El embrujo progresista

Hay hechizos que no se lanzan desde una cueva oscura ni con palabras en alguna lengua muerta. Algunos se pronuncian en tarimas de colores, con megáfono en mano, ante multitudes que claman por lo que siempre se les ha negado. Así comenzó el embrujo progresista: con la promesa del cambio, con el poder evocador de un relato que dividía al mundo en dos mitades nítidas y antagónicas —el pueblo y las élites, los de abajo y los de arriba—, y con la convicción de que Colombia estaba, por fin, a punto de despertar de un largo sueño colonial. Gustavo Petro llegó a la presidencia de la República en agosto de 2022, no como político ordinario, sino como profeta. Y como todo profeta, su mayor talento no estaba en gobernar, sino en convencer.

Cuatro años después, el hechizo no se ha roto. Pero los efectos colaterales de ese encantamiento —el deterioro de la seguridad, la parálisis económica, la instrumentalización del Estado, el vaciamiento del lenguaje de los derechos humanos— son ya imposibles de ocultar. Este ensayo es un intento de nombrar lo que el embrujo ha disimulado.

I. La arquitectura del engaño: el "cambio" como promesa y como coartada

Gobernar con un relato potente es una ventaja. Gobernar sólo con un relato es una trampa —para el país—. Petro construyó una narrativa de suma cero: ellos contra nosotros. Y la gente la creyó, no porque fuera falsa en su diagnóstico —la exclusión y la desigualdad son una realidad histórica colombiana—, sino porque era seductoramente simple en su solución. El relato conectó, y conecta todavía, porque interpreta una herida real. Hay en Colombia millones de ciudadanos que sienten, con razón, que las élites les han robado el futuro. Petro les ofreció un espejo en el que por primera vez se veían como protagonistas. Ese es su único mérito genuino y, también, la raíz de su mayor deshonestidad política: convertir el diagnóstico correcto en patente de corso para gobernar mal.

Porque lo que el relato del "cambio" ocultaba era la ausencia de un programa. Lo que llamaba "transformación estructural" era, en la mayoría de los casos, improvisación vestida con la ropa de la revolución. Lo que nombraba "transición energética" era la parálisis de la exploración de hidrocarburos —anunciada antes de que existieran las fuentes alternas que la reemplazaran—, con el consecuente impacto fiscal en un país que depende de esas rentas para financiar su gasto social. La hipótesis de este ensayo es tan simple como incómoda: la promesa de cambio fue, fundamentalmente, una fachada para llegar al poder. Y una vez en el poder, ese cambio tomó una forma muy específica: la de ensanchar el Estado no para transformar las estructuras, sino para alimentar la base electoral del Pacto Histórico.

II. El empleo militante: el Estado como maquinaria clientelar

En enero de 2025, el ex ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas acuñó una expresión que debería quedar en los manuales de ciencia política colombiana: "empleo militante"* Con ella describió el mecanismo mediante el cual el gobierno Petro ha utilizado las Órdenes de Prestación de Servicios —OPS— no como una herramienta legítima del Estado para contratar expertos y cubrir necesidades puntuales, sino como un instrumento sistemático de construcción de lealtades políticas. Los números son elocuentes: según las cifras aportadas por Cárdenas y obtenidas del Departamento Administrativo de la Función Pública (entre otras fuentes), el número de OPS en el gobierno nacional se disparó de manera sostenida desde 2022, con crecimientos que en algunas entidades superan el 50% respecto al gobierno anterior. Miles de personas vinculadas por contrato de prestación de servicios a ministerios, entidades descentralizadas y establecimientos públicos cuya única cualificación verificable no es técnica sino de militancia en el Pacto Histórico.

El clientelismo no es una invención de Petro. Colombia lleva décadas conviviendo con él. Pero hay una diferencia crucial: el clientelismo tradicional era, en su mayor parte, una transacción local entre un político y sus electores. El empleo militante del petrismo es una operación de escala nacional, centralizada, coordinada desde las entrañas del Ejecutivo, que convierte la nómina del Estado en un instrumento de campaña permanente. La persona que hoy cobra una OPS en el Ministerio de Igualdad o en el de las Culturas sabe, con precisión quirúrgica, de dónde viene su contrato y a quién debe su lealtad. No es servidora del Estado. Es militante del gobierno.

