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La Procuraduría Provincial de Valledupar le abrió una investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Chiriguaná por presuntamente haber comprometido los recursos del municipio que regenta con un préstamo personal. Las cuentas del municipio de Chiriguaná fueron embargadas por la cuantía de $ 497.800.000 de pesos, por Gustavo Pérez Rodríguez. El proceso del cual encargaron al Personero de Chiriguaná se encuentra haciendo curso en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar. Es de indicar que la alcaldesa Zunilda Toloza indicó que la deuda era por solo 100 millones de pesos y fue a título personal y Pérez Rodríguez llenó la letra de cambio a su gusto y antojo.
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La Procuraduría Provincial de Valledupar aperturó una indagación preliminar contra la inspectora urbana del municipio, Yomaira Armenta Vega, por dilaciones en un proceso de uso de suelo por parte de la EPSI DUSAKAWI.

La Tribuna del Cesar conoció que se presentó un presunto incumplimiento de la normatividad Referente al uso reglamentario del suelo por parte de la EPSI, concretamente los ordenado en la resolución N° 015 del 5 de diciembre de 2017, por medio de la cual se ordenó la reubicación de DUSAKAWI, ubicada en el inmueble ubicado en la carrera 6 # 10-65 del barrio Novalito.

El despacho público también indicó que se observa un posible incumplimiento de los deberes de Armenta Vega, en razón que no dio respuesta aún oficio de la Procuraduría Regional del Cesar, ni solicitó información para el cumplimiento de lo ordenado.

La Procuradora Provincial, Rosalba Rangel Díaz precisó que la inspectora será escuchada en versión libre y espontánea y se le indicará la fecha y hora en que se realizará la diligencia.

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Al Tribunal Superior de Valledupar Sala Penal fue traslado el proceso donde está vinculada Ana Iris Batista, acusada por homicidio para que resuelva la apelación presentada por la Fiscalía 16 Seccional , en desarrollo de la audiencia preparatoria donde el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de Conocimiento le negó la inclusión del audio con el testimonio de una mujer fallecida, vinculada al proceso que se auto incriminaba.

El abogado de defensa de la sindicada, José Luis Castro Machuca, solicitó la inclusión de 14 pruebas testimoniales; mientras que el ente acusador 22.

Ana Iris está acusada supuestamente de mandar asesinar a su esposo el militar Julio Eliécer Gámez Bracho, en el restaurante la Olla Vallenata ubicado al norte de la ciudad, el 17 de agosto del año 2010.

El proceso no continuará hasta tanto el Tribunal no resuelva la petición.

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La presidenta de la Asocomuna Cinco , Rubiela Gutiérrez, indicó a la comunidad del barrio La Nevada que culminó el proceso de mejoramiento de la Junta de Acción Comunal.

El auto declarativo se encuentra publicada en la Casa de la justicia y el mismo contiene las firmas de las 3.060 personas que fueron desafiliadas de los libros de la JAC de La Nevada por las novedades encontradas en la depuración: cómo son los cambios de domicilio, fallecimiento, doble registro, sin firma; entre otras.

El  término para reclamar: Son hasta el 25 del presente mes; ante la Comisión de Convivencia y Conciliación de Asocomuna Cinco.

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Cuando ya casi se cumple un año del anuncio de intervención por parte del Gobierno a la empresa Electricaribe, interventor en el caso, hace un balance de lo que se ha logrado con esta acción respecto a la entidad y sobre todo lo que podría con la misma tras este proceso en cuanto a recaudo y prestación de servicio de energía.

Se anuncia que con la interventoría se ha logrado mejorar en tema de recaudo, “En marzo se ordenó la liquidación de Electricaribe, digamos que con la intervención se ha mejorado en tema de recaudo en 1.2%, se sigue prestando el servicio, al margen de eso el fondo de la intervención era mirar las medidas a tomar frente al diagnóstico que se pudiera presentar, también había que mostrar la solución a pactarse, al decir del mismo Gerente interventor en los próximos dos meses debe tenerse no solo socializado sino decididas las soluciones que deben implementarse en la empresa para que en mayo de 2018 se dictamine quien seguirá operando Electricaribe” indica José Antonio Larrazábal.

Se puede decir que este es un periodo de transición respecto a que se están tomando las últimas medidas frente a cualquier solución, “Es cierto que quien venga debe tener un plan de inversiones agresivo, se necesita 1.4 billones en inversión en 4 años, es algo de lo que dice el interventor, parece que los españoles aun pueden recuperar su empresa, se dice que si es rentable por lo que representa en tema de suministro de energía, que bien planificado debe dar resultado siempre y cuando se tenga un importante músculo financiero sobre todo en los primeros años de inversión,  en la medida en que estas se hagan y se robustezca la infraestructura que requiere la compañía las cosas pueden ir mejor” explica el analista.

Aunque el avance puede ser no muy significativo, es ‘algo’, haber mejorado el tema del recaudo en un 1.2% es de gran valor económico, habida cuenta que un punto porcentual de mejora representan 40 mil millones al año y en ese sentido esta hoy en 84.3% mientras el año pasado estaba en 82%.

