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Tras una sentencia el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras entregó predio en Curumaní a una familia que había salido desplazada por grupos armados hacía 16 años.

Durante la presión armada, uno de los hijos del propietario fue asesinado y la familia se fue desplazada a otra parte del Cesar.

Aparte de las tierras los restituidos recibirán subsidios para proyectos productivos; construcción de vivienda rural; vinculación al programa de Alivio de Pasivos; y toda la oferta institucional de las entidades encargadas de la atención a las víctimas del conflicto armado.

El beneficiado que ya es un adulto mayor dijo que volvió a sonreírle a la vida ya que la violencia les quitó a unos de los hijos que se había sido elegido como concejal de Curumaní, para el periodo 1996 a 2000.

De otro lado el actual ocupante de la tierra reclamada, fue compensado por el Tribunal Superior de Cartagena, que fijó una suma de dinero, a manera indemnización, que será cancelada por el Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras al comprobar que compró de buena fe.

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Un 24 de junio de 1994 en la vereda Garupal, en el municipio de El Copey, la violencia disfrazada de hombres uniformados con el rótulo de paramilitares le acabó la tranquilidad a una humilde familia la que a peso de fusiles tuvieron que doblegar ante las peticiones de los forajidos, abandonar sus tierras y sus pertenecías so pena de caer impactados por balas imperdonables que esa noche para cumplir la sentencia asesinaron al jefe del hogar.

23 años duró ese calvario para esta familia que durante ese tiempo rodó ambulante por diversos pueblos y ciudades huyendo a una sentencia que ya se había hecho sentir con la muerte del cabeza de la familia.

Hoy la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra entregó a la esposa sobreviviente, los títulos de sus terrenos, que habían sido despojados por hombres al mando del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

Así mismo, El Tribunal Especializado en Restitución de Tierras de Cartagena ordenó la restitución del predio a la viuda a quien se protege la identidad por obvias razones, además se ordenó la compensación en dinero al actual ocupante, tras considerarlo también víctima del conflicto tras comprar de buena fe esas 88 hectáreas.

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La Unidad de Restitución de Tierras devolvió los predios La Cabaña y La Revancha en jurisdicción de Casacará en Codazzi luego de que habían sido desalojados sus propietarios por grupos armados en el año 2001.

En ese episodio murió una mujer a manos de paramilitares al mando de Oscar José Ospino Pacheco, alias Tolemaida, lo que precipitó la salida de todos.

Dijo una de las propietarias, a quien se le protege la identidad, que la acción violenta le costó la vida a una de sus hermanas, y además, se hurtaron el ganado y los enseres de las dos parcelas que para la época hacían parte de las propiedades de los hermanos Villanueva Leiva.

Desde 1996, las Farc hicieron presencia en la zona, hasta el 2001, cuando las Autodefensas incursionaron en el corregimiento de Casacará, acusando a las personas de colaboradores de la guerrilla e infundiendo el terror en los campesinos, o que obligo el desplazamiento y muerte de algunos.

El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Cesar y La Guajira, Jorge Enrique Chaves, aseguró que con esta nueva entrega de predios, se garantiza los derechos de todos los vinculados a este proceso.

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Una mujer que se había marchado de El Copey hacía veinticinco años regresó a zona rural de esa localidad tras recuperar sus predios en proceso adelantado por la Unidad de Restitución de Tierras.

En esta oportunidad fue el ELN el grupo que la desplazó junto con su familia, en tal sentido, el Tribunal Superior de Cartagena decidió devolverle las tierras que había abandonado.

Las causas del desplazamiento forzado se remontan al 16 de julio de 1992, cuando el grupo armado ilegal irrumpió en su residencia, donde retuvieron un sobrino quien, inmediatamente después, fue dejado en libertad y luego secuestraron y asesinaron al cónyugue de la actual beneficiaria, quien, para la época era concejal de ese Municipio.

El predio recuperado tiene más de 20 hectáreas de tierra, el que entregaron con todos los beneficios para que lo ponga a producir como en el pasado.

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El Consejo Comunitario Marcelino Ochoa Álvarez busca ante el Estado la restitución de las sabanas comunales para blindarlas de los invasores, como sucedió en Santa Isabel, municipio de Curumaní en donde los baldíos hoy están en poder de particulares.

El Fiscal del Consejo Comunitario, Juan Carlos Rivera Mendoza precisó que buscan la protección de las mil 400 hectáreas de sabanas comunales para que los casi 2 mil habitantes de Guaymaral tengan en donde pastar sus animales como lo han hecho ancestralmente.

Rivera Mendoza advirtió que como medida complementaria se buscará la reparación colectiva de las víctimas de la violencia de la cual fueron objetivo los guaymaraleros.

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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena ordenó restituir un predio a una mujer víctima del conflicto armado y compensar con dinero al segundo ocupante en una zona rural del Cesar.

El terreno está ubicado en el corregimiento de Aguas Blancas, al sur de Valledupar, de donde su propietaria tuvo que salir por causa del conflicto armado.

La acción fue adelantada por la Unidad de Restitución de Tierras, en donde se reconocieron los derechos de la reclamante tras agotar los trámites respectivos.

Esta mujer fue cobijada con la Ley 1448 de 2011, luego que se profiriera una sentencia de restitución de tierras. La sentencia devuelve 18 hectáreas a la víctima, quien finalmente pudo regresar a su predio tras permanecer 15 años como desplazada.

