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La Juez Primero Penal Municipal con Funciones de control de Garantías negó la revocatoria de medida de aseguramiento solicitada por el abogado de la defensa a Enoc Clavijo Franco, exgerente de la EPS Dusakawi y al contratista Hernán Osorio Villero, acusados por peculado en concurso homogéneo sucesivo y asociación para cometer el delito contra la administración pública.

La juez del conocimiento manifestó que la defensa de los acusados no presentó pruebas diferentes a las existentes en el proceso para poder determinar que esos sujetos no representan peligro para la sociedad.

Por tanto deberán permanecer recluidos, en el caso de Osorio Villero, en la cárcel Judicial de Valledupar, mientras Clavijo Franco, en el sitio de internamiento de su etnia a disposición de la autoridad indígena en la Serranía de Perijá.

Según la investigación del ente acusador con los documentos analizados de Dusakawi pudieron determinar que a la comercializadora Hernán Elías Osorio Villeros (que no existe) le pagaron más de mil nueve millones de pesos.

Los giros fueron autorizados por Enoc Clavijo, también los contratos firmados por este, pero los investigadores no encontraron soporte alguno de la entrega o relación de personas que recibieran los servicios.

Desde el pago de facturas de teléfonos celulares hasta el transporte de pacientes inexistentes, sirvieron, de acuerdo con la Fiscalía, para que el ex gerente de la EPS Dusakawi Enoc Clavijo y el contratista desviaran $3 mil 905 millones de la salud destinados a los pueblos indígenas del Cesar, Magdalena y La Guajira.

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El Tribunal Administrativo del Cesar tuteló el derecho de petición que presentó desde el 5 de abril de 2017 el líder comunitario Álvaro Molina Rodríguez, y ordenó a la Procuraduría general de la Nación que en un término de cinco días hábiles, responda la solicitud de revocatoria del fallo de segunda instancia que emitió el Ministerio Público y que dejó sin efectos la sanción de destitución e inhabilidad por 13 años, a 15 concejales de Valledupar por elegir a quien no figuraba primero en la lista del concurso de mérito para proveer el cargo de Contralor Municipal.

La Sala Disciplinaría de la Procuraduría en octubre de 2016 había revocado la destitución e inhabilidad de 13 años a los 15 concejales y al contralor Álvaro Luis Castilla Fragozo, al considerar que no hubo conflicto de intereses en la elección del representante del órgano de control fiscal, tal como lo determinó la entidad en fallo de primera instancia.

Los concejales que fueron favorecidos por la Procuraduría son Guido Andrés Castilla González, Wilber Hinojosa, Eudes Orozco, Víctor Julio Alvarado, Ciro Guzmán Chinchía, Yesith Triana, Gabriel Muvdi, Dorismel Celedón Vega, Carlos Picón, Luís Miguel Santrich, José Rafael Gómez,  Jaime Bornacelly, José Amiro Araméndiz, Wilfrido Ortiz y Alex Pana.

El querellante espera que la Procuraduría acate lo ordenado por el Tribunal Administrativo del Cesar y se defina la suerte de los concejales implicados en este proceso.

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La Procuraduría Regional del Cesar, en fallo de segunda instancia revocó la suspensión interpuesta a la gerente del hospital Agustín Codazzi, Amalia Rosa Mejía, la cual había sido impuesta por el Personero Municipal, por el hallazgo de supuestas irregularidades en esa entidad pública.

El Ministerio Público determinó que hubo falta de argumentos en la Suspensión realizada por el Personero Municipal de  Codazzi, Jorge Alfredo Ovalle Márquez, por lo que decidió revocar la suspensión de tres meses que pesaba en contra de la funcionaria.

Luego de esta decisión de la Procuraduría Regional del Cesar, la gerente del hospital Agustín Codazzi, Amalia Rosa Mejía, se alista para retomar su cargo y seguir cumpliendo con sus funciones.

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Las revocatorias es puro revanchismo político de los grupos perdedores, según el concepto a través de un trino de Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación de Municipios y el mismo concepto que en el Cesar esbozan los alcaldes en proceso de revocatoria de mandatos como son los de: Codazzi, Astrea, San Martín, Aguachica, La Jagua de Ibirico y Curumaní.

En la actualidad los procesos revocatorios están en revisión del Consejo Nacional Electoral, pero mientras hay un pronunciamiento del alto tribunal los mandatarios pierden tiempo y dinero defendiéndose según lo advirtió el alcalde de San Martín, Saúl Celis.

Hasta el momento en el país se han realizado siete procesos de revocatorias y todos han alcanzado más del 80 por ciento de abstención, como fue el caso del municipio de El Copey, Cesar.

