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La Escuela Superior de Administración Pública capacita a funcionarios públicos de Uribia. Con el objetivo de que los administrativos, en cabeza del alcalde Luis Enrique Solano Redondo, se preparen sobre Alto Gobierno, se realizó por parte de la ESAP una capacitación con relación a todo lo que tiene que ver con derechos humanos y su visión se amplié con respecto a los hechos históricos por los cuales está pasando el país después de más de 50 años de conflicto armado. Además se hablarán temas de Derecho Internacional Humanitario, Posconflicto y la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia.

Las capacitaciones se están realizando en distintos municipios del departamento de La Guajira y también en el Cesar y el Atlántico. El  proyecto Gobernanza para la Paz se inició el año pasado.

Finalmente, el Gobierno Municipal apoya estos espacios, ya que brinda la oportunidad para la preparación en temas por medio de los cuales pueden ofrecer un mejor servicio y gestión a las comunidades.

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Robos en todas las modalidades han denunciado los habitantes de la zona rural de Uribia, para ello pidieron a las autoridades de la cabecera municipal atender su necesidad de vigilancia y seguridad.
Ante el clamor de la comunidad se adelantó el Consejo de seguridad que se tenía previsto para días posteriores, la urgencia se dio porque ya los lugareños no soportan más la inseguridad.
Con alteración del orden público en la vía de los corregimientos del Cabo de la Vela y Punta Gallinas en Uribia fue la manera en la que obligaron a las autoridades a realizar de carácter urgente el Consejo de seguridad liderado por el secretario de Gobierno, Rubén Almazo Monroy.
En el debate se analizó la oferta institucional de la fuerza pública y administrativa frente a hechos violentos ocurridos en el territorio y la ola de inseguridad que crece en la zona.

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Incautado material de guerra en La Guajira

Mediante operaciones de control territorial, soldados de la Décima Brigada Blindada en coordinación con el CTI seccional Riohacha, lograron incautar material de guerra en el municipio de Uribia en el departamento de La Guajira.

El decomiso se dio en un puesto de control ubicado en inmediaciones de la ranchería Matajuana del municipio antes mencionado, allí soldados del Grupo de Caballería Blindado Mediano “General Gustavo Matamoros D’Costa” registraron el vehículo marca Toyota , de placas AF527FV y fueron halladas tres pistolas 9 mm de las siguientes referencias: una pistola Pietro Baretta serial No E98894Z, pistola Smith & Wesson y pistola Glock, adicional se incautaron cinco proveedores calibre 9 mm y 63 cartuchos de 9 mm.

De acuerdo al reporte de las autoridades en el vehículo se movilizaban Jerney de Jesús Iguarán González de 34 años de edad y Vladimir Roberto Iguarán Iguarán de 27 años, quienes fueron puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata, seccional Maicao, y deberán responder por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.

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Una capacitación se hizo mediante el Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud en el Trabajo (SGST), en Uribia, para los funcionarios de la Administración municipal, en la jornada se dio a conocer la importancia e implementación de la seguridad de la salud en el ámbito laboral, una norma recientemente reestructurada e implementada en el Decreto 1072 de 2015.

Qué es, cómo se tiene que implementar y a partir de cuándo se debe implementar, fueron algunos de los temas tratados por parte del profesional en Seguridad de la salud en el Trabajo, Harris Márquez, perteneciente a la organización Jackeline Castellanos IPS S.A.S.

“El Gobierno Nacional da unas leyes, unos programas para que las entidades públicas y privadas la cumplan, y así, en el momento de realizar repentinamente una inspección, dicha organización debe estar cumpliendo, por lo menos, con el 85% de cada una de las fases que se deben tener en cuenta” precisó Márquez.

Además de todos los temas explicados, se dejó en claro cuáles serían las faltas a las que incurriría una entidad si no cumple con lo estipulado.

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Para temporada de Semana Santa que se acerca, las autoridades de La Guajira piensan trabajar arduamente para contrarrestar varios fenómenos que se presentan en el territorio y que afectan socialmente a municipios de este segmento del país.

Una de las preocupaciones tiene que ver con la mendicidad infantil, la cual se dispara en espacios de tiempo turísticos como es el caso de la Semana Mayor, es por ello que se desarrollará el Primer Consejo de Política Social de este 2017, para sobre todo enfocar acciones a las áreas más visitadas como la vía al Cabo de la Vela.

Lo que se busca con cambiar ese panorama es proteger a los menores, en su mayoría pertenecientes a la etnia wayúu, quienes se ven expuestos en su integridad física cuando deciden instalarse a modo de peajes humanos en estas vías de la península.

El Consejo de Política Social tratará también el tema de la formulación de la política pública a favor de la población con discapacidad existente en esta población del norte de La Guajira, todo esto se llevará a cabo previo a la Semana Santa.

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Por el caso de la muerte de medio centenar de flamencos rosados en la parte Alta de La Guajira, a causa del roce con líneas eléctricas que se encuentran instaladas en el terraplén que conduce a esta comunidad, la Corporación Autónoma Regional, Corpoguajira, requirió tomar medidas al municipio de Uribia con el fin de evitar “más muertes de flamencos rosados” en el sector de El Cardón.

