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Los trabajadores del hospital Armando Pabón López permanecen en paro por el no pago de sus salarios, reclaman de parte de los directivos la cancelación de varios meses de sueldo.
La deuda viene pendiente de las vigencias 2015-2016 y el año en curso por ello los empleados han decidido sostener el paro de manera indefinida hasta ver solucionada la problemática.
Los agremiados en el sindicato, Sindes, siguen a la espera del pago de sus honorarios luego de que el pasado primero de noviembre enviaran un comunicado a la gerencia recordando el compromiso sin embargo no han visto solución alguna lo que los lleva a seguir sin prestar sus servicios como presión a las directivas para que les cancelen lo pendiente.
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Acreedores de los cuatro puntos cardinales del país se concentraran hoy en Bosconia a exigir a la constructora Ariguaní la cancelación de 184.000 millones de pesos, según lo expresó el empresario del transporte, Oliver Velásquez.

El alcalde de Bosconia, Juan Aarón indicó que había permiso para una reunión en la casa de la cultura en donde los transportadores, hoteleros, dueños de talleres, almacenes de repuestos, estaciones de servicios y restaurantes exigirán el pago de la deuda.

Se estableció que si no hay una respuesta positiva en materia de pago se tomaran la troncal de Oriente y ahora anuncian para hoy en taponamiento de la vía férrea.

El empresario Oliver Velásquez advirtió que los propietarios de volquetas son los mismos de las tractomulas, quienes anunciaron el bloqueo de las vías de San Alberto a Bosconia y de Valledupar hasta El Carmen de Bolívar.

Además a los transportadores de Bosconia les adeuda Conalvía 94.000 millones de pesos.

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Los acreedores de la Ruta del Sol Tres denuncian incumplimiento en el plazo de pagos pactados en anterior paro, por lo que anuncian que nuevamente estarán paralizando esta importante vía para que les cumplan.

A pesar de los esfuerzos, miembros de la contratista de Yuma Concesionaria que participaron durante dos días de una reunión en la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, para buscarle una salida a la problemática generada en la región por falta de pago de una deuda que ya supra los 184 mil millones de pesos, aun no se vislumbran soluciones.

Es por eso que los contratistas de la Ruta del Sol sector tres inmersos en una verdadera crisis económica por la falta de pago por parte de Yuma Concesionaria, están gestando otras medidas de hecho para presionar el pago.

Una de las salidas de las empresas concesionarias y la ANI, es la de liquidar el contrato, lo que, sería fatal para los contratistas porque se genera una gran incertidumbre ante la falta de pago de la multimillonaria deuda.

El próximo 12 de octubre, los contratistas, empresarios, microempresarios, profesionales y obreros, realizarán una reunión en Bosconia para definir las acciones para finiquitar un futuro paro.

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Empleados del Hospital Local de Aguachica siguen esperando la voluntad del gobierno municipal de Aguachica para que les desembolsen el sueldo de diciembre de 2015. Han pasado 20 meses y no les pagan esa mesada, pese a los compromisos que se han pactado.

La deuda viene desde cuando hacían parte de Sintrasacol que era la entidad que administraba sus pagos, el gerente dice que eso ya no es de su competencia por lo que debe ser la Alcaldía que desembolse.

A pesar de que se hizo un compromiso hizo en el concejo de Aguachica cuando se rindió informe, pero nada que les cumplen.

Los empleados dicen estar desamparados porque no saben a quién exigirle debido a que esa Cooperativa sindical a la que estaban afiliados, ya dejó de prestar sus servicios en este municipio.

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Con sentencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, se ratificó la decisión a través de la cual la Sección Tercera, del Consejo de Estado, declaró nulo un contrato celebrado por el Departamento del Cesar que lo obligaba a pagar una cuantiosa suma de dinero.

El hecho se remonta a 1999, cuando el Cesar hizo un contrato con el propósito de hacer valer sus derechos patrimoniales por la privatización de la empresa Electrocesar, y por el cobro de los dineros derivados de la emisión de la estampilla Universidad de Cartagena.

