Este lunes festivo, las cámaras de seguridad de Tamalameque registraron lo que el sur del Cesar temía volver a ver: hombres armados que se llevan a la fuerza a un ciudadano en pleno casco urbano. Juan Salazar Romero, de 68 años, es el padre de una expersonera que pasó nueve meses secuestrada por el ELN. Su caso confirma que el secuestro en el Cesar no es un recuerdo del pasado, sino una amenaza viva.
Mientras tanto, el orden público se deteriora. En 2026 los drones con explosivos han golpeado las estaciones de Policía de Aguachica, Pelaya, Pailitas y Chimichagua, y las patrullas del Ejército en Curumaní. En Pelaya, seis policías resultaron heridos una madrugada, y la estación ni siquiera tenía detectores de drones. Las autoridades señalan al ELN como presunto responsable y, según la Gobernación, esa guerrilla ha anunciado que seguirá atacando.
La respuesta ha sido conocida: consejos de seguridad, recompensas, anuncios de tecnología y promesas de más pie de fuerza, del Gobierno nacional y del departamental. Esto no es un reclamo contra una sola administración, porque el problema se incubó durante años. Pero a quienes gobiernan hoy les corresponde responder con hechos, y los hechos muestran un sur del Cesar donde el miedo avanza más rápido que las soluciones.
El secuestro es hoy más selectivo y silencioso. Ganaderos, comerciantes, prestamistas y familiares de víctimas anteriores han sido llevados desde fincas, billares y calles de pueblo. Los casos de Manaure (Julio Morón y José Campo Ramírez), Tamalameque (Álvaro Rodríguez y Juan Salazar) y Pailitas, entre otros, dejan familias a la espera de una llamada, muchas veces pidiendo reserva por temor a que la prudencia les cueste la vida de su ser querido.
El Cesar sabe de qué hablamos. En las décadas del 80, 90 y 2000, el ELN y las FARC secuestraron a más de 3.000 personas en este departamento. Fincas abandonadas, familias rotas y pueblos que aprendieron a vivir con la zozobra son parte de nuestra memoria. Quienes lo vivieron no pueden aceptar que esa historia se repita bajo otro nombre.
Por eso exigimos que los sistemas antidrones lleguen ya a las estaciones del sur, que se fortalezcan la inteligencia y el Gaula, y que se publiquen cifras claras de secuestro por municipio, porque lo que no se mide no se combate. Pedimos a gremios y comunidades que denuncien, y a los captores, que liberen sin condiciones a quienes mantienen cautivos. El secuestro no tiene justificación política ni excusa. Desde esta tribuna lo decimos con claridad: que Juan Salazar Romero y todos los secuestrados regresen a casa y que el Cesar no vuelva a ser rehén.