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En accidente muere operario de multinacional Drummond

Publicado en Judicial

El Paso, Cesar.

Germán Darío García Araque, operario de la multinacional minera Drummond, falleció en la noche del pasado domingo 18 de junio cuando el buldócer que conducía rodó por un abismo de aproximadamente treinta metros en la mina Pribbenow.

Según el reporte preliminar, las fuertes lluvias que han caído en la región habrían dificultado la visibilidad del operario y a su vez puesto el terreno resbaloso, circunstancias que se consideran como causas probables para que García Araque perdiera el control de su vehículo y caído al abismo.

La empresa Drummond lamentó el accidente a través de un comunicado emitido ayer lunes festivo, en el cual indicó que ya se inició la respectiva investigación para determinar las reales causas del accidente.

Al cierre de esta edición, aún continuaban las labores de rescate del cuerpo sin vida de Germán Darío García Araque, el cual quedó dentro del buldócer, que a su vez quedó sepultado bajo el lodo. 

Texto completo del comunicado de Drummond.

Accidente en mina Pribbenow

Drummond Ltd. lamenta informar el fallecimiento de Germán Darío García Araque, un empleado que trabajaba en la mina Pribbenow. El Sr. García sufrió un accidente en la noche de ayer domingo, 18 de junio de 2017, en momentos en que estaba despejando una vía de la mina. 

Al momento del accidente se activaron inmediatamente los protocolos de emergencia establecidos, y nuestro personal de seguridad industrial y salud ocupacional acudió al lugar para iniciar las labores de rescate. Así mismo, se procedió a notificar a  la autoridad competente y están presentes ayudando en las labores de rescate, con el personal y equipo idóneo para ello.

La familia fue notificada del accidente, y representantes del Departamento de Recursos Humanos de Drummond están brindando el acompañamiento en estos momentos. 

En cumplimiento de los procedimientos internos vigentes, se dio inicio a la respectiva investigación para determinar la causa raíz de lo sucedido.

Drummond lamenta profundamente este accidente y reitera sus más sentidas condolencias a la familia de German Darío García Araque. 

También quisiéramos informar que esta es la única posición oficial emitida por la compañía. Existe un comunicado falso, usando el membrete de la compañía, circulando en redes sociales.

Alejandro Ordoñez visita Valledupar

Publicado en Política

Valledupar.-

En el primer vuelo de Avianca procedente de Bogotá llegará mañana viernes el ex procurador Alejandro Ordoñez Maldonado, quien tendrá una apretada agenda, con marcado acento político, en la capital del Cesar.

Después de viajarse del avión, Ordoñez Maldonado visitará al diario El Pilón, en donde dialogará con los periodistas acerca de su visión sobre el país. De allí partirá con rumbo al Hotel Sonesta a un almuerzo, a puerta cerrada, que en su honor ofrece el congresista Alfredo “Ape” Cuello Baute, jefe natural del conservatismo en El Cesar.

A las dos de la tarde, el abogado santandereano participará en un conversatorio abierto al público denominado “Hacia donde va Colombia”, el cual tendrá lugar en el auditorio de Comfacesar, y en donde intercambiará opiniones con los asistentes sobre el estado actual del país y los cambios que, según él, deben implementarse para enderezar su rumbo.

Posteriormente, a las cinco de la tarde, Ordoñez participará en el programa Punto de Vista de esta casa radial, en dónde por hora y media debatiremos sobre distintos aspectos de la política nacional, incluyendo, entre otros, la Justicia Especial para la Paz, los recientes escándalos de corrupción (Reficar, Odebrecht), y la carrera presidencial que inicia, entre otros temas.

Por la noche, Ordoñez asistirá a un acto social que le ofrecen los miembros del conservatismo cesarense y varios simpatizantes de otros partidos.

Al día siguiente, el excongresista conservador Juan Manuel Campo le brindará en su casa un desayuno con los periodistas más influyentes de la región. Y, finalmente, de allí partirá hacia al aeropuerto para abordar el primer vuelo de Avianca con rumbo a Bogotá.

Valledupar sin Feria Equina

Publicado en Editorial

El brote de encefalitis equina venezolana diagnosticado en diciembre pasado por el ICA en el departamento del Cesar sirvió como excusa perfecta para justificar la no realización en Valledupar de la Feria Nacional Equina, después de haberse anunciado en julio de 2016 que esta ciudad sería la sede de ese importante evento agropecuario.

