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La Procuraduría Provincial de Valledupar le abrió una investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Chiriguaná por presuntamente haber comprometido los recursos del municipio que regenta con un préstamo personal. Las cuentas del municipio de Chiriguaná fueron embargadas por la cuantía de $ 497.800.000 de pesos, por Gustavo Pérez Rodríguez. El proceso del cual encargaron al Personero de Chiriguaná se encuentra haciendo curso en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar. Es de indicar que la alcaldesa Zunilda Toloza indicó que la deuda era por solo 100 millones de pesos y fue a título personal y Pérez Rodríguez llenó la letra de cambio a su gusto y antojo.
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Nuevamente fue denunciado ante el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, el Procurador General, Fernando Carrillo Flórez y el Consejo Superior de la Judicatura, el penoso caso de los títulos falsos del departamento del Cesar y que ha sido engavetado en el ente investigador. La denuncia reitera que los títulos apócrifos fueron expedidos por las universidades del Atlántico, Magdalena y Popular del Cesar, entre otras. La Tribuna del Cesar conoció que hace ocho meses la denuncia fue puesta ante la Fiscalía 10 seccional, la Procuraduría y Control Interno y pese a existir evidencias como audios, la investigación no avanza.
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Actuando como defensor de los intereses de la sociedad y la ciudadanía en general, la Procuraduría Provincial de Valledupar solicitó a los alcaldes del Cesar bajo su jurisdicción garantizar la prestación del servicio de transporte escolar para los niños, niñas y adolescentes que residen en las zonas rurales y dispersas de los municipios. La Procuraduría Provincial exhortó a los alcaldes al cumplimiento de la normatividad a la vez que les solicitó un informe de las acciones que se han realizado con respecto a la solicitud presentada, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la actuación preventiva. La actuación preventiva del despacho público le fue enviada a la mayoría de alcaldes del Cesar incluido el de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía. Es de conocimiento público que en la mayoría de municipios entre estos Pueblo Bello, Chiriguaná, Codazzi, Becerril, Curumaní, San Diego, El Paso, Bosconia, Manaure, El Copey, Valledupar y La Paz, en donde hay deserción escolar por falta de transporte.
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La Procuraduría General, decretó la nulidad de suspensión al diputado Julio Casadiego. El diputado fue notificado de la decisión de segunda instancia que decreta nula la actuación disciplinaria adelantada por la Procuraduría Regional Cesar, que lo sanciona por seis meses.

La Procuraduría lo había sancionado con suspensión del cargo e inhabilidad especial para ejercer funciones públicas, por no asistir a 35 sesiones de la Asamblea del Cesar durante el periodo 2012–2015.

En primera instancia, el Ministerio Público determinó que Casadiegos Navarro, no presentó ninguna justificación por su ausencia, con lo que se apartó de su deber y su conducta fue calificada como grave a título de dolo. Sin embargo, en segunda instancia se decretó la nulidad del fallo de la Procuraduría Regional, al considerar que las pruebas que llevaron a la sanción no tenían el peso probatorio que ellos habían decidido.

 

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La Procuraduría Regional del Cesar, le hace seguimiento preventivo a las medidas adoptadas por la Alcaldía de Valledupar en aras de cumplir con la normatividad de control físico urbano.

A través de un escrito, la Procuradora Regional, Margarita Mercedes Cuenca Urbina solicitó los actos administrativos sancionatorios expendidos por la Alcaldía por el incumplimiento de las normas que rigen la materia, con sus respectivos soportes. Además pidió una relación de las actuaciones administrativas adelantadas que culminaron con archivo y cuentas que se encuentran en curso.

Cuenca Urbina pidió se le informe de manera detalla sin han procedido demoliciones en la ciudad.

El despacho público solicitó el monto de los dineros recaudados por el ente territorial por concepto de sanciones impuestas a los infractores a la ley.

Es de indicar que la información deberá ser remitida en un término de 8 días, contados a partir del recibo del documento.

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Hoy a partir de las 9:30 de la mañana, el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, citó para audiencia de fallo de primera instancia, dentro de la investigación que se sigue contra la alcaldesa Zunilda Toloza y los concejales de ese municipio por negarse al cumplimiento de un fallo de tutela del juzgado civil del circuito de Chiriguaná, del 8 de junio de 2016, que ordenaba elegir y posesionar al ganador del concurso para el cargo de personero, Pedro Miguel Peinado.

La audiencia será transmitida vía satélite para que las partes puedan presenciar y escuchar la decisión en el auditorio de la Procuraduría Regional en Valledupar. Como se recordará la alcaldesa Toloza Pérez no atendió una orden del Juez Promiscuo Municipal de Pailitas quien la exhortó a convocar a sesiones extraordinarias al Concejo Municipal para que dieran cumplimiento a la orden de tutela pero la funcionaria desatendió la orden.

La investigación fue trasladada a Bogotá desde el mes de julio del presente año como consecuencia de la audiencia que el Procurador General, Fernando Carrillo, adelantó en Valledupar a fines de mayo, durante la cual se expusieron posibles hechos de corrupción entre ellos el caso de la personería de Chiriguaná.

El pasado 4 de noviembre, por orden de otra tutela, Pedro Miguel Peinado fue elegido y posesionado como personero municipal por el Concejo municipal.

