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Una copiosa marcha se presentó en el departamento de La Guajira por parte de líderes, dirigentes y miembros de las juntas de acción comunal de la península, quienes se volcaron a las calles  a exigir de manera pacífica el respeto por la vida, tras la muerte de unos 200 líderes a nivel nacional.
En la marcha además exigían libertad y atención por parte de las autoridades  y organismos de seguridad para que atiendan esta situación.
Niria Brito Rodríguez presidenta de la Federación Comunal del departamento de La Guajira, afirmó que marcharon por la dignidad, por la construcción de la paz desde el ámbito comunal y por el derecho a la libertad.
“Aquí no se realiza una concertación, no se construye una mejor ciudad o un mejor país, teniendo en cuenta a los líderes comunales”, aseguró.
Los dirigentes hicieron saber además que muchos han sido amenazados, sobre todo en las áreas rurales de los municipios guajiros.
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Desde el sur de La Guajira, líderes y empresarios transportadores decidieron parar su actividad bloqueando la vía que del municipio de San Juan comunica al vecino departamento con el Cesar, reclaman por mal estado en que se encuentra ese tramo vial.
Alegaron en medio del bloqueo que la vía San Juan – Cuestecita – Riohacha, registra además una tasa alta de accidentalidad.
Fidel Pitre Loaiza, líder, afirma que no es concebible que el peaje solamente responda por 17 kilómetros de vía marcados desde Transalpe hasta el cementerio de Distracción, ya que ellos cancelan una pisadura para circular en vías de buena calidad, “Este es el peor tramo que se encuentra en esta vía donde a diario son seis y siete vehículos dañados, registrándose accidentes y no es justo que nadie responda por esto”, resaltó.
Los quejosos aseveran que seguirán las manifestaciones hasta que Invias y Gobierno municipal y departamental se siente en diálogo con el gremio para dar solución a la problemática.

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Las madres de los 16 menores muertos en la Clínica Laura, acompañados por líderes cívicos, usuarios de las EPS, entre otras personas, realizaron una protesta frente a las instalaciones del centro de salud, exigiendo de las autoridades mayor celeridad en las investigación para escalecer el hecho donde en la UCI neonatal recibieron el medicamento Survanta y perdieron la vida hasta el momento sin explicación alguna a pesar de la denuncia hecha por Abbvie Laboratories, el 15 de noviembre de 2016.

Al tiempo hicieron lo propio los empleados de la clínica, con globos; queriendo minimizar la protesta pacífica, con globos blancos y azules, de camisetas estampadas y un pendón con un mensaje alusivo a la institución médica.

.La marcha que estaba programada no se pudo realizar porque que la Alcaldía de Valledupar no otorgó el permiso legalmente solicitado para la manifestación por las calles de la ciudad hasta llegar a las instalaciones de Fiscalía.

En el lugar hubo la presencia de unidades policiales quien contrataba a la comunidad que intentaba sumarse a la protesta y cerrar la vía.

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Las constantes fallas en el servicio eléctrico el que consideran un mal eterno, motivó una vez más a los habitantes del municipio de Curumaní a realizar unas caminatas den protesta contra la empresa Electricaribe, la que intervenida, vendida o no, ha sido igual para ellos expresan sus moradores.

En sus arengas durante el recorrido, dijeron estar cansados con este mal servicio, lo que ha sido motivo de la quiebra de varios comerciantes por la intermitencia en el servicio, lo que a su vez ha dañado innumerables electrodomésticos y vencimiento en los alimentos o productos que requieren refrigeración.

Si bien fue una protesta pacífica, muy diferente a las que se han realizado en el pasado, buscan dentro de la civilidad que de una vez por todas, los directivos de Electricaribe, les arregle ese problema que no acaba ni con los tan anunciados mantenimiento y cambio de redes y circuitos que constantemente anuncian, dijeron los reclamantes.

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A la vez que se daba una protesta pacífica de un sector de los usuarios  del hospital Agustín Codazzi, la Personería municipal suspendía por tercera vez  a la gerente del centro asistencial, Amalia Rosa Mejía Díaz, por presuntas irregularidades en el ejercicio de  su cargo.

La nueva suspensión obedeció a denuncias hechas ante la Personería municipal, por el gerente encargado del hospital, Javier Enrique Sarmiento Mendoza, quien evidenció presuntos sobrecostos,  compra de elementos de mala calidad y la utilización  del centro asistencial para servicios particulares.

Es de indicar que en dos ocasiones en fallo de segunda instancia la Procuraduría Regional ha reintegrado a Mejía Díaz y el alcalde, Luis Peñaloza Fuentes  no ha cumplido con la orden del ministerio público.

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Los diputados del Cesar sentaron su voz de protesta y pidieron contundencia de parte de las autoridades para que le salgan al quite a las acciones terroristas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que en las últimas horas ha demostrado que pueden actuar con toda libertad a lo largo y ancho del departamento del Cesar.

Los diputados, José Mario Rodríguez Barriga, José Santos Castro González, Julio César Casadiegos Navarro, Camilo Lacouture Ackerman pidieron a la Policía y al Ejército más operatividad e inteligencia para reprimir el accionar del ELN que en el sur del Cesar, más exactamente entre Río de Oro y Ocaña, Norte de Santander hizo una especie de retén , en el corregimiento de La Mata, lanzó un artefacto explosivo contra la estación de Policía y en el monumento a la Sirena de Hurtado izó una bandera de su grupo subversivo.