Para contextualizar la magnitud del certamen equino es menester tener en cuenta que es la feria más importante de caballos de Colombia que anualmente reúne en febrero a los caballistas y criaderos del país, y en donde suelen participar países como Puerto Rico, Panamá, Venezuela y Estados Unidos, entre otros. Normalmente se realiza en Bogotá o en grandes ciudades del país, por los requerimientos de infraestructura para albergar más de 800 ejemplares y recibir un promedio anual de cerca de 20.000 visitantes durante los cinco días que dura el evento.

Por ello, el solo hecho de que Valledupar hubiese sido escogida como sede del evento debía ser  no sólo motivo de satisfacción para la ciudad en un mes (febrero) donde tradicionalmente no se cuenta con ningún atractivo turístico de importancia, sino también por la oportunidad que representaba para la alicaída economía de la ciudad dinamizar el aparato productivo en sectores generadores de empleo como la hotelería, restaurantes, el transporte y el comercio en general.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado por la gobernación del Cesar para asegurar la sede de la Feria para Valledupar, esa oportunidad se perdió no tanto por el brote de la mencionada enfermedad caballar sino por las disputas internas de poder entre Riendas, la entidad que reúne al gremio equino cesarense, y Corfedupar, el ente que administra la plaza de ferias Pedro Castro Monsalvo, lugar por excelencia de los encuentros y ferias agropecuarios que se celebran en la ciudad.

La disputa tiene su origen en una mezcla de egos personales y motivos económicos: Corfedupar, liderada por su presidente Alfredo Villazón Gutiérrez, reclamaba a Riendas, presidida por Armando Cuello, que ésta pretendía realizar la Feria sin tener en cuenta a la entidad que administra el lugar donde la Feria se celebraría. También reclamaba el pago de un canon de arrendamiento por el alquiler del sitio. Por su parte, Riendas consideraba que el valor establecido del arrendamiento era demasiado oneroso, no obstante que a Riendas ya había firmado convenios con la gobernación y la alcaldía de Valledupar para administrar cerca de 800 millones de pesos para sufragar los gastos del montaje de la Feria.

Lo cierto es que entre dimes y diretes, y mutuas acusaciones entre las dos entidades quedó plasmada la rivalidad de dos grupúsculos de poder que más parecían defender intereses políticos y personales que intereses de un mismo gremio al cual ambas entes pertenecen: el agro del Cesar.

Ante semejante espectáculo bochornoso, la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas, Fedequinas, rectora del evento, decidió cortar por lo sano y cambiar de sede. Le sobraban ciudades interesadas en realizar la Feria. Una de ellas Cali, ciudad con una cultura empresarial y con una tradición caballista mucho más fuerte que la nuestra, no dudó ni un instante en ofrecer toda su infraestructura y voluntad para sacar la Feria adelante.

Como bien lo reconoció Armando Cuello, director de Riendas, en entrevista concedida a esta casa radial, en El Cesar impera un nefasto canibalismo que ni hace ni deja hacer. Son estas actitudes como ésta de ser “el palo en la rueda”, las que mucho daño hacen a iniciativas de progreso para nuestra región. Infortunadamente, por la mentalidad cerrada de nuestra clase dirigente Valledupar se quedó este 2017 sin Feria Equina.                   

Retos para El Cesar 2017

Publicado en Editorial

En nuestra nota editorial de ayer “Retos para Valledupar 2017” nos referimos a los desafíos de la capital para el año que inicia. Corresponde el turno de hacer un ejercicio similar con respecto a la administración departamental.

1. Terminar las obras inconclusas

Sin lugar a equivocarnos, existe consenso entre los cesarenses que el principal reto de la gobernación de Franco Ovalle es terminar este año la serie de obras inconclusas de la administración anterior. En efecto, Ovalle debe honrar el compromiso de continuidad por el cual fue elegido, llevando a feliz término obras de alto impacto para El Cesar como la Universidad Nacional, el estadio de fútbol Armando Maestre, los hospitales de Aguachica y El Copey, el CDT Pesquero, el acueducto de los corregimientos del sur de Valledupar y las vías iniciadas en el marco del Plan Vial Departamental, denominado Vías a Salvo, sólo para mencionar las obras de mayor impacto y mayor preocupación por su poco avance durante este primer año. Se reconoce que el poner al frente de la Secretaría de Infraestructura a Federico Martínez, un joven experimentado y con alta capacidad de gestión es un paso en la dirección correcta.

