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¡Que se vaya ya!

Hasta sus más enconados contradictores le reconocen a Germán Vargas Lleras su tenacidad y su capacidad de ejecución, de la cual ha hecho gala tanto como ministro de Vivienda en la primera administración de Santos como vicepresidente de la república en su segundo mandato. En ambos cargos, Vargas Lleras le ha impuesto a los proyectos bajo su dirección un ritmo frenético que le permitieron consolidar la ambiciosa meta de las cien mil viviendas gratis, proyectos similares de vivienda para ahorradores y los megaproyectos de las vías de cuarta generación o 4G.

Debe reconocerse que las áreas bajo el mando de Vargas –principalmente, vivienda e infraestructura vial– son de los pocos sectores de mostrar con resultados positivos en la administración Santos. En los otros sectores el saldo es en rojo: Educación, Salud, Empleo, Minas y Energía, Seguridad y Finanzas Públicas, todas, sin excepción, se rajan.

Vargas Lleras ha opacado al resto de ministros del gabinete no sólo por sus buenas ejecutorias sino también por una activa agenda de recorridos por todo el país y una omnipresencia mediática que compite, y a veces supera, la del propio presidente. Su reciente visita al Cesar es prueba de ello. En menos de un día estuvo en La Gloria, Becerril, San Diego y Valledupar, de donde partió con rumbo a Córdoba, a seguir inaugurando obras, cortando citas y dejando compromisos de inversión firmados.

Sin embargo, conocidas –y no ocultadas– sus aspiraciones presidenciales es hora ya que Vargas Lleras renuncie a su cargo de vicepresidente y salte a la arena política como un precandidato más, sin el inequitativo privilegio que le da su condición de alto funcionario del Estado. Que siga haciendo política pero sin las grandes ventajas derivadas de su condición de servidor público, entre ellas, los recursos públicos para costear sus desplazamientos por lo largo y ancho de la geografía nacional y sin la tribuna mediática y la capacidad de influencia en la opinión, connatural a la posición pública que ostenta.

Entre más se demore Vargas en irse del gobierno, más quedará entre el público la percepción del vicepresidente-candidato que hace parte de la administración Santos para lo que le conviene, pero que toma distancia frente a ella por oportunismo político, como ya lo hizo en su ambiguo y tibio apoyo al proceso de paz, bandera principal de Santos, y más recientemente, con su declaración frente al escándalo Odebrecht, episodio en el cual Vargas se lavó las manos aseverando que no tuvo ninguna injerencia ni manejo de las finanzas de la campaña Santos Presidente 2014, como si no hiciera parte del mismo tiquete electoral y como si lo que pueda hacerle daño a Santos por tales hechos no lo afectara a él también.

Está por verse si por fuera del gobierno, sin los reflectores de la prensa que lo cubren permanentemente, Vargas Lleras sigue marcando en las encuestas como hasta ahora lo ha hecho. Pero en sentido estricto, ese es su problema, no el de los colombianos. Lo que sí le es exigible es que asuma su condición de candidato presidencial y se despoje de su investidura de vicepresidente, porque las dos calidades son incompatibles. Valga, por extensión, la misma crítica a todos los altos funcionarios que hacen política desde sus cargos.

 

 
 
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Vuelve el fuego

Casi desapercibida pasó ante la opinión y los medios la renuncia del director de la Oficina de Gestión del Riesgo del departamento, Juan Felipe Bermúdez. Sin embargo, no podía ser más inoportuna, porque dicha dependencia recientemente declaró la alerta roja en veinte de los veinticinco municipios del Cesar por los consabidos incendios forestales que en esta época del año suelen presentarse.

Según datos del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, sólo en esta municipio se han registrado más de diez incendios forestales que han afectado cerca de 500 hectáreas de vegetación, y en otros municipios se han presentado también conflagraciones de similar magnitud.

Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y no nos cansaremos de insistir en que uno de los factores que más contribuye a causar los incendios forestales es la inveterada y nefasta práctica de las quemas de lotes en predios rurales para adecuarlos para cultivos. En su gran mayoría estos incendios son originados por quemas que se salen de madre.

