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La Procuraduría General ha comunicado que ante la secretaria General de la entidad, María Isabel Posada Corpas, tomó posesión Itala Pedrazzini Losada en el cargo de procuradora Regional de La Guajira.

La entidad ha destacado en el acto de posesión que Pedrazzini Losada es abogada de la Universidad Javeriana, con especialización en derecho comercial.

Sobre su hoja de vida se dio a conocer que  trabajó 10 años en el Ministerio de Comercio, donde se desempeñó como jefe de la División de Investigaciones, subdirectora (E) de Prácticas Comerciales y Jefe de la Oficina Jurídica, cargo que también desempeñó en el entonces Instituto Colombiano de Comercio Exterior (Incomex), entre otros.

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El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez pidió a las autoridades del Cesar y La Guajira investigar los hechos en que fueron incinerados unos centros ceremoniales, kamkurúas, de las comunidades Kankuama y Wiwa, en la Sierra Nevada el pasado mes.

A través de un documento enviado a las autoridades del Cesar y La Guajira, la Procuraduría rechazó enérgicamente estos actos y advirtió que se constituyen en serias violaciones al derecho que tienen los pueblos indígenas a ejercer libremente y sin riesgos su especial relación con el territorio, el derecho a la pervivencia étnica y física.

El ministerio público exhortó a las autoridades a diseñar un plan que garantice la seguridad integral de la Sierra Nevada.

Las kamkurúas, del pueblo Kankuamo en el corregimiento de Guatapurí y Wiwa en la cuenca del río Jerez, comunidad de Sheyamake, en el municipio de Dibulla, fueron incineradas el 17 y 18 de agosto del presente año.

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La Procuraduria ha puesto la lupa en La Guajira por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, por ello, Fabio Velásquez Rivadeneira y Dilcey Yensith Acosta, en sus condiciones de alcalde y secretaría de Educación de Riohacha, para el periodo 2016 - 2019, tendrán que explicar ante el ente de control las presuntas irregularidades con la ejecución de un contrato efectuado con la Asociación Social del Caribe que tenía como objeto apoyar el Programa de Alimentación Escolar para los niños y niñas del departamento.

El contrato del que se habla tuvo un costo de 5 mil 713 millones de pesos con vigencia 2016, se suscribió de manera directa a través de un convenio de asociación, "jornada única y establecimientos focalizados en las zonas urbana, rural e indígena del Distrito de Riohacha, La Guajira”

De acuerdo a la Procuraduria presuntamente habrían participado en actividad contractual, al parecer, vulnerando el principio de transparencia y de selección objetivo de la contratación estatal, al suscribir este convenio, teniendo en cuenta que las obligaciones que tenía Asocar eranpropias de un contrato de suministro.
La diligencia está planteada para el 14 de septiembre a las 9:00 a.m., en la sala de audiencias de la Procuraduría General en Bogotá.

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En el ejercicio de la función preventiva que le corresponde ejercer a la Procuraduría Regional del Cesar, le hizo seguimiento a los requerimientos que se hicieron para evitar continuar con el desconocimiento de la normatividad relacionada con el ensanchamiento de antejardines, invasión de espacio público. Como la de una vivienda en inmediaciones de la glorieta del Pedazo de Acordeón y el monumento al ECCE HOMO.

El despacho público sugirió el nombramiento de profesionales idóneos para desempeñar los cargos de Inspectores Urbanos aptos para ejercer las funciones de curadores urbanos.

Lo anterior tiene como origen la comunicación del 24 de abril de 2017, suscrita por los curadores urbanos 1 y 2, mediante la cual se alerta de obras sin ninguna licencia, utilización de vallas publicitarias de licencia en trámite, para posteriormente abandonar la solicitud logrando con ello la evasión de pagos de impuestos, entre otras irregularidades.

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La Procuraduría Regional del Cesar, le formuló pliego de cargos a director del Área Metropolitana de Valledupar, Alfredo Rafael Saade Vergel, por revocar la funciones del asesor jurídico de la entidad.

De acuerdo al despacho público, Saade Vergel revocó las funciones del asesor jurídico del Área Metropolitana de Valledupar, Ricardo Pereira Morales.

La queja contra Saade Vergel fue presentada ante la Procuraduría por los señores Ricardo Pereira Morales, José Villalobos Niño, Margarita Morón y Hugo Sarmiento Mejía a través del escrito de 16 de junio de 2016.

En contra de la presente formulación de cargos no procede ningún recurso y se dispone que en 10 días contados a partir de la notificación de la decisión, para que procedan a los descargos respectivos.

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La Procuraduría Regional del Cesar, le formuló pliego de cargos al diputado de Cambio Radical, Julio César Casadiegos Navarro, por haber cobrado sin asistir a 112 sesiones de la Asamblea departamental.

Casadiegos Navarro dejó de asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias en el periodo constitucional de 2012 al 2015, según lo evidenció la Procuraduría a través de certificaciones expedidas por la Secretaría General de la corporación.

La queja contra el diputado de Cambio Radical fue presentante ante el Ministerio Público, por Luis Arturo Aragón Zapata.

Casadiegos Navarro presuntamente violó con su actuación una de las faltas de los diputados que es la de no asistir a las sesiones sin justa causa.