2. Cuadrar la caja

Es ya un lugar común afirmar que a Franco Ovalle le tocó bailar con la más fea. Ciertamente, a diferencia de sus dos inmediatos antecesores, a Ovalle le correspondió el periodo de vacas flacas en materia de regalías, por la combinación de dos factores: primero, el impacto de la reforma al sistema de regalías que recortó el giro a los entes territoriales empieza a sentirse con mayor fuerza en el periodo del actual gobernador, factor que coincidió con la caída en los precios internacionales del petróleo y el carbón, principal producto de exportación del departamento. La Contraloría General estimó que sólo en el periodo 2015-2016 el Cesar dejó de recibir cerca de $150 mil millones por estos dos factores. Frente a este oscuro panorama financiero, a Ovalle le tocará hacer maromas para poder asegurar los recursos que demanda el ambicioso presupuesto aprobado por la Asamblea para el 2017. En este aspecto está por verse qué tanta capacidad de gestión y de consecución de recursos tiene Ovalle ante el gobierno nacional y de qué le puede servir ser amigo personal del vicepresidente de la república, Germán Vargas Lleras, bautizado por él como “el hombre de la chequera.”

3. Mejorar la salud

En siguiente lugar, otro desafío de gran importancia es garantizar un adecuado funcionamiento de la red hospitalaria del departamento. Sin duda, la deficiente prestación del servicio de salud es una de las quejas de mayor frecuencia en El Cesar: la actual red no da abasto para cubrir la creciente demanda de pacientes. En particular, es preocupante la salud financiera de varias instituciones públicas y privadas prestadoras de servicios, a quienes las EPS adeudan desde hace mucho tiempo una abultada cartera y cuya viabilidad económica está entredicho, entre ellas el hospital San Andrés de Chiriguaná y el Rosario Pumarejo de López. La administración Ovalle debe velar este año porque se cumplan los compromisos de pago asumidos recientemente por las EPS, bajo el auspicio del ministerio de Salud. En la misma línea, debe esmerarse por reforzar la atención a la primera infancia y a las madres gestantes y mantener a raya los brotes epidemiológicos con un adecuado programa de vacunación, porque, infortunadamente, el Cesar sigue estando en el listado de departamentos con más altas tasas de mortalidad infantil y materna.

4. Oxigenar su equipo y dejar su impronta

Una de las principales críticas a la administración Ovalle durante 2016 es que fue más monsalvista que el propio Monsalvo, al ratificar a más de la mitad del equipo de la anterior administración y poner muy pocas fichas propias. En este sentido, si Ovalle quiere realizar una gestión que transcienda en la historia debe empezar este año por sacudirse de la fuerte marcación hombre a hombre que le tiene el grupo político que lo respaldó para llegar al poder. Es el momento de oxigenar su equipo de gobierno renovando su gabinete con personas idóneas y de su confianza. El 2017 es el año para que Ovalle empiece a dejar su propia impronta, su sello personal en el gobierno departamental. Por supuesto que no se trata de exhortar a Ovalle a que rompa con sus aliados políticos. No es necesario llegar a ese extremo. Se trata, sí, de que el gobernador gobierne sin pedir permisos, ni vistos buenos de sus aliados. De no desmarcarse en 2017, Ovalle corre el riesgo de pasar a la historia del Cesar como un mandatario títere que fue el cuerpo ajeno de otros que eran los verdaderos gobernantes. Si posterga este reto personal que espera El Cesar, cuando despierte será demasiado tarde.

Nadando en el surrealismo

Publicado en Generales

Por José Luis Bustos Reales

   El departamento del Cesar parece haber perdido la capacidad de asombro, especialmente en Valledupar, su capital…

   No se escuchan voces indignadas frente al desfalco que se le hizo al departamento; nadie se atreve o tal vez nadie quiere tocar el punto y ese punto es que la Contraloría General de la Nación acaba de reportar en solo 11 hallazgos de la vigencia 2015 nada menos que más de 50 mil millones de pesos que deben ser explicados.  Veamos lo que eso viene a significar, porque paradójicamente un Hallazgo fiscal es sinónimo no de que se halló una plata, sino de que esa platica se esfumó…

En términos más concretos, pero bien explícitos, lo que se está extraviando con esos 50 mil millones de pesos  equivale a lo que ganan cien familias trabajando con el salario mínimo durante 60 años!!!

