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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a Sugeila Oñate Rosado, en su calidad de exgobernadora encargada de La Guajira por un lío con contratos de este departamento.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, Oñate Rosado, quien ejerció en ese cargo entre el 4 de febrero y el 3 de junio de 2014, habría cometido “presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones”, al parecer, profirió el Decreto 038 de febrero de 2014, a través del cual “delegó facultades al secretario de Salud Departamental para expedir todos los actos precontractuales, contractuales y pos contractuales en los procesos de selección de mínima cuantía”.

Además señaló el ente de control disciplinario que la exmandataria interina apoyó esa decisión en las facultades que se encontraban determinadas en el Decreto 042 de 2014.

La Procuraduría calificó provisionalmente la falta como gravísima a título de dolo, “Oñate Rosado, en su condición de servidora pública del más alto nivel directivo de la Gobernación de La Guajira tenía el deber de conocer los principios que rigen la función pública y las obligaciones según el cargo que ostentaba, y con mayor razón, en lo relacionado con la expedición de actos administrativos, a través de los cuales, se toman trascendentales decisiones por parte del gobierno territorial”, criticó el Ministerio Público.

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La Procuraduría General de la Nación le solicitó a las autoridades administradoras de la educación en La Guajira que tomen medidas urgentes que permitan garantizar el derecho a la educación en condiciones de dignidad y calidad a todos los niños, niñas y adolescentes matriculados en los diferentes colegios del departamento, incluyendo a los pertenecientes a la comunidad Wayúu.

Nuevamente, dentro de la solicitud enviada por la Procuraduría se advierte que las instituciones educativas y etnoeducativas de algunas zonas en esa región del país no han cumplido con los periodos educativos vigentes por lo que se constituye en una vulneración de los derechos de los menores.

La situación, según el organismo de control, se registra específicamente en los municipios de Manure y Dibulla, entre otros, por lo que no se están brindando una debida y oportuna prestación de los servicios de transporte y del Programa de Alimentación Escolar.

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La Procuraduría Regional sancionó en fallo de primera instancia a seis de los once concejales del municipio de Pailitas, sur del Cesar, por negarse a aprobar el plan de desarrollo, lo que para la administración municipal se convirtió en tropiezo.

El fallo del Ministerio Público suspende por 90 días del cargo a los concejales, Olinto Carrero, del Polo Democrático; Elías Clavijo y Elexso Trigos, del Mais; Wilmar Cuellar Pérez, Nefer Angarita y Luís Baute del partido de la U.

De acuerdo a lo que conoció la Tribuna del Cesar, los ediles fueron denunciados por el alcalde Said  Castro, bajo el  argumento que los coadministradores y representantes de las comunidades se han dedicado a torpedear las iniciativas que presenta el ejecutivo para beneficio de la comunidad y fueron los principales opositores del Plan de Desarrollo, que es la carta de navegación que tiene las administraciones para generar acciones que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la población en materia de salud, educación, vivienda, deportes y recreación, programas sociales, entre otras áreas.

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Fernando Carrillo Flórez,Procurador general de la Nación ha solicitado a la Corte Constitucional declarar el estado de cosas inconstitucionales por la crisis que afronta el departamento de La Guajira, el objetivo de esta solicitud, es que se den acciones urgentes que permitan proteger los derechos de los habitantes de esa región del país.

“las medidas implementadas hasta la fecha no están generando el impacto y los resultados esperados para brindar condiciones de seguridad alimentaria, salud, de acceso a agua potable con suficiencia y calidad”, aseveró el procurador, quien mencionó que es necesario que la Corte Constitucional asuma esta situación tras evidenciar las violaciones sistemáticas a los derechos de los habitantes de La Guajira en materia de salud, educación y acceso a servicios básicos.

Dicha solicitud fue realizada al alto tribunal tras el resultado de una comisión de la Procuraduría que evidenció que las falencias administrativas por parte de los entes territoriales se agudiza con el paso del tiempo y se convierte en una afectación sistemática en contra de los derechos de estos ciudadanos, en pesquisas se encontraron irregularidades en suministros de alimentos en PAE y otras falencias en educación.

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En el ojo del huracán se encuentra la dirigencia política del departamento de La Guajira, el procurador Fernando Carrillo designó a una comisión especial de funcionarios al departamento de La Guajira para evaluar y determinar las acciones disciplinarias que se han adelantado y las que podrían iniciarse por cuenta de la desatención y muerte de niños en esa región del país.

