La Fiscal que no cedió: Petro, el Clan del Golfo y el estado de derecho en jaque

Colombia presenció esta semana una de las tensiones institucionales más reveladoras de los últimos años. El gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, solicitó a la Fiscalía General de la Nación suspender 29 órdenes de captura contra la cúpula del Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia—, con el propósito de facilitar su ingreso a las llamadas Zonas de Ubicación Temporal.

Entre los favorecidos figuraba nada menos que Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, jefe máximo de la organización criminal más poderosa del país, sobre quien pesa una solicitud de extradición a Estados Unidos con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia desde diciembre de 2025 y quien, para mayor gravedad, integra desde ese mismo año la Lista Clinton tras ser designado por Washington como organización terrorista extranjera.

La Fiscal General, Luz Adriana Camargo, respondió con una resolución que equivale a una lección de institucionalidad: no habrá suspensión automática, no habrá cheque en blanco, no habrá beneficio sin verificación. Y el país entero debería aplaudirla.

Lo que está en juego no es una mera disputa de interpretación legal. La colisión entre el Ejecutivo y la Fiscalía pone al descubierto una pretensión que resulta difícil de sostener con la vista puesta en el interés público: otorgarle a una organización narcoparamilitar —que duplicó su pie de fuerza y su control territorial durante los mismos años en que se le tendió la mano de la paz— beneficios jurídicos de alto calado, sin que exista una verificación real del cese de hostilidades, sin que haya una ley de sometimiento aprobada por el Congreso, y sin que el país haya visto un solo resultado concreto y sostenible en materia de paz.

El propio gobierno reconoció el desorden: el presidente Petro debió salir a desautorizar públicamente la lista elaborada por su comisionado Otty Patiño, admitiendo que no fue consultado. Un gobierno que negocia una paz sin que su mano izquierda sepa lo que hace la derecha no inspira precisamente confianza en la solidez del proceso.

La posición de la Fiscal Camargo no solo es jurídicamente sólida: es moralmente necesaria. Al exigir verificación caso por caso, al condicionar cualquier suspensión al cumplimiento efectivo del cese de hostilidades, al cese del reclutamiento de menores y al desmantelamiento real de las economías ilícitas, la Fiscal no está poniendo palos en las ruedas de la paz: está exigiendo que la paz sea real. Colombia ya vivió el costo de los "gestos de buena fe" unilaterales. Varios exmagistrados de la Corte Suprema lo han dicho sin ambages al celebrar la decisión: las peticiones del Gobierno son eso, peticiones, y no órdenes que el poder judicial deba acatar. Lo que hace la Fiscal es exactamente lo que debe hacer: defender el Estado de derecho y honrar el principio de separación de poderes que es la columna vertebral de toda democracia que se precie de serlo.

Pero hay una dimensión del asunto que merece ser nombrada sin eufemismos: el momento político en que se produce esta solicitud. Faltan menos de tres meses para que el gobierno Petro entregue el poder. El país está en plena campaña presidencial para elegir a su sucesor. En ese contexto, la urgencia del Ejecutivo por blindar jurídicamente a la cúpula del Clan del Golfo —una estructura con presencia en cientos de municipios, incluidos los que votarán en mayo y junio próximo— levanta preguntas que no pueden ignorarse. ¿Es razonable conceder beneficios irreversibles a organizaciones armadas con capacidad de movilizar votos, intimidar a poblaciones enteras e influir en el resultado de una elección, precisamente en la recta final del mandato? ¿No resulta, cuanto menos, llamativo que la aceleración de este proceso coincida con las semanas más calientes del calendario electoral? La sola pregunta, legítima y urgente, obliga a los colombianos a ser vigilantes. La democracia no se defiende solo en las urnas: también se defiende cuando las instituciones tienen la valentía de decir que no.

Radio Guatapurí cree en la paz. Una paz construida sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Una paz que no se negocie a espaldas de los ciudadanos ni se regale a cambio de nada. Una paz que no use a las víctimas como moneda de cambio ni a las instituciones como escenario de maniobras electorales. La Fiscal Luz Adriana Camargo, al mantenerse firme frente a las presiones del Ejecutivo, no obstaculizó la paz: defendió la única paz que vale la pena construir. El Estado de derecho no es un obstáculo para la reconciliación; es su única garantía duradera. Y quienes lo entienden así merecen el respaldo de una sociedad que no está dispuesta a confundir la rendición del Estado con la búsqueda de la convivencia.