Por ello, no basta con implementar y activar los planes de contingencia que recomienda la Oficina de Gestión del Riesgo, sino que debe perseverarse en la pedagogía durante todo el año para educar a los campesinos e indígenas sobre el error en que incurren al realizar las quemas.

En este punto, la prevención, se requiere una acción articulada por parte de las corporaciones autónomas regionales, Corpocesar y Corpoguajira y las administraciones departamentales.

En este sentido, preocupa que ya hay poco espacio para la prevención, por cuanto estamos en medio de la temporada seca y, según datos del IDEAM, ésta se podría extender hasta finales de marzo. La salida de Bermudez, un funcionario experimentado, cae en el peor momento.

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Las quejas de las FARC

Un rosario de quejas tienen las FARC para el gobierno nacional en el marco del Acuerdo de Paz. Se queja la organización guerrillera del gran atraso de las obras de adecuación de las zonas de concentración en donde estarán ubicados las tropas de las FARC en su tránsito a la legalidad.

Es cierto que en todas las zonas de concentración denominadas Puntos Transitorios de Normalización hay atrasos, pues la obras avanzan a media marcha. En Miranda, Cauca, los albergues temporales no estarán listos ni en dos meses, afirma el Sexto Frente de las FARC. Algo similar ocurre en Tierra Grata, en el municipio de La Paz, Cesar, donde además del atraso de las obras, se quejan por la falta de agua potable, ya que ésta tiene que ser traída en carrotanques desde Valledupar. En Pondores, La Guajira, el comandante Alirio Córdoba afirma que es un peladero inhabitable, ante la evidente demora de las obras de infraestructura que incluyen viviendas, sanitarios, conexiones eléctricas, puestos de salud, cocinas, almacén para víveres y aulas de estudio, entre otros.

Ha sido tanto el impacto del atraso de las obras de adecuación que la ONU propuso al gobierno nacional prorrogar el cronograma de entrega de las armas, propuesta frente a la cual el gobierno pegó el grito en el cielo.

De otra parte, también se quejan las FARC de la falta de atención médica oportuna para atender a sus miembros enfermos, lo que, según ellos, habría ocasionado la muerte de dos de sus militantes el guerrillero ‘Elkin Palacios’ en Bojayá, Chocó, y Tamaris Lee, en Conejo, La Guajira.

Frente a este rosario de quejas –válido, por supuesto–, hay que decirles a las FARC: bienvenidas a Colombia. Bienvenidas a la Colombia real en donde las personas se mueren en las puertas de los centros médicos por el infame paseo de la muerte de hospital en hospital, o por falta de una autorización de las nefastas EPS. País de infamias en donde los pacientes tienen que interponer acciones de tutela para lograr ser atendidos. País indolente que ve morir a sus niños por desnutrición.

Bienvenidas al país en donde obra pública que se respete se realiza con inexplicables demoras, con costosas adiciones y sobrecostos, con adjudicación a dedo y quedan a medio terminar. País donde reina la tramitología, la intricada burocracia, el tráfico de influencias y el centralismo bogotano.

Este es el país al que las FARC se reincorporan después de 50 años de lucha armada. ¿Por qué entonces darle un tratamiento preferencial a ellas, con escasos 7.000 hombres, que al resto de los 44 millones de colombianos? Desde el inicio de su tránsito a la vida civil, las FARC empezaron a sufrir en carne propia lo que a diario sufrimos el resto de colombianos por la ineficiencia y la corrupción del aparato estatal.

Es este el país que debemos transformar. ¡Entre todos!

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Centralismo rampante

De manera sigilosa, un 30 de diciembre, sin la debida socialización, para que pasara de agache, el ministerio de Minas expidió la resolución 41.279 por la cual se establece “el ingreso al Productor de la gasolina motor corriente y del ACPM que regirán a partir del 1 de enero de 2017”. Esta resolución reduce la base a partir de la cual se calcula la sobretasa de los combustibles, sobretasa que es un impuesto del orden territorial, y una importantísima fuente de ingresos para los municipios y departamentos del país, por cuanto a los primeros corresponde el 75% de su recaudo, y a los segundos, el 25% restante.

