Mayor Ovalle tiene embargado al exalcalde de San Diego Callo Calderón

Valledupar.

Un proceso ejecutivo por valor de 240 millones de pesos avanza ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar en contra del exalcalde del municipio de San Diego, Cesar, Carlos Mario Calderón Ortega, conocido como “Cayo Calderón”. La demanda fue interpuesta por Luis Ramón Ovalle Mejía, quien afirma haber otorgado un préstamo que el exmandatario no devolvió.

Según la radicación del caso, el 8 de septiembre de 2023 Calderón suscribió una letra de cambio por el monto citado —240.000.000 de pesos— como garantía del pago, luego de recibir recursos del demandante. El apoderado judicial del caso, el abogado Geiber Silva Durán de la firma GS Law Firm, señaló que los fondos habrían sido destinados, presuntamente, “a apoyar política y económicamente la campaña del actual alcalde de San Diego, Unaldo José Rocha Calderón”.

Ante el incumplimiento, el despacho judicial impuso medidas cautelares que incluyen el embargo de las cuentas bancarias del exalcalde por hasta 361.800.000 de pesos —monto que incorpora intereses, costas y gastos procesales—, y ordenó la consignación de la suma en un certificado de depósito judicial (CDJ) a nombre del Juzgado en una entidad bancaria.

El demandante Luis Ramón Ovalle Mejía se desempeñó por un breve periodo como secretario de Gobierno del municipio de San Diego durante la administración actual.

El caso se enlaza con antecedentes de cuestionamientos al exalcalde, quien fue objeto de peticiones de investigación ante la Procuraduría General de la Nación por presuntos actos de corrupción y detrimento patrimonial en San Diego. Si bien esa investigación no es idéntica a la demanda civil actual, aporta al clima de sospecha pública que rodea la gestión del exmandatario.

Los ciudadanos de San Diego y el departamento del César están a la expectativa de que el proceso judicial arroje efectos concretos y se evite que vuelva a operar la impunidad en casos de presuntas obligaciones incumplidas que involucran a exfuncionarios públicos. 

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