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La exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, procesada por cargos de corrupción, seguirá disfrutando del beneficio de casa por cárcel.
Ayer miércoles, el Juzgado Sexto Penal de Soacha, Cundinamarca, negó la petición de nulidad hecha por la Fiscalía y la Procuraduría para tumbar la decisión del mismo despacho que el 10 de octubre le había concedido a Pinto la prisión domiciliaria, con el argumento de que es madre cabeza de familia.

El argumento para pedir la nulidad era que, sin explicación aparente, la defensa de Pinto logró que ese juez se declarara competente para conocer el caso y terminara enviando a la casa a la detenida exmandataria.

Durante la diligencia, la Procuraduría recordó que la Corte Suprema de Justicia había trasladado el proceso contra Pinto a Bogotá, por lo que el juez de Cundinamarca no era competente. 

“Los jueces de garantías tienen competencia en todo el territorio nacional; sin embargo no se acreditó que la imputada tuviera domicilio en Cundinamarca ni otras razones para que esa petición llegara a este juzgado”, cuestionó la Procuraduría. El juzgado, sin embargo, rechazó los argumentos de los organismos de control. Fuentes de la Fiscalía señalaron que, ante lo acontecido, se pedirá una nueva audiencia, pero ante un juez de Bogotá.

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La Procuraduría pidió la nulidad de la audiencia en donde la semana pasada una jueza de Soacha, Cundinamarca, concedió la casa por cárcel a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto.
El ente de control asevera que la diligencia debía desarrollarse en Bogotá y además se hizo sin la Fiscalía y sin el propio Ministerio Público.
La Procuraduria pidió además al Consejo Seccional de la Judicatura investigar a Antonio Luis González, defensor de Pinto y quien ya era conocido por ser el fiscal a quien se le atribuye la llegada de los falsos testigos al caso Colmenares, el abogado habría omitido notificar a la Procuraduría, a la togada de la existencia de una agencia especial en el proceso e informar de la respuesta del fiscal en que informaba que se encontraba en labores investigativas en La Guajira y por eso no pudo asistir a la citación.
"La posible comisión de faltas disciplinarias por parte del abogado de la exgobernadora de La Guajira, Antonio Luis González Navarro, entre ellas, que se omitiera la notificación al Ministerio Público sobre la diligencia en el juzgado de Soacha para sustituir la medida de aseguramiento, y que también omitiera informar a la jueza de garantías la existencia de una agencia especial, así como de un correo electrónico del fiscal 28 Anticorrupción, donde le advertía que desde el 10 de octubre estaría en Maicao, La Guajira, en asuntos judiciales propios de su cargo".
Para el 1 de noviembre a las 11 de la mañana fue fijada la audiencia que solicitó la Procuraduría General de la Nación para que un juez de Bogotá decrete la nulidad de la diligencia realizada el pasado 10 de octubre donde le fue concedida la casa por cárcel a la exgobernadora de La Guajira por ser madre cabeza de familia.

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La Fiscalía General de la Nación solicitará audiencia de imposición de medida de aseguramiento intramural para la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto. El argumento será que la diligencia llevada a cabo en la tarde de este martes “se desarrolló sin presencia del ente acusador”.

Sobre esta nueva diligencia, el abogado Antonio Luis González, defensa de Pinto, indicó que, el juez Sexto concedió la detención domiciliaria a  Pinto en virtud de que cumple con los requisitos del artículo 314 numeral 5 que es la condición de madre cabeza de familia”.

Según el penalista, esta audiencia ya había sido programada para el mes de septiembre ante un juez de Garantías de Cundinamarca, luego de que la Corte Suprema de Justicia en el transcurso del año cambiara el proceso de La Guajira a ese Departamento. Sin embargo, dijo que no se llevó a cabo porque “el fiscal 28, Carlos Castañeda, no asistió a dicha audiencia”.

Pinto es investigada a partir de las denuncias que hicieron los entes de control de La Guajira sobre presuntas irregularidades registradas en 2011 y que involucran “actos graves de corrupción”, relacionados con el desvío del erario y el dinero destinado para la alimentación de los niños con problemas de desnutrición en esta sección del país.

La mujer debe responder por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.

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El Juez sexto con función de garantías le concedió la medida de casa por cárcel a la exgobernadora del departamento de La Guajira Oneida Pinto, quien se encuentra privada de su libertad por las presuntas irregularidades cometidas en la contratación de un programa para la reducción de la mortalidad infantil en el municipio de Albania.