 

Escuche aquí análisis completo:

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Fueran puestas en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia una serie de aparentes irregularidades que se vendrían presentando en la península en lo referente al proceso penal que se sigue contra la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto.
La advertencia tiene que ver con la llamativa negación del Tribunal Superior de Riohacha, según se denuncia ante la Fiscalía, de acceder a la solicitud del ente investigador de cambiar la radicación del proceso, pues se lleva actualmente en un juzgado de Maicao, en La Guajira, a pesar de que hay varios testigos locales amenazados. 
Cita la Fiscalía que tiene que ver con el hecho de que el juzgado de primera instancia remita al Tribunal la solicitud de cambiar el lugar del proceso el 19 de julio pasado y el recibido del Tribunal se suscriba el 24 de julio y, sin embargo, el reparto hubiera sido efectuado el 21 de julio, de acuerdo con el ente de control penal, se hizo el reparto del magistrado del caso antes de que el oficio del juzgado llegara al Tribunal.
El fiscal 28 Anticorrupción, Carlos Castañeda, en la audiencia de acusación ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Maicao, La Guajira, realizada el pasado 19 de julio, pidió que el proceso saliera de la península, el investigador señaló, por ejemplo, que podía haber afectaciones al orden público por las manifestaciones populares que se han suscitado en casos emblemáticos , además, puso de presente el fiscal que por la influencia política de Pinto se dificultaría el proceso en la península. 
De otra parte, podrían violarse las garantías procesales, pues ha habido varios testigos amenazados que no irían a declarar por temor.

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El Consejo Superior de la Judicatura definirá si Enoc Clavijo exgerente de la EPS Dusakawi y Hernan Osorio Villero, su hijo Hernán Osorio Sarmiento y Jean Carlos Beleño Calderón son procesados por jurisdicción indígena.

La decisión se desprende de la solicitud presentada ante el Juzgado Quinto Penal, por los abogados de las víctimas para que sean juzgados de acuerdo a la normatividad indígena, dado que fue presentada una objeción por conflicto de jurisdicción.

El juicio de acusación quedó temporalmente suspendido hasta que sea resuelta la petición.

Clavijo y Osorio son investigados por los delitos de peculado en concurso homogéneo sucesivo y asociación para cometer el delito contra la administración pública por la posible sustracción de más de $3 mil 900 millones de la salud de las comunidades arhuacas, wiwas, kogui, kakuamas y yukpas, con asentamientos en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.

De acuerdo con la investigación, en su calidad de gerente, este sujeto desvió los dineros a empresas fachadas a nombre del contratista como si fueran para el pago de suministros de medicamentos y transporte de enfermos que nunca se realizaron.

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Hoy 4 de agosto será la ceremonia durante la cual 451 personas recibirán por parte de la Agencia para la Reincorporación y Normalización el certificado que los acredita que han cumplido con todos los requisitos de su proceso de reintegración a la sociedad.

El acto se cumplirá en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez a partir de las 9 a.m. El protocolo será simbólico como demostración de la voluntad de hombres y mujeres que una vez estuvieron involucrados en el conflicto, y que durante los últimos años se han dedicado a trabajar por sus comunidades, cerrando un ciclo, para darle paso a un nuevo comienzo.

Con este nuevo grupo, ya son 965 los reintegrados que han culminado su proceso de reintegración con la ARN Cesar- Guajira, dijo Angélica Agámez, coordinadora de la ARN Cesar- Guajira.

Cada uno de los acreditados realizó 80 horas de servicio social. La mayoría de los trabajos estuvieron enfocados en el embellecimiento del espacio público, le siguieron la generación de espacios de recreación, arte, cultura y deporte y las iniciativas de recuperación ambiental.

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La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, antes Agencia Colombiana para la Reintegración, quiere hacer un balance de las actividades cumplidas en el Cesar en materia de reintegración de excombatientes en esta zona del país-

Para esto, adelantará este viernes 4 de agosto, un evento de culminación de un grupo de reintegrados que terminan su proceso con la entidad. El acto se llevará a cabo a partir de las 9:00 AM en la Biblioteca Pública Departamental Rafael Carrillo Lúquez.

Estas personas culminaron su proceso de reintegración, por eso se quiere mostrar sus cambios primordiales, para que así se les pueda abrir un camino de prosperidad y cambios con la articulación del sector privado, público y organizaciones de base en aras de la construcción de la paz.

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Varios propietarios de lotes y viviendas en el barrio La Popa de Valledupar no han podido legalizar sus predios por lo que ellos laman parsimonia o falta de interés de Fonvisocial en donde muchos dicen haber acudido con el fin de escriturar los terrenos pero no ha sido posible.

Ese sector con más de cuatro décadas de haber sido urbanizado luego de un negocio predial hecho por la Alcaldía y sus propietarios, en su gran mayoría no tienen escrituras a pesar de que varios inmuebles han sido negociados.

Uno de los perjudicados que pidió omisión de su nombre, narró a la Tribuna del Cesar que negoció su casa en la calle 15B dejando un deposito al comprador para que lo hiciera efectivo cuando le legalizaran la tenencia pero desde el 2013 viene solicitando tal escrituración y pese a visitar esas oficinas y de cruzar varias misivas, no le han resuelto la situación.

Ante esta situación está pidiendo la intervención de la Alcaldía para que se solucione este impase que de paso beneficiará a otros tenedores que están en la misma situación, lo que de paso entraría a fortalecer el recaudo de impuestos para el municipio.

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