Todos recuerdan la frase tristemente célebre del entonces presidente Juan Manuel Santos de “el tal paro agrario no existe”, pronunciada en agosto de 2013, para minimizar el paro campesino que inició en Cundinamarca y se extendió por todo el país y duró mes y medio, impactando negativamente a la economía colombiana.
Se trae a colación este antecedente porque, al parecer, el gobierno Petro no ha asimilado las graves consecuencias que podría tener el paro de camioneros si no se desactiva a tiempo.
Las protestas, motivadas por el reciente aumento en los precios del diésel, han generado bloqueos en varias de las principales carreteras del país, afectando severamente la movilidad y el transporte de bienes y servicios esenciales.
Hasta el momento en que se escribe esta nota editorial permanecen bloqueadas la vía que comunica a Bogotá con El Llano, la vía Pamplona – Bucaramanga, la vía Bucaramanga - La Lizama – Barrancabermeja y la Troncal del Magdalena Medio.
En el caso del Cesar, el paro ya bloqueó la vía Puerto Wilches – San Alberto, y se fue extendiendo por todo el sur del departamento hasta llegar a Curumaní, municipio que está bloqueado en sus dos entradas (Curumaní - La Mata y Curumaní - San Roque). También se reportan bloqueos en La Jagua de Ibirico y, por supuesto, en Valledupar, capital que amaneció bloqueada en sus tres entradas por empresas de transporte de pasajeros.
Si el paro se extiende en el tiempo, podría tener graves consecuencias para la disponibilidad de alimentos, medicamentos y otros bienes necesarios para el bienestar de los habitantes del país.
Además del impacto directo en la movilidad, el paro también pone en riesgo la cadena de suministro a nivel nacional. Los comerciantes locales han expresado su preocupación por el posible aumento en los precios de los productos debido a la interrupción en el transporte. Este efecto dominó podría exacerbarse si el paro se prolonga, generando escasez y encarecimiento de bienes esenciales.
Y no faltan los especuladores, porque, lamentablemente ya tenemos informes de varios transportadores de carga que ingresaron ayer a Mercabastos y no descargaron su mercancía para esperar el paro y venderla a mayor precio en un claro ejemplo de especulación inducida.
El gobierno ha hecho un llamado al diálogo y ha reiterado que el ajuste en el precio del diésel es necesario para la sostenibilidad económica del país. Sin embargo, también debe escuchar las preocupaciones legítimas de los transportadores y buscar alternativas que mitiguen el impacto en sus ingresos.
Por otro lado, los transportadores deben considerar el bien común y evitar acciones que puedan poner en riesgo el bienestar de la población. El diálogo y la negociación de buena fe son fundamentales para encontrar una solución justa y duradera.
El error que no puede cometer el gobierno Petro es el de Santos: ignorar un paro que inició como un pequeño bloqueo en unas cuantas vías y que hoy amenaza con echar al traste la reactivación económica tan necesaria para el país.
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