Valledupar.
Sin mencionarla, el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, ha confirmado las denuncias realizadas previamente por la periodista Katia Ospino respecto a presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), territorial Cesar. Durante una intervención pública, Idárraga reconoció que varias personas fueron inscritas en el Registro Social de Hogares (RESO) sin cumplir con los requisitos establecidos, lo que ha llevado a la compulsación de copias a la Fiscalía General de la Nación para una investigación más profunda.
Entre los funcionarios y contratistas que estarían incursos en esta irregularidad se encuentra el actual director territorial Alcides Rafael Araújo Molina, y William Henry Montoya Villarreal, esposo de Alexandra Pineda y contratista de la ANT. Además mencionó a las siguientes personas: Alviluz Ortiz Rocha, Andrea Gámez Urrego, Nixon Emiro Saldaña Quintero, Jorge Gustavo Sierra Ribón, Andrea Carolina Navarro Serna, Edgar Mauricio Villarreal, Nelson Rafael Peñaranda, Miladis Luisina Pino Huelvas, Liliana Almanza Dorado, y Rafael Enrique Ramírez Contreras.
¿Tenía razón @KatiaOspino sobre sus denuncias en contra de @AlexPinoR?
— Radio Guatapurí (@RadioGuatapuri) August 4, 2025
Secretario de Transparencia de Presidencia, Andrés Idárraga, reconoce que varias personas fueron inscritas en el RESO sin cumplir los requisitos y por ello compulsará copias a la @FiscaliaCol
Entre ellos el… pic.twitter.com/Gjq5bYs5m8
Estas revelaciones han generado un gran revuelo, especialmente porque las denuncias iniciales de Katia Ospino, publicadas en medios locales y nacionales, habían sido ignoradas o minimizadas por las autoridades. Ospino había alertado sobre un supuesto "cartel de irregularidades" dentro de la ANT, señalando prácticas que podrían comprometer la transparencia y la eficacia de los programas de reforma agraria en la región.
Andrés Idárraga, en su calidad de Secretario de Transparencia, ha enfatizado la necesidad de garantizar que los procesos de la ANT sean transparentes y justos, especialmente en una región como Cesar, donde la reforma agraria es crucial para el desarrollo rural. "No podemos permitir que intereses particulares se antepongan al bien común. Estas irregularidades deben ser investigadas a fondo y los responsables deben enfrentar las consecuencias de sus acciones," declaró Idárraga durante su intervención.La comunidad y los actores políticos de la región están a la espera de los resultados de la investigación de la Fiscalía, mientras que la ANT ha sido convocada a responder ante estas graves acusaciones. La situación ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las entidades públicas, especialmente aquellas involucradas en programas de alto impacto social como la reforma agraria.