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Personas en calidad de víctimas del conflicto se quejan por la lentitud en que avanzan los procesos de reparación y asistencia humanitaria en la llamada UAO a donde algunos llegan sin que logren concretar el periplo de sus casos.

Una de estas personas quien se identificó como Mayra Torres narró a los periodistas de la Tribuna del Cesar que ya perdió la cuenta de cuantos viajes ha hecho a Valledupar de la zona rural de La Paz pero nunca ha obtiene una respuesta satisfactoria.

Narró que fue desplazada por grupos paramilitares y le tocó rodar por varias partes del Cesar, hasta que hace un par de años logró hacer la declaración respectiva de su caso y  de su familia, dice que más tarde le dieron la carta de víctima lo mismo que la resolución y eso fue en 2015 sin embargo no la han vuelto a llamar.

Pide a la Unidad de Víctimas que aceleren esos casos para descongestionar las oficinas que de acuerdo a su criterio, atienden primero a los que nada han tenido que ver con el conflicto y sin embargo,  son a los primeros qua asisten e indemnizan.

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La Décima Brigada entregó 118 libretas militares a jóvenes víctimas del conflicto armado en Valledupar en una ceremonia realizada en el salón Luis Rodríguez Valera de la Gobernación del Cesar.

El Capitán Ricardo Calderón, comandante del Distrito Militar número 15, manifestó a La Tribuna del Cesar,  que el comando de reclutamiento en coordinación con la Unidad de Víctimas y la imagen social del departamento hizo la entrega a los jóvenes víctimas del desplazamiento forzado.

De acuerdo al asesor de Paz del departamento abogado Fabian Arzuaga Vergara, en el Cesar es donde más Libretas Militares se han entregando a las víctimas de la violencia y completará 1.200 en el presente año, para que puedan acceder a trabajos o a instituciones educativas para su formación técnica, tecnológica o superior.

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Con éxito se cumplió la entrega de tarjetas militares a jóvenes víctimas de la violencia en Valledupar en acto conjunto de la gobernación con el Ejército Nacional a través del Distrito número 15 y la Unidad para las Víctimas de la Violencia.

La jornada se complementará en fechas por definir hasta entregar unas 1.200 en el presente año, para que muchos jóvenes afectados por la violencia, puedan obtener este documento y acceder a trabajos o a instituciones educativas para su formación técnica, tecnológica o superior.

Pero el beneficio no solo quedará en la obtención de ese documento, también podrán acceder a los programas de vivienda según los planes habitacionales de casas gratis segunda fase y Mi Casa Ya, que se abrirá en otra convocatoria a mediados del presente mes.

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Varias familias de tres municipios del centro del Cesar se beneficiarán a través de proyectos de unidades productivas con ejemplares de ovino caprinos, los que contribuirán para la estabilización socio económica de sus hogares

En total son 240 familias víctimas del conflicto armado de las poblaciones de Pailitas, Astrea y Curumaní, quienes ya firmaron las actas que los acredita como beneficiarios.

La distribución será de 80 familias por municipio, a las que la Unidad para la Atención y Reparación a las víctimas y las alcaldías locales les entregarán 10 hembras y un padrote para la reproducción de las crías.

Igualmente recibirán insumos para la elaboración de las cercas y bebederos, semillas para la alimentación de los animales, y a través de Corpoica, se capacitará a las víctimas con talleres técnicos en producción ovina, manejo de tierras para forraje y manejo sanitario.

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El Gaula Militar en coordinación con funcionarios del CTI, apresaron a Bryan Alberto Armenia Torres de 25 años de una persona en Valledupar, por el presunto delito de extorsión.

La operación se desarrolló en inmediaciones del mercado público, tras la denuncia de un comerciante que le venían exigiendo el pago de la suma de un millón de pesos.

Armenia Torres, deberá responder por delito de extorsión agravada, en audiencia de imputación, legalización de captura y medida de aseguramiento acusado por la Fiscalía Primera Especializada.

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Se socializó la alianza entre la Gobernación del Cesar, la Unidad para las Víctimas y los municipios de Astrea, Curumaní y Pailitas, mediante la cual se desarrolla un proyecto de generación de ingresos que beneficiará a 240 familias sobrevivientes del conflicto.

El proyecto ovino-caprino, que surgió del convenio 1501 de 2016, consiste en la entrega de 10 hembras y un padrote a cada grupo familiar y la asesoría técnica para que puedan desarrollar el proyecto productivo que los estabilizará en lo económico y les permitirá mejorar su calidad de vida. Son 80 las familias beneficiadas en cada uno de los municipios.

A la socialización asistieron personas afectadas por el conflicto armado, el asesor de paz de la gobernación de Cesar y los alcaldes de los tres municipios beneficiados.

