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Legalizan captura de los tres extorsionistas del alcalde de La Jagua, pero la imputación y la medida de aseguramiento quedan aplazadas

Por
Oscar Arzuaga
Monday, March 23, 2026 11:45 PM
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Valledupar.

El Juzgado 102 Penal Municipal de Garantías de Valledupar avaló este sábado 21 de marzo la captura en flagrancia de Juan David López Rojas, Federman Arley López y José Carlos Toncel García, los tres sindicados de extorsionar al alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández Cataño, y que fueron aprehendidos la tarde del viernes 20 de marzo por el GAULA en el parqueadero del centro comercial Mayales Plaza cuando recibían $60 millones en efectivo, transportados en un bolso desde el vehículo de López Rojas. (Ver "Capturado abogado cuando extorsionaba a alcalde de La Jagua de Ibirico")

La jueza determinó que la captura se ajustó plenamente al artículo 301 del Código de Procedimiento Penal —flagrancia—, pues los agentes de Policía Judicial observaron directamente a los tres implicados en el momento mismo en que realizaban la exigencia y recibían el dinero que la víctima había previamente comprometido en el operativo antiextorsión. Los tres capturados firmaron actas de buen trato y renunciaron voluntariamente a ser valorados por un médico, al no haber sufrido maltrato físico, verbal ni psicológico durante la aprehensión.

Además de legalizar la captura, la jueza ordenó el comiso del vehículo de Juan David López Rojas, de los teléfonos celulares y del bolso utilizado para transportar el dinero, al determinar que dichos elementos fueron usados como instrumentos directos para la ejecución del delito de extorsión, conforme al artículo 82 del Código de Procedimiento Penal.

Fiscal pide prórroga para imputar y solicitar medida

Sin embargo, la audiencia concentrada no pudo completarse en su totalidad: el fiscal de la Fiscalía 6 Seccional solicitó a la jueza retirar las audiencias de formulación de imputación y de solicitud de medida de aseguramiento, argumentando que necesita un término adicional de hasta cinco días —según lo contemplado en el artículo 158 del C.P.P.— para perfeccionar los actos investigativos y precisar con mayor rigor los hechos jurídicamente relevantes que serán comunicados formalmente a los indiciados. La jueza aceptó la solicitud y concedió el plazo, lo que significa que López Rojas y sus dos acompañantes permanecen a disposición de la Fiscalía mientras se radica ante el Centro de Servicios Judiciales la nueva solicitud de audiencia.

En la práctica, la decisión implica que los tres capturados siguen formalmente detenidos pero aún no han sido imputados ni tienen definida su situación jurídica en cuanto a medida de aseguramiento, lo que podría generar tensión procesal en los próximos días.

El contexto del caso

El caso tiene una dimensión que va más allá de La Jagua de Ibirico: el alcalde Hernández reconoció públicamente ante Radio Guatapurí que llegó a pagar al menos $120 millones antes de denunciar —$50 millones el 21 de febrero y una suma adicional previamente—, y que la exigencia total era de $300 millones. López Rojas utilizaba denuncias penales ante la Fiscalía como mecanismo de presión, las publicitaba en redes sociales a través de la página 'Red Noticias' para amplificar el daño reputacional y luego enviaba intermediarios a negociar el silencio. La Gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, y el alcalde de Becerril, Fabián Martínez, preparan también sus propias ampliaciones de denuncia contra el mismo sujeto.

La Fiscalía tiene ahora un plazo máximo de cinco días hábiles para radicar las audiencias de imputación y medida de aseguramiento. Lo que se resuelva en esa próxima diligencia será determinante: si el juez de garantías impone medida de aseguramiento intramural, los tres capturados irán a la cárcel mientras se adelanta el proceso; si la niega, quedarían en libertad condicionada.

Radio Guatapurí, que fue el primer medio en revelar la captura y en entrevistar al alcalde víctima, seguirá cubriendo en detalle el desarrollo de este proceso que ha destapado una presunta red de extorsión institucional que tiene en la mira a más mandatarios y funcionarios del Cesar y la Costa Caribe.

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Oscar Arzuaga
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