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Adultos mayores de Valledupar y otros municipios del Cesar recibieron indemnización por su condición de desplazados por el conflicto interno.

La jornada fue presidida por la Unidad de Víctimas territorial Cesar – Guajira y las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, los que otorgaron 512 cartas de beneficio a los afectados de la ciudad capital y poblaciones como Agustín Codazzi, Becerril, La Paz y San Diego.

Este tipo de jornadas se replicará en el resto del Cesar en donde cientos de familias sintieron el rigor de la violencia por lo les tocó abandonar casas y fincas por la presión de actores armados, guerrilla y paramilitares.

Se espera entregar en próximos eventos, unas 832 cartas otorgadas a adultos mayores, para que traten de reiniciar las labores que la intolerancia les arrebató en compañía de sus familias.

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Personas en calidad de víctimas del conflicto se quejan por la lentitud en que avanzan los procesos de reparación y asistencia humanitaria en la llamada UAO a donde algunos llegan sin que logren concretar el periplo de sus casos.

Una de estas personas quien se identificó como Mayra Torres narró a los periodistas de la Tribuna del Cesar que ya perdió la cuenta de cuantos viajes ha hecho a Valledupar de la zona rural de La Paz pero nunca ha obtiene una respuesta satisfactoria.

Narró que fue desplazada por grupos paramilitares y le tocó rodar por varias partes del Cesar, hasta que hace un par de años logró hacer la declaración respectiva de su caso y  de su familia, dice que más tarde le dieron la carta de víctima lo mismo que la resolución y eso fue en 2015 sin embargo no la han vuelto a llamar.

Pide a la Unidad de Víctimas que aceleren esos casos para descongestionar las oficinas que de acuerdo a su criterio, atienden primero a los que nada han tenido que ver con el conflicto y sin embargo,  son a los primeros qua asisten e indemnizan.

Publicado en Generales

La Sección Tercera de Consejo de Estado negó indemnización a un hombre procesado por abuso sexual en municipio del Copey  y puesto en libertad por un Juez Penal de Valledupar, debido a que  la Fiscalía no logró desvirtuar la presunción de inocencia.

El hombre fue detenido el 13 de agosto del 2005 en El Copey (Cesar), luego de que la tía de la niña denunciara los hechos.

El Consejo de Estado le ordenó a la Fiscalía adoptar un protocolo unificado de entrevistas para recibir los testimonios de niños y adolescentes que hayan sido víctimas o testigos de agresión o abuso sexual.

Así mismo, de manera gradual y progresiva, el organismo investigador deberá implementar en todas sus direcciones seccionales la cámara de Gessel, un lugar acondicionado especialmente para recibir los testimonios de menores de edad que han sido blanco de ese tipo de abusos.

Uno de los acontecimientos que más sembró la duda en torno a la culpabilidad del acusado fue el interrogatorio al que fue sometida la menor en el curso del proceso, cuando esta negó que su padrastro la hubiera agredido sexualmente.

Si bien el hombre admitió que “incurrió en la práctica de otro tipo de actos -como besos y caricias- de tipo erótico con su hijastra, bajo la justificación (…) que la menor lo buscaba ‘para divertirse’”, el juez no encontró pruebas suficientes para condenarlo.

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La ciudad de Cleveland (EEUU) indemnizará con 6 millones de dólares a la familia del niño negro Tamir Rice, que murió en noviembre de 2014 por los disparos de un policía blanco mientras jugaba con una pistola de aire comprimido en un parque.

El Ayuntamiento de esa ciudad de Ohio y la familia del menor plasmaron el acuerdo en un documento judicial presentado hoy en la corte del Distrito de Cleveland y en donde se establece que la mitad del pago (3 millones de dólares) se producirá este año y la otra mitad, en 2017.

"No admitimos ningún crimen", señala no obstante el escrito, que se limita a fijar la indemnización.

En diciembre de 2015, un gran jurado decidió no presentar cargos contra ninguno de los dos agentes que participaron en el suceso, Timothy Loehmann y Frank Garmback.

Los dos agentes respondieron en noviembre de 2014 a la llamada de emergencia de un vecino de Cleveland, que alertó de que un joven estaba manipulando un arma "probablemente falsa" en un parque.

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Se realizó  ayer jueves  en la ciudad de Valledupar la rendición de cuentas de la territorial Cesar – La Guajira de la Unidad para las víctimas. El evento contó con la presencia de representantes de las mesas de víctimas, funcionarios de diferentes entidades del sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas y cooperación internacional.

En el evento se resaltó que el número de personas atendidas durante el presente año fue de 250 mil 304 gracias a los nuevos centros regionales de atención en El Molino y Curumaní y a las más de sesenta jornadas presenciales en cada municipio de la región, en donde se brindó atención a más de 10 mil personas. Además, se indicó que 3 mil 677 víctimas recibieron indemnización en lo corrido del año.

Juana Ramírez Gutiérrez, directora de la territorial Cesar– La Guajira destacó la importancia del trabajo mancomunado de las entidades del sistema y se refirió a las responsabilidades diferenciadas de cada institución a la hora de garantizar el goce efectivo de derechos de la población víctima, puso además en evidencia el importante papel del ministerio público en la ejecución y control de la política pública de víctimas.

Adicionalmente se destacó la labor de la unidad en materia de reparación colectiva, ya que de los nueve sujetos priorizados, siete de ellos ya cuentan con su correspondiente plan integral de reparación. Además, se han atendido 480 personas en el marco de la estrategia de recuperación emocional grupal móvil en los sujetos de reparación colectiva étnicos en Guacoche y Las Palmitas.

 Uno de los mayores logros tiene que ver con la presentación de un proyecto para la convocatoria 'Pacto Agrario', donde se beneficiaron 25 familias de los corregimientos de Santa Isabel, Curumaní y miembros de la mesa departamental de víctimas del Cesar, con una inversión de 480 millones de pesos. Y la gestión de 33 cupos para el subsidio individual de desarrollo rural agrícola, Sidra, para familias retornadas y reubicadas de los municipios de Valledupar, Curumaní y Agustín Codazzi.

 

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