Sólo un mes y medio después de haber sido expedida, los mandatarios locales cayeron en cuenta del golazo que el ministerio de Minas les había metido aquel 30 de diciembre. Según el ministro German Arce la medida era necesaria con el fin de trasladarle al consumidor final de gasolina y diesel ,la baja en el precio internacional del petróleo. Por ello, el ministro bajo el pre

Sin embargo, esta argumentación no resulta convincente, porque como lo expuso con claridad nuestro comentarista económico, José Antonio Larrazabal, en el fondo lo que hizo el gobierno fue trasladarle a los entes territoriales el impacto de la reforma tributaria en el precio de la gasolina y el ACPM. Es decir, como ya la reforma tributaria había subido el precio de los combustibles por los mayores gravámenes que le establecen con impuestos del orden nacional, el gobierno hábilmente baja de un plumazo los impuestos territoriales a los combustibles para que el precio total de éstos no le suba tanto al consumidor final.

No obstante el intento de “jugada maestra”, por el momento, le ha salido el tiro por la culata. Porque la reacción de los alcaldes y gobernadores fue inmediata y enérgica. La medida significa un zarpazo a las finanzas territoriales cuya estimación inicial es de 600.000 millones de pesos por anualidad. Medellín dejaría de recibir $27.000 millones por año, Cali $20.000 millones, Pereira $4.000 millones y Manizales $3.500 millones, por solo mencionar algunos. La Federación Nacional de Departamentos estima que la afectación será cercana a los $160.000 millones por anualidad, discriminado así: $103.000 millones de recaudo de la sobretasa a la gasolina y $57.000 millones de la cesión nacional de la sobretasa al diesel.

Con esta medida con marcado corte centralista se modifican desde el gobierno central los presupuestos de los entes territoriales de la actual vigencia fiscal (2017), porque se reduce una de las fuentes de financiación de municipios y departamentos, fuente que, en su gran mayoría, ya estaba comprometida para costear obras de infraestructura y programas sociales de alcaldías y gobernaciones.

La polémica está zanjada y la concertación propuesta por Santos para apaciguar a los mandatarios territoriales no parece calmar las aguas. En el fondo de la discusión subyace un modelo centralista que actúa como sanguijuela: succiona las riquezas de los territorios para sobrevivir. Primero fue la reforma a las regalías, y ahora esta medida de escritorio bogotano tomada de espaldas al país.

Finalmente, debe acotarse que aunque esta medida no golpea a Valledupar por ser municipio de zona de frontera, como lo explicó el secretario de Hacienda Eudes Fuentes, si sufre la ciudad un coletazo: como el cupo de gasolina es insuficiente para abastecer la demanda de la ciudad, cuando se acaba el cupo y se vende a precio pleno, esas ventas sí se les aplica la odiosa resolución 41.279. Y a todas éstas, ¿ya se habrá enterado la secretaria de Hacienda departamental, Bonny Rodríguez, que esta resolución afecta las finanzas de la gobernación? ¿tendrá listo ya la estimación de cuánto es el impacto? Que alguien le cuente.

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Paciencia y celeridad

Tal cual lo anunció el alcalde de Valledupar, Tuto Uhía, iniciaron tres grandes obras viales en la ciudad: primero, la reconstrucción de la avenida Fundación, entre el tramo del Obelisco y la carrera 12, tramo que comprende cerca de 3.35 kilómetros y tiene un costo aproximado de 32 mil millones de pesos. El segundo frente de trabajo son las obras de la avenida 450 años, las cuales comprenden 2.05 kilometros a un costo cercano a los 19 mil millones de pesos. El tercer frente corresponde a  las obras de la carrera 27, entre la calle 44 y el barrio Villa Haydith.

A estas tres obras hay que agregarle las que ya tiene en ejecución el SIVA, siendo las más importantes: la avenida Simón Bolívar desde la glorieta del Cacique Upar hasta la glorieta de la Ceiba y las costosas y necesarias redes húmedas de esas obras.