“El municipio de Uribía deberá responder por el daño ambiental y  por la muerte de los flamencos rosados (Phoenicoperus ruber), especie que se encuentra en categoría de amenaza vulnerable, según la resolución 0192 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, aseveró el funcionario Samuel Lanao, director en encargo de la corporación.

El funcionario acotó que se ha otorgado ningún permiso ambiental para la obra que corresponden al proyecto “Interconexión Uribia-Cardón-Cabo de la Vela”, financiado por el IPSE y ejecutado por el municipio de Uribia.

Tras la mortandad se realizaron visitas de inspección y como resultado de ello, Corpoguajira pidió a la administración municipal proceder a retirar de manera inmediata el tramo de línea que  se encuentra justo en la  zona de vuelo migratorio de las aves, con el fin de evitar nuevos eventos de colisión que afecta la vida de los animales.

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A un cien por ciento llegará la cobertura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en La Guajira, según afirmó el Alto Consejero para las Regiones Carlos Correa, quien se reunió con autoridades tradicionales wayuu en Uribia.

“Se tiene que hacer un trabajo de identificación de los niños para poder incluir en la base de datos, los que no están recibiendo la atención del Estado, el ICBF tiene a unos 84 mil niños menores de cinco años y la idea es poder ir incrementando hasta llegar al 100% la cobertura, lo cual requiere una responsabilidad enorme de las familias, del ente territorial y del gobierno nacional", manifestó Correa.

El funcionario estuvo de visita en el departamento de La Guajira por solicitud del Gobernador Wilmer González Brito para tratar de dar solución a las diferencias que hay entre un sector de la comunidad wayuu y el ICBF, en cuanto a la escogencia de los operadores que trabajan en los territorios indígenas.

"El Alto Consejero se comprometió a revisar el documento que tiene consignadas las peticiones e inquietudes, para dar respuesta a las comunidades indígenas", manifestó el mandatario departamental sobre los compromisos para dirimir las diferencias con la etnia wayúu.

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El ICBF hizo un llamado a las comunidades de Uribia, Maicao y Manaure para que permitan el ingreso de los operadores definidos por el Instituto para, de esta forma, garantizar el desarrollo integral de la primera infancia de La Guajira.

Lo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar manifiesta es que pese a que durante el 2016 lograron atender a 87 mil niños de 0 a 5 años en La Guajira, aún enfrenta hoy dificultades para continuar prestando sus servicios en los municipios anteriormente mencionados a causa de la oposición de algunos sectores de las comunidades indígenas.

Anteriormente, el ICBF trabajaba bajo la ‘Modalidad Familiar’, mediante la cual daba un mercado al mes por niño,  modelo fue sustituido porque se encontraron irregularidades con algunos de los operadores y ahora el nuevo sistema atiende las particularidades de cada niño, respetando las tradiciones de los wayú, sin embargo, se han presentado problemas en la ejecución del programa.

Margarita Barraquer, subdirectora del ICBF, aseguró que en estos municipios las comunidades han manifestado: “No quieren dejar entrar a la entidad porque los líderes presentan argumentos como que el instituto no les está cumpliendo, por ejemplo, en la contratación y selección de los operadores”.

Los operadores contratados por la entidad comenzaron el proceso de concertación con las comunidades indígenas, entre noviembre y diciembre del año pasado, para darles a conocer los nuevos lineamientos de la prestación del servicio, que esperan mantener, contra viento y marea, durante este mes.

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Un extraño suceso se registró en Marquetalia, La Guajira, las autoridades aún tratan de esclarecer el hecho en el que el saldo fueron dos muertos, tres desaparecidos, un herido y un carro incinerado.

El hecho se registró en zona rural de Uribia, donde según fuentes oficiales, el automotor se trasladaba por la zona con varios ocupantes, en el andar el automotor fue interceptado por hombres fuertemente armados, quienes hicieron descender a los tripulantes del auto, el cual fue incinerado momentos después.

Las investigaciones preliminares arrojan dos hipótesis, una que tendría que ver con enfrentamiento entre clanes wayúu y la segunda que podría deberse este hecho judicial a un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales dedicadas al contrabando, hasta el momento las víctimas y personas que se movilizaban en dicho vehículo no han sido identificadas.

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En un helicóptero de la Fuerza Aérea fueron trasladados a un centro asistencial de alta complejidad unos gemelos de 14 meses de edad, quienes presentan un alto grado de desnutrición, así tuvieron que ser sacados de la comunidad Macuira en Uribia ya que por tierra era complicado el traslado.

Los menores pertenecen a la etnia indígena wayuu que reside en la Alta guajira, allí se encontraban siendo atendidos en el hospital de Nazareth de Uribia, pero por su delicado estado de salud se requería de una reclusión en un centro asistencial de mayor complejidad.

Uno de los infantes al parecer venía presentando cuadros de convulsiones, pero lograron su estabilización en el hospital de Uribia para así trasladarlo en mejores condiciones hasta Riohacha.

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