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La Procuraduría pidió la nulidad de la audiencia en donde la semana pasada una jueza de Soacha, Cundinamarca, concedió la casa por cárcel a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto.
El ente de control asevera que la diligencia debía desarrollarse en Bogotá y además se hizo sin la Fiscalía y sin el propio Ministerio Público.
La Procuraduria pidió además al Consejo Seccional de la Judicatura investigar a Antonio Luis González, defensor de Pinto y quien ya era conocido por ser el fiscal a quien se le atribuye la llegada de los falsos testigos al caso Colmenares, el abogado habría omitido notificar a la Procuraduría, a la togada de la existencia de una agencia especial en el proceso e informar de la respuesta del fiscal en que informaba que se encontraba en labores investigativas en La Guajira y por eso no pudo asistir a la citación.
"La posible comisión de faltas disciplinarias por parte del abogado de la exgobernadora de La Guajira, Antonio Luis González Navarro, entre ellas, que se omitiera la notificación al Ministerio Público sobre la diligencia en el juzgado de Soacha para sustituir la medida de aseguramiento, y que también omitiera informar a la jueza de garantías la existencia de una agencia especial, así como de un correo electrónico del fiscal 28 Anticorrupción, donde le advertía que desde el 10 de octubre estaría en Maicao, La Guajira, en asuntos judiciales propios de su cargo".
Para el 1 de noviembre a las 11 de la mañana fue fijada la audiencia que solicitó la Procuraduría General de la Nación para que un juez de Bogotá decrete la nulidad de la diligencia realizada el pasado 10 de octubre donde le fue concedida la casa por cárcel a la exgobernadora de La Guajira por ser madre cabeza de familia.

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De manera desafiante la Administración de Francisco Ovale Angarita contrató con una persona, que consultado el Sistema de Información de Registros de Sanciones de la Procuraduría General de la Nación, aparece con una inhabilidad general de 12 años, para ejercer cargos públicos.

La Tribuna del Cesar tuvo acceso al certificado de antecedentes de la Procuraduría y estableció que Karina Icela Rojas Maestre, identificada con la cedula de ciudadanía n° 37555744,de Bucaramanga, está inhabilitada para ejercer cargos públicos y no obstante en el 2016, fue favorecida con el contrato de prestación de servicios profesionales, n° 2016 -02 0001, por 11 meses, por valor de 83 millones 884 mil 390 pesos, para asesorar al despacho del Gobernador en temas de políticas públicas y postconflicto.

Es de indicar que el contrato se pagó en su totalidad y luego se hizo uno nuevo, para el 2017, el contrato n° 2017-020054 y fue trasladada a la Secretaría de Salud Departamental.

La sanción contra Karina Icela Rojas Maestre se dio por irregularidades cometidas en Mocoa, ‘Putumayo’.

 

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La Procuraduría Regional del Cesar le formuló cargos a la concejala de Cambio Radical, Gloria Margarita Ovalle Aguancha, por ausentarse sin justificación de la sesión en donde se elegía Contralor Municipal de Valledupar, para el periodo 2016-2019.

El Ministerio Público estableció que Ovalle Aguancha no expreso en la plenaria del Concejo, las razones de su ausencia y porque no iba a votar, incumpliendo así el reglamento interno del cabildo.

La elección de Contralor Municipal se registró el 7 de enero de 2016.

Es de indicar que la concejala ya se notificó de los cargos.

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La Procuraduría Regional del Cesar abrió indagación preliminar contra varios funcionarios de este departamento, quienes estarían adscritos a la Secretaría de Salud local.

Con esta acción el Ministerio Público busca establecer posibles responsabilidades disciplinarias por la presunta omisión en cuanto a la vigilancia y control de medicamentos que venían siendo aparentemente falsificados, y que además fueron suministrados a 16 menores de edad en la Clínica Laura Daniela de Valledupar. Esta es la razón que habría causado la muerte de los menores de edad.

La Procuraduría espera clarificar los hechos denunciados, verificar la ocurrencia de las posibles conductas y determinar si existe responsabilidad disciplinaria por parte de los implicados.

Además de la indagación, la Procuraduría le solicitará a la Secretaría de Salud del departamento una certificación sobre las auditorias al servicio de atención médica y suministro de medicamentos realizadas al centro asistencial que prestó la atención a los menores.

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La Procuraduría General ha comunicado que ante la secretaria General de la entidad, María Isabel Posada Corpas, tomó posesión Itala Pedrazzini Losada en el cargo de procuradora Regional de La Guajira.

La entidad ha destacado en el acto de posesión que Pedrazzini Losada es abogada de la Universidad Javeriana, con especialización en derecho comercial.