En los siete ejercicios electorales el Estado se ha gastado 1.500 millones de pesos y ninguno ha alcanzado el umbral.

Las cifras delos procesos de revocatoria fueron reveladas por el Consejo Nacional Electoral.

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Por no haber alcanzado el umbral de 5.839 votos, el alcalde de El Copey, José Luis Nieves, del partido Liberal, seguirá en el cargo, tras una jornada electoral convocada ayer para revocarle el mandato.

En ese municipio del Cesar, solo votaron 3.821 ciudadanos, cuando mínimo se requerían 5.839 para que la revocatoria fuera válida.

Aunque 3.383 personas votaron por el ‘Si’, y 72 por el ‘No’, sumados los 49 votos nulos y 317 no marcados, la cifra no alcanzó.

Pese a los argumentos de inconformidad que según los promotores del mismo existía en la comunidad, fuero los habitantes los que dieron al traste con la revocatoria pue no salieron a votar.

De otro lado, momentos previos a la jornada electoral se conoció el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación por una presunta participación en política del alcalde en esta jornada.

Se conocieron unos audios y un video de una reunión con beneficiarios de un proyecto de vivienda. El Ministerio Público ordenó la apertura de una indagación preliminar contra el Luis Nieves Pérez, por una eventual violación a la Ley de Garantías.

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En fallo de segunda instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, revocó la condena proferida el pasado 17 de enero por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones del Conocimiento, contra el médico cirujano Manuel José del Castillo Amarís, por el delito de homicidio culposo.

El médico del Castillo Amarís, de 72 años de edad, había sido condenado a la pena de dos años y ocho meses, fallo en el que se dio la suspensión condicional de la pena.

El galeno fue señalado por la Fiscalía como presunto responsable de los hechos ocurridos el 30 de abril de 2010, fecha en que realizó un procedimiento quirúrgico a una menor de edad y esta falleció.

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El Tribunal Administrativo del Cesar, decidió revocar mediante providencia del 19 de Enero de 2017, la Suspensión Provisional que había dictado el Juez Segundo Administrativo de Valledupar de 20 funcionarios públicos, cuya suspensión había ordenado el Alcalde de Aguachica.

El mandatario había argumentado la suspensión como un acto administrativo de modernización de la Administración Municipal de Aguachica.

Con la expedición de dicho auto, el máximo órgano jurisdiccional del César negó al Municipio de Aguachica la solicitud de dejar sin efectos de manera provisional los Decretos 727 y 728 de Diciembre de 2015, por lo tanto debe reintegrar a sus cargos a los servidores públicos que fueron retirados por el burgomaestre en febrero de 2016.

Contra esta decisión no proceden recursos por ser de segunda instancia.

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La principal fuerza de oposición venezolana, Mesa de Unidad Democrática (MUD), entregó este martes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) la solitud oficial del referendo revocatorio contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Los líderes de la MUD, Jesús Torrealba y José Luis Cartaya, se presentaron ante las instalaciones del CNE con el documento con el que radican la solicitud y la validación oficial del 1% de las firmas, que había sido entregada esta mañana.

Para el político Jesús Torrealba, esta segunda fase del referendo representa una apertura de puertas a la democrácia.

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El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rendón, se pronunció en referencia al proceso que activa el referendo contra el presidente Nicolás Maduro diciendo que no estuvo de acuerdo con la decisión, y anunció que a partir del lunes 16 de mayo se iniciará la revisión de las firmas que solicitan el revocatorio; en vista de que Jorge Rodríguez, director de la comisión del PSUV para la revisión de firmas, acusó a la Mesa de la Unidad Democrática de haber falsificado firmas y huellas en las planillas entregadas al Consejo Nacional Electoral.

Según informaron medios de comunicación venezolanos, Rodríguez aseguró, en una rueda de prensa, que existen irregularidades en las planillas, como huellas repetidas, firmas de tres personas fallecidas, personas que no aparecen inscritas en el Registro Electoral, al igual que datos incompletos.

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La coalición opositora venezolana consignó de forma sorpresiva y en sigilo ante el Consejo Nacional Electoral las 1,8 millones de firmas que recolectaron a favor del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

El secretario ejecutivo de la alianza opositora, Jesús Torrealba, indicó que durante la madrugada de este lunes consignaron en una de las sedes del Consejo en las afueras de la capital 1 millón 850 mil rúbricas que recolectaron en todo el país durante la semana. Aunque la coalición asegura que recogió 2,5 millones de firmas, precisó que decidieron entregar menos para acelerar el proceso de verificación.

Para iniciar el proceso necesitaban unas 196 mil firmas.

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