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El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, dispuso la rotación de todos los procuradores regionales y provinciales del país con ocasión de la realización del proceso electoral para escoger los nuevos miembros del Congreso de la República.

La rotación de los procuradores es por dos meses y comienza a aplicarse a partir del 20 de enero del presente año.

A la procuradora regional del Cesar, Margarita Cuenca Urbina, el jefe del Ministerio Público la envió como procuradora regional de La Guajira. En su reemplazo vendrá la procuradora regional del Magdalena, Ana Muelle.

Mientras tanto, a la procuradora provincial de Valledupar, Rosalba Rangel, la trasladaron hasta la provincial de Montería y al procurador provincial de Montería lo movieron a Valledupar.

La decisión de rotar a los procuradores regionales y provinciales del país la tomó el procurador general Carrillo Flórez para garantizar la tranquilidad de los diferentes aspirantes a Cámara de Representantes y Senado de la República en los distintos departamentos.

Los procesos, que en el caso del Cesar lleva Cuenca Urbina, seguirán su curso normal con la nueva procuradora encargada.

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El Juzgado Segundo del Circuito de Valledupar ordenó nombrar y posesionar nuevo personero para Chiriguaná al abogado Pedro Miguel Peinado.

La decisión ordena al Concejo Municipal que en el término de 48 horas nombre y posesione a Peinado, quien resultó ganador del concurso adelantado por la Universidad de Cundinamarca.

El fallo de tutela de segunda instancia, igualmente suspende y deja sin efectos transitorios el último concurso y elección de personero que esa corporación adelantó el pasado mes de junio.

El 8 de enero de año 2016, la Universidad de Cundinamarca, encargada de desarrollar el concurso de méritos para escoger al Personero de Chiriguaná, entregó a la Corporación las puntuaciones de los aspirantes después de que se sometieran a unas pruebas de rigor.

En la puntuación original la lista quedó de esta forma con los tres primeros puestos: Pedro Peinado obtuvo 64.7, Johan Jairo Dagil quedó de segundo con 64.3 y de tercero Luzoan Caro Padilla, con 60.2.

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Incómodos están los comerciantes de Barrancas por la presencia de tantos venezolanos con una competencia desleal, vendiendo a menor precio y sin pagar impuestos, por ello plantearon una reunión con funcionarios de la Alcaldía y la autoridad policiva para  poner control a lo que ellos denominan un desenfreno.

En la reunión los comerciantes guajiros pidieron manejar el tema de la normatividad que deben cumplir los establecimientos comerciales del municipio de Barrancas, para que su legal funcionamiento vaya acorde y se ajuste a los preceptos del nuevo Código Nacional de Policía, el encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Concejo Municipal, donde fueron escuchadas las diferentes problemáticas que vienen aquejando a los comerciantes, que en su mayoría, son por la presencia de muchos venezolanos que están vendiendo productos más económicos que los vendedores estacionarios.

La Alcaldía de Barrancas recibió las quejas que tienen los comerciantes por la proliferación de vendedores ambulantes y estacionarios ubicados sobre la carrera 8 con las calles 11, 12 y 13. Allí, cientos de personas exhiben toda clases de productos que son el sustento de sus familias.

La autoridad se ha comprometido a trabajar en el tema no solo por las afectaciones a comerciantes propios del lugar sino porque esta situación se convierte para el barranquero en una afectación para la ocupación del espacio público.
La población dice que las medidas deben extremarse desde ya porque se prevé que la situación va empeorar ya que los extranjeros invaden andenes y senderos peatonales en las calles para poder conseguir el sustento diario de su familia.

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Por orden de la Corte Constitucional fueron traslados a la torre 5 de Penitenciaria de Máxima Seguridad, “La Tramacua”, doscientos internos; 100 desde la permanente Central de Policía y más 100 de la cárcel Judicial, para descongestionar estos sitios.

De acuerdo al director de la “Tramacua”, Capitán, Luis Perdomo, los reos, se encuentran algunos sindicados y otros condenados por delitos como Extorsión, homicidio, concierto para delinquir entre otros.

Los traslados se iniciaron desde el pasado Viernes Santo y podrían continuar esta semana.

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El Juzgado Segundo Penal con Funciones del Conocimiento ordenó el arresto y conducción del Alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez, lo mismo que Sandra Luz Cujia Mora, Secretaria de Gobierno, de Leonardo José Maya, Alba Luz Trujillo, Lili Mendoza Vargas, y a Walter Oñate Correa, para que comparezcan como testigos de la Fiscalía 12 Seccional, en el juicio que se adelanta en ese despacho contra Luis Fabián Fernández Maestre, exalcalde de Valledupar, acusado por la presunta comisión del delito de contrato sin el lleno de los requisitos legales, en el caso del empréstito de los 36 mil 700 millones de pesos relacionado con el contrato 272 del 20 de mayo de 2011, suscrito entre la Alcaldía y la Fundación Zhingonshi.