Sobre su hoja de vida se dio a conocer que  trabajó 10 años en el Ministerio de Comercio, donde se desempeñó como jefe de la División de Investigaciones, subdirectora (E) de Prácticas Comerciales y Jefe de la Oficina Jurídica, cargo que también desempeñó en el entonces Instituto Colombiano de Comercio Exterior (Incomex), entre otros.

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El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez pidió a las autoridades del Cesar y La Guajira investigar los hechos en que fueron incinerados unos centros ceremoniales, kamkurúas, de las comunidades Kankuama y Wiwa, en la Sierra Nevada el pasado mes.

A través de un documento enviado a las autoridades del Cesar y La Guajira, la Procuraduría rechazó enérgicamente estos actos y advirtió que se constituyen en serias violaciones al derecho que tienen los pueblos indígenas a ejercer libremente y sin riesgos su especial relación con el territorio, el derecho a la pervivencia étnica y física.

El ministerio público exhortó a las autoridades a diseñar un plan que garantice la seguridad integral de la Sierra Nevada.

Las kamkurúas, del pueblo Kankuamo en el corregimiento de Guatapurí y Wiwa en la cuenca del río Jerez, comunidad de Sheyamake, en el municipio de Dibulla, fueron incineradas el 17 y 18 de agosto del presente año.

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La Procuraduria ha puesto la lupa en La Guajira por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, por ello, Fabio Velásquez Rivadeneira y Dilcey Yensith Acosta, en sus condiciones de alcalde y secretaría de Educación de Riohacha, para el periodo 2016 - 2019, tendrán que explicar ante el ente de control las presuntas irregularidades con la ejecución de un contrato efectuado con la Asociación Social del Caribe que tenía como objeto apoyar el Programa de Alimentación Escolar para los niños y niñas del departamento.

El contrato del que se habla tuvo un costo de 5 mil 713 millones de pesos con vigencia 2016, se suscribió de manera directa a través de un convenio de asociación, "jornada única y establecimientos focalizados en las zonas urbana, rural e indígena del Distrito de Riohacha, La Guajira”

De acuerdo a la Procuraduria presuntamente habrían participado en actividad contractual, al parecer, vulnerando el principio de transparencia y de selección objetivo de la contratación estatal, al suscribir este convenio, teniendo en cuenta que las obligaciones que tenía Asocar eranpropias de un contrato de suministro.
La diligencia está planteada para el 14 de septiembre a las 9:00 a.m., en la sala de audiencias de la Procuraduría General en Bogotá.

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En el ejercicio de la función preventiva que le corresponde ejercer a la Procuraduría Regional del Cesar, le hizo seguimiento a los requerimientos que se hicieron para evitar continuar con el desconocimiento de la normatividad relacionada con el ensanchamiento de antejardines, invasión de espacio público. Como la de una vivienda en inmediaciones de la glorieta del Pedazo de Acordeón y el monumento al ECCE HOMO.

El despacho público sugirió el nombramiento de profesionales idóneos para desempeñar los cargos de Inspectores Urbanos aptos para ejercer las funciones de curadores urbanos.

Lo anterior tiene como origen la comunicación del 24 de abril de 2017, suscrita por los curadores urbanos 1 y 2, mediante la cual se alerta de obras sin ninguna licencia, utilización de vallas publicitarias de licencia en trámite, para posteriormente abandonar la solicitud logrando con ello la evasión de pagos de impuestos, entre otras irregularidades.

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La Procuraduría Regional del Cesar, le formuló pliego de cargos a director del Área Metropolitana de Valledupar, Alfredo Rafael Saade Vergel, por revocar la funciones del asesor jurídico de la entidad.

De acuerdo al despacho público, Saade Vergel revocó las funciones del asesor jurídico del Área Metropolitana de Valledupar, Ricardo Pereira Morales.

La queja contra Saade Vergel fue presentada ante la Procuraduría por los señores Ricardo Pereira Morales, José Villalobos Niño, Margarita Morón y Hugo Sarmiento Mejía a través del escrito de 16 de junio de 2016.

En contra de la presente formulación de cargos no procede ningún recurso y se dispone que en 10 días contados a partir de la notificación de la decisión, para que procedan a los descargos respectivos.

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La Procuraduría Regional del Cesar, le formuló pliego de cargos al diputado de Cambio Radical, Julio César Casadiegos Navarro, por haber cobrado sin asistir a 112 sesiones de la Asamblea departamental.

Casadiegos Navarro dejó de asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias en el periodo constitucional de 2012 al 2015, según lo evidenció la Procuraduría a través de certificaciones expedidas por la Secretaría General de la corporación.

La queja contra el diputado de Cambio Radical fue presentante ante el Ministerio Público, por Luis Arturo Aragón Zapata.

Casadiegos Navarro presuntamente violó con su actuación una de las faltas de los diputados que es la de no asistir a las sesiones sin justa causa.

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