El juez aceptó la solicitud de la defensa de realizar el cambio de lugar de reclusión teniendo en cuenta el argumento de que la exgobernadora está a cargo a sus hijos menores de edad, lo que la acredita como madre cabeza de familia.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los hechos por los que es investigada Pinto se dieron en el año 2011 cuando se suscribieron cuatro convenios por parte de la Alcaldía Municipal de Albania y la ESE Hospital San Rafael, los cuales superarían los 18.000 millones de pesos.

Finalmente, cabe recordar que la exgobernadora fue imputada por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público y privado.

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La Fiscalía sacó del país a testigo Yan Keller Hernández Erazo, exalcalde de Albania quien destapó prueba reina y dejó tambaleando a su prima Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira

Trascendió que Hernández Erazo, desde hace 5 días desapareció del Municipio junto a su familia y estaría en el exterior donde tendrá otra identidad y todas las garantías para vivir el resto de su vida.

La prueba reina con que el fiscal 28 Anticorrupción, Carlos Castañeda, le dio la estocada final al proceso contra la exgobernadora Oneida Pinto, dejó a los presentes un poco mudos, fue cuando aseguró que Hernández Erazo era testigo determinante, que estaba protegido por el Estado y quien manifestó que contaría todo lo que sabe de su pueblo natal.

En el testimonio que tiene la Fiscalía, de ese personaje hace un recuento de todo lo sucedido, desde cuando era chofer y escolta de Oneida Pinto Pérez y después Alcalde del Municipio denominado La Princesa Negra de La Guajira, Albania.

Igualmente, se conoció que en estos dos convenios objetos de la investigación participaron más de 20 personas que hacían parte del anillo de amistades de Pinto Pérez y quienes se beneficiaron. En la larga lista que suministró el testigo determinador, aparecen dirigentes políticos, contratistas, diputados, alcaldes, concejales, ediles y dirigentes barriales.

Explicó el fiscal que la exmandataria recibió en su casa gran parte de los $6 mil 591 millones de pesos, los cuales eran llevados por su personal de confianza, como choferes y escoltas. Los dineros eran llevados en bolsas negras.

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El alto tribunal compulsó copias ante el Consejo Superior de la Judicatura por  presuntas irregularidades presentadas en los despachos judiciales de la península que conocieron el caso de la exgobernadora Oneida Pinto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó entonces sacar de los estrados judiciales de La Guajira el proceso contra la exmandataria.
Las irregularidades se habrían presentado en contratos para reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania, y dispuso su nueva radicación en un juzgado penal de conocimiento de Cundinamarca.
La decisión se da luego de que la Fiscalía 28 Anticorrupción de Bogotá denunciara supuestas anomalías en el reparto del caso en los despachos de la península, publicó un medio impreso además que en el auto suscrito por el magistrado ponente, Luis Guillermo Salazar, fechado el pasado 30 de agosto, el máximo tribunal de la justicia ordinaria compulsó copias o pidió una investigación a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que establezca si hubo irregularidades.

"Acerca delas irregularidades que anunció el fiscal en el reparto de la solicitud ante el Tribunal Superior de Riohacha, remítase copia de la solicitud de cambio de radicación así como de los oficios (...) del Tribunal Superior de Riohacha y del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Maicao, a la Sala Jusrisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura", se lee en el documento.
Pinto Pérez tiene medida de aseguramiento en la cárcel El Buen Pastor de la capital por los hechos de corrupción perpetrados en dos contratos del programa para reducir la mortalidad infantil en Albania, La Guajira, durante la vigencia de 2011.

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Perdida fue la pelea de la Fiscalía contra Oneida Pinto para que su proceso no se quedara en La Guajira, este miércoles 23 de agosto comienza el juicio contra la exgobernadora por actos de corrupción y se llevará a cabo en ese departamento.
Como se mencionó en emisión anterior de La Tribuna del Cesar, la Fiscalía pidió que el caso se manejara fuera de La Guajira, por el poder de la líder política en la región.

Oneida Pinto fue llamada a juicio por peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. 
El ente acusador citaba dos  razones ante un Juzgado Promiscuo del Circuito de Maicao y ante el Tribunal Superior de La Guajira para pedir el traslado del proceso por corrupción que se adelanta contra la exmandataria de los guajiros  Oneida Pinto Pérez. 
La primera: que un funcionario judicial y varios testigos del caso han sido amenazados. La segunda: que el juicio en contra de la destituida exmandataria regional se desarrolla en el departamento que administró y en el que cuenta con gran respaldo político. El juicio oral de Pinto comienza hoy miércoles, 23 de agosto en Maicao.

