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Para esclarecer la investigación viajaron para Madrid, España, Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación y Néstor Humberto Martínez Neira, Fiscal General de la Nación, quienes se reunirán esta semana con sus homólogos españoles para recaudar la mayor cantidad de información, las tres empresas del Canal Isabel II: Metroagua en Santa Marta, la Triple A en Barranquilla y Asaa en Riohacha.

Los guajiros inmersos en la investigación son: Antonio ‘Tony’ Ávila  Chassaigne, miembro del Consejo de Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado Asaa y Rafael Ricardo Ceballos Sierra, exalcalde de Riohacha, quien como mandatario​ en una jugada maestra sacó del negocio a Aguas de La Guajira y montó a Asaa, empresa que en la actualidad suministra el servicio.

De acuerdo a la información que se ha conocido, a juicio del fiscal, Néstor Humberto Martínez Neira, existen indicios de que “Inassa en relación a contratos públicos en la provincia de Riohacha a su filial Asaa, podría haber llevado esas prácticas corruptas”.

La Entidad investigadora ha priorizado las investigaciones sobre los planes de agua por considerar que estos eran uno de los focos más grandes de corrupción del departamento. Por cuenta de esto incluyó en la investigación al alcalde de Riohacha, Rafael Ricardo Ceballos Sierra.

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Las autoridades investigan la muerte de un hombre identificado como Euder 0sorio de 32 años de edad, vigilante de la empresa Águila de Oro, hallado en la Subestación Eléctrica, ubicada en la variante del municipio de Codazzi- Cesar.

El CTI practicó la inspección al cadáver, el cual no presentaba signos de violencia.

El cuerpo fue remitido a la morgue de Medicina Legal para la necropsia y establecer las causas de su muerte.

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Las autoridades investigan el crimen con arma blanca a un hombre en una riña en la Calle 5 entre careras 29 y 30 del municipio de Aguachica, en el Sur del Departamento del Cesar.

La víctima fatal respondía al nombre de Carlos Jair Rincón Carballo, de 43 años de edad, quien fue apuñalado en las afueras de una discoteca.

La victima de este hecho de sangre, departía en una Discoteca del sector mencionado.

El herido fue llevado a uno de los centros hospitalario donde falleció.

El autor del crimen quien está plenamente identificado huyó del lugar y es buscado por las autoridades.

 

Publicado en Judicial

Medicina Legal establecerá las causas de muerte de un joven identificado como Rafael Andrés Jiménez Arroyo, de 18 años de edad, natural de San Diego, hallado en el cuarto de su residencia en la Urbanización la Riviera, ubicada al sur de la ciudad.

Rafael Andrés, iniciaría sus estudios superiores de Comercio exterior en el próximo semestre en la UPC.

La SIJIN practicó la inspección técnica al cadáver el cual no presentaba signos de violencia.

El cuerpo fue trasladado por sus familiares hasta su tierra natal para su sepelio.

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Como una verdadera  muestra de investigación, innovación y tecnología, ha sido considerada  la creación de dos estudiantes del Programa de Ingeniería Electrónica, de la Universidad Popular del Cesar, de  un “Sistema  de Control de Movilidad  para Sillas de Ruedas Eléctricas, Mediante Comandos de Voz”, invención que fue presentada como proyecto de grado por los dos jóvenes.

Dana Suevis Gómez y Cristyan Oliveros Mesa, tuvieron esta  genial idea luego de ver las dificultades de movilidad que padecía en su silla de ruedas, el tío de este último, quién  se encuentra en condición de cuadriplejia.

El proyecto que ya fue calificado como tesis de grado,  tiene entre sus finalidades  diseñar un sistema de reconocimiento de voz con comandos estandarizados a fin de controlar los movimientos de la silla de rueda, desarrollar una interfaz de transmisión de comandos de control al sistema electrónico encargado de direccionar los movimientos de la silla, además de visualizar y alertar sobre el estado en el que se encuentra el sistema. Tiene también entre sus objetivos  implementar un sistema anticolisión mediante sensores periféricos con el objetivo de detectar riesgos potenciales que comprometan la integridad del usuario y garantice su seguridad al utilizar la silla.

Los comandos de voz usados para direccionar la silla son: adelante, atrás, derecha, izquierda y pausa, aparte de esto existen otros comandos como encender, dar inicio al trabajo del sistema, apagar, con el que se pone  en reposo el sistema, hora y fecha, este último  da la posibilidad de conocer la hora y la fecha actual, mediante un RTC (Real Time Clock).

Cuenta además esta creación con un sistema anticolisión, que está compuesto por 4 sensores de ultrasonido a prueba de agua que me permiten detectar obstáculos y huecos tanto en la parte frontal de la silla , como en la parte posterior de esta forma se evita que el usuario se estrelle con algún obstáculo o pueda caer debido a un hueco.   

 

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La Fiscalía General de la Nación abrió investigación preliminar por el accidente que provocó la muerte del cantante vallenato Martín Elías Díaz el pasado Viernes Santo.

La Fiscalía Seccional de Sucre iniciará la recolección de pruebas para verificar si hubo exceso de velocidad e investigará igualmente el robo de las pertenencias de los accidentados, así como partes de la camioneta.

