Gran regocijo ha sido expresado en la opinión pública regional por la designación del exsenador Antonio Sanguino como nuevo ministro de Trabajo, dignidad que, muchos años atrás, fue desempeñada también por dos cesarenses Crispín Villazón de Armas y José Antonio Murgas, ambos en el gobierno del presidente Misael Pastrana.
Sin duda, el nombramiento de Sanguino como ministro es la más alta posición asignada a una persona oriunda del Cesar en el gobierno de Gustavo Petro, en cuya administración los cesarenses han tenido una baja participación en el alto gobierno, y las pocas asignadas son consideradas como mandos medios o de menor envergadura. Situación esta que contrasta con la del gobierno anterior en donde El Cesar tuvo dos ministerios (Jonnathan Malagón en Vivienda y Daniel Palacios en Interior), Planeación Nacional (Luis Alberto Rodríguez), la dirección de Colpensiones (con Juan Miguel Villa) y de la Agencia Nacional de Minería (con Silvana Habib Daza).
Por ello, la expectativa en El Cesar por la futura gestión de Sanguino como ministro es bastante alta, tanto para los afines a su causa política como para los que militan en otras orillas ideológicas.
Lo cierto es que en estos 18 meses que aún le quedan al gobierno Petro la tarea que tiene el nuevo ministro es bien difícil. Tiene que consolidar la implementación de la Reforma Pensional que entrará en vigencia el próximo primero de julio de 2025. Y de otra parte, impedir que naufrague en el Congreso la Reforma Laboral, pendiente de dos debates más en el Senado antes de la sanción presidencial. En un ambiente caldeado en el Congreso de la República, se pondrá a prueba la capacidad de concertación de Sanguino para evitar lo que muchos auguran como un naufragio seguro.
Pero si en la agenda legislativa la situación es color de hormiga, ni hablar de las graves complicaciones del mercado laboral, cuyos informes periódicos del DANE indican un estancamiento del empleo, una altísima informalidad laboral y un incremento del desempleo juvenil, situación que se torna más crítica en el Caribe colombiano, región que históricamente ha sido campeona en desempleo e informalidad laboral.
Valledupar, capital del Cesar, finalizó el 2024 como la cuarta ciudad del país con mayor desempleo, la tercera con mayor informalidad laboral y la cuarta con más desempleo juvenil.
Antonio Sanguino, que se precia de ser oriundo del Cesar, conoce esta realidad socioeconómica, pues la ha estudiado y la vivió de primera mano, tanto en su fallido intento de repetir senado como en su reciente aspiración a la gobernación del Cesar.
Ahora como ministro de Trabajo tiene el deber moral de contribuir a mejorar estos gravísimos indicadores socioeconómicos que merman la calidad de vida de los cesarenses.
Sanguino, que fue un furibundo crítico de la política local –no sin razón, es cierto– tiene ahora, desde el ejecutivo, la oportunidad de demostrar que es posible implementar en la práctica las buenas políticas públicas a las que tanto ha aludido, y que es posible, desde la política, transformar positivamente la vida de las comunidades.
Infortunadamente le saltan al nuevo ministro dos conejos escondidos de un matorral. Uno es la imputación que le hizo la Fiscalía en octubre de 2024 por los presuntos delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho impropio, por hechos que ocurrieron cuando era concejal de Bogotá, en la era de Samuel Moreno. El otro, una investigación de la Procuraduría por presunta exigencia de coimas a contratistas cuando fungió como jefe de gabinete de la alcaldesa Claudia López.
Esperemos que estos procesos no lo distraigan de su labor. Tiene poco tiempo para demostrar su verdadero talante. El Cesar y Colombia esperan que esté a la altura del reto y no defraude la confianza en él depositada.