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Pasó la noche en el búnker de la Fiscalía Bernardo 'Ñoño' Elías, y hoy será escuchado en diligencias de interrogatorio ante el despacho de la magistrada de Corte Suprema de Justicia Patricia Salazar, que lo investiga por los delitos de concierto para delinquir y cohecho.

El senador ‘Ñoño’ Elías es requerido por la Corte Suprema de Justicia, por el escándalo de los sobornos de Odebrecht.

Su orden de captura se dio tras las declaraciones del exsenador Otto Bula, quién aseguró que le había entregado mil 600 millones de pesos para, supuestamente, gestionar los recursos para la adición de la Ruta del Sol II en el tramo Ocaña - Gamarra.

Debido a esos señalamientos, el despacho de la magistrada Salazar requiere al congresista Elías para determinar si es responsable de los delitos de concierto para delinquir y cohecho.

La versión de Bula coincide con lo que declaró Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, quien aseguró que en el 2013 se varias audiencias de control político en el Senado, con el objetivo de hacer 'presión' para que se aprobara la adición del contrato en mención.

El senador Elías hacía parte de una de las comisiones citantes a esos debates. La Corte revisará su situación jurídica y evaluará en qué otros delitos podría estar involucrado el senador.

Fuentes cercanas confirmaron que la Corte ya tiene listas otras ordénes de captura en contra de congresistas que estarían relacionados en el escándalo de Odebrecht.

Según las pruebas enviadas a la Corte Suprema de Justicia, el grupo político de Elías habría recibido al menos 17 mil millones de pesos provenientes de las coimas relacionadas con contratos.

Publicado en Judicial

Según la información registrada por Noticias Uno la Red Independiente, este fin de semana, la confesión del presidente de Odebrecht Colombia, donde dijo que para conseguir la adición a los contratos de la Ruta del Sol sector II de la transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra, contó con el apoyo de tres comisiones en el Congreso, pone en el ojo del huracán al representante por el departamento del Cesar, Alfredo ‘Ape’ Cuello.

Eleuberto Antonio Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia  señaló al representante Alfredo “Ape” Cuello Baute, como uno de los impulsores en el legislativo de la división de la vía Ocaña Gamarra 2014 por lo que odebrecht pago 11 millones de dólares en sobornos.

En gaceta del Congreso y en vídeos quedaron registradas sus insistencias sobre el Conpes con el que se adicionó el tramo de la ruta del sol II. Odebrecht al parecer contó con la colaboración de congresistas de las comisiones tercera, cuarta y sexta que están por determinarse.

Como presidente la comisión sexta de la cámara cuello agradeció el gesto del gobierno. “Aprovechar la oportunidad para agradecer la aprobación del conpes  la vía Ocaña Aguachica que se dio en días pasados y de la vida Aguachica Gamarra (..) Estamos muy complacidos con la apertura de la licitación”, expresó Cuello Baute en su momento.

Noticias UNO la red independiente, revelo los vídeos sobre el tema en una reunión de la Comisión Sexta de la Cámara hace tres años. https://youtu.be/vhiXv5ez714.

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La mala hora de la Ruta del Sol

A raíz del escándalo de Odebrecht, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) terminar el contrato Ruta del Sol sector 2, el cual contempla 528 kilómetros de doble calzada, cuyo tramo de mayor extensión se encuentra en nuestro departamento. En efecto, de los 510 kilómetros de su extensión total, 276 se encuentran localizados en El Cesar, en tres tramos: San Alberto – La Mata –(100 kilómetros), La Mata – San Roque (88 kilómetros) y San Roque – Bosconia (88 kilómetros).

Como consecuencia de esa orden, la ANI ordenó la liquidación del contrato e inició los trámites para escoger, por licitación, al nuevo contratista que termine las obras. Las mencionadas decisiones de las autoridades han generado, como era de esperarse, la parálisis de las obras de la Ruta del Sol y un mar de incertidumbre entre los cientos de empleados y subcontratistas del proyecto. Sólo en El Cesar, la suspensión de la obra afecta a cerca de 4000 empleos directos e indirectos.

