"Decir que los campesinos en la finca La América pueden permanecer allí como dijo Alexandra Pineda es irresponsable", abogado Camilo Rojas Castro

Bogotá.

En una entrevista exclusiva para Radio Guatapurí, el abogado Camilo Andrés Rojas Castro, apoderado judicial del empresario Hugues Rodríguez Fuentes (último propietario de la finca La América), afirmó con contundencia que la ilegalidad de la venta de la finca La América está motivada por flagrantes violaciones a la ley y a los procedimientos establecidos.

Señaló que la  la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, UARIV, y la Agencia Nacional de Tierras, ANT, desconocieron medidas cautelares vigentes que impedían la transferencia y promovieron una "enajenación temprana" ilegal que afecta no solo los derechos de su cliente, sino también el Fondo de Reparación, debilitándolo financieramente.

Rojas Castro enfatizó que la decisión judicial ordena investigar a funcionarios públicos involucrados, como el director de la ANT, Felipe Harman, y tildó de irresponsable la postura de Alexandra Pineda, asesora de la ANT en Cesar, quien asegura que los campesinos beneficiarios podrán permanecer en la finca sin riesgo de desalojo.

El abogado cuestionó duramente las declaraciones de Pineda, calificándolas de engañosas y populistas, porque mantienen a los campesinos "de manera irregular" en un predio cuya titularidad está judicialmente en disputa y afectado por medidas cautelares.

Afirmó que siguen litigando y que ya han interpuesto denuncias por prevaricato contra los funcionarios que validaron la transacción ilegal. Además, Rojas Castro anunció que continuará el proceso judicial para que se restablezcan plenamente los derechos de su cliente y para impedir que la ANT continúe entregando bienes bajo procedimientos irregulares que, según él, desvirtúan la reforma agraria.

Políticamente, esta sentencia y el conflicto que genera evidencian las tensiones latentes entre el gobierno nacional, la Agencia Nacional de Tierras, y sectores afectados por la redistribución de tierras en Cesar, quienes critican la legitimidad de estas entregas en medio de denuncias sobre irregularidades. La apelación anunciada por la ANT mantiene abierta la controversia, pero el panorama judicial sienta un precedente contundente sobre la necesidad de respetar mecanismos legales y cautelas para proteger derechos y evitar arbitrariedades en los procesos de reforma rural.

Esta batalla judicial que representa Camilo Andrés Rojas Castro no solo defiende intereses privados sino que pone en entredicho la gestión pública en torno a la política de tierras, reclamando transparencia, legalidad y justicia para todas las partes involucradas en el complejo conflicto agrario del Cesar. La disputa por La América sigue abierta, prometiendo más litigios y controversias que marcarán el rumbo de la reforma territorial y la paz rural en Colombia.