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Hoy a partir de las 9:30 de la mañana, el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, citó para audiencia de fallo de primera instancia, dentro de la investigación que se sigue contra la alcaldesa Zunilda Toloza y los concejales de ese municipio por negarse al cumplimiento de un fallo de tutela del juzgado civil del circuito de Chiriguaná, del 8 de junio de 2016, que ordenaba elegir y posesionar al ganador del concurso para el cargo de personero, Pedro Miguel Peinado.

La audiencia será transmitida vía satélite para que las partes puedan presenciar y escuchar la decisión en el auditorio de la Procuraduría Regional en Valledupar. Como se recordará la alcaldesa Toloza Pérez no atendió una orden del Juez Promiscuo Municipal de Pailitas quien la exhortó a convocar a sesiones extraordinarias al Concejo Municipal para que dieran cumplimiento a la orden de tutela pero la funcionaria desatendió la orden.

La investigación fue trasladada a Bogotá desde el mes de julio del presente año como consecuencia de la audiencia que el Procurador General, Fernando Carrillo, adelantó en Valledupar a fines de mayo, durante la cual se expusieron posibles hechos de corrupción entre ellos el caso de la personería de Chiriguaná.

El pasado 4 de noviembre, por orden de otra tutela, Pedro Miguel Peinado fue elegido y posesionado como personero municipal por el Concejo municipal.

En el pliego de cargos contra los investigados, se calificó la conducta como gravísima a título de dolo, por los delitos de prevaricato y fraude a resolución judicial.

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Por cuarta vez consecutiva la Procuraduría Regional del Cesar revocó en todas sus partes la decisión de la Personaría del municipio de Codazzi, que suspendió a la gerente del hospital Agustín Codazzi, Amalia Rosa Mejía Díaz.

La Procuraduría Regional, además de revocar la decisión de la Personería Municipal del municipio de Codazzi oficio ala Provincial de Valledupar para que investigue las presuntas conductas irregulares desplegadas por Personero, Jorge Alfredo Ovalle Márquez y al alcalde, Luis Vladimir Peñaloza, en la suspensión y no darle posesión a Amalia Rosa Mejía Díaz.

La decisión de suspensión de Mejía Díaz se dio el 27 de septiembre del presente año, con fundamento en el informe del 20 del mismo mes, suscrito por Javier Enrique Sarmiento Mendoza, en su condición de gerente encargado del hospital Agustín Codazzi.

En su fallo, la Procuradora Provincial de Valledupar que en la providencia objeto de consulta no se desprenden elementos de convicción que permitan avizorar la realización de la falta y mucho menos que permitan aseverar de manera contundente con fundamento en la prueba aportada por el quejoso y el alcalde de Codazzi, la existencia de un detrimento de la hacienda pública.

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La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales luego de un derecho de petición impetrado por el arquitecto, Luis Fernando Guerra Bonilla instó al alcalde del municipio de Valledupar ejercer las actuaciones necesarias en pro del mantenimiento y conservación de la casa tipo colonial en donde funciona el Archivo Notarial Histórico y la Academia de Historia del Cesar, que de paso es propiedad de la entidad territorial.

El Procurador Delegado para Asuntos Civiles y laborales, Rodrigo Alberto Quintero Bermúdez advirtió al mandatario Ramírez Uhía que la pérdida de este inmueble ocasionaría un detrimento patrimonial al municipio con las consecuencias disciplinarias y judiciales que eso le acarrearía.

El Ministerio Público también exigió al Alcalde de Valledupar contestar los derechos de petición que le han impetrado sobre el particular e invitó a Guerra Bonilla a colocar en conocimiento de la Procuraduría de manera precisa y completa las irregularidades por parte del ente territorial.

Como es de conocimiento público la casa colonial en donde funciona la Academia de Historia y el Archivo Histórico del Cesar, se encuentra en precarias condiciones físicas y a los tres empleados les adeudan 55 meses de sueldos.

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La Procuraduría pidió la nulidad de la audiencia en donde la semana pasada una jueza de Soacha, Cundinamarca, concedió la casa por cárcel a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto.
El ente de control asevera que la diligencia debía desarrollarse en Bogotá y además se hizo sin la Fiscalía y sin el propio Ministerio Público.
La Procuraduria pidió además al Consejo Seccional de la Judicatura investigar a Antonio Luis González, defensor de Pinto y quien ya era conocido por ser el fiscal a quien se le atribuye la llegada de los falsos testigos al caso Colmenares, el abogado habría omitido notificar a la Procuraduría, a la togada de la existencia de una agencia especial en el proceso e informar de la respuesta del fiscal en que informaba que se encontraba en labores investigativas en La Guajira y por eso no pudo asistir a la citación.
"La posible comisión de faltas disciplinarias por parte del abogado de la exgobernadora de La Guajira, Antonio Luis González Navarro, entre ellas, que se omitiera la notificación al Ministerio Público sobre la diligencia en el juzgado de Soacha para sustituir la medida de aseguramiento, y que también omitiera informar a la jueza de garantías la existencia de una agencia especial, así como de un correo electrónico del fiscal 28 Anticorrupción, donde le advertía que desde el 10 de octubre estaría en Maicao, La Guajira, en asuntos judiciales propios de su cargo".
Para el 1 de noviembre a las 11 de la mañana fue fijada la audiencia que solicitó la Procuraduría General de la Nación para que un juez de Bogotá decrete la nulidad de la diligencia realizada el pasado 10 de octubre donde le fue concedida la casa por cárcel a la exgobernadora de La Guajira por ser madre cabeza de familia.

