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Entrada y salida de Mariangola están convertidas en basurero público porque sus habitantes están botando los desechos en dichos lugares originando un feo aspecto y contaminando el medioambiente.

La situación la origina la falta de recolección por parte de la empresa Aseo del Norte que venía haciendo los recorridos pero que por falta de pago de los usuarios tuvieron que suspender la labor dijeron sus directivos.

Manifestaron desde la empresa que lo que se cobra son solo 9 mil pesos por casa, sin embargo, no los cancelan por lo que optaron suspender la recolección pues deben gastar combustible, peajes y pago a los operarios, pero la comunidad no responde.

Ante este panorama varios moradores con mayor espíritu cívico, están convocando a sus paisanos a que se comprometan con este servicio para evitar una emergencia sanitaria, pues son varias las toneladas de basuras que se generan, las que se pudren en las calles y otras son arrojados en los lugares descritos con las consecuencias que esto genera.

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La Corte Constitucional ha decidido aplazar por un período de tres meses el inicio de la actividad minera hacia el cauce natural del arroyo Bruno.
Lo anterior ha sido decidido por la autoridad mientras resuelve la tutela en la cual las comunidades de La Horqueta, Paradero y Gran Parada solicitan consulta previa en relación con las obras de modificación parcial de dicho arroyo.

La máxima Autoridad ordenó además continuar las obras de mantenimiento, estabilización y preservación del nuevo cauce construido, de conformidad con el Plan Ambiental respectivo y las autorizaciones concedidas por las autoridades ambientales.

Por su parte, Cerrejón asevera que el proyecto fue diseñado y ejecutado bajo los más altos estándares, para lograr un adecuado manejo de sus impactos, incluyendo acciones y compensaciones para asegurar la preservación del arroyo y sus servicios ambientales.

El proyecto ha sido visitado por varias comunidades, autoridades, empleados, contratistas, miembros de ONG, periodistas y líderes de opinión.
La empresa ha reiterado su compromiso de llevar a cabo el proyecto del avance minero en el Tajo La Puente respetando los derechos de las comunidades y preservando el medio ambiente. En consecuencia seguirá disponiendo de todos los elementos necesarios para que la Corte Constitucional tome las decisiones pertinentes asociadas con esta tutela.

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Este domingo varios corregimientos de Valledupar tanto su zona urbana como rural se quedarán sin servicio energético por otro mantenimiento que hará Transelca desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

De acuerdo a lo conocido por los periodistas de la Tribuna del Cesar, los ingenieros y técnicos ejecutarán mantenimiento preventivo a los equipos de potencia de la bahía de la línea 1 Valledupar a Valencia a 34.500 voltios en la subestación Valledupar.

Las poblaciones que sentirán el apagón son: Valencia, Aguas Blancas, Mariangola, además del municipio de Pueblo Bello y la Base Militar del cerro El Alguacil.

Estas obras buscan minimizar los impactos de la ola de invierno que viene azotando la región y que suele tumbar arboles sobres las redes manifestaron los directivos de la compañía.

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Por mantenimiento preventivo consistente en poda  de árboles que están sobre  la línea 559 hoy miércoles 9 de agosto, la empresa Electricaribe suspenderá el servicio energético en los municipios de Codazzi y Becerril.

De acuerdo a los directivos de la empresa es muy espesa la vegetación lo que viene ocasionando traumas en el servicio, especialmente en esta temporada de lluvias.

En la jornada se aprovechará para hacer cambio en aisladores, y crucetas a lo largo de la línea. El fluido eléctrico  se suspenderá desde las 6:40 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.

Durante este tiempo también se les suspenderá el servicio a los clientes de Casacará, La Europa y Llerasca.

De otro lado por los lados de Astrea también se realizará racionamiento  desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía  por ajustes en las redes del Cerro Los Santos, Arjona, El Hebrón, Santa Cecilia y las fincas vecinas.