En el pliego de cargos contra los investigados, se calificó la conducta como gravísima a título de dolo, por los delitos de prevaricato y fraude a resolución judicial.

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Por cuarta vez consecutiva la Procuraduría Regional del Cesar revocó en todas sus partes la decisión de la Personaría del municipio de Codazzi, que suspendió a la gerente del hospital Agustín Codazzi, Amalia Rosa Mejía Díaz.

La Procuraduría Regional, además de revocar la decisión de la Personería Municipal del municipio de Codazzi oficio ala Provincial de Valledupar para que investigue las presuntas conductas irregulares desplegadas por Personero, Jorge Alfredo Ovalle Márquez y al alcalde, Luis Vladimir Peñaloza, en la suspensión y no darle posesión a Amalia Rosa Mejía Díaz.

La decisión de suspensión de Mejía Díaz se dio el 27 de septiembre del presente año, con fundamento en el informe del 20 del mismo mes, suscrito por Javier Enrique Sarmiento Mendoza, en su condición de gerente encargado del hospital Agustín Codazzi.

En su fallo, la Procuradora Provincial de Valledupar que en la providencia objeto de consulta no se desprenden elementos de convicción que permitan avizorar la realización de la falta y mucho menos que permitan aseverar de manera contundente con fundamento en la prueba aportada por el quejoso y el alcalde de Codazzi, la existencia de un detrimento de la hacienda pública.

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La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales luego de un derecho de petición impetrado por el arquitecto, Luis Fernando Guerra Bonilla instó al alcalde del municipio de Valledupar ejercer las actuaciones necesarias en pro del mantenimiento y conservación de la casa tipo colonial en donde funciona el Archivo Notarial Histórico y la Academia de Historia del Cesar, que de paso es propiedad de la entidad territorial.

El Procurador Delegado para Asuntos Civiles y laborales, Rodrigo Alberto Quintero Bermúdez advirtió al mandatario Ramírez Uhía que la pérdida de este inmueble ocasionaría un detrimento patrimonial al municipio con las consecuencias disciplinarias y judiciales que eso le acarrearía.

El Ministerio Público también exigió al Alcalde de Valledupar contestar los derechos de petición que le han impetrado sobre el particular e invitó a Guerra Bonilla a colocar en conocimiento de la Procuraduría de manera precisa y completa las irregularidades por parte del ente territorial.

Como es de conocimiento público la casa colonial en donde funciona la Academia de Historia y el Archivo Histórico del Cesar, se encuentra en precarias condiciones físicas y a los tres empleados les adeudan 55 meses de sueldos.

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La Procuraduría pidió la nulidad de la audiencia en donde la semana pasada una jueza de Soacha, Cundinamarca, concedió la casa por cárcel a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto.
El ente de control asevera que la diligencia debía desarrollarse en Bogotá y además se hizo sin la Fiscalía y sin el propio Ministerio Público.
La Procuraduria pidió además al Consejo Seccional de la Judicatura investigar a Antonio Luis González, defensor de Pinto y quien ya era conocido por ser el fiscal a quien se le atribuye la llegada de los falsos testigos al caso Colmenares, el abogado habría omitido notificar a la Procuraduría, a la togada de la existencia de una agencia especial en el proceso e informar de la respuesta del fiscal en que informaba que se encontraba en labores investigativas en La Guajira y por eso no pudo asistir a la citación.
"La posible comisión de faltas disciplinarias por parte del abogado de la exgobernadora de La Guajira, Antonio Luis González Navarro, entre ellas, que se omitiera la notificación al Ministerio Público sobre la diligencia en el juzgado de Soacha para sustituir la medida de aseguramiento, y que también omitiera informar a la jueza de garantías la existencia de una agencia especial, así como de un correo electrónico del fiscal 28 Anticorrupción, donde le advertía que desde el 10 de octubre estaría en Maicao, La Guajira, en asuntos judiciales propios de su cargo".
Para el 1 de noviembre a las 11 de la mañana fue fijada la audiencia que solicitó la Procuraduría General de la Nación para que un juez de Bogotá decrete la nulidad de la diligencia realizada el pasado 10 de octubre donde le fue concedida la casa por cárcel a la exgobernadora de La Guajira por ser madre cabeza de familia.

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De manera desafiante la Administración de Francisco Ovale Angarita contrató con una persona, que consultado el Sistema de Información de Registros de Sanciones de la Procuraduría General de la Nación, aparece con una inhabilidad general de 12 años, para ejercer cargos públicos.

La Tribuna del Cesar tuvo acceso al certificado de antecedentes de la Procuraduría y estableció que Karina Icela Rojas Maestre, identificada con la cedula de ciudadanía n° 37555744,de Bucaramanga, está inhabilitada para ejercer cargos públicos y no obstante en el 2016, fue favorecida con el contrato de prestación de servicios profesionales, n° 2016 -02 0001, por 11 meses, por valor de 83 millones 884 mil 390 pesos, para asesorar al despacho del Gobernador en temas de políticas públicas y postconflicto.

Es de indicar que el contrato se pagó en su totalidad y luego se hizo uno nuevo, para el 2017, el contrato n° 2017-020054 y fue trasladada a la Secretaría de Salud Departamental.

La sanción contra Karina Icela Rojas Maestre se dio por irregularidades cometidas en Mocoa, ‘Putumayo’.

 

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