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Una niña de seis años se convirtió en otra víctima fatal del flagelo de la desnutrición que azota al departamento de La Guajira, el deceso se registró en la clínica Renacer de Riohacha.

Tras una semana de permanecer en el centro asistencial a donde fue trasladada desde Uribia por un caso de extrema delgadez la menor falleció pese a los esfuerzos médicos.

Las autoridades indígenas insisten en que los mandatarios locales no han planteado la gravedad de la situación de hambruna en La Guajira, sumado a ello sus voces, aseveran, no son escuchadas en el Gobierno Nacional para que gestione soluciones y evitar más muertes de menores pertenecientes a su etnia.

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Tras el fallo de una tutela, la Corte Constitucional recordó al Estado su obligación de vigilar la adecuada ejecución de las licencias que se otorgan a las empresas petroleras o mineras del país para evitar que se generen graves problemas medioambientales en las regiones donde se realicen las exploraciones de minerales, gas o petróleo.

La problemática se desprende del departamento de La Guajira, de donde indicó la corporación judicial que en municipios de ese departamento se otorgó licencia ambiental a la empresa Ecopetrol S.A., “para construir un gasoducto entre los municipios de Manaure (Sector Ballenas) y Barrancabermeja” pero a la fecha no se ha realizado un adecuado “objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades” encargadas, en este caso la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

De acuerdo los tutelantes, miembros de la comunidad wayu, “no ha habido una adecuada supervisión por parte la autoridad ambiental de la operación de la estación compresora de gas de Hatonuevo” dado a que se ha permitido que se presenten afectaciones a su entorno, tales como: “fuertes ruidos que alteran su medio y calidad de vida;  contaminación del aire por la quema permanente de gas; riesgos para la comunidad en caso de que se llegare a presentar una explosión, máxime cuando no se cuenta con señalización en su idioma y no existen planes de emergencias y contingencias; y deterioros de sus fuentes hídricas”.

Por las anteriores afectaciones se ha ordenado que se inicie un procedimiento administrativo “con el fin de verificar y hacer seguimiento a las afirmaciones de la comunidad accionante en relación con la inadecuada operación de la estación compresora de gas de Hatonuevo, en especial, de los cuestionamientos en torno a la contaminación sonora”.

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Una gran cantidad de dinero de la educación en el departamento de La Guajira estaría embolatado, esto según un informe de la Contraloría en que se establece que aparentemente se pagó en 2015 en La Guajira, a personal docente y administrativo, 1.500 millones de pesos menos que lo que se debía pagar, debido a que, en medio de la firma de cinco contratos a operadores indígenas, se habrían modificado los perfiles del personal, al parecer amparándose en una pretendida autonomía de pueblo ancestral.

El ente de control fiscal ha señalado lo anterior al auditar los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, de la Gobernación de La Guajira durante la vigencia de 2015, cuando fungía como gobernador José María ‘Chema’ Ballesteros.

Los resultados de la auditoría dan cuenta de que en ese año el departamento fue calificado por la Contraloría con un puntaje de 75,4, que corresponde a una gestión “desfavorable”.

Fueron 33 presuntos hallazgos administrativos, 14 disciplinarios y cuatro fiscales por 1.676 millones los que se tuvo como resultado de la auditoria.
Según lo revelado el organismo revisor pone de presente que una vez revisados los contratos para la “prestación del servicio educativo” entre marzo y diciembre de 2015, más concretamente de “administración educativa y prestación de servicios”, específicamente “al revisar los salarios del personal docente y administrativo comparados con las nóminas allegadas al proceso auditor, se observan diferencias entre el componente de recurso humano de los contratos y lo efectivamente pagado”.

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Un grupo de la especialidad de Tránsito y Transporte, fue designado para abordar la investigación que lleve a determinar qué pasó la madrugada del jueves en el kilómetro 60 de la carretera Riohacha a Cuestecita para que se produjera el choque del bus de la empresa Brasilia con número interno 7101 y un camión tipo 350 cargado de ACPM.

El fatídico percance generó un incendio en el bus y la muerte de cinco personas que quedaron completamente calcinadas y más de 40 heridos.

El coronel José Wilmer García Mendivelso, comandante de la Policía de La Guajira, informó que expertos en los procesos de Policía judicial se encuentran en la península desde la tarde del jueves y su única misión es establecer cuáles fueron las causas del accidente que produjo la muerte de tres hombres y dos mujeres que habían salido de la ciudad de Barranquilla el miércoles a las cinco de la tarde.

Del mismo modo informó que seguirán los estrictos controles contra el transporte ilegal de gasolina para luchar contra la ilegalidad y evitar siniestros como este en las vías.

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Las autoridades han anunciado mayores controles para La Guajira en el tema de transporte de ganado por ser zona fronteriza con Venezuela, desde donde están proviniendo las reses con fiebre aftosa y con mayores probabilidades de que sean por el municipio de Maicao por donde ingresen a la costa colombiana. 

El general Pablo Alfonso Bonilla Vásquez, del Ejército Nacional en La Guajira, informó que a lo largo y ancho del departamento tienen instalados puntos de control y principalmente en la frontera para evitar el ingreso de semovientes de contrabando al país. 

"Todo este trabajo ha sido en acompañamiento de la Policía Fiscal Aduanera y funcionarios de la Dian, para poder proceder a las investigaciones y entrega del ganado que sea decomisado" aseveró el General Bonilla.

El Ejército asegura que ha venido realizando el trabajo en acompañamiento de la Polfa y la Dian, en donde se han extremado las medidas en contra del contrabando. 
En el tema de cifras el Ejército ha incautado 537 reses en lo que va corrido del 2017.