A esto se suma la expansión sin precedentes de las transferencias monetarias directas —los subsidios—, que han crecido a tasas que desafían cualquier racionalidad fiscal. El Gobierno los presenta como "política social". Y en parte lo son. Pero también son, en proporciones que el oficialismo se niega a cuantificar, una base de apoyo electoral cultivada con dinero público. La línea entre la política pública y la campaña política permanente se ha borrado en este gobierno con una impudicia que ya no necesita disimulo.

 III. La sostenibilidad fiscal de un castillo de naipes

Ningún embrujo dura para siempre. El hechizo progresista tiene una fecha de vencimiento que no la fija la oposición ni los medios: la fija la matemática fiscal. Colombia tiene hoy un déficit fiscal que supera el 6% del PIB, una deuda pública que se acerca al 65% del producto, y un gobierno que ha apostado a la expansión del gasto social —incluyendo el empleo militante y los subsidios clientelares— sin la contrapartida de ingresos sostenibles que la financie. La reforma tributaria de 2022, bautizada con la retórica de la justicia redistributiva, generó ruido político pero no recaudo suficiente. La parálisis de la actividad petrolera y minera ha golpeado las regalías que financian las regiones. La inversión privada lleva tres años en retirada, aterrorizada por la incertidumbre regulatoria y el discurso presidencial que la retrata, con la misma delectación, como enemiga del pueblo.

El resultado es predecible para quien conozca la historia de los populismos latinoamericanos: el Estado gasta lo que no tiene, se endeuda a tasas crecientes, y pasa la factura a las generaciones futuras. Cuando el castillo de naipes empiece a desplomarse, el Gobierno habrá terminado. Pero la deuda quedará. Los colombianos que hoy reciben un subsidio cultivado con fines electorales descubrirán, más temprano que tarde, que alguien tendrá que pagar esa cuenta. Y ese alguien, como siempre, serán ellos mismos.

IV. La paz total: una ficción con víctimas reales

El gobierno de Petro llegó con la bandera de la "paz total" ondeando más alto que cualquier otra. Era una promesa hermosa: sentar a todos los actores armados en la mesa, desmantelar la violencia en sus raíces económicas y sociales, superar el paradigma punitivo que había guiado décadas de política de seguridad. Nadie sensato puede oponerse a la paz. El problema es cuando la paz se convierte en una retórica que ampara la impunidad y paraliza al Estado ante actores que no negocian de buena fe, sino que usan la mesa como pausa estratégica para rearmarse, reagruparse y expandirse.

Cuatro años después del inicio de la "paz total", el balance es desolador. Las disidencias de las FARC —especialmente el Estado Mayor Central— han duplicado su presencia territorial. El ELN continúa cobrado extorsiones, reclutando menores y ejecutando ataques contra la infraestructura nacional, mientras negociaba con los mediadores del gobierno en La Habana con la parsimonia de quien sabe que el tiempo corre a su favor. El Clan del Golfo opera con una libertad que no tenía en gobiernos anteriores. Y los líderes sociales siguen muriendo: Colombia sigue siendo el país con más defensores de derechos humanos asesinados en el mundo, estadística infame que el propio gobierno Petro ha sido incapaz de revertir, a pesar de que hacerlo era, supuestamente, la razón de ser de su existencia política.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay en 2024 no fue solo un crimen político de una crueldad excepcional. Fue la señal más brutal de que la violencia política en Colombia no discrimina por ideología, y de que un gobierno que se jacta de defender los derechos humanos puede ser, al mismo tiempo, absolutamente incapaz de garantizarlos. En lugar de asumir la responsabilidad que le corresponde, el Gobierno optó por el recurso favorito del populismo cuando algo sale mal: culpar a los demás. A las élites. A los "poderes oscuros". Al establecimiento. Siempre hay un culpable externo disponible cuando el relato lo exige.

V. La hoz y el látigo: ataques a la oposición y la libertad de expresión

En un Estado de derecho, la oposición es parte constitutiva del sistema democrático. No es el enemigo: es el contrapeso indispensable. El gobierno Petro ha tenido, con la oposición, una relación que oscila entre la descalificación sistemática y el hostigamiento institucional. Los medios de comunicación críticos han sido objeto de señalamientos presidenciales que los ubican como instrumentos de la oligarquía. Los empresarios que cuestionan las políticas económicas son retratados como saboteadores del cambio. Los congresistas que votan contra las reformas del gobierno son tildados de corruptos o vendidos.