En síntesis, la ciudad está en obra. Y es bueno que lo esté. Nadie negaría la necesidad de intervenir y rehabilitar la deteriorada malla vial de Valledupar, como tampoco se niega la necesidad de su ampliación. Estábamos en mora de hacerlo. Esta administración envía el correcto mensaje que la cosa es diciendo y haciendo.

Por ello, es menester pedirle a los usuarios de las vía paciencia, mucha paciencia mientras se desarrollan las obras. Pero a la vez es imperioso pedirle a los contratistas y a la administración celeridad en su ejecución. Hay que trabajar a todo vapor, de día y de noche –si es necesario– como tanto cacarea Alfredo Saade, gerente del área metropolitana. Hay que hacer las obras sin sobrecostos, sin adiciones, y en el plazo pactado, respirándole a la nuca a los contratistas, para no repetir el error de la administración departamental pasada de dejar ambiciosas obras de infraestructura a medio hacer y desfinanciadas.

Lo anterior no es óbice para que durante el tiempo que duren las obras, la secretaría de Tránsito de la ciudad ponga en marcha un adecuado plan de contingencia para mitigar el impacto en el tráfico que estas obras generan. En particular, porque a la vuelta de la esquina está el Festival Vallenato, cuya edición especial de 50 años, prevé la llegada de un mayor número de visitantes por encima de los registros históricos. Según estadísticas de la Fundación que regenta el evento y del ministerio de Transporte, en promedio, durante el Festival Vallenato, llegan cerca de 20.000 visitantes. Es probable que este año esa cifra aumente por lo menos en la mitad, para un total de cerca de 30.000 turistas. Esto muestra la imperiosa necesidad de tener previsto desde ya un plan de movilidad con vías alternas a las que están siendo construidas. Por ello, se reitera, los usuarios tenemos que armarnos de paciencia, y la administración de celeridad.

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Cero y van dos

En buen romance “recular” significa ir hacia atrás, flaquear o ceder una persona de su dictamen u opinión inicial.

Primero fue el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien después de haber informado en rueda de prensa que la campaña “Santos Presidente 2014” habría recibido la suma de un millón de dólares provenientes de la firma constructora brasilera Odebrecht, al día siguiente precisó en los medios que la única evidencia de eso era el testimonio del ex senador Otto Bula, pero que no existía, por el momento, prueba documental del ingreso de esos dineros a la campaña.

Más recientemente, ayer, fue extrañamente filtrada a los medios una carta de puño y letra del oscuro personaje Otto Bula, en la cual afirma que “no es cierto, ni le consta, ni ha dicho que el dinero que le entregó a Andrés Giraldo –amigo personal de Roberto Prieto, gerente de la campaña de Santos – fuera un aporte a la campaña Santos Presidente o al señor Juan Manuel Santos”. La carta de Bula trae a la mente aquel refranero popular de “donde dije digo no digo digo, donde dije digo digo Diego”.

En ese sentido, genera mucha suspicacia que esta reculada de Bula, este súbito cambio de versión frente a lo inicialmente declarado, se haya dado horas después de que los medios informaran que la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, lo tiene en la mira por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Para el más lego, la conjetura salta a la vista: ¿reculó Bula ante la posibilidad de ser extraditado a los Estados Unidos? ¿Usó el gobierno de Santos la presión de la extradición para callar a Bula? Uhmmm… Son interrogantes válidos que quedan sin respuesta por el momento, mientras avanzan las investigaciones.

No sería la primera vez que se usa la figura de la extradición para tratar de solucionar problemas judiciales del resorte nacional. Cabe recordar que en el gobierno de Álvaro Uribe se extraditó a la cúpula de los paramilitares por un supuesto incumplimiento de los acuerdos de sometimiento a la justicia, privando de esta manera a nuestro aparato judicial de esclarecer la verdad sobre horrendos crímenes cometidos por las AUC y de terminar de develar el negro entramado de interacción del paramilitarismo con el poder político y empresarial del país.

En este orden, es muy preocupante que existan poderosas e indebidas presiones tanto sobre el Fiscal General como sobre los testigos del caso Odebrecht. Colombia no puede repetir la amarga experiencia del proceso 8000 en el que, al final, ningún pez gordo fue sancionado.

