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El Ministerio de Educación Nacional, le quitó “matricula condicional” a la Universidad Popular del Cesar institución sobre la que pesaban unas las medidas preventivas ordenadas por el ministerio de Educación Nacional establecidas en la resolución 20343 del 16 de diciembre del 2015. El levantamiento se dio mediante resolución 18902 del pasado 18 de septiembre, que resolvió terminar tales medidas.

El documento lo firmó la Ministra de Educación Nacional, Yaneth Giha Tovar, el que en uno de sus apartes indica que: la Universidad Popular del Cesar, presentó un Plan de Mejoramiento ordenado a través de la resolución 20343 del 2015, el cual fue objeto de análisis y seguimiento de conformidad con los informes de visitas por parte de su cartera.

Tal seguimiento lo hizo el Ministerio luego de 4 visitas a la institución en los que no solo observó, sino que, prestó acompañamiento a la implementación, ejecución y cumplimiento de este plan.

En la conclusión se infiere que, la UPC cumplió con la elaboración, presentación y en términos generales, con la implementación de su Plan de Mejoramiento y que las acciones y actividades ejecutadas, le permitieron superar los hallazgos que fundamentaron las medidas preventivas, sin embargo, debe seguir con la terminación definitiva del Plan de Mejoramiento en lo concerniente a las actividades que aún no han alcanzado su nivel.

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Formalmente el Consejo de Estado le solicitó a la Corte Constitucional que declare el estado de cosas inconstitucionales frente a la grave crisis humanitaria que se presenta en el departamento de La Guajira y que afecta, principalmente, a la comunidad indígena Wayúu.
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo considera que el Gobierno debe tomar medidas urgentes para salvaguardar la vida e integridad de los indígenas, quienes vienen viéndose afectados por el olvido de las autoridades nacionales, departamentales y locales.
En el oficio se le manifiesta a la Corte Constitucional, que estas comunidades no tienen acceso a agua potable, servicios médicos integrales y alimentos en buen estado, situación que ha generado un desplazamiento de las familias indígenas en busca de una mejor calidad de vida, lo que además ha engrosado los renglones del trabajo infantil en el departamento porque los menores abandonan sus estudios para ayudar a sus padres.

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Tras la instalación de la mesa intersectorial de la estrategia 'Gobierno en las Regiones' en Riohacha, La Guajira, el vicepresidente Óscar Naranjo lideró el seguimiento a las medidas adoptadas en múltiples frentes en beneficio de La Guajira por parte de 35 entidades del Gobierno Nacional.

En la sesión estuvo presente el alto consejero para las Regiones, Carlos Correa; la ministra de Educación, la barranquillera Yaneth Giha; el ministro de las TIC, David Luna, y el director de Prosperidad Social, Nemesio Roys, entre otros altos funcionarios del Gobierno Nacional que representan a 35 entidades presentes en La Guajira para hablar con el Vicepresidente sobre problemáticas de agua, alimentación y temas de educación.

Del mismo modo se contó con la presencia  del gobernador encargado de La Guajira, Weildler Guerra; la alcaldesa de Riohacha, Tatiana Barros, y 15 mandatarios locales más, Correa explicó que esas 35 entidades del Gobierno Nacional acompañan tanto al equipo de la Gobernación y a los diferentes secretarios como a los 15 alcaldes que participan en el proceso.

“El objetivo de la mesa intersectorial es atender las solicitudes de los mandatarios locales y también dar a conocer los programas y proyectos que el Gobierno Nacional le ofrece a la región” apuntó Carlos Correa.

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Tras los lamentables sucesos alrededor de las mujeres gestantes wayuu de los municipios de Manaure, Riohacha y Uribia, en La Guajira, quienes están en una situación de gravedad y urgencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió ampliar las medidas cautelares que había otorgado a los niños para que se garantice su vida e integridad personal.

La decisión es la respuesta a una de las tantas solicitudes que han venido haciendo la abogada Carolina Sáchica y el líder wayuu Javier Rojas, quienes han tomado la vocería del pueblo indígena para dar la pelea por el respeto a sus derechos humanos, ellos,  consideraron que la vida de unas nueve mil mujeres gestantes wayuu se encuentran en situación de riesgo por la falta de acceso a atención médica en la zona y altos niveles de desnutrición.

