejoraría el acceso a la atención, especialmente en las zonas rurales.

Por último, se deben fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el uso de los recursos públicos. Uno de los grandes problemas del actual sistema ha sido la corrupción y el mal manejo de los fondos destinados a la salud. La reforma debe establecer sistemas de auditoría independientes y herramientas de seguimiento ciudadano para garantizar que los recursos lleguen a donde más se necesitan.

Conclusión: Un camino lleno de oportunidades, pero no sin obstáculos

El proyecto de reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro es, sin duda, un esfuerzo ambicioso por transformar uno de los sectores más críticos del país. Sin embargo, como toda gran reforma, enfrenta retos considerables que deben ser abordados con seriedad y realismo. Los aspectos positivos, como el enfoque en la equidad, la atención primaria y la formalización del talento humano, son fundamentales para un sistema de salud más justo. No obstante, la sostenibilidad financiera, la infraestructura y una transición ordenada son desafíos que requieren soluciones detalladas y una planificación cuidadosa.

El éxito de esta reforma dependerá, en última instancia, de la capacidad del gobierno para garantizar una implementación efectiva y equitativa, así como de la disposición de todos los actores involucrados a colaborar en la construcción de un sistema de salud más fuerte, más inclusivo y, sobre todo, más humano.

* @ismagonzalez