En octubre del 2000 el ente territorial y el contratista elaboraron un acta de liquidación del contrato en la cual se establecía que, gracias a las acciones emprendidas por este último, al departamento le reconocieron derechos patrimoniales por más de 23.000 millones de pesos, lo que obligaba al Cesar a cancelarle unos 2.300 millones.

La Procuraduría General de la Nación demandó el contrato ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que llevó a la Sección Tercera, a declarar su nulidad y la del acta liquidatoria y a ordenarle al contratista devolver a la gobernación 22 millones de pesos, por el anticipo que esta le había concedido tras la firma del contrato.

Al mismo tiempo el contratista interpuso un recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado, alegando la nulidad originada en la sentencia. A su juicio, la misma Sección Tercera del Consejo de Estado no tenía la competencia para declarar la nulidad del contrato; además, consideraba que se había producido la prescripción extintiva de la acción, pues si bien al momento de la firma del contrato dicho término era de 20 años, una reforma legal posterior lo redujo a 10.

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Las labores médicas que habían sido suspendidas en el hospital San Rafael de San Juan del Cesar por falta de pago, quedaron en ser retomadas, tras una reunión realizada en el auditorio del centro asistencial entre los especialistas, la gerente del hospital y el secretario de Salud Departamental.
Al parecer las partes llegaron a un acuerdo, la anestesióloga, Betty Josefina Daza moderó y lideró esta reunión con el acompañamiento de más de 35 especialistas quienes decidieron cesar actividades en jornadas pasadas para exigirle a la gerente del hospital Eliana Margarita Mendoza Mendoza,  que les cumpliera con la deuda de 9 meses.

En esta reunión estuvo presente el secretario de Salud Departamental José Octaviano  Líñán  quien junto a la gerente del hospital después de escuchar las posiciones de los especialistas, llegaron a un acuerdo de pago donde se cristalizó con la firma de ambas partes para dar crédito a lo acordado,  donde se espera que el Departamento de La Guajira gire los recursos del SGP para cancelarle los especialistas y los demás trabajadores.

Los más beneficiados con esta decisión son los lugareños, pues el Hospital San Rafael cubre gran parte de la atención en salud del departamento de La Guajira, por su calidad de segundo nivel.

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Desde la gerencia del hospital Santa Teresa de Jesús de Ávila del municipio de Dibulla, se hizo pública la denuncia de que dos Eps, a las cuales se les ha prestado servicios médicos a sus afiliados, están evadiendo sus compromisos económicos con dicho hospital.

Fue el gerente Edgar Moscote Levette, quien dio a conocer la situación luego de sentirse impotente en la etapa de dialogo lo que podría llevarlo a realizar el cobro a través de un proceso jurídico, "el principal deudor es la Sociedad Médica Clínica Riohacha, cuya deuda asciende a 126 millones de pesos y el segundo inconveniente es con la Nueva EPS que le adeuda una suma cercana a los 60 millones de pesos" explica.

Pero al parecer allí no termina todo, de otro lado, existen dos EPS más que, aunque deben, tienen voluntad de pago, ellas son: Salud Total, con una deuda de 48 millones y la desaparecida Cafesalud con 62 millones.

Aseguró que ha dialogado en dos ocasiones con Gelver Ordúz Vargas, financiero de una de las clínicas y ha estado evadiendo la responsabilidad, pese a que se le ha colocado las cuentas con sus soportes y no ha atendido la solicitud del centro asistencial de los dibulleros.

Las EPS le deben al Hospital en total 290 millones de pesos.

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El departamento de La Guajira se ha convertido en escenario frecuente de protestas, semana a semana las comunidades salen a las calles y hasta a las carreteras para reclamar soluciones a sus dolores de cabeza alegando que es la única manera de que 'medio' les presten atención.
En esta ocasión la huelga la hacen otra vez los docentes, estudiantes y padres de familia de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima en zona rural de Manaure, quienes bloquearon la Troncal del Caribe a la altura del kilómetro 33 en la vía que de Riohacha conduce a la zona de frontera con Venezuela, exigiendo el pago de 7 meses de salario.

