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La Corte asumió el estudio de la tutela y falló a favor de las comunidades indígenas que habitan el sector de El Arroyo, por encontrar que es necesario que la Agencia Nacional de Tierras proceda a responder a la petición de las comunidades Santa Rosa y Arroyo Guerrero que piden conformarse como resguardo para lo cual se dio un plazo máximo de 18 meses. 
El caso llegó a la Corte Constitucional por una tutela que interpusieron Gonzalo Sánchez Bonivento como autoridad tradicional de la Comunidad de Arroyo Guerrero y Rosa Matilde Epiayu, autoridad tradicional de la Comunidad de Santa Rosa contra múltiples entidades estatales pidiendo el reconocimiento de la comunidad Wayúu ubicada en el margen izquierdo de la vía que de Riohacha conduce a Camarones. 
Entre tanto, se ordenó a la alcaldía de Riohacha y a los inspectores de policía de esa ciudad que suspendan la realización de actuaciones y procesos de desalojo que actualmente se encuentren en curso en contra de las comunidades. 
Como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia precisó que sería fácil corroborar la cronología de la ocupación del predio con la presencia de un cementerio propio realizando pruebas de Carbono 14 en las tumbas que la comunidad indique son las más antiguas”, la Corte ordenó a ese Instituto, a Medicina Legal y a la Fiscalía que en cinco días inicien los procesos administrativos necesarios para hacer esa prueba. 
Igualmente, como este proceso ha motivado amenazas y denuncias de agresiones, la Corte ordenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección que en 10 días se haga un proceso de diagnóstico de las condiciones de seguridad de quiénes interpusieron la tutela, como de los líderes de la comunidad. 
Pero además le solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría General que investiguen una serie de denuncias que se presentaron a lo largo del proceso por parte de quienes presentaron la tutela y de la familia Epiayu que alegan la existencia de un interés por desalojarlos del lugar. 
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Líos por linderos entre el Cesar y Norte de Santander han motivado diversos encuentros en aras de solucionar el litigio que dejaría a los corregimientos de Aguas Claras, Pueblo Nuevo, Agua de la Virgen, Mariquita y 10 veredas del municipio de Ocaña como jurisdicción del Cesar.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), asegura que al menos 84 predios, de acuerdo con las nuevas cartas catastrales, pertenecerían al departamento del Cesar.

Por este hecho, el representante a la Cámara, Ciro Rodríguez Pinzón citó ante la Comisión de Ordenamiento Territorial al director del IGAC, Juan Antonio Nieto, para que explicará las razones técnicas que dieron origen a esa situación.

En la diligencia el congresista explicó con documentos, que estos predios representan para el municipio hace más de 120 años de historia cultural, económica, política y religiosa para Ocaña.

Se prometió por parte del IGAC, un nuevo estudio donde se tenga en cuenta la participación de las comunidades y diferentes actores de la región, para conocer si están o no de acuerdo con la segregación de estos terrenos.

En los argumentos entregados por el IGAC, todo este lío limítrofe parte desde el año 2013, cuando se entregó una licencia para que funcionara una estación de gasolina como si estuviese en Ocaña, cuando en realidad los terrenos pertenecían al departamento del Cesar, es por ello que desde allí comenzó la duda para el IGAC sobre los demás predios limítrofes de Ocaña.

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La Unidad de Restitución de Tierras devolvió los predios La Cabaña y La Revancha en jurisdicción de Casacará en Codazzi luego de que habían sido desalojados sus propietarios por grupos armados en el año 2001.

En ese episodio murió una mujer a manos de paramilitares al mando de Oscar José Ospino Pacheco, alias Tolemaida, lo que precipitó la salida de todos.

Dijo una de las propietarias, a quien se le protege la identidad, que la acción violenta le costó la vida a una de sus hermanas, y además, se hurtaron el ganado y los enseres de las dos parcelas que para la época hacían parte de las propiedades de los hermanos Villanueva Leiva.

