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El Gaula de la Policía dio captura a un hombre identificado como Jesús Alfredo López Miranda, de 26 Años de edad, natural de Valledupar acusado por el delito de extorsión.

Este sujeto fue apresado en flagrancia, en la carrera 30 del barrio 5 de Enero y era el encargado de cobrar las extorsiones a comerciantes en Valledupar.

De acuerdo a la investigación, López Miranda cobraba sumas de dinero que oscilaban entre 2 y 5 millones de pesos, las cuales eran exigidas mediante llamada telefónica extorsiva tipo carcelario a comerciantes, a quienes intimidaban y amenazaban con atentar en contra su integridad física y la de sus familiares.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Tercera Especializada, quien lo presentó en audiencia pública ante un juez de control de garantías que le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Se cumplió la audiencia en el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones del Conocimiento contra dos sujetos identificados como Raúl Caraballo y Javier Leguizamón, acusados de coautoría de los delitos de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego y municiones, por el crimen perpetrado en abril del año en curso en el barrio Villa Dariana de Valledupar, donde resultó víctima Edgar Ruiz Peñalosa, de 43 años de edad, natural de Barichara, Santander.

Estos sujetos solicitaron al despacho la suspensión de la medida de aseguramiento argumentando inconsistencias en la misma.

Como se recuerda, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar condenó a 34 años de prisión a los autores materiales del asesinato del tendero Ruiz Peñalosa, identificados como Jorge Luis Campo Campo y a Cristian David Arias Ramírez, quienes se movilizaban en una motocicleta y llegaron al local comercial solo con el ánimo de darle muerte, mas no para atracarlo, reveló en ente acusador.

El crimen se registró el pasado 26 de abril, en el interior de la tienda Mi Morenita, adonde ingreso el parrillero y le disparó a corta distancia al comerciante Ruiz Peñalosa, quien murió cuando era trasladado.

El Juez del conocimiento negó la petición de la defensa por improcedente.

Estos sujetos el 15 de diciembre próximo deberán asistir a la audiencia preparatoria.

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Como Álvaro Fabián Castillo Castillo, fue identificado el hombre que perdió la vida al colisionar un camión turbo de placas WFH–239 contra un Bus de Copetran de Placas SUE- 976 que cubría la ruta Barranquilla - Bogotá, a la altura del km 79 de la Lizama- San Alberto sur del Cesar.

Álvaro Fabián, falleció cuando era trasladado a un centro de salud de Aguachica.

En el hecho también resultó lesionado José Milton Blanco López, quien presenta politraumatismos.

El cuerpo fue remitido por la Policía de Carretera hasta la morgue de Medicina Legal de Aguachica para la necropsia.

Las primeras hipótesis dan cuenta que las causas de incidente podrían ser los huecos en la vía lo que obligó al conductor del bus a invadir el carril del turbo.

Las autoridades iniciaron la correspondiente investigación para determinar la responsabilidad del caso.

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Fueron enviados a prisión dos hombres capturados por la SIJIN en Valledupar, en hechos aislados por el delito de hurto calificado y agravado.

El Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar legalizó la situación jurídica a Romario Andrés Rueda Vides, de 20 años, acusado por la Fiscalía 31 local de Valledupar, por la presunta comisión del delito por el delito de hurto calificado agravado, coordinada por la Fiscalía 31 local de Valledupar.

Así mismo en otra sala de audiencia del Palacio de justicia el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, legalizó la captura y también envió tras la rejas a Oswaldo Villanueva Estrada de 25 años, natural de Valledupar, ocupación moto taxista, quien fue acusado por la Fiscalía 11 Local por el delito de hurto calificado agravado.

De acuerdo al ente acusador este sujeto el 17 de Octubre del presente año, en la calle 30 con carrera 18D esquina, Barrio Primero de Mayo, estando como parrillero en una motocicleta intimidó a una persona con arma blanca, hurtándole una tablet y un equipo celular avaluados en $3 millones de pesos.

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Se incrementan las capturas en Valledupar , por el delito violencia intrafamiliar, dos sujetos fueron detenidos por la SIJIN con orden judicial, en las últimas horas y los jueces de Garantías les resolvieron su situación jurídica.

La primera aprehensión se registró en la carrera 41 del barrio La Roca, donde apresaron a Edgardo Rafael Verdecia Contreras de 22 años de edad, quien era solicitado por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, de fecha 5 de junio de 2017, por los hechos ocurridos el día 15 de mayo de 2017, donde ocasionó múltiples lesiones con agua caliente en el cuerpo de su hermana.

De otro lado las autoridades lograron ubicar y capturar en el barrio San Martín sobre la calle 35, a Javier Alfonso Muñoz de 31 años, quien era solicitado por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías, según orden de captura de fecha 22 de noviembre de 2017, por los delitos de violencia intrafamiliar agravada, amenazas y lesiones personales agravadas, investigación adelantada por los hechos ocurridos el día el 15 de agosto de 2015, en el barrio San Martín, donde resultó herida su compañera sentimental y su hija menor de edad.

En audiencias concentradas realizadas a los capturados un Juez de la República con funciones de control de garantías les dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia, porque no representan peligro para la comunidad.

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Avanzó la audiencia de alegatos de conclusión en el Juzgado Único Penal Especializado de Valledupar, contra los hermanos María Victoria y Alfredo Barreneche Aarón exdierector del ICBF, la exasesora política de Paz del departamento del Cesar y Casimiro López Maestre acusados por los delitos de concierto para delinquir agravado, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, lavado de activos y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada.

La Fiscalía 26 de la Dirección Nacional de Fiscalía Especializada Contra el Terrorismo expidió las órdenes de captura en el 2010, a Janer Mendoza Murgas, esposo de María Victoria, Juan Carlos Luna, representante de una de las fundaciones que contrataba con el Icbf, y Casimiro López Maestre, también señalado de participar en las contrataciones del Bienestar Familiar.