El objetivo de esta comisión es que en tres días a más tardar entreguen un informe detallado sobre los procesos disciplinarios relacionados con la crisis de La Guajira, “Se ordenó el desplazamiento de la Procuradora Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Sonia Téllez Beltrán, y de la jefe de la Oficina Jurídica, Catalina Balcázar, al departamento de La Guajira para que en el término de tres días, presenten a este Despacho un informe detallado con las recomendaciones de acción integral que permitan identificar el estado y avance de las investigaciones disciplinarias por los hechos relacionados con la desatención y la muerte de niños en ese departamento“, señaló el procurador General.

De acuerdo a lo versionado por la Procuraduría General,  es indispensable hacer seguimiento y acompañamiento preventivo dentro de los procesos penales que se viene adelantando por estos hechos que afecta a la población vulnerable y en el que estarían involucrados funcionarios públicos.

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A la espera de que le respondan los oficios que radicó ante la secretaria general del Concejo de Valledupar y la Procuraduría, está el actual Defensor del Pueblo del Cesar, Omar Contreras Socarras, quien frente a la nulidad de la elección de Álvaro Luis Castilla Fragoso, como Contralor Municipal por parte de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, está solicitando que agilicen su posesión al obtener el mayor puntaje durante el proceso para proveer al nuevo representante del órgano de control fiscal en la capital del departamento.

Contreras Socarras, le dijo a la Tribuna del Cesar de Radio Guatapurí que el fallo de segunda instancia que declaró la nulidad de la elección del contralor municipal de Valledupar, es clara, por lo que le solicitó a la corporación edilicia aprovechar los 10 días de sesiones extras a que fueron convocados por parte del mandatario local, para que adelanten el proceso de posesión, a fin de iniciar sus labores de manera inmediata.

El demandante también espera que la Procuraduría se pronuncie e inicie las investigaciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en el fallo de la Sección Quinta, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

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La Procuraduría Segunda Delegada para la vigilancia administrativa, la misma que destituyó e inhabilitó en fallo de primera instancia a 15 concejales de Valledupar por la elección del Contralor Municipal, ahora abrió investigación disciplinaria contra 14 de los corporados por presuntas irregularidades del Concejo en la elección de Alfonso Campo Martínez, como Personero.

El Ministerio Público acogió una queja presentada por el ciudadano Argemiro Hinojosa Ovalle, quien argumenta que en una sesión del Concejo de Valledupar radicaron una proposición donde solicitaban ampliar el tiempo para la elección del Personero Municipal, aun siendo un concurso de mérito.

La Tribuna del Cesar de Radio Guatapurí conoció que el auto de notificación fechado el 17 de noviembre de 2016, indica que de acuerdo al expediente IUS-2016-8409/838907, en decisión del 15 de noviembre de conformidad con lo establecido en la Ley 734 de 2002, ordena la investigación disciplinaria, y para efectos de notificación deben presentarse a la Procuraduría en un término no mayor a 8 días después de recibir la comunicación. También señala el oficio que los implicados pueden nombrar un defensor.

La investigación vincula a los concejales José Amiro Aramendiz, Guido André Castilla, José Rafael Gómez, Eudes Orozco, Luis Miguel Santrich, Víctor Julio Alvarado, Dorismel Enrique Celedón, Ciro Guzmán Chinchilla, Yesith Triana, Carlos Julián Picón, Jaime Bornacelly, Alex Pana, Gloria Ovalle, Wilber Hinojosa y Wilfrido Ortíz.

Quedaron por fuera de la investigación Gabriel Muvdi, Leonardo Mestre Socarras, Carlos Daza y Ricardo Vides.

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Quince concejales del periodo pasado de Aguachica fueron notificados del auto de apertura de investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación, a través de la Regional Norte de Santander y provincial de Ocaña, por  el acuerdo municipal de facultades y autorización para reestructurar la planta de personal del Municipio.

La mayoría de estos concejales son repitentes, como es el caso de: Edy Jhoana Bayona, Nahun Molina Cabiedes, Rafael molano, Carlos García, Ely Chogo, Jairo Ojeda, Juan Almanza, José Ignacio Saldaña Flores, Pedro Antonio Solano Pérez, Roque Tarquino Sánchez, José Avendaño, Wifer Reyes, Boner Contreras, a quienes el Ministerio Público formulo pliego de cargos y señaló de haber incurrido en falta gravísima al otorgar facultades para concesionar el servicio de alumbrado público.

El ente de control asegura que los ediles en su momento desconocieron sus deberes y funciones al trasgredir los preceptos de orden legal y constitucional que le fueron atribuidos en el momento de tomar posesión de su cargo. La presunta falta fue calificada provisionalmente como grave, cometida a título de culpa.

