Valledupar.
Una nueva reacción por el escándalo de los 33 vehículos vendidos por el entonces secretario general de la Alcaldía de Valledupar, Guido Castilla, fue escuchada la mañana de este viernes en Radio Guatapurí: se trata de Jesús Perpiñán, un concejal que en días pasados publicó un comunicado en el cual rechazaba que desde esa sectorial se hubiera realizado la venta con precios “de gallina flaca” de camionetas, motos y maquinaria amarilla.
El concejal Jesús Perpiñán cuestionó el procedimiento al advertir que el contrato de compraventa habría sido suscrito antes de que el Concejo aprobara la autorización correspondiente. Según explicó en Radio Guatapurí, el negocio se firmó el 23 de junio de 2026, mientras que el proyecto de acuerdo 014 fue presentado el 2 de julio y aprobado el 15 de julio.
“Lo cierto es que el contrato fue suscrito antes de que nosotros decidiéramos el proyecto de acuerdo. Esas son las irregularidades que estamos reconociendo y que estamos poniendo en conocimiento de la opinión pública, porque no queremos que se haga la mala interpretación de que nosotros estamos en medio de todo ese contubernio, de lo que está sucediendo”, expresó el concejal.
Perpiñán explicó que el proyecto de acuerdo 014, titulado “por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Valledupar para la formalización contractual de los bienes dados de baja, imperdibles, perdibles, no utilizables y obsoletos, y se dictan otras disposiciones”, planteaba la enajenación como una actuación futura. A su juicio, esto resulta contradictorio con las fechas del proceso contractual, que, según la documentación consultada en el SECOP, ya estaba firmado antes de llegar a la corporación.
“Nosotros recibimos el proyecto de acuerdo para darle autorización al alcalde para hacer un negocio jurídico para la enajenación de unos bienes muebles. El artículo primero establecía que el alcalde tendría seis meses, después de la aprobación y sanción del acuerdo, para realizar ese negocio. Siempre, en todo momento, se hablaba en futuro”, manifestó Perpiñán, quien insistió en que conoció la contratación previa después de las denuncias públicas.
Otro de los puntos centrales de su defensa tiene que ver con el avalúo que acompañó el proyecto. El concejal aclaró que el documento establecía un precio mínimo equivalente al 1 % del valor de referencia de los bienes, pero no obligaba a la administración a venderlos por ese porcentaje.
Por eso, cuestionó que se hubiera utilizado ese mínimo como precio definitivo y sostuvo que corresponde a la Alcaldía explicar por qué no obtuvo un mayor valor por los elementos subastados.
“El mismo avalúo establece que el precio mínimo comercial no es obligatorio para que el municipio salga después a hacer la negociación. Si ellos dispusieron hacerlo en el 1 %, tendrán que responder por qué fue en el 1 %. Nosotros no autorizamos que se vendiera por ese valor, porque ese fue un precio mínimo requerido”, explicó.
Finalmente, Perpiñán defendió su actuación como concejal y aseguró que revisó la documentación que recibió, aunque precisó que no conoció las fotografías del estado de los bienes divulgadas posteriormente ni le corresponde fijar precios o ejecutar contratos. También pidió que se esclarezcan las decisiones adoptadas por la administración y reconoció que podrían surgir investigaciones disciplinarias.
“No van a enlodar mi nombre por la aprobación de un proyecto de acuerdo que ya previamente habían hecho ellos el negocio jurídico”, afirmó, al reiterar que responderá ante las autoridades si es requerido.
Mientras tanto, Radio Guatapurí intentó hacer contacto este jueves con Guido Castilla, exsecretario general y al parecer aspirante a la Alcaldía de Valledupar en las elecciones de 2027; sin embargo, no contestó.