El objetivo de este crédito era la construcción y adecuación del acueducto de Valledupar, incluido los corregimientos.

El alcalde Ramírez Uhia, para la época formaba parte de los concejales que aprobaron el empréstito.

La audiencia estaba prevista para ayer martes 18 de abril y debió ser aplazada para el próximo 18 de mayo, por la no comparecencia de los anteriores testigos que habían sido notificados por el ente acusador.

Durante el gobierno de Luis Fabián Fernández se hizo el crédito para optimizar el servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad y en el gobierno de Fredys Socarrás se terminó de ejecutar dicha contratación, a través de Emdupar.

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Pese a la intervención de la Superintendencia que pesa sobre Electricaribe, esta empresa sigue en la misma tónica de los supuestos mantenimiento a sus redes, lo que se traduce en largos apagones dicen los usuarios, sin que sientan ninguna mejoría en el servicio.

Hoy este mantenimiento preventivo y poda técnica será de acuerdo a lo informado desde esa oficina, para   la línea 558 y el circuito El Desastre, lo que dejará sin luz a varias poblaciones del norte del Cesar.

Según el Gerente de Electricaribe en el Cesar, Johann Arango Uribe, se ejecutarán labores en las subestaciones Valencia de Jesús, Aguas Blancas y Mariangola, cuyas poblaciones no tendrán servicio energético entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, el apagón también afectará a Pueblo Bello, la Base Militar Cerro El Alguacil y fincas aledañas.

Otra afectación se dará de 7:20 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, tiempo en el cual estarán realizando cambio de postes, aisladores, herrajes y poda técnica, que dejará sin luz a las localidades de El Desastre, Media Luna, Tocaimo y El Rincón.

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La Corte Suprema de Justicia de Panamá ordenó hoy la detención provisional del hombre que gobernó el país entre 2009 y 2014, el expresidente Ricardo Martinelli, que lleva casi un año en el "autoexilio" y a quien la justicia le reclama por un caso de supuestas escuchas ilegales.

Martinelli tenía que haberse presentado en la Corte el pasado 11 de diciembre para acudir a una audiencia y defenderse de las acusaciones del fiscal, el magistrado Harry Díaz, que pide 21 años de cárcel para el exmandatario por autorizar la interceptación ilegal de las comunicaciones a más de 150 personas, entre periodistas, políticos y empresarios.

El expresidente no se presentó a la cita judicial, por lo que el juez de garantías decidió declararle "en rebeldía" y el fiscal solicitó al pleno del máximo tribunal la emisión de una orden de detención para lograr su comparecencia.

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El Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas ordenó a Cerrejón disminuir los niveles de contaminación al fallar una tutela presentada  por  Luz Ángela Uriana, en favor de su hijo  de la etnia Wayuú que presenta problemas respiratorios al parecer por efectos del carbón.

Luz Ángela manifiesta  que  cuando sale el olor a carbón, el niño presenta una tos seca y persistente, su boca se pone morada y a veces ha vomitado sangre.

En el fallo del pasado 10 de noviembre, se establece que el menor tiene problemas de salud debido al ambiente en el que vive, ya que su comunidad queda a 2 kilómetros de los tajos Patilla, Comuneros y tajo 100 y a una distancia similar de botaderos de material estéril.

Según la tutela, al menor le han recomendado el cambio de domicilio, lo cual implica irse de su territorio ancestral, donde ha convivido con su familia en medio de los usos y costumbres Wayuú.

El juzgado  determinó que las autoridades ambientales deben aplicar el principio de precaución y garantizar que Carbones de Cerrejón reduzca sus emisiones de material particulado y de gases en un periodo máximo de dos meses. Igualmente, que la empresa atienda lo relacionado con los daños presentados en las viviendas.

Lo anterior, para amparar los derechos fundamentales a la salud, la vida en condiciones dignas, integridad personal y ambiente sano.

También le ordena a la EPS Asociación Indígena del Cauca que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación proceda a atender al niño para que se  garanticen los servicios médicos de remisión a especialistas independientes de la empresa   y la realización de exámenes y tratamientos médicos 

El  Cerrejón no se ha pronunciado con respecto  a este fallo.

 

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