El hecho también es investigado por la Policía de Tránsito que envió peritos desde Bogotá a la zona. Su director, el general Ramiro Castrillón, señaló que las pruebas de alcoholemia salieron negativas.

“Lo que ha arrojado las pruebas de embriaguez es que ninguno en el vehículo iba en estado de alicoramiento. Grado cero en las cuatro personas”, señaló el oficial.

Elías Díaz, de 26 años, había salido con su grupo musical de un concierto que ofrecieron la noche del Jueves Santo en Tolú, departamento de Sucre, y se accidentó en el sitio conocido como Aguas Negras, en jurisdicción de San Onofre.

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La Fiscalía en adelanto de la investigación contra exfuncionarios de La Guajira Marcos Luis Pedraza, exasesor jurídico; Gonzalo Francisco Araujo Daza, exsecretario de Salud de La Guajira; y Fredy Díaz Quijano, contratista, representante Legal de Olfis, ha logrado determinar que se violaron los principios de contratación, planeación y selección objetiva al contratar una empresa, sin experiencia, que al momento de celebrar el convenio de Ciencia y Tecnología, por un valor de 17mil 500 millones de pesos, financieramente reflejaba un capital de 5 mil 500 millones de pesos.

Asimismo, el ente acusador cuenta con material probatorio para evidenciar que en la ejecución se estableció una posible apropiación en 369 millones 188 mil 959 de pesos, por medio de la contratación de vehículos que no prestan el servicio; sobrecostos en la compra de insumos, y la contratación con las empresas Baraka y Humanus por duplicidad de actividades.

Cabe recordar que entre los delitos que endilgaría el ente acusador en la audiencia de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento, estaría la celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, y falsedad en documento privado.

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Las autoridades aumentaron la recompensa hasta 20 millones de pesos por información que conduzca con los responsables del triple crimen ocurrido el pasado miércoles 29 de marzo en la vía a la Aguacatera, zona rural del municipio de Codazzi.

Los occisos quienes presentaban impactos de arma de fuego en la cabeza respondían a los nombres de Edwin Alexander Salas Padilla, de 32 años, soldado profesional adscrito a la Brigada 25 del Ejército en Cauca, quien se encontraba en vacaciones; Luciano Acosta Brito, 25 años, y Hamilton Soto Lara de 23 años.

Estas personas se encontraban departiendo en un estadero denominado “La Neverita”, luego decidieron salir de allí a continuar en la casa de uno de ellos y cuando salían del establecimiento, fueron interceptadas por hombres armados y encapuchados que se los llevaron a otro sitio en una camioneta de color blanco; posteriormente, la Policía Nacional fue informada de esta situación, se inicia la búsqueda y horas después, son encontrados los cuerpos en una trocha que conduce al sector de La Aguacatera.

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El Ministerio Público inició investigación de carácter preliminar contra siete concejales que eligieron al Personero de Riohacha, Hugues Rafael Ariza Tatis, por encontrarse en una presunta inhabilidad.

Los concejales investigados son Charles De Jesús Aguilar Medina, Pablo Emilio Fonseca Deluque, Silvina Isabel Ibarra Meza, Aloima Rafael Miranda Arregoces, Yeiner Eliecer Osorio Ariza, Nubia Yaneth Socarras Ramírez y Ever David Quintana Rodríguez.

En un principio los concejales no le dieron importancia a la denuncia, pero, la Procuraduría encontró méritos para llamarlos a audiencia y se defiendan sobre las imputaciones que existen en la queja le interpuso el exconcejal Reginaldo Deluque Díaz.

Según el denunciante, el Personero Hugues Rafael Ariza Tatis celebró el contrato No 0989 del 30 de septiembre del 2015, como docente catedrático para dictar clases en la facultad de ciencias económicas y administrativas, como también en la facultad de ciencias sociales y humanas, en la universidad de La Guajira.

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A la cárcel El Buen Pastor de Bogotá fue enviada la exmandataria de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, según el despacho judicial porque su libertad pondría en riesgo la investigación de la Fiscalía, teniendo en cuenta las influencias que maneja la exgobernadora en la región, citando además en los estrados que ya se han presentado algunas denuncias por amenazas contra funcionarios judiciales que realizan las pesquisas en La Guajira para el caso de Pinto Pérez.

El juez indicó que no hay evidencias de que la exmandataria sea una “perseguida política”, como se declaró ella al solicitar su libertad, además, el funcionario judicial consideró que los delitos por los que es investigada Pinto son “graves”, cabe recordar que Oneida Pinto se encuentra inmersa en el proceso por presuntos actos de corrupción.

Según lo analizado en la audiencia, era necesario imponer una medida de aseguramiento, dado que , según el juez, representa un riesgo para la comunidad, y la Fiscalía también la señala de pertenecer a una estructura dedicada a defraudar el erario de la región.

La Fiscalía ha evidenciado irregularidades en los convenios interadministrativos 008 y 004, y en la adición 001, que fueron suscritos entre la Alcaldía del municipio con el Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de 18 mil 600 millones de pesos, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad en los menores.

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