Esta lógica binaria —el que no está conmigo está contra el pueblo— no es solo deshonesta intelectualmente. Es peligrosa. Porque construye un ambiente en el que la discrepancia se equipara a la traición, y en el que el debate democrático queda reducido a una confrontación tribal entre los buenos y los malos. Colombia conoce bien adónde lleva ese camino.

VI. El Estado de Opinión progresista: Petro como heredero de Uribe

Aquí es donde el análisis se vuelve verdaderamente incómodo, porque obliga a trazar una línea que muchos de los críticos del uribismo no querrán reconocer. Álvaro Uribe Vélez construyó lo que él mismo llamó el "Estado de Opinión": la idea de que la voluntad popular —medida en encuestas de popularidad— otorga al presidente una legitimidad que trasciende y, en casos extremos, suspende los controles institucionales. Cuando la Corte Constitucional fallaba en su contra, era el establecimiento entorpeciendo la voluntad del pueblo. Cuando el Congreso no le aprobaba algo, era la politiquería bloqueando el cambio.

Petro ha construido exactamente lo mismo, pero con una estética diferente. Cuando el Congreso no le aprueba la reforma a la salud, habla de "bloqueo institucional". Cuando la Corte le tumba un decreto, habla de "poder judicial al servicio de los poderes económicos". Cuando los medios le critican, habla de "medios hegemónicos". La estructura argumentativa es idéntica a la de su némesis y presunto antagonista histórico: yo represento al pueblo, y todo lo que se me opone es ilegítimo. La diferencia entre el "Estado de Opinión" uribista y el "Estado de Opinión" petrista es de superficie, no de fondo. Ambos parten del mismo axioma: la popularidad del líder es la fuente última de legitimidad, y las instituciones que la contradicen son obstáculos a superar, no frenos que respetar.

Esta convergencia no es casual. Es la lógica del caudillismo latinoamericano en sus dos versiones, la de derecha y la de izquierda: un líder carismático que construye su poder sobre la movilización de los afectos populares, que alimenta la lealtad de su base con recursos del Estado, que deslegitima a sus adversarios institucionales acusándolos de representar intereses oscuros, y que necesita la refrendación permanente del "pueblo" —una categoría nunca bien definida— para justificar sus atisbos autoritarios. Petro habla de "Constituyente" con la misma impaciencia con que Uribe hablaba de reelección: como la vía para saltarse los límites que el sistema le impone.

VII. El embrujo que dura: Iván Cepeda y la continuidad del hechizo

Los hechizos más peligrosos son los que sobreviven al hechicero. Y este parece ser el caso. A escasos dos meses de la primera vuelta presidencial de 2026, Iván Cepeda Castro lidera las encuestas de intención de voto con una ventaja que sus rivales no han logrado erosionar.

Cepeda, figura histórica de la izquierda colombiana, defensor de causas en ocasiones justas y en ocasiones ingenuas, ha prometido no solo continuar sino profundizar las políticas del gobierno Petro. Más subsidios. Más OPS. Más "paz total". Más reformas estructurales. Más confrontación con las instituciones que, según este relato, bloquean el avance del pueblo.

Que un heredero declarado de estas políticas lidere los sondeos no es solo un dato electoral. Es la prueba más contundente de que el embrujo funciona. Que millones de colombianos estén dispuestos a votar por la continuidad de un modelo que ha deteriorado la seguridad, comprometido la sostenibilidad fiscal y convertido el Estado en maquinaria clientelar, dice algo sobre el poder del relato cuando conecta con una herida histórica real. También dice algo sobre la incapacidad de la oposición para proponer una alternativa que tenga la misma potencia emocional que la narrativa del cambio.

El embrujo progresista, como el autoritario de que habló la Plataforma de Derechos Humanos en 2003 (al gobierno de Uribe), no descansa en la realidad de sus logros. Descansa en la potencia de su promesa y en la debilidad de quienes deberían haberla cuestionado a tiempo. Ambos embrujos comparten, además, una característica temible: la de dejar al país, cuando se disipan, más dividido, más endeudado y más desconfiado de sus instituciones que antes de que comenzaran.

Veinte años separan "El embrujo autoritario" de este ensayo. En ese tiempo, Colombia ha cambiado de protagonistas, de ropa y de retórica. Pero el hechizo —esa capacidad de un líder carismático para convencer a las mayorías de que sus intereses están siendo defendidos precisamente cuando están siendo instrumentalizados— sigue siendo el mismo. Solo ha cambiado el color de la túnica del brujo.

Ojalá no tardemos otros veinte años en verlo.