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Personas en calidad de víctimas del conflicto se quejan por la lentitud en que avanzan los procesos de reparación y asistencia humanitaria en la llamada UAO a donde algunos llegan sin que logren concretar el periplo de sus casos.

Una de estas personas quien se identificó como Mayra Torres narró a los periodistas de la Tribuna del Cesar que ya perdió la cuenta de cuantos viajes ha hecho a Valledupar de la zona rural de La Paz pero nunca ha obtiene una respuesta satisfactoria.

Narró que fue desplazada por grupos paramilitares y le tocó rodar por varias partes del Cesar, hasta que hace un par de años logró hacer la declaración respectiva de su caso y  de su familia, dice que más tarde le dieron la carta de víctima lo mismo que la resolución y eso fue en 2015 sin embargo no la han vuelto a llamar.

Pide a la Unidad de Víctimas que aceleren esos casos para descongestionar las oficinas que de acuerdo a su criterio, atienden primero a los que nada han tenido que ver con el conflicto y sin embargo,  son a los primeros qua asisten e indemnizan.

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A 52 mil millones de pesos asciende el gasto del departamento de La Guajira en procesos judiciales, esto según dio a conocer el jefe de la Oficina Jurídica Gregorio Gutiérrez Torres por falta de una  defensa jurídica efectiva.

Gutiérrez explicó cuando llegó al cargo hace unos tres meses, encontró 392 expedientes, muchos de los cuales no tenían apoderados, ni existía defensa judicial por parte del departamento, lo cual "generó el pago de unas acreencias que ni siquiera debían ser pagadas, si hubiera habido una actividad jurídica".

Aseveró el funcionario que varias acreencias se hubieran podido evitar por lo menos con un escrito hecho por un abogado recién egresado de alguna facultad, “La mayoría de los procesos son de carácter ejecutivo en los sectores de salud, educación o de indexaciones laborales” agregó Gutiérrez.

Adicional al problema anteriormente mencionado  hay un débil manejo del archivo departamental, por lo que les ha tocado reconstruir los insumos para atender la defensa del departamento, "buscando la manera que a través de la ley se puedan hacer revisión de los conceptos jurídicos".

También se habló de la existencia de los llamados archivos invisibles, que son expedientes existentes en las dependencias de la rama judicial, que no tienen defensa y hay que rescatarlos para defender los intereses del departamento.

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Un promedio de 35 mil procesos represados quedarán en los Juzgados del departamento del Cesar, por la vacancia de la rama judicial que inicia a partir de hoy a las 6 de la tarde.

Durante la vacancia judicial en el caso del Palacio de Justicia de Valledupar solo funcionarán normalmente los juzgados penales municipales de control de garantías, para las legalizaciones de captura, y los de conocimiento, entre los que se destaca el Juzgado Único Penal Especializado del Circuito y las demás dependencias de la Fiscalía General de la Nación.

También seguirán laborando la sala administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, los juzgados de menores, penales municipales, especializados, de ejecución de penas y medidas de seguridad.

Los juzgados promiscuos municipales de familia en Aguachica y Chiriguaná, quedarán funcionando. Mientras que los casos penales que lleguen a Bosconia, Codazzi, El Copey, Manaure, San diego y La Paz se ventilarán en Los Juzgados de Control con Funciones de Garantías de Valledupar.

Las labores en la Rama Judicial volverán a la normalidad el próximo 12 de enero.

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En la sala de juntas de Comfacesar de el municipio de El Copey se reunieron  el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC Territorial Cesar, Nolín Humberto González Cortés, con el alcalde electo de ese Municipio, José Luis Nieves Pérez con quien habló sobre catastro, POT, suelos, titulaciones y otros aspectos

El propósito fue el de construir agenda de trabajo para tratar temas de restitución, formalización y desarrollo rural en esa localidad. González Cortés insistió en una implementación  de políticas de tierras y desarrollo rural como un trabajo interinstitucional, para que todos puedan trabajar mancomunadamente.

Particularmente se le explicó al alcalde entrante de El Copey  acerca de los beneficios que le traerá la actualización catastral en su territorio, le recordó que con base en el Estatuto de Rentas, él se puede reunir con el Concejo para fijar las tarifas del impuesto predial, para aplicarlas en la población.

A esta municipalidad le urge entrar en la norma, puesto que esa labor el IGAC la llevó a cabo en el 2007 en el sector urbano y en el 2011 en el rural, es tiempo de actualizar, se le recordó.

Este municipio tiene 9 mil 507 predios, de los cuales el 59.85% se encuentran sin matrícula inmobiliaria, el 56.43% se localiza en el sector  corregimental, el 27.45% en el urbano y el 16.12% en el rural.

 

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