 

 
 
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Pecado mortal

Cinismo, descaro, impudor, rabia. Son las ideas que vienen a la mente después de escuchar la vergonzosa defensa jurídica de la arquidiócesis de Cali en el juicio que se le sigue por la pederastia cometida por un sacerdote de esa congregación contra cuatro niños.

Según el abogado defensor de la Iglesia, la responsabilidad de que el sacerdote abusara sexualmente de los menores, no es del cura abusador, sino de los padres de familia. ¡Qué descaro! ¡Que cinismo! ¡Qué falta de respeto con las víctimas! Según esta infame tesis que entra por derecho propio a la historia universal de la infamia, fueron los niños los que abusaron del cura. ¡El mundo al revés!

Sigue la Iglesia Católica tropezando más de dos veces con la misma piedra y tratando de ocultar el gravísimo e imperdonable pecado mortal que se esconde tras las sotanas de los sacerdotes abusadores. Las cosas como son: la pederestia o el abuso sexual de menores es un horrendo crimen, independiente de quien sea el victimario. Por el contrario, si se trata de un sacerdote católico, de un pastor evangélico o de cualquier ministro religioso de cualquier credo es mucho más grave y censurable por la investidura e influencia que tiene dicha persona en la sociedad en general, y de manera particular, sobre las padres de las víctimas que confían en él.

 

No aprende la Iglesia la lección que le dejaron los casos de pedofilia sancionados en Estados Unidos y en otros países, particularmente el caso de la arquidiócesis de Boston develado por el periódico Boston Globe, que le valió a este diario un premio Pulitzer por su investigación y el premio Oscar a la película En primera plana (Spotlight) basada en dicha investigación. En ese caso, que es el más conocido, la Iglesia en vez de colaborar con las autoridades y denunciar a los curas abusadores, hizo lo mismo que ahora está haciendo en Colombia: proteger a los victimarios con el fin de evitar la millonaria condena que se avecina en su contra. No hay derecho.

El caso de la arquidiócesis de Cali vuelve a poner sobre la mesa las permanentes críticas a la figura del celibato católico, figura que algunos consideran vetusta y contraproducente. Por los múltiples casos de pedofilia reportados en el mundo, pareciera que quienes la critican y abogan por su abolición tuviesen razón.

En todo caso, lo que sí es innegable es que esas practicas abusivas y reprochables de los sacerdotes son contrarias a todos los principios cristianos que la Iglesia predica. Ese no era lo que tenía en mente nuestro señor Jesucristo cuando dijo sus célebres palabras “dejad que los niños vengan a mí”.

La pederastia está socavando la autoridad moral de la Iglesia Católica en el mundo. Es imposible tratar de ocultar un elefante de ese tamaño debajo de la alfombra. Si no hay una verdadera expiación al interior de la Iglesia frente a este tema, seguirán acrecentándose la fuga de fieles a otros credos y una decepción generalizada sobre una institución que requiere urgentes y profundas reformas.

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Condena anunciada

La sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar del pasado 28 de enero, mediante la cual se condenó al municipio de Valledupar y al departamento del Cesar a pagar una multimillonaria suma a un particular, sienta un grave precedente en materia de invasiones de predios en la ciudad. Es, en pocas palabras, la crónica de una condena anunciada por la reiterada omisión de las autoridades locales en ponerle freno a la proliferación de los barrios de invasión.

Los hechos que dieron lugar a esta condena que supera los 56 mil millones de pesos se remontan a la administración Luis Fabián Fernández Maestre, en cuya mandato se inició la invasión Tierra Prometida por unas cuantas personas que en ese entonces no llegaban a la centena. A pesar de las reiteradas solicitudes de desalojo del propietario, los invasores se las ingeniaron a través de cuestionables acciones de tutela y otras argucias jurídicas para suspender los procedimientos de desalojo, todo ello ante la mirada cómplice del alcalde Fernández Maestre y del personero de la época Nicomedes Vásquez.