   En términos simples, es como si a cada casa del departamento le hubiesen robado de sus ahorros unos 375 mil pesos, y  eso en El Cesar, donde más del 70% de los hogares no percibe ni siquiera un salario mínimo mensual, es un verdadero crimen. Con esa cantidad se hubiesen podido construir 1,500 viviendas totalmente gratis para la población vulnerable o 3.000 para ahorradores de bajos recursos…

Solo en Valledupar, con esa cantidad, hubiese bastado para dotar completamente cada una de las escuelas públicas: Pupitres, ventilación, bibliotecas, pintura, baterías sanitarias y  agua potable para 80.000 de nuestros niños en jornada extendida durante un año

   Con el dinero de esos primeros hallazgos, se hubiese podido construir el reservorio para el nuevo acueducto de Valledupar y garantizar un tanque de abastecimiento en el Cerro de La Popa que funcione por gravedad para que no escasee más nuestra agua como producto de las crecientes anuales que obligan a racionarla por turbiedad…

   Esos 50 mil millones de pesos son el aproximado de unos 13 millones de platos de comida digna para nuestros niños o nuestros ancianos más pobres… o unos 17 millones de desayunos.

   Con ese dinero hubiese bastado y sobrado para financiar una maestría  para cada uno de los 2.500 docentes que tiene Valledupar para optimizar la educación de nuestros niños; con ese dinero los 14 mil estudiantes de la universidad Popular del Cesar tendrían sus estudios profesionales garantizados aun cuando fuese una única oportunidad feliz en  las historias de sus familias …

   Si esos 50 mil millones de pesos no se pierden, el municipio capital hubiese podido hacer la cofinanciación con la nación para hacer por fin  realidad la quimera de la Represa de Los Besotes que costaría unos 480.000 millones, pero que garantizaría agua por 50 años para toda el área metropolitana…

   Pero estamos en Colombia: Hablemos de futbol. En Valledupar la administración de Luis Alberto Monsalvo firmó acta de inicio en febrero de 2014 para construir el nuevo estadio; se estipuló que la obra debería entregarse en 18 meses. Estamos a 34 meses de aquella firma…

   El Pilón, diario regional, informó el 28 de mayo de este año que el escenario en su primera etapa tuvo un valor de 59 mil millones de pesos y en primera instancia contó con dos períodos de entrega partiendo del 28 de febrero del 2014, cuando se firmó el acta de inicio. Así pues, el primer plazo fue hasta el 31 de diciembre del 2014, y el segundo debió entregarse el 25 de agosto del 2015, que sería por lo tanto la fecha de finalización estipulada, es decir, hace 16 meses...

    El punto no es que no solo no hay tal estadio entregado, sino que la CGN encontró fallas por todas partes en la obra y un detrimento patrimonial de 5 mil millones de pesos, ¡Por Dios!: Eso es lo que tendría que trabajar una persona que gana el salario mínimo ¡durante 595 años! Esosson muchos, muchísimos partidos de futbol…

¿Se está entendiendo lo que pasa aquí?

   Aquí desde hace rato, nos acostumbramos a que todo pasa, que todo queda y que lo nuestro es pasar…  Pero no hay tal para los versos de Machado en nuestra tragedia: Lo del maestro era poesía, lo de aquí es desidia, desprecio, arrogancia y placer con la miseria ajena. Con un solo día de esos 50 mil millones, cada hogar del Cesar hubiese podido llevar a su mesa la triste pero aun razonable suma de tres bolsas de leche para el consumo de una semana… ¡Pero aquí nos comportamos como si no estuviese pasando nada!

   Esto es largo, tiene nombres y tiene apellidos. Una de las primeras administraciones que tuvo el clan Gnecco es tristemente célebre porque en ella se perdieron más de dos décadas atrás, nada menos que 28 mil millones de pesos de la educación de nuestros niños…  Pero no pasó nada, salvo que la ignorancia nos mata y que ese robo a la educación es una más de las formas de mantenernos ignorantes.

   Luego vino el interino Canossa, un delincuente de poca monta que en medio de la torpe miopía de las clases dominantes del Cesar (no es lo mismo que Dirigentes), vino y ferió ya desde Bogotá, el presupuesto departamental, todo se lo robó y aquí tampoco pasó nada: Nuestros patriarcas y matriarcas no hicieron barro en el agua: Aún queda mucho por sacarnos de la sangre… Quien recuerda hoy a Canossa?

