“El Caribe colombiano les quedó grande”: exgerente de Afinia, Javier Lastra, cuestiona venta de Energua

Valledupar.

La venta de la participación del Grupo EPM en Energua, empresa que opera el servicio de energía en el Cesar y otros territorios de la región Caribe, generó cuestionamientos del exgerente de Afinia, Javier Lastra Fuscaldo, quien calificó la decisión como una señal de desinterés frente a las dificultades del mercado eléctrico regional.

El exdirectivo advirtió sobre las consecuencias para los usuarios y pidió explicaciones acerca de la empresa compradora, cuya capacidad para asumir la operación todavía debe conocerse públicamente, como muchos otros detalles.

En Radio Guatapurí, Lastra sostuvo que las dificultades comerciales y operativas del mercado cesarense, caracterizado por pérdidas de energía y bajo recaudo, habrían influido en la determinación. A su juicio, la empresa antioqueña optó por retirarse en lugar de consolidar una estrategia para mejorar el servicio en la costa.

“No me toma por sorpresa, porque ya veníamos hablando sobre el tema. Desde la matriz de EPM identificaron la complejidad del mercado del Cesar, que presenta altos niveles de pérdidas de energía y bajo recaudo; sin embargo, considero que el Caribe colombiano les quedó grande y no han mostrado suficiente voluntad para superar esas dificultades”, dijo.

El exgerente manifestó preocupación por la falta de información sobre el comprador, Latam Energy Distribution Group S.A, y por la posibilidad de que la transición tecnológica y administrativa vuelva a afectar la facturación, el recaudo y la continuidad de los procesos comerciales.

“Un cambio de operador no garantiza que los procesos continúen sin dificultades. Hay que entregar sistemas de información, plataformas de control, herramientas contables y comerciales, además de los mecanismos de recaudo. La transición entre Electricaribe y las empresas que asumieron el servicio tomó más de dos años y generó dificultades importantes”, recordó.

Las dudas también se extienden a la identidad y experiencia de los nuevos propietarios, ante los antecedentes de otras compañías que han intentado administrar el complejo mercado eléctrico caribeño. Lastra considera necesario conocer los estudios financieros y operativos que respaldaron la compra, así como las inversiones previstas para mejorar las redes y garantizar tarifas sostenibles. Insistió en que el carácter privado de la transacción no debe impedir que se conozcan sus implicaciones para los usuarios.

“Necesitamos saber quiénes son los compradores, qué experiencia tienen y cómo van a responder ante un mercado tan difícil. Han pasado varias multinacionales y ninguna ha logrado resolver completamente el problema. Por eso debemos exigir información sobre esta transacción, porque estamos hablando de un servicio esencial que afecta directamente a los usuarios”, cuestionó.

Finalmente, Lastra Fuscaldo pidió pronunciamientos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con énfasis en las garantías de continuidad, calidad y protección de los consumidores. Además, cuestionó que las decisiones empresariales se conozcan sin suficiente claridad sobre sus efectos en el mercado regional.

“Lo que tiene que garantizar el Gobierno es la continuidad del servicio y la satisfacción del usuario, no solamente atender la estrategia corporativa de una empresa. Se requiere escuchar a la CREG y a la Superintendencia, conocer la posición oficial y exigir explicaciones sobre una decisión que compromete el futuro energético del Cesar y de toda la costa Caribe”, concluyó.