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Fueran puestas en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia una serie de aparentes irregularidades que se vendrían presentando en la península en lo referente al proceso penal que se sigue contra la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto.
La advertencia tiene que ver con la llamativa negación del Tribunal Superior de Riohacha, según se denuncia ante la Fiscalía, de acceder a la solicitud del ente investigador de cambiar la radicación del proceso, pues se lleva actualmente en un juzgado de Maicao, en La Guajira, a pesar de que hay varios testigos locales amenazados. 
Cita la Fiscalía que tiene que ver con el hecho de que el juzgado de primera instancia remita al Tribunal la solicitud de cambiar el lugar del proceso el 19 de julio pasado y el recibido del Tribunal se suscriba el 24 de julio y, sin embargo, el reparto hubiera sido efectuado el 21 de julio, de acuerdo con el ente de control penal, se hizo el reparto del magistrado del caso antes de que el oficio del juzgado llegara al Tribunal.
El fiscal 28 Anticorrupción, Carlos Castañeda, en la audiencia de acusación ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Maicao, La Guajira, realizada el pasado 19 de julio, pidió que el proceso saliera de la península, el investigador señaló, por ejemplo, que podía haber afectaciones al orden público por las manifestaciones populares que se han suscitado en casos emblemáticos , además, puso de presente el fiscal que por la influencia política de Pinto se dificultaría el proceso en la península. 
De otra parte, podrían violarse las garantías procesales, pues ha habido varios testigos amenazados que no irían a declarar por temor.

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Un togado determinó el pasado miércoles que la exmandataria de La Guajira, Oneida Pinto Pérez no cumple las condiciones legales para recuperar su libertad por vencimiento de términos, fue el juez 53 de Garantías de Bogotá quien negó la petición a Pinto, quien viene siendo investigada por presunta corrupción en La Guajira.

En medio de la vista pública se advirtió que pese a que Oneida Pinto se encuentra detenida desde marzo pasado, “el tiempo alegado por la defensa de la exgobernadora, cuando aduce que la Fiscalía no ha iniciado el juicio tras 120 días posteriores a la presentación del escrito de acusación, no se cumplen a cabalidad“, fue por ello que el juez señaló que sin cumplir dicha condición, no puede otorgar la libertad por vencimiento de términos.

“Al certificarse por parte de la Fiscalía, que no se han vencido los términos, sino que al contrario los mismos se extendieron para atender dos diligencias relacionadas con el proceso penal que ocupa la atención del despacho, por lo cual determina negar las pretenciones de la defensa de Oneida Pinto” explicó el juez que atendió la diligencia.

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La Fiscalía destapó prueba reina y dejó tambaleando a Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira

La prueba reina con que le fiscal 28 Anticorrupción, Carlos Castañeda, le dio la estocada final al proceso contra la exgobernadora Oneida Pinto, dejó a los presentes un poco mudos, fue cuando aseguró que Yan Keller Hernández Erazo, era testigo determinante, que estaba protegido por el Estado y quien manifestó que contaría todo lo que sabe de su pueblo natal.

En el testimonio que tiene la Fiscalía, Hernández Erazo hace un recuento de todo lo sucedido, desde cuando era chofer y escolta de Oneida Pinto Pérez y después Alcalde del Municipio denominado La Princesa Negra de La Guajira, Albania.

Igualmente, se conoció que en estos dos convenios objetos de la investigación participaron más de 20 personas que hacían parte del anillo de amistades de Pinto Pérez y quienes se beneficiaron. En la larga lista que suministró el testigo determinador, aparecen dirigentes políticos, contratistas, diputados, alcaldes, concejales, ediles y dirigentes barriales.

Se supo de manera extraoficial que Hernández Erazo, desde hace 5 días desapareció del Municipio junto a su familia. Trascendió que la Fiscalía lo sacó del país en donde tendrá otra identidad y todas las garantías para vivir el resto de su vida.

Para hoy a las 8:00 am la defensa de la exgobernadora, espera controvertir la decisión, pero se cree, que, con la prueba reina que presentó la Fiscalía, sería inminente la medida de aseguramiento para la exmandataria, por lo que su abogado Antonio González trataría de conseguir casa por cárcel.

Explicó el fiscal que la exmandataria recibió en su casa gran parte de los $6.591 millones de pesos, los cuales eran llevados por su personal de confianza, como choferes y escoltas. Los dineros eran llevados en bolsas negras.

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