   Pienso que Edgardo Maya Villazón al atreverse a poner el dedo sobre esta llaga ha enviado un mensaje muy claro. No le conozco ni le he tratado lo suficiente como para decir que es un amigo, pero creo que si ese hombre se sostuvo dos períodos en la Procuraduría General de la Nación y ahora es el contralor nacional, algo de respeto debe infundirle a estas mafias locales, que ponen a su antojo contralores que fueron antes los ordenadores del despilfarro o los financiadores de las campañas…

   Si esta vez tampoco pasa nada, si los seguimos eligiendo, nuestra estupidez histórica será irremediable, porque cada cosa que dejamos pasar es ahincar cada vez más del hierro que marca nuestros hombros y los hombros de nuestros hijos…  Somos reses de una finca cuyos dueños nos cambian cada cuatro años de capataz, y ni siquiera se preguntan jamás cuanto sudor costó y cuesta la crianza, la educación ni la dignidad de nuestros hijos.

   Para no seguir nadando en el surrealismo hace falta despertar y tener claro que estos primeros $50 mil millones que descubrimos, no son sino la punta de la nariz del gigante sobre la cual discutían las hormigas.

   Pero una sola hormiga  a veces, puede inflamar una nariz.

Espero pues.

Acueducto de verano

Publicado en Editorial

El problema del suministro de agua potable en Valledupar ha sido el talón de Aquiles de las últimas administraciones municipales. Desde la primera administración de Elías Ochoa Daza, a finales de los noventa, ya se empezaba a vislumbrar las serias dificultades que tiene Emdupar para abastecer, en forma continua, a toda la ciudad. Y desde entonces bastantes dolores de cabeza les ha causado a los distintos alcaldes y gerentes de Emdupar.

Son varias las causas que han contribuido a esta situación problemática. En primer lugar, una expansión urbana, a todas luces desordenada y mal planificada, que privilegió la extensión horizontal sobre el crecimiento en altura. Por ello, es fácil observar cómo los límites del casco urbano de la ciudad se han ido corriendo, cada cierto tiempo, para saciar el apetito voraz de constructores cuyos proyectos urbanísticos están ubicados por fuera del perímetro urbano, pero que extrañamente son incluidos, por arte de birlibirloque, en cada reforma del Plan de Ordenamiento Territorial. Por supuesto, extender la red de acueducto a esos nuevos proyectos ha descompensado el sistema concebido inicialmente para una ciudad de cerca de 200.000 habitantes y que hoy se acerca al medio millón.

En segundo lugar, los barrios de invasión representan un gran desafío tanto para Emdupar como para toda la red de servicios públicos domiciliarios. Digámoslos sin rodeos: estos barrios se abastecen de agua potable a partir de conexiones fraudulentas e ilegales y, por supuesto, sin pagarle un peso a Emdupar. Estas fugas de agua también descompensan el sistema.

Lógicamente, no podría estar por fuera de este análisis los problemas internos de Emdupar, siendo el mayor de todos el ya anotado, esto es, contar un sistema, una planta de almacenamiento y tratamiento que se quedó corta para las necesidades actuales de la ciudad y tiene un atraso de más de 20 años. El mayor problema de todos es la poca o nula capacidad de almacenamiento de agua, que, en épocas de lluvias o crecientes, se ve rebosada por la turbiedad del río. Por ello, alguien anotaba con razón que el de Valledupar es un acueducto de verano, pues sólo funciona bien cuando hay poca turbiedad.

Ya los vallenatos nos sabemos de memoria las explicaciones que da Emdupar cuando se suspende el servicio de agua en vastos sectores y barrios de la ciudad. Explicaciones que, en honor a la verdad, son ciertas y fundamentadas técnicamente. No son excusas.

Sin embargo, llama la atención que desde Elías Ochoa hasta la fecha hayan pasado seis alcaldes y una docena de gerentes de Emdupar y nadie le haya puesto el cascabel al gato. Todos los estudios indican que la solución pronta al problema del servicio de agua es la construcción de un reservorio, con capacidad de almacenamiento de 90 mil metros cúbicos y con un costo cercano a los $20.000.000. Por fortuna, esta administración ya presentó el proyecto para estudio y aprobación del Ministerio de Vivienda, ente competente para ello.

Cabrá esperar, pues, que este proyecto salga adelante en esta administración y nos olvidemos de la quimera del embalse de Los Besotes, cuyo costo se acerca al billón de pesos, es decir, cincuenta veces el costo del reservorio. Ojalá esté cerca el día en que los vallenatos se puedan despertar sin la desagradable noticia que al abrir el grifo de la llave no salga agua.