"Hemos tomado la decisión de tomar las vías de hecho ya que las peticiones que hemos realizado, no han tenido respuesta inmediata, tenemos 7 meses de estar laborando y hasta el sol de hoy no nos han cancelado nuestros salarios, exigimos que venga alguien de ministerio de Educación que nos escuche, porque en la Secretaría no nos dan razón y ya tenemos meses de estar esperando", manifestó Nevis Peñaranda, docente.

El gremio de educadores en La Guajira asegura ser la cenicienta del cuento en este segmento del país, donde denuncian que además de no pagarles el salario pendiente no cuentan con servicios de salud. 
"A raíz de que no nos pagan nuestros salarios, no tenemos ARL, no estamos afiliados a ninguna entidad de salud, osea que si nos llega a suceder algo y o nos enfermamos, no tenemos como hacer" mencionó otro docente.

Con esta situación son cerca de 1800 niños los que se ven perjudicados ya que no pueden asistir a sus aulas de clases, por el cese de actividades indefinido de maestros.

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Las llamadas bolsas de empleo o cooperativas siguen siendo el fucú de los empleados de la salud en varias entidades de Valledupar, cuyos empleados se quejan por los altos descuentos inconsultos que realizan a sus salarios.

Uno de los centros con mayor incidencia por esta práctica es el Hospital Eduardo Arredondo Daza, cuyos médicos y enfermeras ayer se declararon durante un largo rato en desobediencia, pretendiendo que se regulen estas deducciones, las que fracturan enormemente sus entradas.

Manifestaron a los periodistas que es inaudito que de un sueldo de un millón de pesos que se pagan a las enfermeras les descuenten 400 mil pesos por concepto de una póliza y un supuesto ahorro para el momento en queden cesantes.

Argumentan que es demasiado el descuento sin que en realidad prime ningún beneficio a la hora de salir despedidos, pues es como pagar ellos su propia liquidación, en su reclamo el personal pidió a la gerente de la institución Judith Jácome que acabe con este desangre salarial o que por lo menos se aminoren tales porcentajes so pena de seguir haciendo paros escalonados.

En su reclamo dejaron ver que estas cooperativas hace tiempo vienen siendo las “amas y señoras” de sus salarios con un deliberado cambio de razón social pero que sus socios siempre son los mismos, concluyeron que en el pasado era Soluciones Humanas y ahora se hacen llamar Humanos, de lo que según ellos no tienen nada.

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Hoy 25 de julio se inician los pagos de la tercera entrega de los subsidios de los titulares del programa Más Familias en Acción, los desembolsos irán hasta    el 4 de agosto. En esta oportunidad el pago se hará a través de Davivienda, entidad que entra como nuevo operador.

En las jornadas habrá una capacitación para que se familiaricen con la nueva modalidad de pago y el nuevo operador, los que serán bajo la modalidad de giro.

Con la nueva tarjeta Daviplata, podrán hacer transacciones de manera más rápida y fácil. El pago y la bancarización con el nuevo operador tendrá lugar en Rio Luna, de 8:00 AM a 4:00 PM y se aplicará un cronograma de atención según el último dígito del número de cédula.

Los titulares deben llevar teléfonos celulares, para la bancarización, cédula original y número de código de familia. Los que no tengan la cédula original por pérdida, debe llevar la contraseña, certificado de la Registraduría, documento con foto y la denuncia.

Hoy podrán cobrar los que tengan  cédulas terminadas en 1, mañana las terminadas en 2; el 27 de julio: cédulas terminadas en 3, el 28 de julio: cédulas terminadas en 4. El 29, en 5; el 31 de julio: cédulas terminadas en 6. Para el 1 de agosto: cédulas terminadas en 7; el 2 de agosto: los del digito  8,  3 de agosto: cédulas terminadas en 9, y 4 de agosto: cédulas terminadas en 0.

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