Así, lo que era un problema solucionable a través de una acción policiva, se salió de madre y la invasión creció exponencialmente hasta convertirse en una verdadera bomba social: de menos de cien personas en su etapa inicial rápidamente pasó a albergar a más de 800 familias y cerca de tres mil personas que hoy la habitan. Los invasores iniciales pasaron de tener pequeños cambuches de cartón, plástico y madera a casas en ladrillo y concreto, algunas con grandes comodidades como aire acondicionado, internet y cable operador. En estas condiciones es sumamente difícil desalojar a los actuales habitantes, razón por la cual la justicia consideró que la solución más viable a semejante problema era proceder a indemnizar al propietario del predio con la cuantía antes anotada.

Este caso judicial vuelve a poner en tela de juicio las fallidas políticas de las autoridades locales en materia de respeto de la propiedad privada en Valledupar, ciudad donde han proliferado, sin control alguno, los barrios de invasión, muchas veces por física omisión de las autoridades y otras por soterrado apoyo de las mismas por mezquinos fines politiqueros.

El problema es que, además de la de Tierra Prometida, cursan en contra del municipio varias demandas similares por otras invasiones, como Emanuel, Brisas de la Popa, Altos de Pimienta, Guasimales y Bello Horizonte, entre otras. Si en todas ellas es condenado el municipio con cifras similares, se vería seriamente afectada la salud financiera de la ciudad.

Pero más allá de las consideraciones jurídicas y financieras, el problema de fondo es que la ciudad no puede seguir creciendo a punta de invasiones que perturban las reglas mínimas de planeación urbanística y plantean un enorme desafío en materia de extensión de la red de servicios públicos a tales comunidades. Ya lo ha dicho la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia las invasiones de predios “no pueden generar derechos, ni expectativas legítimas”.

Detrás de las invasiones, se esconde un negocio ilegal de mafias articuladas expertas en invadir predios, parcelarlos ficticiamente y revenderlos a segundos ocupantes. Estas mafias operan con la complicidad de autoridades y de políticos inescrupulosos que luego explotan las necesidades de los ocupantes con la promesa de legalización de los predios.

No puede olvidarse que dentro de este contexto es que la Fiscalía General de la Nación le imputó al exgobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco los delitos de corrupción al sufragante y favorecimiento de invasiones por haber firmado un documento en el cual se comprometía a no desalojar a los habitantes de la invasión Tierra Prometida. Y el alcalde actual Augusto Ramírez Uhía tampoco está a salvo: a falta de uno, Uhía firmó dos compromisos políticos: uno con los habitantes de Tierra Prometida y otros con los habitantes de la invasión del mayor Alberto Pimienta Cotes. 

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Coletazos del escándalo de Odebrecht

El escándalo internacional de corrupción de la firma brasilera ha agitado las aguas que parecían tranquilas en este comienzo de año. Fue gracias a la investigación de la justicia de Estados Unidos que Colombia y varios países latinoamericanos conocieron la magnitud de la estrategia sistemática de la empresa Odebrecht de ganar multimillonarios contratos de infraestructura en tales países, a punta de sobornar funcionarios públicos encargados de adjudicarlos.

Si la justicia americana no hubiese realizado tal investigación, en la cual ya Odebrecht aceptó los cargos y fue multada con 2.600 millones de dólares, tal vez nunca se habría puesto al descubierto lo sucedido en Colombia. En este sentido, debe reconocerse que fueron las autoridades americanas quiénes le hicieron la tarea a sus homólogos colombianos. Según la investigación estadounidense, Odebrecht realizó pagos de sobornos a altos funcionarios del gobierno nacional por valor cercano a 11 millones de dólares para asegurar contratos de obras públicas durante el periodo comprendido entre 2009 y 2014. Dicho periodo cobija tanto al último mandato del presidente Álvaro Uribe como al primero de Juan Manuel Santos.

Y estos dos mandatarios y sus seguidores se han tranzado en una pugna en los medios y por redes sociales argumentando que el contrario fue más corrupto que el otro. Una verdadera vergüenza. Por el primer caso ya fue capturado el ex viceministro de Transporte del gobierno Uribe, Gabriel García Morales, quien ya aceptó haber recibido 6.5 millones de dólares por lograr para Odebrecth la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol Tramo 2, descartando a los demás licitantes.