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De manera desafiante la Administración de Francisco Ovale Angarita contrató con una persona, que consultado el Sistema de Información de Registros de Sanciones de la Procuraduría General de la Nación, aparece con una inhabilidad general de 12 años, para ejercer cargos públicos.

La Tribuna del Cesar tuvo acceso al certificado de antecedentes de la Procuraduría y estableció que Karina Icela Rojas Maestre, identificada con la cedula de ciudadanía n° 37555744,de Bucaramanga, está inhabilitada para ejercer cargos públicos y no obstante en el 2016, fue favorecida con el contrato de prestación de servicios profesionales, n° 2016 -02 0001, por 11 meses, por valor de 83 millones 884 mil 390 pesos, para asesorar al despacho del Gobernador en temas de políticas públicas y postconflicto.

Es de indicar que el contrato se pagó en su totalidad y luego se hizo uno nuevo, para el 2017, el contrato n° 2017-020054 y fue trasladada a la Secretaría de Salud Departamental.

La sanción contra Karina Icela Rojas Maestre se dio por irregularidades cometidas en Mocoa, ‘Putumayo’.

 

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La Procuraduría Regional del Cesar le formuló cargos a la concejala de Cambio Radical, Gloria Margarita Ovalle Aguancha, por ausentarse sin justificación de la sesión en donde se elegía Contralor Municipal de Valledupar, para el periodo 2016-2019.

El Ministerio Público estableció que Ovalle Aguancha no expreso en la plenaria del Concejo, las razones de su ausencia y porque no iba a votar, incumpliendo así el reglamento interno del cabildo.

La elección de Contralor Municipal se registró el 7 de enero de 2016.

Es de indicar que la concejala ya se notificó de los cargos.

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La Procuraduría Regional del Cesar abrió indagación preliminar contra varios funcionarios de este departamento, quienes estarían adscritos a la Secretaría de Salud local.

Con esta acción el Ministerio Público busca establecer posibles responsabilidades disciplinarias por la presunta omisión en cuanto a la vigilancia y control de medicamentos que venían siendo aparentemente falsificados, y que además fueron suministrados a 16 menores de edad en la Clínica Laura Daniela de Valledupar. Esta es la razón que habría causado la muerte de los menores de edad.

La Procuraduría espera clarificar los hechos denunciados, verificar la ocurrencia de las posibles conductas y determinar si existe responsabilidad disciplinaria por parte de los implicados.

Además de la indagación, la Procuraduría le solicitará a la Secretaría de Salud del departamento una certificación sobre las auditorias al servicio de atención médica y suministro de medicamentos realizadas al centro asistencial que prestó la atención a los menores.

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La Procuraduría General ha comunicado que ante la secretaria General de la entidad, María Isabel Posada Corpas, tomó posesión Itala Pedrazzini Losada en el cargo de procuradora Regional de La Guajira.

La entidad ha destacado en el acto de posesión que Pedrazzini Losada es abogada de la Universidad Javeriana, con especialización en derecho comercial.

Sobre su hoja de vida se dio a conocer que  trabajó 10 años en el Ministerio de Comercio, donde se desempeñó como jefe de la División de Investigaciones, subdirectora (E) de Prácticas Comerciales y Jefe de la Oficina Jurídica, cargo que también desempeñó en el entonces Instituto Colombiano de Comercio Exterior (Incomex), entre otros.

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El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez pidió a las autoridades del Cesar y La Guajira investigar los hechos en que fueron incinerados unos centros ceremoniales, kamkurúas, de las comunidades Kankuama y Wiwa, en la Sierra Nevada el pasado mes.

A través de un documento enviado a las autoridades del Cesar y La Guajira, la Procuraduría rechazó enérgicamente estos actos y advirtió que se constituyen en serias violaciones al derecho que tienen los pueblos indígenas a ejercer libremente y sin riesgos su especial relación con el territorio, el derecho a la pervivencia étnica y física.

El ministerio público exhortó a las autoridades a diseñar un plan que garantice la seguridad integral de la Sierra Nevada.

Las kamkurúas, del pueblo Kankuamo en el corregimiento de Guatapurí y Wiwa en la cuenca del río Jerez, comunidad de Sheyamake, en el municipio de Dibulla, fueron incineradas el 17 y 18 de agosto del presente año.

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La Procuraduria ha puesto la lupa en La Guajira por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, por ello, Fabio Velásquez Rivadeneira y Dilcey Yensith Acosta, en sus condiciones de alcalde y secretaría de Educación de Riohacha, para el periodo 2016 - 2019, tendrán que explicar ante el ente de control las presuntas irregularidades con la ejecución de un contrato efectuado con la Asociación Social del Caribe que tenía como objeto apoyar el Programa de Alimentación Escolar para los niños y niñas del departamento.

El contrato del que se habla tuvo un costo de 5 mil 713 millones de pesos con vigencia 2016, se suscribió de manera directa a través de un convenio de asociación, "jornada única y establecimientos focalizados en las zonas urbana, rural e indígena del Distrito de Riohacha, La Guajira”

De acuerdo a la Procuraduria presuntamente habrían participado en actividad contractual, al parecer, vulnerando el principio de transparencia y de selección objetivo de la contratación estatal, al suscribir este convenio, teniendo en cuenta que las obligaciones que tenía Asocar eranpropias de un contrato de suministro.
La diligencia está planteada para el 14 de septiembre a las 9:00 a.m., en la sala de audiencias de la Procuraduría General en Bogotá.

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