 

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Funcionarios de la Secretaria de Planeación del Distrito de Riohacha cerraron por falta de licencia la construcción del edificio que se levanta en la esquina de la conocida calle Ancha con la Avenida de los Estudiantes.

Se conoció que el año pasado el Distrito también debió tomar medida de cierre por la ocupación del espacio público, sin poseer permiso de tránsito, ya que era solicitado por dos o tres días y los trabajos se extendían.

El parlamentario Antenor Durán Carrillo dijo desconocer la situación porque esos menesteres los conoce el banco que hizo la transacción a través de un leasing y con el arquitecto Jaime Arturo Pinedo Pabón, quien es el responsable de la obra por intermedio de su empresa J.P Construcciones.

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El concejal de Becerril, Ronny Vargas Jiménez fue inhabilitado por 10 meses para ocupar cargos públicos tras sentencia de la Procuraduría Provincial de Valledupar.

La determinación se tomó en base a la denuncia que hizo José Alfredo Alcocer Cárcamo, quien fungía en el 2016 como presidente del Concejo Municipal de Becerril, a quien maltrató verbalmente con calumnias e injurias de acuerdo al demandante.

El hoy disciplinado por la Procuraduría habría arremetido de palabras a su similar, durante las sesiones ordinarias y extraordinarias llevadas a cabo los días 8 de febrero y 28 de septiembre de 2016 en el recinto del concejo.

El ente de vigilancia manifestó que la conducta de Vargas Jiménez fue irregular y calificó la falta como grave a título de dolo, al vulnerar el artículo 35 de la ley 734 de 2002 dando mal ejemplo a su comunidad con el cumplimiento de las normas.

Contra el fallo en primera instancia procede el recurso de apelación, el cual debe sustentarse verbalmente.

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Campanazo de alerta

La decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender por tres meses al alcalde de Cartagena Manolo Duque por el desplome de un edificio en el barrio Blas de Lezo debe ser entendido como un llamado de atención para todos los alcaldes del país en el manejo de la gestión urbanística.

Ya lo advertíamos en nuestra editorial del pasado 9 de mayo titulada “La Lección de Cartagena” sobre las amargas enseñanzas que se deben extraer de la tragedia ocurrida en la capital de Bolívar. Tal vez la principal lección radica en la imperiosa necesidad de realizar un control estricto y material –no sólo formal– a los proyectos inmobiliarios y construcciones que se pretenden realizar o que se están realizando en los distintos municipios del país.

El caso de Valledupar es paradigmático. Según cifras de Camacol Cesar, el 67% de las construcciones en la ciudad se ejecutan sin licencias. Aunque la cifra es alarmante, hay que reconocer que se ha reducido el porcentaje, por cuanto en el año 2010, el curador urbano número 2 Augusto Orozco Sánchez denunciaba que esta cifra ascendía al 85% de las obras de la ciudad.

Precisamente, Orozco Sánchez en una columna publicada en el diario El Pilón (¿Ficción o realidad?) le jala las orejas a su tocayo alcalde por lo que considera el desconocimiento por parte del mandatario del actual Plan de Ordenamiento Territorial, al poner en marcha un plan vial que no ha tenido, según el curador, el debido trámite que corresponde (concertación interinstitucional y consulta ciudadana) y por no tener la correspondiente autorización por parte del concejo municipal. El curador urbano es una voz experta en la materia que debe ser escuchada por la administración para evitar incurrir en errores y dolores de cabeza innecesarios.

Sin embargo, la decisión de la Procuraduría no puede leerse únicamente como una medida cautelar para el caso específico de Cartagena. Se trata de la primera decisión del ente de control que suspende a un alcalde capital en la era del Procurador Fernando Carrillo. Aquí hay un mensaje claro para todos los alcaldes: la Procuraduría no tendrá contemplación con la corrupción. Por ello, los alcaldes del Cesar sin excepción –y particularmente los del eje minero que manejan cuantiosos recursos de regalías– están advertidos que tendrán a la Procuraduría vigilándolos con rigor.