Desde 1996, las Farc hicieron presencia en la zona, hasta el 2001, cuando las Autodefensas incursionaron en el corregimiento de Casacará, acusando a las personas de colaboradores de la guerrilla e infundiendo el terror en los campesinos, o que obligo el desplazamiento y muerte de algunos.

El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Cesar y La Guajira, Jorge Enrique Chaves, aseguró que con esta nueva entrega de predios, se garantiza los derechos de todos los vinculados a este proceso.

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Después de haber estado en Valledupar el pasado fin de semana entregando obras en el barrio Nuevo Milenio, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Pumarejo, prometió seguir con más beneficios para otros sectores de la ciudad.

Este plan para el mejoramiento integral de barrios llegará tras la firma de un convenio de cooperación para la legalización de predios en favor de adjudicatarios, beneficiarios y ocupantes, de los barrios de Villa Miriam, Garupal y el Eneal.

La promesa es para titular más de 450 predios que beneficiarán a más de tres mil personas. De otro lado, el ejecutivo anunció que dentro de muy pocos días Findeter adjudicará la obra del tanque elevado de 20 mil metros cúbicos que va a dar una mejora calidad y continuidad de agua en Valledupar.

Aseguró que, en el Cesar, hay muchas viviendas en construcción, alguna de las cuales serán para las familias desplazadas, ya sea mediante el programa de gratuidad o de subsidios.

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Unas 3 mil 700 familias de Valledupar podrán cristalizar sus sueños de legalizar sus casas, las que han venido habitando por más de 30 años pero que no habían tenido la oportunidad de sacar sus escrituras.

Esta semana se inició con el proceso de titulación de predios por el barrio Francisco de Paula, en donde se favorecerán 40 familias del sector según informó el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Fonvisocial

Los compromisos de legalización incluye consolidar la información de manera individual y establecer los tiempos para la entrega de los títulos con la participación activa de la misma comunidad y sus líderes locales.

En otros sectores de Valledupar que tienen el mismo inconveniente, llegará esta oferta para que esas familias puedan hacer inversiones en sus estructuras y respirar tranquilos como verdadero propietarios de sus residencias. Para este año se espera llegar a 32 barrios con el programa de Titulación.

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Varios propietarios de lotes y viviendas en el barrio La Popa de Valledupar no han podido legalizar sus predios por lo que ellos laman parsimonia o falta de interés de Fonvisocial en donde muchos dicen haber acudido con el fin de escriturar los terrenos pero no ha sido posible.

Ese sector con más de cuatro décadas de haber sido urbanizado luego de un negocio predial hecho por la Alcaldía y sus propietarios, en su gran mayoría no tienen escrituras a pesar de que varios inmuebles han sido negociados.

Uno de los perjudicados que pidió omisión de su nombre, narró a la Tribuna del Cesar que negoció su casa en la calle 15B dejando un deposito al comprador para que lo hiciera efectivo cuando le legalizaran la tenencia pero desde el 2013 viene solicitando tal escrituración y pese a visitar esas oficinas y de cruzar varias misivas, no le han resuelto la situación.

Ante esta situación está pidiendo la intervención de la Alcaldía para que se solucione este impase que de paso beneficiará a otros tenedores que están en la misma situación, lo que de paso entraría a fortalecer el recaudo de impuestos para el municipio.

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La Unidad de Restitución de Tierras devolvió predios dos familias campesinas en Pailitas sur del Cesar, quienes habían salido despavoridas de sus propiedades debido al conflicto armado.

La entrega se hizo por parte del Juzgado Tercero Especializado en Restitución de Tierras, que otorgó los títulos de los predios San José y La Nueva Dicha, ubicados en la zona rural del municipio de Pailitas.

Fueron 100 hectáreas de tierra, las entregadas tras 12 años de reclamos y de deambular sus dueños por varias partes del país en calidad de desplazados.