La CIDH solicita entonces al Estado colombiano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de las mujeres gestantes y lactantes wayuu de esas poblaciones, asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud para las mujeres.

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Ante las medidas de control que buscan hacerle frente a la ilegalidad en el transporte de Valledupar y que comenzará a implementar la administración municipal, los oyentes de Radio Guatapurí manifestaron su optimismo frente a estas decisiones del gobierno local.

Estos señalan que en hora buena la Alcaldía ha tomado esta decisión que busca frenar la piratería y el transporte informal, y que además, acabaría con la corrupción que existía con las inmovilizaciones de motos y vehículos en esta ciudad.

Es importante señalar que las autoridades son las encargadas de hacer cumplir las medidas, con el fin de proteger la legalidad del transporte, pero que no deben aprovecharse de sus facultades para cometer atropellos contra los motociclistas, y conductores para sacar ventaja de ello.

Además, es fundamental que la comunidad entienda que estas iniciativas que se toman son para mejorar la movilidad de Valledupar, la cual se ha visto afectada por la falta de control por parte de la autoridad.

Puede escuchar el audio aquí:

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El Ministerio de Educación Nacional impuso medidas preventivas a tres universidades en el país, dentro de las que se encuentra la Universidad Popular del Cesar, UPC, por encontrar irregularidades en la estructura de gobierno y la situación financiera, administrativa y académica.

La titular de la cartera,  Gina Parody señaló que ordenó medidas que van desde un plan de mejoramiento,  envío de inspectores y la constitución de una fiducia para el manejo de sus recursos y rentas hasta la suspensión temporal y preventiva del trámite de las solicitudes de nuevos registros calificados o renovaciones y acreditaciones.

En cuanto a la Universidad Popular del Cesar, dijo que el rector Carlos Emiliano Oñate Gómez, se encuentra inhabilitado para prestar sus servicios profesionales a la Universidad.

Aseguró que los dos últimos representantes de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario, no cumplieron el requisito de haber ejercido en propiedad el cargo de rector, conforme lo exige el Estatuto General de la Institución.

Complementó que  los contratos de prestación de servicios no cumplían el pleno de los requisitos, que no ejecutaron recursos pro estampilla para  la vigencia del año 2014. En cuanto a las conciliaciones bancarias contienen partidas sin identificar desde el 2011 a la fecha.

En este rosario de irregularidades según la ministra, se encontró además incumplimiento del procedimiento para el cobro de cartera, deterioro en estructura física y medios educativos, no existe una política de investigación.

En ese sentido el Ministerio ordenó  a la UPC presentar un plan de mejoramiento  para corregir y superar en el menor tiempo posible los hallazgos encontrados.

Puede escuchar audio aquí:

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Como parte de la estrategia contra el hurto de celulares, el Gobierno Nacional anunció que el Ministerio de las TIC apagará los teléfonos celulares de dudosa procedencia en todo el país.

De acuerdo con el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en los últimos tres meses se han apagado más de 400 mil celulares, agregando que entre diciembre y julio próximo se tomará la medida en por lo menos dos millones y medio más.

Santos Calderón advirtió que quienes compren celulares de dudosa procedencia van a perder su dinero, pues de no ser registrados, serán inhabilitados y reiteró que el hurto de celulares es un delito trasnacional, pues en 2014 se robaron más de un millón de celulares aquí en Colombia y es un negocio que movía más de 400 millones de dólares al año.

En los últimos tres meses, las autoridades han recuperado 69 mil celulares; antes se recuperaban 310 celulares por semana, hoy se están recuperando 5 mil 750 por semana y en lo corrido del año la cifra de recuperación de móviles asciende 77 mil 800.

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La noticia más importante por estos días es que continúa la tensión surgida entre los Gobierno de Colombia y Panamá, tras la declaratoria de paraíso fiscal para ese país.

El Gobierno de Panamá le dio un “plazo de siete días” a Colombia para que retire al país centroamericano de la lista de paraísos fiscales y poder comenzar a negociar un mecanismo para el intercambio de información fiscal; entre tanto, el Gobierno colombiano dijo que lleva dos años esperando obtener de Panamá una mayor cooperación en el intercambio de información fiscal.

