“La recusación es temeraria y politiquera”: presidente del Consejo Superior de la UPC

Valledupar.

Dos días de tensiones se han vivido en la Universidad Popular del Cesar, UPC, por cuenta del desenlace del proyecto para construir una sede del centro educativo superior en La Jagua de Ibirico, el cual, pese a contar con el respaldo financiero, técnico y administrativo del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, no tuvo siquiera la oportunidad de ser discutido porque se cayó la sesión del Consejo Superior Universitario, CSU, de este jueves.

El CSU tenía la firme intención de discutir el proyecto con los consejeros, principalmente los 4 que habían liderado la protesta, pues consideraban que el rector Rober Romero Ramírez no había respondido lo suficientemente bien las inquietudes. Para lograr esto, el presidente del cuerpo colegiado, Xavier Estrada, logró la llegada a la sede Hurtado de varios delegados del Ministerio de Educación para aclarar todas las dudas.

Pero, una carta con la que no contaban echó todo al traste. Una recusación en contra de 8 consejeros, incluido el rector Romero Ramírez, realizada por el exdocente de la UPC, Eduardo García Contreras, evitó la sesión del CSU y condenó el proyecto. Ante esta situación, el presidente Estrada se pronunció.

“Ojalá ustedes y la opinión pública puedan conocer el documento que yo me atrevo a calificar de temerario. Y que ese señor, que ni siquiera sé quién es, un señor de nombre Eduardo García Contreras, expone razones para recusar a todos los miembros del Consejo Superior. ¿Qué sucede? Para que la opinión lo sepa. Recusó a siete de nueve consejeros. Por procedimiento, debemos enviar ese documento al procurador general de la Nación, que es el competente para conocer de asuntos en contra de los consejeros. Imaginen ustedes lo que va a tardar el señor procurador en resolver eso”, dijo el presidente del CSU.

Estrada, quien es también delegado del Ministerio de Educación en el CSU, aseguró que el García Contreras es un posible aspirante al cargo de rector de la UPC, lo que para él significa un mal precedente pues con la recusación hundió la posibilidad de que los estudiantes de La Jagua de Ibirico tengan la universidad en el municipio.

“Por intereses mezquinos y politiqueros, entendería, me dicen, no tengo información al respecto de una persona que, al parecer, se va a inscribir o por lo menos ha dicho públicamente que sería candidato a la rectoría, lo cual a mí me deja muchas dudas sobre la objetividad y sobre los verdaderos intereses de quien instauró esa recusación”, agregó Estrada.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, anunció en Radio Guatapurí $40 mil millones para la segunda fase de la sede, y reiteró que estaban asegurados $14 mil para la primera fase, algo que ya había sido dado a conocer. También aseguró que el Gobierno nacional se encargaría del funcionamiento de la sede, mientras que el rector Rober Romero Ramírez también recordó en La Tribuna del Cesar que el lote para las instalaciones físicas ya está en poder de la UPC y para esto “no se gastó un solo peso”. Aún así, la recusación tumbó el proyecto.

“Recuerde que el próximo sábado, 8 de noviembre, se aperturan las inscripciones de campaña y, por ende, empieza a regir de manera progresiva todo lo que tiene que ver con la Ley de Garantías. Entonces, estamos examinando con el equipo jurídico, tanto de la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco como del Ministerio, a ver si hay alguna salida que nos permita. De lo contrario, me temo decirlo, estamos ante el abismo de perder esta iniciativa y, por ende, la intención del Gobierno nacional”, manifestó el presidente.

En su recusación, García Contreras expone un “presunto conflicto de interés de los miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar”, y argumenta que el rector no ha sustentado en debida forma ante el CSU el proyecto, aunque se ha explicado ante la opinión pública en varias oportunidades. Así mismo, consideró que las presiones mediáticas y sociales sobre los 4 consejeros que se habían quejado del proyecto son fundamento para las recusaciones.

“Yo lo que quiero que la comunidad entienda es que aquí no existen intereses particulares de nadie. O sea, ¿de qué se va a beneficiar Xavier Estrada o cualquiera de los consejeros del acto administrativo de creación de un ente jurídico? ¿O cómo vamos a tener nosotros algún interés particular sobre unos recursos que no maneja la universidad, que no maneja el Consejo, que no maneja incluso el Ministerio, sino que están depositados ante la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco? Es ella quien va a contratar y quien va a ejecutar la construcción de esta obra. Entonces, por eso me atrevo un poco a llamar como temeraria, de mala fe”, concluyó el presidente del CSU.