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Jurisdicción indígena: ¿burla a la justicia?

Los hechos son tozudos. En marzo de este año la Fiscalía capturó al ex gerente de la EPS Dusakawi, Enoc Clavijo Franco, y a un contratista de la , Hernán Elías Osorio por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 4.000 millones de pesos del sistema de salud de las comunidades indígenas que habitan la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá: arhuacos, wiwas, koguis, kankuamos y yukpas.

La investigación adelantada por la Fiscalía no dejaba lugar a dudas: durante la administración de Clavijo se utilizaron varios mecanismos fraudulentos para malversar recursos de la salud de las etnias indígenas tales como empresas de fachada para justificar gastos inexistentes, aumento ficticio del número de usuarios, facturación de medicamentos no entregados, compras fantasmas de bienes y servicios no prestados, irregularidades en la contratación y tráfico de influencias, entre otras prácticas corruptas.

Por ello, la captura de Clavijo fue considerada como histórica porque, por primera vez en nuestra región, un alto dirigente indígena era procesado por la justicia ordinaria y privado de su libertad, cuando ha sido la regla de facto que los indígenas, por su fuero especial, están por fuera del alcance de la jurisdicción ordinaria. Con la detención de Clavijo Franco se empezaba a romper ese paradigma.

Sin embargo, recientemente la defensa de Clavijo y de los demás procesados ha planteado un conflicto de jurisdicción ante el Juzgado Quinto Penal que lleva la causa, argumentando que debe ser la justicia indígena –y no la ordinaria– la que juzgue los hechos. El proceso se encuentra suspendido a la espera de que el Consejo Superior de la Judicatura determine cuál es la jurisdicción aplicable y, por ende, cuál el juez competente.

Naturalmente, debe esperarse a que el alto tribunal dirima el conflicto y determine quién es, en últimas, el Juez competente para juzgar estos hechos.

No obstante, cabe expresar varias críticas al recurso presentado por la defensa de los procesados, porque ésta en ningún momento ha argüido la inocencia de sus clientes. Lo que está planteando es trasladar el asunto al conocimiento de la justicia indígena confiando en que en ella sus defendidos tendrán un tratamiento muchísimo más benigno que el que tendrían sin son procesados y juzgados por la justicia ordinaria. Ese es el quid del asunto. Lo demás son tecnicismos legales.

En el evento en que el Consejo Superior de la Judicatura determine que en este caso opere la justicia indígena, ésta deberá esforzarse por demostrar a sí misma y al resto de la sociedad no indígena que las personas que cometen delitos tendrán el trato y la sanción que corresponde a los delincuentes. Se insiste: no puede convertirse la jurisdicción indígena en una vía de escape a la jurisdicción ordinaria, porque en el fondo sería burlar la justicia.

Publicado en Editorial

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