Corte Suprema de Justicia investiga al senador Didier Lobo por presunto enriquecimiento ilícito

Bogotá.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia mantiene abierta una investigación formal contra el senador Didier Lobo Chinchilla, del partido Cambio Radical, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La indagación, que ha generado gran atención en el ámbito político, se centra en un supuesto incremento patrimonial injustificado del congresista y su núcleo familiar, relacionado con su gestión como alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar, entre 2011 y 2014.

Razones de la Investigación

La Corte Suprema, a través de su Sala de Instrucción, abrió la investigación en julio de 2024 tras recibir una denuncia que señala un aumento significativo en los bienes y activos de Lobo y su familia, presuntamente no acorde con sus ingresos legítimos durante su paso por la alcaldía. Según el alto tribunal, se indaga si este incremento patrimonial podría estar vinculado a actividades ilícitas, dado que La Jagua de Ibirico es un municipio con millonarios ingresos por regalías derivadas de la explotación de carbón. Además, la investigación se ha ampliado para examinar movimientos financieros entre 2016 y 2020, sugiriendo que el caso no se limita exclusivamente a su periodo como alcalde.

Este no es el primer cuestionamiento contra Lobo. En 2018, la Contraloría General le imputó responsabilidad fiscal por un detrimento patrimonial de 2.914 millones de pesos, relacionado con sobrecostos en un contrato de alimentos suscrito en 2012, financiado con recursos de regalías. En 2020, la Procuraduría General lo sancionó con una suspensión de seis meses por sobrecostos superiores a 3.919 millones de pesos en paquetes nutricionales para niños desnutridos y madres gestantes durante su gestión como alcalde.

Pruebas en contra

Aunque la Corte Suprema no ha revelado detalles exhaustivos sobre las pruebas actuales, se sabe que la Sala de Instrucción está empleando diversas herramientas investigativas. Entre estas se incluyen:

• Revisión de registros financieros: Peritos forenses han rastreado los movimientos financieros de Lobo y su entorno familiar, identificando depósitos en efectivo realizados por terceros no identificados en sus cuentas.

• Inspección de propiedades: La investigación abarca un conjunto de bienes, incluyendo 12 parcelas en un exclusivo condominio vinculadas a una constructora que, según documentos, registra activos de entre 7.296 y 14.000 millones de pesos. Aunque los dueños de la constructora niegan nexos con Lobo, las autoridades indagan posibles conexiones.

• Entrevistas con testigos clave: La Corte ha citado a personas vinculadas al entorno financiero del senador para esclarecer el origen de los activos.

• Anónimo de 2017: La investigación se reactivó tras un anónimo recibido por la Fiscalía en julio de 2017, que detallaba presuntas irregularidades en el patrimonio de Lobo y que fue trasladado a la Corte Suprema.

El 4 de abril de 2025, Lobo fue citado a una indagatoria en la Sala de Instrucción, donde se le cuestionó específicamente sobre los depósitos en efectivo y las propiedades asociadas a su familia y posibles compañeras sentimentales.

¿Qué responde el senador?

El senador Lobo ha negado rotundamente las acusaciones, afirmando que no existe fundamento para vincularlo con enriquecimiento ilícito. A través de su defensa, liderada por el abogado Raúl Hernández, ha argumentado que las pruebas presentadas por los denunciantes no demuestran irregularidades claras ni violaciones a la Ley 80 de 1993 sobre contratación estatal. Lobo ha insistido en su origen humilde y su trayectoria política, destacando que su patrimonio es el resultado de su trabajo legítimo como concejal, alcalde y senador.

En respuesta a los señalamientos sobre propiedades y movimientos financieros, Lobo ha negado cualquier relación con la constructora mencionada y ha asegurado que no tiene vínculos con los bienes investigados. Además, su equipo legal ha cuestionado la validez del anónimo que dio origen a la investigación, sugiriendo que podría tratarse de una estrategia para desprestigiarlo políticamente.

La investigación sigue en curso, y la Corte Suprema decidirá en los próximos meses si archiva el caso o formula cargos formales contra Lobo.