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La Procuraduría Regional del Cesar, le formuló pliego de cargos al diputado de Cambio Radical, Julio César Casadiegos Navarro, por haber cobrado sin asistir a 112 sesiones de la Asamblea departamental.

Casadiegos Navarro dejó de asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias en el periodo constitucional de 2012 al 2015, según lo evidenció la Procuraduría a través de certificaciones expedidas por la Secretaría General de la corporación.

La queja contra el diputado de Cambio Radical fue presentante ante el Ministerio Público, por Luis Arturo Aragón Zapata.

Casadiegos Navarro presuntamente violó con su actuación una de las faltas de los diputados que es la de no asistir a las sesiones sin justa causa.

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En una visita relámpago, el Procurador general de la Nación Fernando Carrillo y nueve magistrados de la Corte Constitucional se reunieron con autoridades y comunidades de las etnias aruhaca, wiwa, kogui y kamkuama, en Nabusimake, para fijar el compromiso de ser garantes en los procesos de conservación ambiental de la Sierra Nevada de Santa Marta frente a la afectación que le viene causando la minería.

En la audiencia desarrollada en el pueblo sagrado o capital de la Sierra Nevada, las autoridades ancestrales reclamaron apoyo de estas entidades para que promuevan la conservación de las áreas protegidas, además rechazaron el aumento del turismo y exigieron que se cumpla con los procesos de consulta previa frente a las solicitudes de explotaciones mineras en el macizo montañoso.

El jefe del Ministerio Público dijo que los pueblos indígenas reclaman el incumplimiento de autos, sentencias y decisiones de la Corte Constitucional relacionado con la minería ilegal y la transgresión al medio ambiente. “Lo importante de todo esto es que, como el humo de la guerra no nos dejó ver la corrupción, también escondió una agenda del país que está saliendo a flote, que es la agenda del medio ambiente, de las minorías, de la producción de los ríos, del agua y de los glaciares”, indicó.

Por su parte, el presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, manifestó que la visita fue una gran oportunidad para dialogar con las comunidades de la Sierra Nevada, “es el sentido de esta visita, mostrar la disposición para oír las voces de los pueblos para plantear desde la justicia constitucional respuestas para los requerimientos de estas comunidades”, indicó.

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Mediante la resolución No 371 del 13 de julio de 2017, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, ordenó el traslado a Bogotá de la investigación disciplinaria que se sigue contra la alcaldesa de Chiriguana y 7 concejales de esa municipalidad, toda vez que el proceso es de suma trascendencia y de alta importancia para el máximo representante del ministerio público, toda vez que en la regional Cesar, las decisiones no han estado claras.

La mandataria y los concejales son investigados por el incumplimiento a un fallo de tutela de segunda instancia emitido por el Juzgado Civil del Circuito, el día 8 de junio de 2016, donde ordenaba derogar los actos administrativos que desembocaron en la elección de Luzoan Caro Padilla, como personera municipal de Chiriguaná y retomar los resultados finales del concurso de méritos para ese cargo, desarrollado por la Universidad de Cundinamarca.

El Procurador General de la Nación se había llevado la inquietud de la audiencia pública que realizó en Valledupar, donde el propio tutelante Pedro Miguel Peinado, hizo la denuncia manifestando que: "los concejales patrocinados por la alcaldesa municipal de Chiriguaná violan la ley, se burlan y desafían a las autoridades sin que nada les pase porque cuentan con la complacencia y complicidad de algunas autoridades".

En los últimos 18 meses Chiriguaná ha tenido tres personeros, Luzoan Caro Padilla, Jader Cabrera y Emilio Medina Noriega, los dos primeros encargados y el ultimo elegido mediante un nuevo concurso que ya fue demandado y se encuentra bajo estudio en el juzgado 7 administrativo de Valledupar.

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La Procuraduría Regional del Cesar instó al alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, a ejercer acciones de vigilancia y control sobre el desarrollo urbano de la ciudad, para evitar hechos que afecten los derechos de la ciudadanía.

En el ejercicio de su función preventiva, el Ministerio Público pidió al funcionario disponer con carácter urgente de mecanismos eficientes para evitar siniestros en las edificaciones, invasiones al espacio público, existencia de urbanizaciones piratas, evasión de impuestos a partir de la expedición de licencias urbanísticas e incumplimiento de las normas sismorresistentes.

La entidad solicitó la conformación de un grupo interdisciplinario de profesionales idóneos para ejercer un control urbano y posterior de obra efectivo, preventivo y correctivo.

El Ministerio Público exhortó al alcalde para que nombre, en el menor tiempo posible, los inspectores urbanos que sean necesarios, pues sobre ellos recae la adopción, en primera instancia, de las medidas correctivas relacionadas con la suspensión de construcciones y demoliciones de obras, entre otras funciones. Estos inspectores son supervisados por el Secretario de Gobierno de la alcaldía, y por lo tanto sus funciones no son ajenas a la administración municipal.

Con relación a la invasión del espacio público, la construcción irregular de techos en los antejardines de las viviendas en diferentes barrios de la ciudad,  y los daños ocasionados al monumento Ecce Homo, la Procuraduría solicitó al alcalde iniciar las acciones legales pertinentes para evitar que estas situaciones continúen ocurriendo.

La Procuraduría Regional del Cesar en desarrollo de su función preventiva realizará seguimiento a la gestión que se realice desde la alcaldía para atender adecuadamente los requerimientos planteados.

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Por supuesto incumplimiento en su obligación de protección, asistencia, atención, y reparación de la población desplazada por la violencia, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar a 20 gobernaciones y 35 alcaldías, en cuyo listado hay tres municipios del Cesar.