El Cesar no puede seguir repitiendo la historia de alcaldes que se convierten en reyezuelos y ponen el municipio a su servicio y el de sus familiares y amigos, enriqueciéndose impunemente a costa del erario. La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, El Paso, Codazzi y Becerril son poblaciones que tradicionalmente han sufrido la maldición de las regalías: ricos en recursos transferidos, pero con los peores índices socioeconómicos del departamento. En dichos pueblos los únicos que salen ricos son los alcaldes y su parentela. Solo basta mirar a los anteriores exalcaldes y también a los actuales. Dice el refranero popular que ni la pobreza ni la riqueza se pueden ocultar. Si los entes de control siguen el rastro del dinero bien podrían empezar a cambiar esa maldición que pesa sobre los pueblos cesarenses.

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Debido a la instalación de redes de acueducto y alcantarillado y mantenimiento de las mismas, en la Avenida Simón Bolívar.   El Departamento Técnico de Emdupar anuncia la suspensión del servicio de agua potable en la comuna tres de Valledupar.

Los operarios de la División de Manteniendo de Redes, estarán realizando un empalme de gran dimensión que hace necesario el corte por algunas horas.

El ensanche de las tuberías de 8 y 10’ se llevará a cabo en la calle 28 sobre la avenida en mención. Los trabajos serán hoy a partir de las 6:00 am., para lo cual es necesaria la suspensión del servicio hasta las 2:00 pm.

Los barrios que se verán afectados son: Dangond, Fundadores, 12 de Octubre, Valle Meza, San Martin, Simón Bolívar, Primero de Mayo, Las Manuelitas, O.G.B. Siete de Agosto, Villa Olga, El Prado, San Francisco, Villa Leonor, Villa Fuentes, Los Mayales, Aeropuerto, Mareigua, El Páramo y 25 de Diciembre entre otros.

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Por una deuda que asciende a 43 millones 550 mil pesos, Electricaribe suspendió el servicio de energía a la Oficina de Tránsito Municipal de Maicao, la abultada cartera corresponde a doce facturas vencidas y un acuerdo de pago incumplido.

De acuerdo a las declaraciones de la gerente de la entidad en esta regional  Martha Iguarán Daza, el suministro de energía en las oficinas de tránsito había sido suspendido en el mes de febrero y al hacer una visita se encontró reconectado sin autorización, aun cuando ni con el primer corte abonaron a la deuda.

“Sin haber realizado ningún pago a la obligación con la empresa y de manera ilegal, Tránsito Municipal de Maicao, estaba haciendo uso del servicio de energía, por lo cual se procedió nuevamente a su suspensión”, explicó.

La empresa Electricaribe continuará con su gestión de normalización comercial en este segmento de clientes oficiales, que con sus millonarias deudas han venido afectando, según la entidad, la buena prestación del servicio.

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La Corte Constitucional le dio la razón al pueblo indígena Wayuu, mediante la Sentencia T-704/16, mediante el fallo se suspendió el plan de manejo ambiental de la licencia que había obtenido la empresa El Cerrejón para su proyecto de expansión 'Puerto Bolívar'.

Además se ordenó realizar una Consulta Previa entre las comunidades y la multinacional que lleva más de 30 años explotando carbón en el territorio, a través de la tutela T-5.451.805 presentada por la comunidad de Media Luna en Uribia y apoyada por el Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva, la comunidad alegó la vulneración del ambiente sano, salud y debido proceso por parte del Ministerio de Ambiente.

"En La Guajira se están llevando todos nuestros recursos y nos están dejando los daños" aseveró Jackeline Romero lideresa Wayuu integrante de la organización Fuerza Mujeres Wayuu, agregando que este problema no es reciente, ya que El Cerrejón irrumpió en territorio Wayuu desde hace 33 años, y en ninguna ocasión socializó o realizó Consulta Previa, resaltó que el primer responsable es el Estado colombiano y las autoridades ambientales.

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