De los 528 kilómetros que contempla el Sector 2 de la Ruta del Sol sólo se alcanzaron a construir 311, lo que significa que al contrato que la SuperIndustria ordenó terminar, le falta casi la mitad de su ejecución. Teniendo en cuenta la amarga experiencia de proyectos fallidos del Estado, el gran riesgo es que la Ruta del Sol termine convertida en un elefante blanco, una obra a medio hacer, que, además, propicie el estallido de un problema social por los empleos perdidos.

No obstante lo anterior, si por el Sector 2 llueve, en el Sector 3 de la Ruta del Sol no escampa. En efecto, aunque por causa distinta, el Sector 3 (Valledupar - Carmen de Bolívar) enfrenta serios problemas que ponen en riesgo la viabilidad del proyecto. En primer lugar, cabe recordar que desde el año 2015, Conalvías, socio de YUMA, consorcio contratista de la obra, salió del proyecto tras acogerse a la Ley 1116 de 2016. Su participación fue asumida por la firma italiana Impregilo, socio mayoritario de la obra.

Sin embargo, el reemplazo de Conalvías por Impregilo no ha espantado el fantasma de la insolvencia del proyecto. En la actualidad el gerente general Leonardo Castro (argentino) se encuentra negociando un otrosí que prorroga el contrato de YUMA con la ANI. Alega que el Estado le causó daños y perjuicios que estima en más de $70.000 millones, por no haberle otorgado a tiempo la licencia ambiental para el proyecto, debido a demoras en la consulta previa en territorios donde están asentadas comunidades indígenas (Línea Negra) y afrodescendientes. Por su parte, el Estado argumenta que las obras a cargo de YUMA no han avanzado al ritmo comprometido ni en los tiempos establecidos en el contrato.

Si esto no fuese ya suficiente, existe la posibilidad de que en el marco de su negociación con la justicia, el empresario Andrés Jaramillo López, expresidente de Conalvías, y hoy preso por el carrusel de la contratación de Bogotá, aporte alguna información sobre el contrato del Sector 3 de la Ruta del Sol que pueda afectar su legalidad y, en consecuencia, sea declarada su caducidad. Es decir, termine de la misma forma que ya terminó el Sector 2.

Es dentro de este contexto que debe entenderse el oportuno llamado de atención al gobierno nacional que realizó esta semana el congresista Cristian José Moreno sobre la suerte de la Ruta del Sol en nuestro departamento. Acierta el congresista cuando indica que la parálisis de las obras “ha generado la suspensión y el no pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores así como la no garantía de pago a proveedores, empresarios y microempresarios del” Cesar.

Las campanas ya sonaron. Corresponde entonces al gobierno nacional prevenir que la Ruta del Sol, otrora símbolo del avance de la infraestructura vial del país, termine convertido en un laberinto sin salida que deja a su paso, desilusión, quiebra, más desempleo y más pobreza.

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La larga amistad entre el presidente panameño, Juan Carlos Varela, y su exministro consejero Ramón Fonseca Mora sufrió un envite hace casi un año con el escándalo de los papeles de Panamá y ha terminado resquebrajándose ahora con el caso Odebrecht.

Las declaraciones de Fonseca Mora contra Varela, acusándole de haber recibido “donaciones” de la constructora brasilera durante la campaña de 2014, cayeron como una bomba en el entorno del presidente, que convocó una rueda de prensa a las pocas horas para negarlo categóricamente.

Fonseca Mora, más conocido fuera de Panamá por ser uno de los socios del bufete epicentro del escándalo de las sociedades offshore, no es un cualquiera en la trayectoria política de Varela.

