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Un niño de diez años fue asesinado, mientras que un familiar suyo resultó herido, esto tras el ataque de seis hombres que entraron a la ranchería donde vivía en un área rural del municipio de Maicao en La Guajira.
El hecho se registró la tarde del martes, en la comunidad de Jepimana, donde se encontraba la víctima Juan David Hernández Fince, con otro niño y su familiar Ramiro Epinayu de 36 años, quien resultó herido y se encuentra en el hospital San José de Maicao.
La tía del niño fallecido, Aura Paz, explicó que los dos menores jugaban debajo de un árbol de trupillo cuando llegaron los hombres y dispararon. “Ellos corrieron y se escondieron en la cocina de la ranchería, pero una bala alcanzó a uno de ellos”, indicó.
Juan David resultó con una herida en el pecho y Ramiro tiene una en el omoplato, por lo que se encuentra en delicado estado, según aseguró Aura.
Agregó que esto es producto de una guerra entre familias que se inició el septiembre del 2016 y en la cual ya iban tres personas muertas y nueve heridas, sin embargo asegura que nunca habían incluido a los niños en esta disputa.
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Un niño de 13 meses de edad, perteneciente a la etnia wiwa, murió por desnutrición severa en el hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha, donde llegó procedente del municipio de Dibulla.
 
El pediatra Abudi Dasuki, asesor del ICBF explicó que el menor tenía un cuadro clínico de un mes de evolución, con diarrea, vómito y fiebre, por lo que llegó en muy mal estado general y no pudo salvarse.
 
“Este niño viene de la zona de Guachaca,  en la Sierra Nevada de Santa Marta, jurisdicción del Magdalena, lo llevaron la hospital de Dibulla y luego remitido aquí a Riohacha, donde se logró una estabilización parcial, pero por su muy mal estado, no pudo recuperarse del todo”, indico el médico.
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Se cumplió audiencia preparatoria ene el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones del Conocimiento a Cristian Javier Páez Escobar, de 21 años, sindicado por la Fiscalía 9 Seccional de Valledupar, de la presunta comisión del los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado.

Ese sujeto está implicado en el crimen de Rafael Enrique Blanco Ortíz, de 37 años, de oficio vigilante en hechos sucedidos el día 10 de julio de 2015, en el municipio de Manaure, Cesar, para atracarlo.

Blanco Ortiz, trabajaba en la capital del país como guardia de seguridad y había llegado a esa población de paseo con su familia y fue asesinado al tratar de oponerse a un atraco cuando se encontraba departiendo con unos amigos en un establecimiento público.

El Juez del conocimiento programó el inició del juicio oral para el próximo 26 de enero y el día 3 de abril de 2018, a las 3 de la tarde.

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La Juez Primera de Garantías de Valledupar dictó medida de aseguramiento contra Karen Lizeth Arregocés, quien tenía orden de captura por el caso de mortalidad infantil en Albania (La Guajira), proceso que tiene con detención domiciliaria a Oneida Pinto, exgobernadora de esa región, y a otras dos personas con detención en centro carcelario.

Los investigadores del caso encontraron que Karen Lizeth Arregocés era la contadora de los dineros del Programa de Reducción de la Mortalidad Infantil, por orden de Oneida Pinto, pero no tenía contrato con el municipio, sino que lo hacía de forma particular.

La mujer fue llevada ante la juez de control de garantías y la Fiscalía le imputó los delitos de peculado, en un cuantía de seis mil setecientos millones de pesos ($6.700.000.000) por recursos del Programa de Mortalidad Infantil, y por falsedad en documento público.

Inicialmente la juez le impuso a la indiciada medida de aseguramiento intramural, pero teniendo en cuenta que tiene una niña de cuatro meses de nacida, le fue concedido el beneficio de la detención domiciliaria.

La imputada se venía desempeñando como Subgerente Administrativa y Financiera del Hospital San Rafael de Albania.

Por el caso de mortalidad infantil en Albania, la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, tiene detención domiciliaria y es investigada como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Así mismo, fueron enviados a la cárcel dos funcionarios de la Alcaldía de Albania, quienes tendrían una relación cercana con la exgobernadora y, sin tener relación con el programa, habrían cobrado cheques por once mil quinientos millones de pesos ($11.500.000.000). 

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La Fuerza Pública dio captura en las últimas horas a tres sujetos por hurto y tráfico de estupefacientes en jurisdicción de los municipios de San Diego y Aguachica en hechos aislados.

En las últimas horas, en actividades de registro y control a personas, en el barrio Bello Horizonte, de de San Diego, fue capturado por la Policía Dionisio Varela, de 60 años de edad, a quien en al momento de realizarle un registro, tenía en su poder un arma de fuego, calibre 20; por lo que fue dejado a disposición de la Fiscalía URI en turno, por el delito de fabricación, tráfico y porte armas de fuego y municiones.