El ente acusador relató en vista pública enmarcada en la ley 600, que fueron inspeccionadas las oficinas del ICBF en Valledupar, para analizar los contratos firmados entre 1999 y 2007 con las fundaciones Fundescom, Fundebi y Abastecemos, que según el ente acusador eran empresas fachadas de los paramilitares, que entregaban víveres en los centros zonales de Codazzi, Aguachica y Chiriguaná, pero se detectó un faltante en la ejecución del contrato de 47 millones de pesos.

La Fiscalía tuvo el testimonio de los desmovilizados que aseguran que estos recursos se desviaban para las AUC, como el caso de: Augusto Guillermo Hoyos, John Jairo Hernández, alias ‘Daniel Centella’ y Leonardo Sánchez Barbosa, alias ‘El Paisa’.

Los abogados de la defensa Leslye Varela (abogada de Casimiro López Maestre), Gerardo Barbosa (abogado de Alfredo Barreneche) y Amadeo Tamayo (abogado de María Victoria), rebatieron los argumentos de la Fiscalía y pidieron la absolución de sus clientes.

El  juez programó para el próximo año la audiencia de  de fallo.

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Permanece en Medicina Legal para la necropsia el cuerpo de José Germán Loaiza García, de 57 años de edad, natural de Aranzazu, Caldas, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 119+700 metros, en la vía que une a los municipios de Codazzi a San Diego, Cesar.

José Germán iba conduciendo la motocicleta, AKT EDS de placa OYX 41 D, cuando impactó contra un automóvil, soportando múltiples golpes que determinaron su muerte en lugar de los hechos.

La Policía de Tránsito que practicó la inspección al cadáver manifestó que los vehículos quedan fuera de la calzada.

En las próximas horas será remitido hasta su lugar de origen para su sepelio.

Las autoridades avanzan en la investigación para determinar la responsabilidad del caso.

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El Juzgado Tercero Penal del circuito con Funciones del conocimiento, tras la verificación de pre acuerdo entre la Fiscalía Séptima Seccional, la abogada de víctimas Nohemí Toncel Meza y los acusados José Luis Campo Campo y Cristian Arias Ramírez, de 19 años de edad, por los delitos de homicidio agravado que fue degradado a simple y porte y tráfico de arma de fuego, donde resultó víctima Edgar Luis Peñaloza, natural de Barichara, Santander, de oficio tendero, de 43 años, quien fue ultimado de un impacto de arma de fuego en el tórax, en la manzana 29 casa 13, de la urbanización Villa Dariana de Valledupar el pasado 26 de abril.

El juez del conocimiento avaló el preacuerdo y los sentenció a una pena de 28 años y 6 meses de prisión, declarándolos penalmente responsables del hecho punible.

Dentro del proceso también están incluidos dos personas más identificadas como Raúl Carballo y Javier Enrique Untelgo; quienes no aceptaron los cargos endilgados por el ente acusador y deberán comparecer el próximo 13 de diciembre para la realización de audiencia de acusación.

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Las Autoridades investigan el crimen con arma de fuego de Jaime Soto Guerra de 60 años de edad, reconocido arquitecto vallenato , el crimen se registró anoche en el kilometro 2 vía al El Tablazo, en inmediaciones del ramal de Cañaverales en zona rural de San Juan del Cesar, La Guajira.

Jaime Soto recibió un impacto de arma de fuego a la altura de la cabeza con orificio de salida, al interior de su camioneta Toyota Prado, de color blanco de placas MTC 515.

Soto Guerra, era propietario de la empresa constructora Carvajal y Soto y socio del ex acalde de Valledupar Rubén ‘Ava’ Carvajal Riveira.

La SIJIN practicó la inspección a cadáver y lo trasladó hasta Medicina Legal para la necropsia de rigor.

El hecho ha causado mucha consternación en la sociedad vallenata.

Jaime Soto Guerra era gerente de la constructora que últimamente construye la urbanización Las Margaritas en el municipio de San Juan del Cesar.

Extraoficialmente, se pudo conocer que Soto Guerra fue obligado a transitar por esa vía que del casco urbano de San Juan del Cesar conduce al corregimiento de Cañaverales.

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La Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional anunciaron la desarticulación de una banda que defraudó más de 6 mil 800 millones de pesos a través del proceso de chatarrización de camiones.

En la operación fueron capturadas diez personas, de ellos 8 funcionarios públicos, señaladas de falsificar documentos de tránsito, reportar accidentes que no existieron y recibir reconocimientos económicos por concepto de chatarrización.

Según el informe de la Fiscalía, en dos años de investigaciones fueron descubiertos 98 procesos fraudulentos de chatarrización de tractocamiones, en los que estaría involucrada una red delincuencial señalada de permear distintos organismos de tránsito y obtener el pago de 6 mil 800 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional, en un trabajo articulado, recolectaron testimonios, contrastaron información y realizaron un meticuloso análisis grafológico hasta identificar a los presuntos integrantes de la organización vinculada al millonario engaño y poner en evidencia el entramado criminal que se desarrollaba en 11 municipios del país.

En una operación simultánea cumplida en 5 departamentos fueron capturadas 10 personas, entre ellas funcionarios de las secretarías de tránsito de Barbosa (Santander), Sahagún (Córdoba), Aguachica y La Paz (Cesar); y los inspectores de policía de Sabanalarga (Atlántico) y Aracataca (Magdalena).

Los procesados fueron traslados a Bogotá y presentados en audiencia pública ante juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento público, y solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario ante la gravedad de la conducta detectada.

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