Publicado en Internacionales

La bomba del Fiscal

Como si fuese una información más en un comunicado de prensa, ayer el Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez Neira, informó al país que la “campaña Santos Presidente 2014” habría recibido la suma de un millón de dólares provenientes de la firma constructora brasilera Odebrecht, firma cuestionada por haber desplegado un esquema internacional de corrupción para ganarse multimillonarios contratos de infraestructura en varios países, a base de sobornos a funcionarios públicos.

Como era de esperarse, la revelación del Fiscal causó un fuerte sismo en el país político, cuyas réplicas aun se sienten y cuyas consecuencias y efectos aún no se alcanzan a vislumbrar en su totalidad. Se trata ni más ni menos que la posibilidad de que dinero ilegal, producto además de la cuestionada adjudicación a dedo de la vía Ocaña-Gamarra, haya ingresado a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos Calderón y Germán Vargas Lleras.

Desde el famoso proceso 8000 que aún le pesa en las espaldas al expresidente Ernesto Samper, el país no había tenido noticia de la filtración de dinero ilegal a una campaña de un presidente electo. Por ello, la comparación del caso actual con el 8000 de Samper resulta obvia y obligada.

A pesar de que lo revelado por el Fiscal aún es materia de investigación y no hay conclusiones definitivas, ha causado un enorme daño en la ya maltrecha imagen presidencial, porque precisamente el presidente Santos para defenderse de los ataques de la oposición uribista se ha jactado de que, a diferencia de Uribe, en su gobierno no hay corrupción. Este escándalo iguala por lo bajo a ambas administraciones y pone al gobierno a dar explicaciones sobre un hecho de suma gravedad. Adicionalmente golpea el aurea de incorruptibilidad que Santos tanto pregonaba. Y duele aún más porque el golpe no viene de la oposición uribista, sino del Fiscal Nestor Humberto Martinez, que fue superministro de Santos y su amigo personal.

Líderes de distintos sectores políticos como Claudia López del partido Verde, Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático y voceros del uribismo han coincidido en señalar que, de comprobarse el ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña presidencial, Santos debería renunciar a la presidencia, verbo de difícil conjugación en el país.

De otra parte, el vicepresidente Germán Vargas Lleras rápidamente tomó distancia del gobierno a través de un comunicado en el que expresó que en dicha campaña presidencial no tuvo ningún manejo ni intervención en la dirección o en el manejo de las finanzas de la campaña. Y agrega que “caiga quien caiga, las investigaciones deben llegar hasta esclarecer con precisión quiénes, cuándo y cómo, incurrieron en actos de corrupción”. Entendible la posición de Vargas Lleras, quien no quiere verse salpicado en ese escándalo que le puede arruinar su cantada aspiración presidencial. Pero no le va a ser fácil zafarse de sus secuelas, porque aún, aceptando que no tuvo injerencia en la campaña, es claro que es un beneficiario de la financiación recibida por ella: legal e ilegal.

Así las cosas, es necesario mantener prudencia frente a esta investigación que apenas comienza para no tomar decisiones precipitadas ni realizar prejuzgamientos injustos. No obstante, el gobierno Santos debe esforzarse en convencer tanto a las autoridades como a la opinión que ni en la campaña ni en su gestión las prácticas corruptas han hecho de las suyas.    

Publicado en Editorial

El fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, reveló ayer que el exsenador Otto Bula le habría girado un millón de dólares a la campaña del presidente Juan Manuel Santos, en el año 2014.

El ente fiscalizador asegura que de los sobornos recibidos por el exsenador Otto Bula, se habría entregado una parte a la gerencia de la campaña de reelección de Santos.

El sorpresivo anuncio del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, manifiesta que al menos 1 millón de dólares del dinero pagado por Odebrecht al exsenador Otto Nicolás Bula, salió del contrato de la vía  Ocaña - Gamarra, y fue a dar a manos  de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos.

Roberto Prieto, gerente de la campaña, deberá responder a los interrogantes de la Fiscalía. A través de un comunicado, Prieto Uribe rechazó las acusaciones hechas por Bula y las calificó de infundadas y tendenciosas, ya que los gastos de la campaña fueron sufragados con los ingresos por reposición establecidos en ley, tal como consta en los estados financieros presentados ante el CNE, y auditados por la misma institución.