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En una visita relámpago, el Procurador general de la Nación Fernando Carrillo y nueve magistrados de la Corte Constitucional se reunieron con autoridades y comunidades de las etnias aruhaca, wiwa, kogui y kamkuama, en Nabusimake, para fijar el compromiso de ser garantes en los procesos de conservación ambiental de la Sierra Nevada de Santa Marta frente a la afectación que le viene causando la minería.

En la audiencia desarrollada en el pueblo sagrado o capital de la Sierra Nevada, las autoridades ancestrales reclamaron apoyo de estas entidades para que promuevan la conservación de las áreas protegidas, además rechazaron el aumento del turismo y exigieron que se cumpla con los procesos de consulta previa frente a las solicitudes de explotaciones mineras en el macizo montañoso.

El jefe del Ministerio Público dijo que los pueblos indígenas reclaman el incumplimiento de autos, sentencias y decisiones de la Corte Constitucional relacionado con la minería ilegal y la transgresión al medio ambiente. “Lo importante de todo esto es que, como el humo de la guerra no nos dejó ver la corrupción, también escondió una agenda del país que está saliendo a flote, que es la agenda del medio ambiente, de las minorías, de la producción de los ríos, del agua y de los glaciares”, indicó.

Por su parte, el presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, manifestó que la visita fue una gran oportunidad para dialogar con las comunidades de la Sierra Nevada, “es el sentido de esta visita, mostrar la disposición para oír las voces de los pueblos para plantear desde la justicia constitucional respuestas para los requerimientos de estas comunidades”, indicó.

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Mediante la resolución No 371 del 13 de julio de 2017, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, ordenó el traslado a Bogotá de la investigación disciplinaria que se sigue contra la alcaldesa de Chiriguana y 7 concejales de esa municipalidad, toda vez que el proceso es de suma trascendencia y de alta importancia para el máximo representante del ministerio público, toda vez que en la regional Cesar, las decisiones no han estado claras.

La mandataria y los concejales son investigados por el incumplimiento a un fallo de tutela de segunda instancia emitido por el Juzgado Civil del Circuito, el día 8 de junio de 2016, donde ordenaba derogar los actos administrativos que desembocaron en la elección de Luzoan Caro Padilla, como personera municipal de Chiriguaná y retomar los resultados finales del concurso de méritos para ese cargo, desarrollado por la Universidad de Cundinamarca.

El Procurador General de la Nación se había llevado la inquietud de la audiencia pública que realizó en Valledupar, donde el propio tutelante Pedro Miguel Peinado, hizo la denuncia manifestando que: "los concejales patrocinados por la alcaldesa municipal de Chiriguaná violan la ley, se burlan y desafían a las autoridades sin que nada les pase porque cuentan con la complacencia y complicidad de algunas autoridades".

En los últimos 18 meses Chiriguaná ha tenido tres personeros, Luzoan Caro Padilla, Jader Cabrera y Emilio Medina Noriega, los dos primeros encargados y el ultimo elegido mediante un nuevo concurso que ya fue demandado y se encuentra bajo estudio en el juzgado 7 administrativo de Valledupar.

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La Procuraduría Regional del Cesar instó al alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, a ejercer acciones de vigilancia y control sobre el desarrollo urbano de la ciudad, para evitar hechos que afecten los derechos de la ciudadanía.

En el ejercicio de su función preventiva, el Ministerio Público pidió al funcionario disponer con carácter urgente de mecanismos eficientes para evitar siniestros en las edificaciones, invasiones al espacio público, existencia de urbanizaciones piratas, evasión de impuestos a partir de la expedición de licencias urbanísticas e incumplimiento de las normas sismorresistentes.

La entidad solicitó la conformación de un grupo interdisciplinario de profesionales idóneos para ejercer un control urbano y posterior de obra efectivo, preventivo y correctivo.

El Ministerio Público exhortó al alcalde para que nombre, en el menor tiempo posible, los inspectores urbanos que sean necesarios, pues sobre ellos recae la adopción, en primera instancia, de las medidas correctivas relacionadas con la suspensión de construcciones y demoliciones de obras, entre otras funciones. Estos inspectores son supervisados por el Secretario de Gobierno de la alcaldía, y por lo tanto sus funciones no son ajenas a la administración municipal.

Con relación a la invasión del espacio público, la construcción irregular de techos en los antejardines de las viviendas en diferentes barrios de la ciudad,  y los daños ocasionados al monumento Ecce Homo, la Procuraduría solicitó al alcalde iniciar las acciones legales pertinentes para evitar que estas situaciones continúen ocurriendo.

La Procuraduría Regional del Cesar en desarrollo de su función preventiva realizará seguimiento a la gestión que se realice desde la alcaldía para atender adecuadamente los requerimientos planteados.

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Por supuesto incumplimiento en su obligación de protección, asistencia, atención, y reparación de la población desplazada por la violencia, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar a 20 gobernaciones y 35 alcaldías, en cuyo listado hay tres municipios del Cesar.

Aunque la Gobernación del Cesar no está en la estadística, sí aparecen las alcaldías de Valledupar, Chimichagua, y El Copey.

La Delegada para la Defensa de los DDHH inició el proceso disciplinario porque, al parecer, estas entidades, incumplieron de manera evidente e injustificada con sus obligaciones de atención integral a la población desalojada de su territorio durante el periodo 2012, 2015.

Con esta indagación se determinará si hay conducta, constitutiva de falta disciplinaria, o si están al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

De la Guajira aparecen los municipios de Maicao, Fonseca, y San Juan del Cesar.

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