Esta clase de convenios son coordinados desde la Unidad para las Víctimas en desarrollo de la relación estratégica entre las entidades nacionales y las territoriales para garantizar la adecuada y oportuna ejecución de la política pública para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

Juanita Ramírez directora de la Unidad de Victimas en el Cesar indicó que el proyecto tiene un costo de 1.300 millones de pesos.

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En menos de cinco días tres periodistas de Valledupar han sido víctimas de los atracadores, lo que certifica que ni los incrementos policiales han logrado disminuir la inseguridad en la capital del Cesar.

El fin de semana fue Francisco de la Hoz Vives a quien motorizados lo despojaron de sus pertenencias incluyendo dinero en efectivo en el barrio Primero de Mayo.

Mientras tanto ayer en plena área de la Plaza Alfonso López, parte trasera de la Alcaldía, la comunicadora, Merly Duarte, del equipo de prensa del Alcalde, Tuto Uhía, fue presa de delincuentes, que le arrebataron todo lo que llevaba.

Por su parte en horas de la tarde, la otra víctima fue Yanitza Fontalvo quien fue intimidada por un sujeto que ingresó a su librería Shekinah en el barrio Los Cortijos y le arrebataron los celulares a ella y sus clientes.

Ante tales hechos sumados a los que ocurren a diario a gente del común que ni siquiera denuncia, los vallenatos preguntan, ¿dónde está el compromiso de las autoridades y los anuncios de incremento de inteligencia y pie de fuerza? Averígüelo Vargas.

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Las falsas víctimas de Mapiripán

A cuenta gotas la justicia colombiana ha ido develando el burdo montaje auspiciado por el Colectivo de Abogados José Alvear para engañar al Estado colombiano por la masacre de Mapiripán, ocurrida hace 20 años (julio de 1997) en dicho municipio del departamento del Meta.

En primer lugar, debe reconocerse que la horrenda masacre ocurrió. Paramilitares bajo el mando de Carlos Castaño, durante cinco días, asesinaron con sevicia a un número indeterminado de personas en Mapiripán, capturándolas, torturándolas y desmembrando sus cuerpos. Gran parte de la población sobreviviente a la tragedia huyó despavorida del pueblo. Los primeros informes de las autoridades reportaron 49 muertos, pero la cifra pudo ser mayor porque varios cuerpos sin vida fueron arrojados al río Guaviare y nunca fueron encontrados.

Por estos hechos que perdurarán por siempre en la historia del horror de nuestro conflicto, el Estado colombiano fue demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Colectivo de Abogados José Alvear. La Corte Interamericana, mediante fallo del 15 de septiembre de 2005, condenó al Estado colombiano por colaboración de miembros del ejército a las AUC en la masacre. Adicionalmente, condenó al Estado a reparar monetariamente a las víctimas de la masacre. Hasta allí todo bien: un hecho que nunca debió suceder y que contó con la participación de agentes del Estado es llevado a los tribunales internacionales para su conocimiento. El Estado fue vencido en juicio.

Sin embargo, el problema surge cuando posterior a la condena del Estado y de las millonarias indemnizaciones que éste fue obligado a pagar a las víctimas, se descubre que varias personas de la lista de víctimas aportadas por el Colectivo de Abogados José Alvear eran falsas.

En efecto, en 2015, Mariela Contreras, Zuli Herrera Contreras y su esposo, Argemiro Arévalo, quienes recibieron 3.343 millones de pesos como indemnización, fueron condenadas por ser falsas víctimas. Doña Mariela expresó en esa ocasión ante los medios de comunicación que el Colectivo de Abogados la indujo a engañar al Estado.

 

Recientemente, el juzgado 37 Penal del Circuito de Bogotá condenó a ocho años y diez meses de prisión a otras cuatro falsas víctimas: Carlos Felipe, Luis Fernando, Jhonatan Figueredo Cigüeño y Alexander Molina Figueredo, quienes le mintieron al Estado sobre la supuesta muerte de su padre, Wilson Molina Pinto, en los días de la masacre, y que luego se comprobó estaba con vida.

Estas condenas muestran con claridad que no se trató de casos aislados ni de errores fortuitos, sino que hubo por parte del Colectivo de Abogados José Alvear la intención deliberada de engrosar la lista de víctimas presentada ante la Corte Interamericana con el deleznable propósito de aumentar el monto de indemnización que recibirían los beneficiarios, monto del cual el Colectivo cobró una jugosa comisión por sus servicios.

Así las cosas, no basta con que la justicia colombiana condene a las personas que se hicieron pasar por víctimas de la masacre de Mapiripán, muchas de ellas de extracción humilde y sin los conocimientos jurídicos para concebir semejante engaño al Estado. A quién se debe procesar penalmente es a la cúpula del Colectivo de Abogados que fue la institución que urdió esta infame estafa al Estado colombiano. Y sorprende que aún la justicia no haya procedido contra este Colectivo cuando existen pruebas fehacientes de su mala intención y cuando están comprometidos cuantiosos recursos entregados a las falsas víctimas. Más de 15.000 millones de pesos, de los cuales el Colectivo se lucró sin merecerlo.