Según el analista económico de La Tribuna del Cesar, José Antonio Larrazábal (Escuchar audio), “el viernes pasado las cancilleres de ambos países se reunieron, y a pesar de que comenzaron un diálogo para buscar una solución al problema, lo que hoy sucede es que no hay ningún tipo de arreglo y las amenazas siguen, porque el gobierno colombiano no ha sacado a Panamá de la declaratoria de paraíso fiscal, y por su parte, el gobierno panameño colocó un ultimátum que se vence este miércoles”.

El ultimátum consiste en que de no retirarse esa declaración, Panamá comenzará a ejercer algunas retaliaciones. Ante esta situación es evidente que ambos países están perdiendo, y al igual unos sectores pierden más que otros, pero en últimas quienes se ven afectadas son las dos economías.

Esto se debe a la dependencia que se ha creado entre ambos países, ya que hoy Panamá es el tercer socio comercial de Colombia, después de Estados Unidos y de China, y porque el turismo que recibe el país panameño desde Colombia es bastante alto; además 700.000 colombianos viven en esa nación y también en alguna medida sufrirán en caso de que se tomen algunas retaliaciones.

“Hay que anotar que el sector financiero en Panamá, es decir, el 26% de los bancos y establecimientos de crédito, son de capital colombiano, lo que indica que hay muchos factores que hacen que dos economías que están estrechamente relacionadas se vean perjudicadas y se afecte el buen curso de ellas”, sostuvo el analista Larrazábal.

No obstante, como se dice que el gobierno panameño va a establecer algún tipo de retaliaciones, se evidencia que muchos sectores van a salir perjudicados. Por ejemplo, se habla de subir los aranceles a exportaciones que van desde Colombia hacia Panamá, e incluso se buscará colocar visa a todos los viajeros colombianos y de subir impuestos a los giros y las remesas, lo cual afectaría mucho el comercio binacional.

En últimas este tema no ha sido manejado de la mejor forma, ya que es un problema de indelicadezas en el tema diplomático y es extraño que esto suceda, cuando algo que se le aplaudía al gobierno nacional era su excelente desempeño en materia de diplomacia comercial.

De otra parte, cabe señalar que la decisión colombiana rompe más de 50 años de tradición en el manejo de las relaciones comerciales entre estos dos países, lo que según el experto “se considera una decisión desesperada, porque el Gobierno arguye que la OCDE, donde pretende entrar Colombia, le exige que tome medidas serias respecto al control de la evasión fiscal, lo cual es cierto, sin embargo, no le exige que declare como paraíso fiscal a Panamá, y la única medida por la cual se controla la evasión fiscal no es a través de esa declaratoria”.

Finalmente, el ministro de Hacienda dijo que las medidas entrarán en vigor en enero de 2015 y afirmó que Colombia no tenía otra opción diferente a la decisión ya tomada; Ahora, Panamá amenaza con retaliaciones y se habla de medidas  de retorsión.

En este sentido, estas medidas son retaliaciones directas que incomodarán a Colombia, debido a que el país panameño se ha incomodado y por ende abrumará al sector empresarial y a toda la economía como tal.  Es decir, que hay un sinnúmero de factores que agravarán la relación entre ambos países, pero en especial, a ambas economías.  

Puede escuchar el audio aquí:

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Publicado en Economica

Se activó el Comité Interinstitucional en contra del abuso sexual de menores en el departamento del Cesar, esto como consecuencia de las alarmantes estadísticas registradas en el 2013.

El año anterior se presentaron 281 casos de niñas menores de 14 años abusadas sexualmente y en muchos de los casos hoy son madres y necesitan del apoyo institucional para continuar con una vida de progreso personal.

El Comité Interinstitucional está compuesto por la Gobernación, Icbf, Policía, Fiscalía y Medicina Legal, los cuales coadyuvaran para prevenir los abusos sexuales, prestarles ayuda a las víctimas y castigar a los abusadores.

Según el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, se creará un observatorio del abuso sexual para hacerle seguimiento a los casos presentados y brindar así una oportunidad de vida a las menores con la capacitación y el empleo.

Los casos de abusos sexuales se presentan en mayor porcentaje en los municipios de Valledupar, Aguachica, Codazzi y La Jagua de Ibirico.

Escuche la intervención del Gobernador del Cesar aquí:


 

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