La Fiscalía compulsó copias al Consejo Nacional Electoral para que investigue. Martínez, por su parte destacó por primera vez, que se trabaja de la mano con el gobierno panameño para desenredar el entramado de Odebrecht.

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El sonado caso del millonario soborno de la empresa brasilera Odebrecht Colombia, sigue salpicando a altos funcionarios del gobierno nacional, en esta oportunidad la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, denunció que 15 días antes de dejar el Ministerio de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, emitió una resolución autorizando la instalación de dos peajes en la vía de la Fase II de la Ruta del Sol, que comunica a Ocaña con Gamarra.

La Senadora señaló que la exministra de transportes debe explicarle el por qué no se declaró impedida "si un puerto de la familia Parody se benefició con la construcción de la vía y es conocida su relación con la exministra Gina Parody”.

Guerra aseguró que en la resolución no se exponen los motivos técnicos para autorizar estos peajes y resaltó la necesidad de que éstos se conozcan ya que la Fiscalía tiene pruebas contra el exsenador Otto Nicolás Bula sobre condiciones pactadas previamente con Odebrecht frente a la instalación de nuevos peajes. 

Publicado en Generales

A raíz del escándalo por el soborno de la empresa brasilera Odebrecht para obtener millonarios contratos en Colombia, y el señalamiento que le vienen haciendo a varios funcionarios y congresistas, la cadena Caracol Radio reveló que la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema para que determine si hay méritos suficientes para investigar al representante por el departamento del Cesar Alfredo Cuello Baute.

La corte tendría como base, un supuesto tráfico de influencias en la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, a partir de un listado de senadores y representantes a la Cámara que entregó el director de Odebrecht Luis Fernando Andrade, en la adición contractual de la Ruta del Sol II, en el tramo Ocaña-Gamarra.

“Se indaga sobre un eventual tráfico de influencia, en la ANI”, le sostuvo a la cadena radial el fiscal general de la nación, Humberto Martínez.

Andrade reveló en su momento un listado de congresistas. “de los parlamentarios de Norte de Santander recuerdo conversaciones con el senador Manuel Guillermo M ora y los representantes Alejandro Chacón y Ciro Rodriguez”, y dice el informe que “quien tenía mayor interés era el representante Alfredo Cuello Baute, del Cesar y en el departamento de Córdoba Bernardo ‘Ñoño’ Elías.

Los congresistas por tener fuero especial, el juez competente para investigarlos es la Corte Suprema de Justicia, a través de su sala penal.

Publicado en Generales

Coletazos del escándalo de Odebrecht

El escándalo internacional de corrupción de la firma brasilera ha agitado las aguas que parecían tranquilas en este comienzo de año. Fue gracias a la investigación de la justicia de Estados Unidos que Colombia y varios países latinoamericanos conocieron la magnitud de la estrategia sistemática de la empresa Odebrecht de ganar multimillonarios contratos de infraestructura en tales países, a punta de sobornar funcionarios públicos encargados de adjudicarlos.

Si la justicia americana no hubiese realizado tal investigación, en la cual ya Odebrecht aceptó los cargos y fue multada con 2.600 millones de dólares, tal vez nunca se habría puesto al descubierto lo sucedido en Colombia. En este sentido, debe reconocerse que fueron las autoridades americanas quiénes le hicieron la tarea a sus homólogos colombianos. Según la investigación estadounidense, Odebrecht realizó pagos de sobornos a altos funcionarios del gobierno nacional por valor cercano a 11 millones de dólares para asegurar contratos de obras públicas durante el periodo comprendido entre 2009 y 2014. Dicho periodo cobija tanto al último mandato del presidente Álvaro Uribe como al primero de Juan Manuel Santos.