De otro lado en el barrio 7 de agosto de Aguachica, en la labores de patrullaje registro y control, apresaron en flagrancia a Fabio Luna de 69 años, quien hurtaba 5 mallas electrosoldadas, las cuales eran transportadas en vehículo de tracción animal.

Este sujeto y los elementos recuperados fueron dejado a disposición de la Fiscalía segunda local de Aguachica.

Y finalmente la Policia Tránsito y Transporte de Aguachica a la altura del Km 14 vía Agua Claras Ocaña, fue aprehendido Jheymer Bayona de 27 años, quien tenía en su poder 2 mil 500 gramos de cocaína, avaluado en 12 millones 500 mil pesos.

La persona capturada quedó a disposición de la fiscalía de Aguachica y será judicializada la presunta comisión del delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes.

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Se inició la socialización de la construcción de la placa huella hacía la vía al corregimiento de El Plan, en el departamento de La Guajira, en lo que compete al municipio de Manaure, Cesar.

El alcalde Ever Santana indicó que estaba contratados 400 metros de placa huella hasta el puente, que es lo que les corresponde a su jurisdicción.

La obra en la que se utilizará mano de obra no calificada de la región, tiene un costo de 1.200 millones de pesos, los cuales provienen del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET.

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Organizadores sociales de Valledupar que buscan afianzar la paz en los territorios que otrora fueron espacios de confrontaciones armadas entre las guerrillas y los paramilitares vienen trabajando para que las escuelas del corregimiento de Azúcar Buena sean dotadas de las más mínimas condiciones para brindar educación.

Uno de esos líderes sociales, Álvaro Tavera Herrera indicó que en abril del presente año, hicieron que las sectoriales de educación y obras públicas del municipio de Valledupar vieran las condiciones en las cuales los niños reciben sus clases y pasó el año y no cumplieron con lo prometido.

De las casi 9 escuelas que hay en el corregimiento, ninguna cuenta con el servicio de baterías sanitarias y alumnos y profesores les toca hacer sus necesidades fisiológicas en el monte.

Tavera Herrera advirtió que las sectoriales en mención no se han dignado a contestar un derecho de petición impetrado por la comunidad, hecho que será denunciado ante la Procuraduría.

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La Alcaldía del municipio de El Copey comenzó el fomento del cultivo de la maracuyá en cercanías al casco urbano.

El proyecto favorece a 40 familias de las veredas Entre Ríos, Quebrada Arena y El Saltillo.

Cada familia cultivará 10 hectáreas de maracuyá, para lo cual le entregaron las semillas, los abonos y la asistencia técnica.

Para el fomento del cultivo la Alcaldía invierte 17 millones de pesos.

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El Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná, a cargo de Jorge Eduardo Fadul Díaz admitió la Acción Popular presentada por la Gobernación del Departamento del Cesar en contra de los presidentes y representantes legales de Emcarbón, ARGOS, entre ellos Richard May Cabrera, Eduardo Battin Vallejo y la empresa Carbones del Caribe.

Así mismo, se decretó la medida cautelar solicitada en consecuencia de ello se ordenó oficiar a la Agencia Nacional de Minería, para que de forma inmediata congele el titulo mineros del proyecto El Hatillo.

Además se ordenó a la empresa Colombia Natural Resources S.A.S, abstener de realizar cualquier negocio jurídico que involucre el título minero del proyecto El Hatillo, mientras no culmine el presente proceso en segunda instancia.

Es de indicar, que el proyecto minero  El Hatillo, está ubicado en el corregimiento de La Loma de Calenturas, municipio de El Paso.

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Valledupar se adapta al Día sin Moto

Nuevamente Valledupar dio muestras de civismo con la implementación del segundo día sin moto en la ciudad. Las autoridades reportaron absoluta tranquilidad y el convencimiento de la ciudadanía de que el impacto en el medio ambiente es positivo, lo que se refleja en el aire que se respira y la descontaminación auditiva.

A pesar de algunos reductos de inconformismo, la cultura ciudadana se sigue imponiendo y los trabajadores en su gran mayoría se programan para regresar a sus casas solo por la tarde como se hace en las grandes ciudades y eso dinamiza el sector de restaurantes que activa las ventas de su menú lo que equivale casi al valor del pasaje en esa ida y vuelta que gastan en ir sus hogares los medio días.

En cuanto al mototaxismo, ha acatado las normas con muy ligeras excepciones, algunos de los cuales fueron inmovilizados en una cifra que supera el centenar de motocicletas, de acuerdo a los datos suministrados por la policía.

Esta jornada una vez más reporta cero accidentalidad, lo que registra una tranquilidad en las urgencias de los centros asistenciales.

A partir de enero, si se establecerán las sanciones para los motoristas inmovilizados dijo el secretario de Tránsito Víctor Arismendi, quien aseguró que el decreto se prolongará por 6 meses.

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