Los legítimos dueños que hoy retornan, se fueron por las amenazas e intimidaciones de paramilitares que lograron la suscripción de las escrituras públicas sobre los predios en febrero de 2006.

 

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En cumplimiento de las funciones que le otorga la Constitución Política de Colombia, el Contralor Municipal Omar Contreras Socarras, comenzó hacerle seguimiento al proceso jurídico que pretende recuperar un predio de la Terminal de Transportes de Valledupar, que es requerido por un particular.

El representante del órgano de control fiscal, visitó en compañía del gerente de la Terminal de Transportes, José María Gutiérrez Baute, el predio en litigio y aseguró que no declinará hasta conseguir que los predios sean restituidos al municipio sin ningún tipo de problemas jurídicos.

Contreras Socarras, también exhortó al alcalde de Valledupar para que no baje la guardia en la defensa de los bienes del municipio, ya que hay muchos avivatos que están utilizando todo tipo de artimañas para quedarse con las áreas de sesión y otros predios que son de propiedad del municipio de Valledupar.

“Hay un sin número de lotes que hoy están en discusión jurídica para determinar si son o no del municipio de Valledupar, por lo que vamos a arreciar nuestra actuación fiscal en busca de recuperar estos predios que nunca debieron de la propiedad del municipio”, expresó Contreras Socarras.

Por su parte, el gerente de la Terminal de Transportes José María Gutiérrez Baute, indicó que el apoyo del Contralor es de mucha importancia porque ya no estará solo defendiendo los bienes de la Terminal, sino con el órgano de control se puede ejercer mayor presión para la recuperación de los predios que unos particulares quieren arrebatarle al municipio.

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De acuerdo a la última actualización catastral de Valledupar, hecha por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,  el número de predios en esta ciudad es de  92 mil 744 en el sector urbano, 8 mil 942 en el rural y 8 mil 308 en el corregimental, para un total de 109 mil 994 predios.

Lo que permitió la localización de 11 mil 392  predios más, razón por la cual se presenta  un aumento en el recaudo del impuesto predial lo que da fortalecimiento de las finanzas municipales.

Según informe del jefe de Recaudo Municipal de Valledupar, Javier Ricardo Osorio Martínez, la actualización permitió recaudar por concepto de impuesto predial 64 mil 163 millones 265 mil pesos; suma muy superior a los 36 mil 373 millones 789 mil 358 pesos  que pagaron los  vallenatos durante el año 2014 y a los 26 mil 413 millones 537 mil 685 pesos que pagaron en el 2013.

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Desde las apariciones de los grupos armados en el norte del Cesar siempre ha sido noticia la parcelación El Toco, cuyo entorno  estuvo frecuentado tanto por guerrilleros como por paramilitares lo que causó un desplazamiento masivo.

Por intermediación de la Unidad de Restitución de Tierras, son varios los campesinos que están recuperando esos terrenos que por culpa de la violencia tuvieron que abandonar.

El retorno a esa región cercana a Los Brasiles, jurisdicción de San Diego, Cesar, se viene cumpliendo luego de la demostración de la propiedad y el protocolo y fallo de los jueces de la República

Uno de los casos fue el de una señora de 61 años, quien fue beneficiada con sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Tierras, el 11 de febrero de 2013. El predio entregado fue la Parcela 16, ubicada en el mencionado corregimiento.

Desde el 22 de abril de 1997, tras la incursión de paramilitares, esta señora salió junto a su familia dejando sus tierras abandonadas, ahora recuperó su predio y recibe además los beneficios de asistencia para generar producción agrícola.

Ella y otros beneficiarios recibieron recientemente una capacitación para adelantar un proyecto productivo, a la que asistieron miembros de la Dirección Territorial Cesar-Guajira y la Organización de Naciones Unidas quienes les hablaron sobre el tratamiento de bosques para la siembra y la construcción de albercas campesinas con materiales reciclables.

 

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