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El reciente fallo de segunda instancia (del 18 de octubre) de la Procuraduría General de la Nación que absolvió a los 15 concejales vallenatos fue un baldado de agua fría para todos los que estaban pendientes de esta decisión. Con los crespos hechos quedaron quince aspirantes a reemplazar a los quince sancionados, quienes guardaban la esperanza de que el ente de control confirmase la decisión sancionatoria. Pero no sólo ellos fueron los defraudados, también la mayor parte de la comunidad valduparense que se sintió burlada porque creía que, por fin, se iba a sentar un precedente para aquellos funcionarios que infrigiesen la ley, los cuales serían sancionados con todo el rigor sin importar su color político, su alta influencia social o los padrinos que tuviesen. No fue así.

En efecto, después de la contundencia del fallo de primera instancia del pasado 15 de junio –destitución e inhabilidad de 13 años–, muy pocos auguraban que la segunda instancia fuese a ser tan benigna con los disciplinados, en particular porque el fallo sancionatorio desnudó con pelos y señales las protuberantes falencias e irregularidades en las cuales incurrieron los quince corporados para elegir al contralor municipal de Valledupar, Álvaro Castilla Fragozo. Ciertamente, el primer fallo que consta de más de 200 páginas y fue proferido por el Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa, Gustavo Adolfo Castro Capera, tuvo como parte vital de su fundamentación dos pronunciamientos previos del órgano de control que advertían a los cabildeantes antes de la elección, las posibles irregularidades de elegir como contralor a una persona que tenía un claro conflicto de intereses para ejercer su función, habida cuenta que había sido el mayor financiador del alcalde a quien habría de vigilar. Adicionalmente, Castilla Fragoso fue quien obtuvo el menor puntaje del concurso de méritos, pues lo superaron, con creces, los otros dos ternados: Jorge Araújo y Omar Contreras Socarrás. Pese a estas dos advertencias los concejales elegieron a Castilla Fragozo.

En este sentido, en Valledupar existía el convencimiento dentro del colectivo social que de ésta los 15 concejales no saldrían inmunes. Los más optimistas contemplaban la posibilidad de que, en segunda instancia, le cambiasen la sanción de destitución por otra menor como una suspensión de dos o tres meses, suspensión que estratégicamente “coincidiría” con el periodo de receso o vacaciones del Concejo para que, en la práctica, no tuviera efectos y, finalizado dicho periodo, pudiesen reintegrarse a sus cargos. Ni al más avezado analista político le pasaba por la cabeza la opción de la absolución.

Así se volteó la arepa: votos por fallos

¿Cómo se dio este giro de 180 grados en tan corto tiempo? ¿Cómo pasó la Procuraduría de sancionar drásticamente a los 15 concejales y al contralor municipal a absolverlos en tiempo record?

El milagroso salvavidas de los concejales surgió hace 5 semanas cuando la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura conformó las cuatro ternas para proveer cuatro de las siete plazas existentes en la recién creada Comisión Nacional de Disciplina Judicial, único órgano que sobrevivió a la malograda Reforma al Equilibrio de Poderes y que reemplaza a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. De acuerdo con dicha reforma que modificó el artículo 257 de la Constitución Política, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial estará conformada por siete magistrados, tres de los cuales serán postulados por ternas enviadas por el Presidente de la República y los cuatro restantes por ternas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, todos serán elegidos por el Congreso en Pleno, lo que significa que necesitan votos tantos de senadores como de representantes.

Estas cuatro ternas fueron conformadas a finales del pasado septiembre, y en dos de ellas hay aspirantes muy cercanos al exprocurador Alejandro Ordoñez Maldonado. En efecto, en la primera terna conformada por Diomar Camacho, Jorge Caldas Vera y Jaime Moreno Acero, se destaca que tanto Diomar Camacho como Jorge Caldas Vera son actuales funcionarios de la Procuraduría: Camacho es actual procuradora delegada y muy cercana a Ordoñez. Por su parte, Caldas Vera es procurador delegado en lo penal.

Pero es la tercera terna la que acapara la atención del exprocurador. En esa terna están María Eugenia Carreño, procuradora delegada para asuntos electorales, Jhon Jaiver Jaramillo Zapata, exfuncionario de la alcaldía de Medellín y Claudia Torres Barajas, magistrada de la Sala Disciplinaria de la Judicatura en Antioquia. Naturalmente, María Eugenia Carreño es la carta por la que está jugado el exprocurador. Carreño fue una de las funcionarias más cercanas a Ordoñez en sus dos periodos y la responsable de destituir a una decena de altos funcionarios, entre ellos tres gobernadores. Por su carácter recio se ganó el apodo de “la dama de hierro”. Ha trabajado con Ordoñez desde hace más de 20 años cuando fungió como judicante en el Tribunal Administrativo de Santander, además de haber sido su estudiante en varias asignaturas. Carreño es santandereana como Ordoñez.