Por su parte, el Diputado Miguel Ángel Gutiérrez pidió citar a los comandantes de la Policía y el Ejército para que digan ante la Duma que están haciendo en pro de la seguridad de los cesarenses.

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En el municipio de Maicao en La Guajira, se han presentado protestas durante el fin de semana, la comunidad rechaza la decisión de la Dirección de Impuesto y Aduana Nacional, Dian, la cual anunció una vez más el cierre de Puerto Nuevo, alegando que hay falta de garantías para su operación.

La Dian anunció este ‘reversazo’ a través de un comunicado, allí la entidad indica que es necesaria la presencia de los organismos de control y especialmente de la Policía Antinarcóticos, para que no vuelvan a ocurrir hechos como los del pasado 26 de mayo, fecha en la que fueron incautados 50 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una embarcación de bandera panameña, hechos que ponen en alto riesgo la operación de Puerto Nuevo.

Directivos de la Dian han informado que pese al esfuerzo de los comerciantes de Maicao, los entes territoriales y parlamentarios del departamento de La Guajira, la Dian se ve en la necesidad de suspender la entrada y salida de embarcaciones, hasta que hayan plenas garantías de operación.

Por su parte los comerciantes que no avalan la decisión de la Dian, se posaron frente a las instalaciones de la entidad para exigir las garantías que faltan y que siga la operación en el Puerto.

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Como si fuera poco el problema que atraviesa La Guajira en materia de educación, en algunos sectores como en el corregimiento de Aremasain jurisdicción de Manaure debe salir a protestar para que no cierren la institución educativa técnica internado indígena San Antonio, según ellos hay una amenaza latente de cierre del claustro y por ello protestaron en la sede de la Gobernación de La Guajira.

Padres de familia y estudiantes se muestran preocupados ante la situación, Iván Fernández Pushaina expresa que "no queremos que lo cierren y está construido en nuestro territorio ancestral, nosotros estudiamos allí, nuestros hijos y ahora nuestros nietos, ya el primer semestre del año se está acabando y no han comenzado clases sobre todo el grado 11 que se tienen que preparar para presentar las pruebas Icfes".

Con arengas, pancartas y hasta los pupitres en los que escasas clases han dado este año lectivo llegaron los estudiantes a las instalaciones de la Gobernación, esperando una respuesta del gobernador Weildler Guerra, pero este en el momento se encuentra en Barranquilla, desde allí se pronunció: "Estamos haciendo todo el esfuerzo posible para evitar el cierre del internado indígena de Aremasain, propiciaremos todo lo que este en nuestro alcance para que haya un acuerdo entre el ministerio de educación y la Diócesis de La Guajira y evitar que más de 2.000 niños pierdan su derecho de asistir a las clases, mañana tendremos un almuerzo de trabajo", aseguró el gobernador encargado de La Guajira.

 

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A través de un comunicado la Directora del ICBF, Cristina Plaza Michelsen, se pronunció sobre el crimen del niño Johan Rodríguez, asesinado la noche del sábado en el municipio de Curumaní, centro del Cesar.

La funcionaria señaló que el bienestar familiar por medio de un equipo interdisciplinario de Defensoría de Familia, articulado con la Comisaria de Familia del municipio, brindan atención psicosocial al hermano del niño fallecido y se vienen tomó como medida de protección, su ubicación en un Hogar Sustituto para adelantar el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos – PARD en su favor, debido a que el núcleo familiar no es garante de su cuidado.

“No podemos permitir que sigan truncando los sueños de nuestros niños. Desde el ICBF estamos adelantando acciones para prevenir la violencia sexual en contra de quienes son el futuro de este país, pero ningún esfuerzo será suficiente si la familia y la sociedad no asumen la responsabilidad de generar entornos protectores para la niñez y la adolescencia; sobre todo la familia que deben ser la primera línea de defensa de su integridad”, señala el comunicado.

Partiendo de la base que: “La familia es el eje de la sociedad y si no la fortalecemos difícilmente vamos a lograr un país diferente al que tenemos hoy”, Plazas Michelsen, instó a la ciudadanía a tomar acciones frente a estos temas.

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Abuso de parte de la administración temporal en la secretaría de educación, retraso en el nombramiento de los docentes etnoindigenes y desconocimiento de la función de las autoridades tradicionales, han denunciado representantes de las comunidades wayúu, quienes aseguran venir padeciendo un sin número de malestares en cuanto a la educación porque este Ministerio no les atiende en dicho tema.

Los representantes de los 17 centros etnoeducativos se han mantenido en la decisión de recibir el nombramiento de sus docentes y la contratación de los servicios escolares que permitan el inicio de clases definitivo, las protestas de la semana que se extendieron hasta altas horas de la noche dieron como resultado la firmas de unos acuerdos que no quedaron muy claros para algunos de los presentes.

“Hemos cumplido con todos los requisitos pero solo hay dos personas para revisar cada caso y como desconocen la cultura y la función de las autoridades tradicionales se ha retrasado todo”, indicó Griselda Epiayu.

Los indígenas dan cuenta de que hasta el momento solo el centro etnoeducativo número 16 ha sido nombrado, lo cual se logró por una tutela presentada ante los tribunales.

Uno de los abusos puntuales que denuncian los indígenas tiene que ver con que no están respetando su autonomía y rol de autoridad tradicional, por ello piden al ministerio al ministerio que envíen un equipo más completo y con conocimiento de la cultura para que agilice el proceso.

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