La sentencia precisa que, para el año 2002, entraron al escenario las Autodefensas, las que desplazaron a varios nativos entre los que se encontraba la beneficiada de hoy.

La entrega del predio se registró en cumplimiento a la orden emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Especializada en Restitución de Tierras, cuya diligencia judicial estuvo a cargo del juez primero civil del circuito especializado en restitución de tierras de Valledupar, Camilo Manrique. Al ocupante le devolvieron 188 millones de pesos al comprobarse que había adquirido el predio de buena fe.

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Un labriego que deambuló por varios sitios del Cesar en condición de desplazado, luego de que los paramilitares lo hicieran salir de su entorno en zona rural de Becerril, pudo regresar a sus predios con el apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras Cesar Guajira, la que lo retornó a su parcela tras un debate jurídico.

Hacía 14 años que no pisaba esos linderos, luego de que él y su familia, fueron señalados y perseguidos por los grupos armados ilegales.  El predio recuperado está ubicado en el predio La Ceibita,  en el municipio de Becerril en donde podrá retomar sus antiguas actividades.

Dentro de los sentimientos encontrados, recordó la fecha en que un 27 de enero de 2003 le fue asesinada una  hermana, quien se desempeñaba como Juez Promiscuo Municipal de Becerril. Este asesinato fue atribuido a miembros del frente Juan Andrés Álvarez de la AUC. Este hombre también narró cómo el 18 de marzo de 2005, sufrió un atentado en el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira.

La entrega material del predio se registró en cumplimiento a la orden emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Especializada en Restitución de Tierras, cuya diligencia judicial estuvo a cargo del juez primero civil del circuito especializado en restitución de tierras de Valledupar.

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A través de sentencia la Unidad de Restitución de Tierras adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, restituyó un predio urbano en municipio de Becerril, Cesar, que pertenecía a una sobrina de la juez Marilys Hinojosa, quien fue asesinada en el 2003 por presuntos paramilitares.

El Tribunal Superior de Cartagena también concedió declarar la buena fe exenta de culpa a la persona que habitaba en la actualidad el predio restituido, en consecuencia se ordenó la compensación por la suma de 370 millones de pesos.

La hoy beneficiada había salido desplazada de ese municipio del centro del Cesar tras el episodio de la muerte de su familiar, la jueza Marilys Hinojosa, por lo que tuvo que deambular por varios lugares del país.

Esta mujer de 40 años hoy celebra la restitución del predio urbano ubicado en el barrio Gaitán del municipio de Becerril, del que había salido hacía trece años.

Durante la entrega manifestó que el retorno lo consideraba un milagro de Dios, pues pensó que nunca más regresaría ya que ella y su familia, fueron señalados como objetivos militares de las AUC.

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La Unidad de Restitución de Tierras sigue registrando el retorno de más familias a sus territorios, después de la salida presionada que tuvieron por efectos de la acción de grupos armados.

En esta oportunidad el reporte es de dos familias de la parcelación El Toco, corregimiento de Los Brasiles, zona rural de San Diego, en donde después de 19 años, un humilde campesino pudo regresar a su tierra gracias al proceso de restitución.  

Para ese entonces, el jefe de hogar fue declarado objetivo militar por el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, Frente Juan Andrés Álvarez, por lo que tuvo que huir despavorido a Venezuela, pero hoy luego de un largo peregrinar, recibió la noticia del Tribunal Superior de Cartagena, que le devolvería su parcela.

Cumplido los trámites de rigor, este campesino ya goza con sus hijos y la familia en pleno de las 28 hectáreas de tierras entregadas, en la que esperan seguir produciendo la tierra como antes.

De Igual manera, otra  sentencia judicial del Tribunal Superior de Cartagena restituyó a otra familia campesina víctima del conflicto armado en la parcelación de El Toco. Esta vez, la víctima, recibió de parte del director territorial Cesar Guajira, Jorge Enrique Chaves Perdomo, 26 hectáreas de tierra para que pueda implementar un proyecto productivo.

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La presidenta de la Sala Administrativa de la Judicatura, la magistrada Martha Lucía Zamora, dio a conocer que hay pendientes muchos procesos en los casos de restitución de tierra, y citó a Valledupar como una de las ciudades en donde se concentran los mayores expedientes.

La capital del Cesar aparece en este listado  junto a Bogotá, Medellín, Cartagena, Villavicencio, Mocoa y Cúcuta. Las cifras dadas a conocer hablan de más de 15.700 procesos de restitución de tierras realizados desde enero del 2015 hasta la fecha, mientras que siguen pendientes 3.518 procesos, indicó el Consejo Superior de la Judicatura en un informe.

Dijo la funcionaria que es un número muy alto y considerable que demuestra la necesidad de atención en un campo que actualmente es uno de los temas más importantes para lograr la paz, como lo es la restitución de tierras a quienes haya sido despojado.

Respecto a este tema, la semana pasada más de 200 solicitantes y reclamantes de tierras de diferentes municipios del Cesar, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, en acto que se hizo en esta ciudad, recibieron el respaldo de  la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, a través del Programa de Tierras y Desarrollo Rural, al convertirse en garante del compromiso que se firmó por la paz y la reconciliación en el departamento del Cesar.

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