Y estos dos mandatarios y sus seguidores se han tranzado en una pugna en los medios y por redes sociales argumentando que el contrario fue más corrupto que el otro. Una verdadera vergüenza. Por el primer caso ya fue capturado el ex viceministro de Transporte del gobierno Uribe, Gabriel García Morales, quien ya aceptó haber recibido 6.5 millones de dólares por lograr para Odebrecth la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol Tramo 2, descartando a los demás licitantes.

Pero el gobierno Santos no está inmune. También se investiga una generosa adición al mencionado contrato de la variante vial Ocaña-Gamarra, la cual fue entregada al mismo contratista, sin licitación, por la desproporcionada suma de 900.000 mil millones de pesos. Dicha adición fue hecha con la autorización de la ministra de Transporte Cecilia Álvarez-Correa y el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade. Por esta adición, Odebrecht ya declaró en Estados Unidos haber pagado un soborno de 4.6 millones de dólares.

Por este último caso resultaron mencionados varios congresistas, entre ellos Ape Cuello por el Cesar, quien ayer desmintió tener algo que ver en este enredo. Y habrá que creerle mientras no exista prueba en contrario.

Sin embargo, el caso de Odebrecth pone en evidencia cómo los grandes proyectos de infraestructura vial se hacen en contra de los intereses de los colombianos en general, y de los usuarios de las vías en particular. En el caso de la variante Ocaña-Gamarra se le permitió al contratista no sólo ganarse la obra sin licitación, sino algo peor: en condiciones excesivamente generosas incluyendo, entre otras, creación de nuevos peajes no contemplados inicialmente y aumento de la tarifa de los peajes preexistentes hasta en un 15%.

Si lo de Odebrecht escandaliza, lo de la APP Cesar-Guajira es para sentarse a llorar. En efecto, a pesar de la corrupción encontrada en la Ruta del Sol Tramo 2 y su variante Ocaña-Gamarra, se trata de la construcción de kilómetros nuevos de vía en doble calzada. En el caso de la APP Cesar-Guajira se adjudicó a un solo oferente (la firma Cóndor S.A.) el mantenimiento de 350 kilómetros de vías, de los cuales 336.1 kilómetros son para rehabilitación y sólo 8.6 kilómetros corresponden a construcción de nueva vía. Aquí cabe la obvia pregunta de porqué la mayor parte de la obra, concretamente el 95.9%, contempla reparación de vía existente y sólo un 2.4% corresponde a construcción de vía nueva. Para sufragar los gastos de esta obra, el gobierno autorizó la instalación de ocho peajes, los cuales ya entraron en funcionamiento a pesar de que no se ha intervenido un solo kilómetro de la vía.  

La APP Cesar – Guajira le fue “vendida” a ambos departamentos como la gran solución a su atraso vial cuando en realidad no lo es. Cabe recordar que fue adjudicada bajo el auspicio del vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras y con el consentimiento silencioso de los congresistas cesarenses y guajiros quienes, por lo menos, no se opusieron públicamente a la obra. Aquí también bien vale la pena investigar si hubo corrupción en la adjudicación de una obra tan generosa para el contratista y tan lesiva para los usuarios de las vías quienes deberán pagar peaje cada 40 kilómetros.

Publicado en Editorial

El director de Odebrecht en Colombia Eleuberto Martorelli, nombró en sus declaraciones a caracol radio a otros tres congresistas, entre ellos al Representante a la Cámara por el departamento del Cesar Alfredo ‘Ape’ Cuello Baute, por haberse reunido presuntamente con Otto Bula, de quien dijo tenía la misión de conseguir la adjudicación del contrato Ocaña - Gamarra.

El representante por el Partido Conservador Ape Cuello, negó haber tenido reuniones con el excongresista Otto Bula por el caso Odebrecht.

En un corto comunicado Cuello Baute, señaló que "con respecto a la información publicada por algunos medios de comunicación, manifiesto que nunca me he reunido con persona alguna para favorecer a la empresa Odebrecht ni a ninguna otra. Rechazo esta información".

Publicado en Generales

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