Valledupar.-

Un galeno que labora para la Clínica del Cesar vivió un verdadero viacrucis el pasado fin de semana y lo más increíble de todo a manos de quienes supuestamente deben protegerlo: agentes de la Policía Nacional. Esta es la historia.

Como todos los días, Carlos Alfonso Quiñonez salió de su casa en su vehículo con rumbo a la Clínica del Cesar donde presta sus servicios como médico internista e intensivista. Como iba de afán, pues lo esperaba un paciente con urgencia en la unidad de cuidados intensivos, cruzó en amarillo el semáforo de la carrera 12 con calle 14. A la altura del palacio de Justicia, siendo aproximadamente las ocho de la mañana, dos patrullas motorizadas de la Policía Nacional lo interceptan, le obstruyen el paso y le hacen señales para que se orille en la vía. Carlos obedece y baja al vidrio de su vehículo y se dirige al agente de Policía explicándole que llevaba prisa porque debía atender un paciente en la UCI.

La respuesta del agente no se hizo esperar: “Ni usted ni nosotros somos familia de ese paciente. Entrégueme sus papeles.” Nuevamente Carlos obedeció y entregó su documentación, insistiéndole a los policías que, por favor, tuvieran en cuenta que el paciente esperaba de su atención.

Después de revisar su licencia de conducción y sus antecedentes, el intendente Jorge Martínez le dice al médico Carlos Alfonso Quiñonez que quedaba detenido por el delito de uso de documento falso, pues según él, la licencia de conducción de Alfonso Quiñonez era falsa y no aparecía registrada en el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT. Simultáneamente ordenó al patrullero Jonathan Carrasquilla ponerle las esposas al galeno. En ese momento el médico Carlos Alfonso Quiñonez entró en pánico. Se imaginó siendo detenido y recluido en una estación de policía todo el fin de semana y siendo reseñado por las autoridades.  Pero lo que más le preocupaba no era eso, sino el estado del paciente que esperaba su atención. Angustiado, acorralado y aturdido les dijo a los agentes que debía tratarse de un error pues tenía más de diez años de haber tramitado su licencia en el Tránsito de Barranquilla, ciudad donde cursó varias especializaciones.

Sin embargo, los agentes no cedieron la presión. Llamaron a la camabaja para que inmovilizara el carro y a las famosas neveritas, vehículos donde transportan a las personas detenidas. Ante esa situación, Carlos Alfonso Quiñonez suplicó casi llorando a los agentes que le “colaboraran” y que lo dejaran ir. Al escuchar esta palabra mágica “colaboración”, inmediatamente se les iluminó el rostro a los agentes de policía. Le dijeron a Carlos que la mencionada “colaboración” significaba la entrega de cinco millones de pesos. Carlos le expresó que no tenía esa cantidad de dinero. Y en su desesperación les ofreció los únicos dos millones de pesos que tenía disponible en el cajero.

Entonces, las mismas dos patrullas motorizadas que habían interceptado al médico Carlos Alfonso, ahora lo escoltaban, una adelante y otra atrás de su vehículo, para que no se volara, hasta llegar al cajero de Bancolombia ubicado en el centro comercial Valleplaza, al lado del reconocido almacén de Muebles Jamar, al norte de la ciudad (carrera novena).

Carlos se bajó de su vehículo, ingresó al cajero y retiró una suma cercana a los dos millones de pesos, ya que cabe recordar que el cajero de Bancolombia sólo admite tres retiros con monto máximo de $600.000 cada uno, para un total de $1.800.000.

Una vez salió del cajero, los agentes le hicieron señas que los siguiera y lo conducieron por la carrera novena hasta llegar al cruce del lote de la Electrificadora, donde doblaron con rumbo a la carrera cuarta, detrás de DPA. En un lugar desolado, hicieron detener de nuevo el vehículo, recibieron el dinero de Carlos y le devolvieron su licencia de conducción.

Carlos, aún muerto del susto, se fue rápido a la clínica del Cesar a atender a su paciente, pero después de que finalizó su turno, fue a denunciar la extorsión y el secuestro express, delitos de los que fue objeto por la propia Policía.

El desafío Yukpa

Publicado en Editorial

De manera pausada pero firme, la cabilda gobernadora Yukpa, Esneda Saavedra Restrepo expresó ayer en La Paz, Cesar, las razones por las cuales esa etnia indígena no está de acuerdo con la selección del corregimiento de San José de Oriente como una de las zonas de concentración de las Farc.