Con este vergonzoso expediente en su contra, cabe preguntar ¿quién protege a este Colectivo de bandidos?

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A tiros dieron muerte para atracar a dos estudiante universitarios en la vía Ocaña - Abrego, Norte de Santander.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Jhoiner Rodriguez, estudiante de Ingenería Mecánica de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, oriundo de Becerril, Cesar y Carlos Quintero, estudiante de sexto semestre de derecho, natural de Curumaní,.

El hecho se registró en la mañana de ayer domingo, en la entrada al municipio de La Playa de Belén, en la vía Ocaña – Abrego, donde se encontró una motocicleta Suzuki, negra, en la que al parecer se movilizaban los occisos.

En las próximas horas eran traídos a su lugar de origen para su sepelio.

Los estudiantes se encuentran muy preocupados por la inseguridad que se está viviendo en el municipio de Ocaña, se espera un plantón en repudio de lo sucedido.

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La lección de Cartagena

El desplome de un edificio en construcción en el barrio Blas de Lezo de Cartagena, con saldo trágico de 21 personas muertas y 23 heridos, deja amargas lecciones sobre lo que no debe hacerse en el área de la planeación urbanística.

En primer lugar, la falta absoluta de controles sobre la obra en construcción. En efecto, la empresa propietaria del proyecto “Constructora & Quiroz” no contaba con licencia de construcción y ni siquiera había solicitud de permiso en tal sentido. La valla exhibida al público de la Curaduría Urbana # 1 de Cartagena era falsa, el número de radicado del proyecto allí publicado no corresponde a ningún número en esa curaduría ni en la Curaduría Segunda de esa ciudad.

En segundo lugar, la falta de reacción de las autoridades ante las denuncias de la comunidad. De hecho, una semana antes del colapso del edificio, varios vecinos alertaron a las autoridades sobre las irregularidades cometidas por la empresa constructora tanto en materia urbanística como en el no cumplimiento de normas de seguridad industrial. Como se sabe, las autoridades cartageneras hicieron caso omiso de tales advertencias.

Sólo después de que colapsara el edificio y ocurriera la tragedia las autoridades reaccionaron. Otra tragedia más que pudo haber sido prevenida por la falta de la acción oportuna del Estado.

Dentro de este contexto, Valledupar bien puede mirarse en el espejo de Cartagena para que nunca tenga que vivir en carne propia una tragedia similar. Ciertamente, en Valledupar también abundan las construcciones irregulares que no cumplen con toda la normatividad urbanística. La Oficina de Planeación en cabeza de Aníbal Quiroz Monsalvo adolece de la infraestructura, el personal y la capacidad técnica para controlar los cientos de construcciones que se realizan en la ciudad, algunas de ellas sin los correspondientes permisos de las Curadurías Urbanas #1 y #2 de la ciudad. Aquí también, como en Cartagena, se habla de la existencia de una mafia de construcciones piratas, aunque en menor proporción.

El caso más reciente de este tipo de edificaciones irregulares lo ejemplifica la construcción realizada por el empresario Juan Manuel Geles en el barrio Santa Rosalía de Valledupar. Sin contar siquiera con el permiso de la Curaduría o de Planeación, el señor Geles de manera descarada inició y terminó la construcción de un establecimiento de comercio tipo bar en una zona eminentemente residencial. Fue tal su descaro que hasta puso una valla de la Curaduría Urbana #2 en el que indicaba que la obra contaba con su autorización. En forma oportuna, el propio Curador Iván Zuleta públicamente desmintió a Geles y expresó que la construcción es ilegal porque el solicitante no completó la información requerida por la Curaduría y, por tanto, su solicitud está ad portas de ser archivada. Adicionalmente, los propios vecinos denunciaron ante los medios que el señor Geles continuaba con la construcción y que en vez de parar la obra, los amenazaba de muerte.

A pesar de toda esta evidencia en contra, la Oficina de Planeación a cargo de Quiroz sólo se limitó a poner un aviso en el predio donde se realizó la construcción del lujoso bar de “Suspensión de Obra”, para cumplir “formalmente” con la ley, sin embargo, los propios vecinos se preguntan –y nosotros con ellos– de qué sirve suspender una obra que ya está terminada, cuando lo que corresponde es su demolición.

El señor Geles ha expresado en su círculo privado su tranquilidad por el tema por ser amigo personal del alcalde Tuto Uhía y porque su empresa fue la que le imprimió toda su publicidad en la campaña política. Aquí sólo cabe recordar que los dueños de la Constructora & Quiroz de Cartagena también eran muy amigos del alcalde cartagenero Manolo Duque Vásquez. Ya todos conocemos el fúnebre resultado de esa amistad.

Publicado en Editorial
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