Como el lector podrá imaginar a esta altura, recientemente se selló un acuerdo político entre los cinco congresistas del Cesar (el senador Gnecco y los cuatro representantes) para votar a favor de las cartas de Ordoñez en las ternas presentadas al Congreso para la Comisión de Disciplina Judicial y como contraprestación la Procuraduría a través de la procuradora encargada Martha Isabel Castañeda (que aún recibe instrucciones de Ordoñez) se comprometía a revocar la sanción de primera instancia y absolver a los concejales y al contralor. Dicho y hecho. Todas las miradas apuntan al representante Alfredo "Ape" Cuello Baute, el único de los cinco parlamentarios con la suficiente sagacidad de confeccionar esta filigrana de alto turmequé y quien, además, estaba en deuda con los concejales, pues  según el dicho de un concejal que pidió reserva del nombre, en una reunión Ape le habría garantizado a los corporados que él se encargaba de la Procuraduría, por lo que no debían tener temor de votar por Castilla a la Contraloría y por Lorena Cabrera a la Personería. 

La elección de Fernando Carrillo el pasado jueves como nuevo Procurador General precipitó el cumplimiento de ese pacto. La Procuraduría filtró el fallo absolutorio el viernes por la tarde bajo la premisa de que noticia que sale el viernes muere el fin de semana. Era entendible, el fallo tenía que ser tomado antes de la votación en el congreso para suplir las vacantes de la Comisión de Disciplina Judicial.

Sin embargo, fueron tan burdos en la toma de esta decisión que ha transcendido en las redes sociales que sólo hasta el 25 de octubre, mediante resolución número 498, la Procuradora encargada Martha Isabel Castañeda decidió reasignar el proceso que adelantaba la Sala disciplinaria de la Procuraduría y otorgarle competencia a la viceprocuradora. No obstante el fallo de segunda instancia está fechado el 18 de octubre de 2016 ¿Cuál de los dos documentos es espurio? Averígüelo Vargas y ordoñese de la risa.

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En procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa, Gustavo Adolfo Castro Capera, destituyó e inhabilitó por 13 años a 15 concejales de Valledupar y al contralor municipal, en fallo de primera instancia en el proceso verbal disciplinario que les sigue el Ministerio Público por la elección de Álvaro Luis Castilla Fragoso como Contralor de la capital del Cesar, quien incurrió en conflicto de intereses por ser el representante del movimiento político que logró la elección del actual alcalde Augusto Ramírez Uhía, además fue el mayor aportante de la campaña y amigo personal del hoy mandatario.

El Ministerio Público halló merito suficiente para destituir e inhabilitar a más del 95% de los miembros del Concejo de Valledupar, al considerar que los corporados incurrieron en falta gravísima a título de dolo, porque a pesar de las múltiples discusiones en el Concejo no atendieron el grado de afectación de la función pública que se debía garantizar y solo analizaron el aporte económico del hoy Contralor y no tuvieron en cuenta la amistad Castilla Fragoso con Ramírez Uhía, elegido alcalde de la capital del Cesar.

Los concejales destituidos, quienes anunciaron que respetan la decisión de la Procuraduría, pero que no la comparten y que interpondrán el recurso de apelación que les permite la Ley, son: Víctor Julio Alvarado Bolaños, José Amiro Araméndiz Sierra, Jaime Eduardo Bornacelly Figueroa, Guido Andrés Castilla González, Dorismel Enrique Celedón Vega, Ciro Guzmán Chinchía Bermúdez, José Rafael Gómez Solano, Wilber Antonio Hinojosa Borrego, Gabriel Muvdi Arangüena, Eudes Enrique Orozco Daza, Wilfrido Ortiz Arias, Álex Pana Zárate, Carlos Julián Picón Cortés, Luis Miguel Santrich Díaz y  Yesith Triana Amaya.

La continuación de la audiencia para la sustentación de los recursos de los apoderados de los sancionados quedó programada para el 22 de junio a las 9:00 de la mañana.

En la providencia, el Ministerio Público también ordenó investigar disciplinariamente a la secretaria de Gobierno Municipal, Sandra Luz Cujia Mora; al jefe de la Oficina Municipal de Planeación, Aníbal Quiroz Monsalvo y al asesor de despacho, José Jorge Crespo, por ocultar información relacionada con el caso del proceso del Contralor.

Según el procurador delegado, los tres funcionarios se negaron a entregar información relacionada con Álvaro Castilla Fragozo y su participación en el proceso de empalme de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar.

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