Según la líder indígena, parte de esa zona pertenece a su territorio ancestral, razón por la cual no podría el gobierno nacional disponer de dicha región sin adelantar una consulta previa. Agregó Saavedra Restrepo que bastante esfuerzo implicó sacar años atrás a los actores armados de su territorio para que ahora vuelvan a asentarse en él.

En principio, la posición de los Yukpa parecería estar avalada por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, quien atendió la invitación que le extendieran los pueblos indígenas de la Serranía del Perijá, preocupados por la escogencia de este rincón del Cesar como una de las denominadas “zonas veredales transitorias de normalización”.

En este mismo sentido, ya se había pronunciado la Organización Nacional Indígena Colombiana, ONIC, quien a través de su vocero, el kankuamo Luis Fernando Arias, manifestó días atrás que las zonas veredales con presencia indígena deberán ser decididas en consulta previa.

Creemos que le asiste razón a la ONIC y a los pueblos indígenas cuando expresan un legítimo temor frente a la posibilidad de que en sus territorios sean concentradas las Farc. Por ello, vale reiterar, una vez más, la posición editorial expresada por esta casa radial sobre el tema en nuestra nota del pasado 2 de marzo titulada “Paz territorial y consulta popular”, en la cual se planteó que “si tal como el alto gobierno pregona que el fin del conflicto implica necesariamente la consolidación de la paz en las regiones, lo mínimo que cabría esperar es que se lo consulte a los ciudadanos de estas regiones si están o no de acuerdo con que el territorio en el que viven sea seleccionado como zona de concentración de la guerrilla.”

No son temores infundados. Los hechos recientes de orden público en El Cesar aumentan la preocupación por el establecimiento de las zonas de concentración. Sólo en esta semana que acaba un ganadero fue secuestrado en la región de Codazzi y un policía perdió la vida por un atentado del ELN en Pelaya. Tampoco puede olvidarse que en mayo pasado esa misma guerrilla sembró varias minas a escasos metros de un colegio en Río de Oro.

Si bien Farc y ELN son dos organizaciones distintas, y mientras con la una los diálogos de paz van más avanzados y con la otra están en pañales, no puede negarse que entre ambas existen vasos comunicantes. En efecto, los hechos de violencia atribuidos ahora al ELN –como el secuestro del ganadero– en zonas que históricamente han estado bajo control de las Farc y sin presencia de los elenos, alimentan la hipótesis del cambio de brazalete, esto es, que los milicianos farianos actúan ahora bajo el rotulo del ELN para no afectar negativamente el proceso de paz y poner en una situación incómoda al gobierno nacional.

Por lo pronto, la etnia Yukpa ha planteado un legítimo desafío a las zonas de concentración. La respaldan múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional que protegen tanto el principio de autodeterminación de los territorios indígenas como el derecho a que decisiones que afecten al mismo sean decididas por consulta previa. Está por verse qué hará el gobierno en este caso.

Puede escuchar el audio aquí:

Tragedia en Chiriguaná

Publicado en Editorial

Absolutamente nada justifica que la protesta pacífica de la comunidad de Chiriguaná haya terminado con el saldo trágico de un docente muerto –Naimén Agustín Lara–, varios heridos de gravedad, la subestación de Policía incendiada y el orden público seriamente alterado.

Tres factores actuaron como detonante de la protesta de los chiriguaneros: en primer lugar, la consabida crisis del hospital regional San Andrés, sobre la cual nos referimos en nuestra nota editorial de ayer (Ver nota "La muerte lenta del hospital de Chiriguaná"). En segundo lugar, la instalación del peaje en el corregimiento de Rincón Hondo, en desarrollo de la polémica concesión Cesar – Guajira. Y, finalmente, las reiteradas fallas en el servicio de energía eléctrica que presta Electricaribe.

En este sentido cabe decir que le sobran motivos para protestar a dicha comunidad. Sus razones son legítimas, pero equivocados los medios escogidos para hacerlo, pues, por supuesto, que el bloqueo de la troncal de Oriente –que conecta a la Costa con el centro del país– constituye una vía de hecho inaceptable en un estado de derecho. Empero, esta medida extrema debía entenderse como un grito desesperado de una población agobiada por serios problemas frente a los cuales sus gobernantes han sido incapaces de darle una pronta y efectiva solución.

Sin embargo, también fue errónea la reacción de las autoridades y, principalmente, del ESMAD de la Policía, quien, según denuncias de la comunidad, no agotó la vía del diálogo con los líderes de protesta para levantar el bloqueo, sino que, de buenas a primeras, quiso disolver la protesta y el bloqueo lanzando gases lacrimógenos sobre la población y empleando la fuerza en exceso.