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El listado de heridos identificados que maneja la empresa de buses Brasilia, involucrada en un fatal accidente en la madrugada de este 20 de julio, asciende a 22 pasajeros que se trasladaban en el automotor que cubría la ruta Barranquilla- Fonseca, el cual colisionó con otro vehículo que transportaba ACPM, lamentablemente cinco personas murieron en el lugar de los hechos porque a causa del impacto se originó una conflagración.

Las personas que son atendidas en centros asistenciales de La Guajira y Valledupar responden a los nombres de Andrés Peláez Cerchar, Analcis López, Saúl Junior Marrugo Rivera, Jazmín Rodero, David Eduardo Almeida Freyle, Eleana Ochoa, Yolenis Pinto, Oscar Oñate, Jair Solano, Fredy Antonio Ortiz Jaime, Astrid Cecilia Nieves De Ruiz, Nidian Mejía, Darina Figueroa, Luis Carlos Jiménez Romero, Wilson Martínez, Alberto Mario Fruto Charris, Albert Pérez, Helder Granadillo, Orlando Castro, Elvia María Lemos, Ilianis Gregorio Peñaranda y Edgar Antonio Córdoba Rojano.

Brasilia expresó además a través de un comunicado que una de las cinco víctimas fatales del accidente  registrado en el kilómetro 60 de la vía que conduce de Riohacha a Cuestecita, fue el conductor del bus, Jorge Gabriel López Anaya, de 30 años de edad, quien se destacaba por un ser un trabajador responsable.

Trascendió que otra de las personas fallecidas fue identificada como Karla Solano Soto, oriunda de Barrancas, La Guajira, estudiante de décimo semestre de medicina de la Universidad del Norte; así mismo fueron identificados los restos de María del Carmen Céspedes, Héctor Rizo y Edgar Suárez.

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Un togado determinó el pasado miércoles que la exmandataria de La Guajira, Oneida Pinto Pérez no cumple las condiciones legales para recuperar su libertad por vencimiento de términos, fue el juez 53 de Garantías de Bogotá quien negó la petición a Pinto, quien viene siendo investigada por presunta corrupción en La Guajira.

En medio de la vista pública se advirtió que pese a que Oneida Pinto se encuentra detenida desde marzo pasado, “el tiempo alegado por la defensa de la exgobernadora, cuando aduce que la Fiscalía no ha iniciado el juicio tras 120 días posteriores a la presentación del escrito de acusación, no se cumplen a cabalidad“, fue por ello que el juez señaló que sin cumplir dicha condición, no puede otorgar la libertad por vencimiento de términos.

“Al certificarse por parte de la Fiscalía, que no se han vencido los términos, sino que al contrario los mismos se extendieron para atender dos diligencias relacionadas con el proceso penal que ocupa la atención del despacho, por lo cual determina negar las pretenciones de la defensa de Oneida Pinto” explicó el juez que atendió la diligencia.

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Luego de varias protestas y quejas de las comunidades de zonas rurales de diferentes municipios de La Guajira, el Ministerio de Educación ha anunciado que progresivamente se retomará la entrega del servicio de alimentación y transporte para los niños y jóvenes de este departamento intervenido por el Gobierno Nacional a causa de los recientes escándalos por corrupción.

Según lo anunciado por Mineducación este mes se iniciará la entrega de comida a 60 mil niños indígenas de La Guajira que viven en la zona rural, el segundo paso será habilitar en el mes de agosto el servicio a 90 mil niños más del departamento por parte del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.

Otro tema que reclamaron padres de familia de zonas vulnerables por medio de bloqueo de vías fue el de transporte escolar, sobre lo cual la cartera de educación  definió que se dará inicialmente en Maicao y después en Riohacha y Uribia para el mes de agosto.

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De acuerdo a lo denunciado por el propietario de un lote ubicado en Cerro Bañadero en el municipio de Hatonuevo en La Guajira, el Sistema de Alerta Temprana, SAT, que tiene instalados en dicho terreno los equipos de transmisión de datos, podría estar perdiendo su señal,  en vista del no pago de arriendo como dueño ha decidido cerrar la propiedad.

Tras el anuncio el SAT emitió su alerta alegando que es necesario monitorear la presencia de la tormenta Don que podría afectar las costas guajiras, acción que sería imposible ejecutar si no se cuenta con señal.


Por su parte, Corpoguajira ha señalado que aunque ha habido dificultad con los pagos, desde esta entidad se viene financiando desde hace muchos años la operación del SAT siendo competencia de otros entes.
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El gobernador encargado de La Guajira, Weildler Guerra Curvelo, presentó un proyecto de ordenanza ante la Asamblea departamental el cual fue aprobado por los mismos, en este se expone la intención de cambiar a atención de alto nivel a la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha.

El proyecto fue aprobado gracias a que desde finales del mes de abril del presente año, La Guajira cuenta con el Documento de Red, el cual permite realizar inversiones públicas en los diferentes hospitales de los 15 municipios.

La ciudadanía ha solicitado a los altos mandos que el hospital Nuestra Señora de Los Remedios sea fortalecido para que se presten servicios de alta complejidad y no sean trasladados constantemente a los centros de atención de otros departamentos.

Guerra Curvelo aseguró que se hizo lo posible porque el proyecto fuera formalizado ante la Asamblea, y luego de su aprobación la E.S.E. contará con una amplia atención de especialidades y subespecialidades. “Tendríamos la facultad de prestar servicios que se requieren en el departamento, y podemos fortalecernos en la prestación del servicio para la comunidad guajira”, sostuvo Flor García representante legal de la ESE.

Posteriormente, durante una visita del gobernador encargado de La Guajira a las instalaciones del Hospital Nuestra Señora de Los Remedios, anunció mejoras en la infraestructura física y la entrega de una ambulancia medicalizada.

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