Aunque la Gobernación del Cesar no está en la estadística, sí aparecen las alcaldías de Valledupar, Chimichagua, y El Copey.

La Delegada para la Defensa de los DDHH inició el proceso disciplinario porque, al parecer, estas entidades, incumplieron de manera evidente e injustificada con sus obligaciones de atención integral a la población desalojada de su territorio durante el periodo 2012, 2015.

Con esta indagación se determinará si hay conducta, constitutiva de falta disciplinaria, o si están al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

De la Guajira aparecen los municipios de Maicao, Fonseca, y San Juan del Cesar.

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La Procuraduría Regional del Cesar revocó en todas sus partes la decisión de la Personaría del municipio de Codazzi, que suspendió a la gerente del hospital Agustín Codazzi, Amalia Rosa Mejía Díaz.

La decisión de suspensión de la Personería se dio mediante auto del 16 de junio de 2016.

La investigación en contra de  la gerente del hospital Agustín Codazzi procedió porque no presentó oportunamente  el plan de gestión del centro asistencial y la suspensión procedió   para que  no entorpeciera  las indagaciones siendo ella la ordenadora del gasto.

La decisión emanada del despacho de la Procuradora Regional, Margarita Cuenca Urbina, precisa que una  vez notificadas las partes la suspendida funcionaria puede reintegrase a su cargo.

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El concejal de Becerril, Ronny Vargas Jiménez fue inhabilitado por 10 meses para ocupar cargos públicos tras sentencia de la Procuraduría Provincial de Valledupar.

La determinación se tomó en base a la denuncia que hizo José Alfredo Alcocer Cárcamo, quien fungía en el 2016 como presidente del Concejo Municipal de Becerril, a quien maltrató verbalmente con calumnias e injurias de acuerdo al demandante.

El hoy disciplinado por la Procuraduría habría arremetido de palabras a su similar, durante las sesiones ordinarias y extraordinarias llevadas a cabo los días 8 de febrero y 28 de septiembre de 2016 en el recinto del concejo.

El ente de vigilancia manifestó que la conducta de Vargas Jiménez fue irregular y calificó la falta como grave a título de dolo, al vulnerar el artículo 35 de la ley 734 de 2002 dando mal ejemplo a su comunidad con el cumplimiento de las normas.

Contra el fallo en primera instancia procede el recurso de apelación, el cual debe sustentarse verbalmente.

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Tras el caso de intoxicación masiva de niños de un CDI ubicado en Maicao, La Guajira, registrado en días pasados, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia le solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar medidas contundentes que garanticen el derecho a la salud y la alimentación de la población infantil de La Guajira.

Expresamente el ministerio público dirigió una misiva a la directora del Icbf, Cristina Plazas, donde se refería a los casos de intoxicación que en total fueron 49, tras ingerir un alimento en mal estado y las condiciones en las que se encuentran los hogares comunitarios visitados hoy en el departamento, allí la Procuraduría destacó que en cinco hogares comunitarios de Riohacha, se encontró que el transporte de alimentos se efectúa en condiciones precarias, sin la debida cadena de frío y pasando por alto los protocolos que garanticen la conservación óptima para el consumo humano.

Fue por ello que Sonia Patricia Téllez Beltrán, Procuradora Delegada, requirió, a través del órgano de control al ICBF un informe detallado acerca de los mecanismos utilizados para prevenir estos hechos y de la interventoría a los operadores de estos hogares, solicitando además hacer las respectivas correcciones para no repetir la emergencia.

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La Procuraduría Regional del Cesar a cargo de  Margarita Mercedes Cuenca Urbina inició desde el 8 de marzo del presente año, una actuación preventiva contra el alcalde del municipio de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía,  a raíz de unas denuncias presentadas  por los  curadores Urbanos,  Augusto Orozco Sánchez e Iván Zuleta Fuentes y ratificada en la audiencia ciudadana con el Procurador, Fernando Carrillo Flórez, en su reciente visita a esta ciudad.

Los curadores  denunciaron ante la Procuraduría  Regional, las falencias en el control urbano en lo correspondiente a los impactos negativos producidos al medio ambiente, a la violación al derecho  fundamental al debido proceso, a la salud  y a la vida, además a la violación a las normas de previsión de desastres por permitir la construcción  sin el cumplimiento de las normas sismoresistente.

En la actualidad la Procuraduría evalúa  una respuesta  del señor Alcalde, para ver si adopta los correctivos  del caso  o se inician  las acciones  disciplinarias a que haya lugar.

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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a Sugeila Oñate Rosado, en su calidad de exgobernadora encargada de La Guajira por un lío con contratos de este departamento.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, Oñate Rosado, quien ejerció en ese cargo entre el 4 de febrero y el 3 de junio de 2014, habría cometido “presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones”, al parecer, profirió el Decreto 038 de febrero de 2014, a través del cual “delegó facultades al secretario de Salud Departamental para expedir todos los actos precontractuales, contractuales y pos contractuales en los procesos de selección de mínima cuantía”.

Además señaló el ente de control disciplinario que la exmandataria interina apoyó esa decisión en las facultades que se encontraban determinadas en el Decreto 042 de 2014.

La Procuraduría calificó provisionalmente la falta como gravísima a título de dolo, “Oñate Rosado, en su condición de servidora pública del más alto nivel directivo de la Gobernación de La Guajira tenía el deber de conocer los principios que rigen la función pública y las obligaciones según el cargo que ostentaba, y con mayor razón, en lo relacionado con la expedición de actos administrativos, a través de los cuales, se toman trascendentales decisiones por parte del gobierno territorial”, criticó el Ministerio Público.

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