Poco convincentes han sido las explicaciones dadas por las autoridades policiales a los medios para explicar lo sucedido. Se insiste: nada justifica la muerte de un profesor a tiros por la espalda, como tampoco que a otro protestante le hayan pasado varias veces por encima una moto de la policía. ¿Quién responde por estos actos?

Tampoco ha estado a la altura de las circunstancias la alcaldesa Zunilda Tolosa, quien actuó sin el liderazgo que requería la situación, reflejando no sólo debilidad de carácter, sino también inexperiencia para manejar un municipio con problemas complejos como el de Chiriguaná.  También falló notoriamente el gobierno departamental, por no actuar oportunamente, sino sólo después de que sucedieron los fatales hechos. A este hora ni siquiera existe un pronunciamiento oficinal por parte de la administración departamental. El gobernador está en Bogotá y el secretario de gobierno, Delwin Jiménez, no responde.

De esta tragedia deberían quedar bien claro dos lecciones: la primerísima es la de atender oportunamente los reclamos de las comunidades. En Chiriguaná se ha incubado por mucho tiempo una protesta por necesidades insatisfechas y desatendidas por sucesivas administraciones locales y departamentales. Este es el caldo de cultivo que explotó ayer de la peor manera posible. No es la primera vez que pasa. Basta recordar la quema de la registraduría por la inconformidad con el resultado de las elecciones de alcalde de 2011.

La segunda gran lección es el imperativo ético de acudir, en primera instancia, al diálogo con las comunidades, a la solución pacífica de las diferencias. Y dejar el expediente del uso legítimo de la fuerza, como medida de último resorte. Por invertir el orden de las cosas, hoy se viste de luto una familia y, por extensión, toda Chiriguaná.

Puede escuchar el audio aquí:

La muerte lenta del hospital de Chiriguaná

Publicado en Editorial

Como un paciente terminal al que gradualmente se le deterioran las funciones de sus órganos, así se encuentra el hospital San Andrés del municipio de Chiriguaná, sumido en una crisis financiera y administrativa, sin solución a la vista.

Son varias las causas de esta muerte anunciada: en primer lugar, el déficit financiero que tiene origen en la falta de pago de varias EPS (Emdisalud, Saludvida, Cajacopi y Caprecom) a las que el hospital ha prestado sus servicios y cuya deuda que supera los $7.000 millones ha sido de difícil recaudo, también por falta de diligencia en su cobro.   En segundo lugar, la desafiliación masiva de usuarios promovida en la administración del alcalde Gustavo Aroca Dagil, que permitió la migración de cerca de 3.500 usuarios a IPS privadas, con lo cual el centro asistencial dejó de percibir importantes recursos. En siguiente lugar, la desidia y mala administración de los gerentes de turno, más interesados en ganarse el sueldo y ser alfiles de la politiquería, que en solucionar los graves problemas del hospital. De hecho, ha tenido más de 4 gerentes en menos de 4 años (Dellys Mercedes Vega Solano, Lisney Arrieta Guerra, María Inés Cabas y Nicolás Mohrez Muvdi).  Finalmente, la indiferencia de las dos últimas administraciones departamentales, en las cuales la situación crítica del hospital y su salud financiera terminó agravándose.

Todo este coctel de enfermedades tiene postrado al centro asistencial, el cual ha dejado de ser, en la práctica, un hospital regional de segundo nivel que atendía a pacientes de varios municipios del Cesar, Magdalena y Bolívar, para convertirse en un puesto de salud mal atendido. El hospital tiene pasivos por más de $12.000 millones y adeuda a su personal médico y de enfermeros entre cuatro y nueve meses de salarios. Su unidad de cuidados intensivos no funciona desde mayo del año pasado. Sus equipos de radiología están dañados. 

¿Qué se hicieron, entonces, las inversiones realizadas por los últimos gobiernos departamentales: $5.500 millones en la administración Molina, $3.500 millones en la de Moreno y $4.000 millones en la de Monsalvo?

De poco han servido los diversos debates realizados en la asamblea departamental sobre la situación del hospital. Tampoco han sido de gran ayuda las visitas de los ministros de Salud al Cesar ni las mesas de trabajo propiciadas por la actual administración departamental. El Hospital San Andrés agoniza. ¿Será Franco Ovalle su sepulturero?.

Puede escuchar el audio aquí:

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