Pero el gobierno Santos no está inmune. También se investiga una generosa adición al mencionado contrato de la variante vial Ocaña-Gamarra, la cual fue entregada al mismo contratista, sin licitación, por la desproporcionada suma de 900.000 mil millones de pesos. Dicha adición fue hecha con la autorización de la ministra de Transporte Cecilia Álvarez-Correa y el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade. Por esta adición, Odebrecht ya declaró en Estados Unidos haber pagado un soborno de 4.6 millones de dólares.

Por este último caso resultaron mencionados varios congresistas, entre ellos Ape Cuello por el Cesar, quien ayer desmintió tener algo que ver en este enredo. Y habrá que creerle mientras no exista prueba en contrario.

Sin embargo, el caso de Odebrecth pone en evidencia cómo los grandes proyectos de infraestructura vial se hacen en contra de los intereses de los colombianos en general, y de los usuarios de las vías en particular. En el caso de la variante Ocaña-Gamarra se le permitió al contratista no sólo ganarse la obra sin licitación, sino algo peor: en condiciones excesivamente generosas incluyendo, entre otras, creación de nuevos peajes no contemplados inicialmente y aumento de la tarifa de los peajes preexistentes hasta en un 15%.

Si lo de Odebrecht escandaliza, lo de la APP Cesar-Guajira es para sentarse a llorar. En efecto, a pesar de la corrupción encontrada en la Ruta del Sol Tramo 2 y su variante Ocaña-Gamarra, se trata de la construcción de kilómetros nuevos de vía en doble calzada. En el caso de la APP Cesar-Guajira se adjudicó a un solo oferente (la firma Cóndor S.A.) el mantenimiento de 350 kilómetros de vías, de los cuales 336.1 kilómetros son para rehabilitación y sólo 8.6 kilómetros corresponden a construcción de nueva vía. Aquí cabe la obvia pregunta de porqué la mayor parte de la obra, concretamente el 95.9%, contempla reparación de vía existente y sólo un 2.4% corresponde a construcción de vía nueva. Para sufragar los gastos de esta obra, el gobierno autorizó la instalación de ocho peajes, los cuales ya entraron en funcionamiento a pesar de que no se ha intervenido un solo kilómetro de la vía.  

La APP Cesar – Guajira le fue “vendida” a ambos departamentos como la gran solución a su atraso vial cuando en realidad no lo es. Cabe recordar que fue adjudicada bajo el auspicio del vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras y con el consentimiento silencioso de los congresistas cesarenses y guajiros quienes, por lo menos, no se opusieron públicamente a la obra. Aquí también bien vale la pena investigar si hubo corrupción en la adjudicación de una obra tan generosa para el contratista y tan lesiva para los usuarios de las vías quienes deberán pagar peaje cada 40 kilómetros.

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Como preámbulo a la gran fiesta de acordeones, el Festival de la Leyenda Vallenata en su versión número 49, en homenaje a Los Hermanos Zuleta, el Centro Comercial Mayales Plaza se prepara para premiar la fidelidad de sus clientes con un gran concierto que lleva por nombre “Orgullosos de lo nuestro”.

El evento que es organizado en asocio con Cacica Stereo y Radio Guatapurí contará con una nómina de lujo y estarán en tarima: Ivan Villazón, el Mono Zabaleta, el Churo Díaz, Farid Ortiz, Fabián Corrales, el Che Carrillo, el Ñeko Montenegro entre otros artistas.

Cabe recordar, que desde el pasado 2 de abril Mayales Plaza Comercial dio apertura a esta iniciativa, con el fin de rescatar y resaltar todas las tradiciones y raíces de la tierra del acordeón.

Con grupos de piloneras, presentaciones musicales de genero vallenato, talleres de cocina con platos típicos de nuestra región y una exposición de arte de los lugares y personajes más representativos de la ciudad, la plaza comercial recibe a propios y a visitantes

“Orgullosos de lo nuestro” se realiza hoy 26 de abril en el parqueadero externo de Mayales Plaza Comercial y será totalmente gratis para todos sus asistentes.

Puede escuchar el audio aquí:

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