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Después de que la alcaldía de Agustín Codazzi anunciara con bombos y platillos la firma de un convenio con la Universidad de Pamplona, que garantizaría la educación superior a por lo menos 20 estudiantes de escasos recursos oriundos de esta población, hoy la realidad es otra.

Los padres de estos alumnos están a punto del colapso debido a que si bien es cierto se lograron matricular algunos de ellos, la administración de 'Luchito' Peñaloza les ha incumplido el pago de la manutención el que estaba tazado en 500 mil pesos mensuales por lo que ya deben 4 meses lo que hace insostenible su estadía y algunos están pensando a traerse sus hijos los que están pasando física hambre en tierras extranjeras dijo un padre que pidió reserva del nombre para evitar retaliaciones con su hijo.

Esta situación que viven los primeros seleccionados en el primer semestre de este año no es exclusiva, y lo mismo les está pasando a los que salieron beneficiados para el segundo semestre los que ingresaron a la Universidad del Magdalena, con un trance más grave porque según los concejales de Codazzi, a estos no les han pagado ni siquiera la matricula la que se negoció con la universidad, pero la alcaldía no le ha hecho el desembolso.

Los corporados exigieron al mandatario solucionar este impase para evitar la deserción de estos muchachos que salieron de Codazzi con la esperanza de regresar siendo unos profesionales.

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A pesar de haber incumplido con la entrega de unas obras en Ibagué la capital del Tolima, dos contratistas fueron favorecidos con adjudicación de obras en la construcción de la sede Caribe de la Universidad Nacional.

Por esas circunstancias la Contraloría señaló a la empresa Vera Construcciones Sucursal Colombia y al particular Benjamín Tomás Herrera Amaya, por estar involucrados en el escándalo de los XX Juegos Nacionales en Ibagué.

Los implicados deberán responder dentro del proceso de responsabilidad fiscal de mayor cuantía, a pesar de eso la empresa, con el 30 por ciento de participación, y el particular, con el 20, fueron seleccionados por la Gobernación del Cesar con un contrato en la construcción de la sede universitaria, y en donde también han incumplido según la Contraloría.

Los contratistas que ahora actúan en el Cesar, están señalados de presunto daño al patrimonio público por más de 37 mil millones de pesos, ya que las obras quedaron inconclusas, y no prestaron ninguna utilidad a la comunidad, ni sirvieron al propósito para el que fueron contratadas.

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Desconcertada se declaró la comunidad de la vereda Las Casitas, al sur de Valledupar, porque los ofrecimientos del Alcalde, Augusto Ramírez Uhía, se desvanecieron como el humo en la montaña.

La comunidad indicó que en el apogeo de la campaña electoral el entonces ‘Tuto’ Uhía, les ofreció llevar el caserío a mega corregimiento, llevarles el agua potable, repotenciar la energía y construir un par de parque y nada de eso se cumplió.

Lo único que está en pie es el gas natural, porque es un proyecto de Gases del Caribe y la pavimentación de los 2.7 kilómetros de vía que es con recursos de regalías.

En Las Casitas hay 268 casas y 1.100 habitantes dedicados a la fabricación de ladrillos y a las labores del campo.

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En total cuatro exgobernadores y el actual mandatario de los guajiros están comprometidos en los efectos judiciales que les puede ocasionar un incidente de desacato que fue promovido por el exprocurador Ambiental y Agrario Hugues Lacouture Daníes, quien a nombre de la comunidad y en representación del Ministerio Público, solicitó ante uno de los despachos judiciales de Riohacha, el cumplimiento de lo dispuesto en una acción popular que obligaba al departamento a construir el puente sobre el arroyo Moreno, conocido también como puente de Machobayo.
En el lugar se han presentado varios accidentes de tránsito con consecuencias fatales, por ello se exige la construcción de dicha estructura.
El oficio que generó el incidente de desacato fue presentado por Lacouture Daníes el 28 de julio del presente año y en el mismo dice que “hay un incumplimiento flagrante de las sentencias de primera y segunda instancia que fueron emitidas”, dice además esa solicitud las formula sin perjuicio de las sanciones contempladas en el artículo 41 de la ley 742 de 1.998. Esa norma señala que el incumplimiento de una acción popular puede ocasionar multas de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales conmutables en arresto hasta de seis meses y otras acciones de orden penal que se desprenden del mismo hecho.

El puente sobre el arroyo Moreno o Puente de Machobayo, se deterioró hasta quedar inhabilitado en 2015 y fue a través de una acción popular como las autoridades departamentales, empezando desde Gobernador, decidieron atender la emergencia y ordenaron que se cumpliera lo dispuesto por la Acción Popular, es decir que se reparara la vía desde la Florida hasta Cuestecita en un tramo de 36.5 kilómetros, pero fundamentalmente la construcción el puente.

El fallo comprometió a los gobernadores José María Ballesteros Valdivieso, Oneida Rayeth Pinto Pérez, Wilmer David González Brito, Jorge Enrique Vélez García y al actual mandatario en calidad de encargado Weildler Guerra Curvelo.
“El despacho se reserva el derecho a vincular a otros funcionarios públicos luego de la apertura del presente trámite incidental” cita el auto expedido por el Juzgado Primero Mixto Administrativo del Circuito judicial de Riohacha.

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A pesar de que la Contraloría encontró por lo menos 10 incumplimientos con la licencia ambiental en varios episodios de las obras en la llamada Ruta del Sol II obras, tales como la mitigación del impacto sobre el suelo, la calidad de las aguas superficiales y el manejo de desechos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla no hace cumplir las sanciones que amerita.

Esos impactos se han sentido en el Cesar en la planta industrial Torcoroma-La Vega, al sur del departamento con el mal manejo de los sobrantes de las excavaciones, taludes, equipos de construcción, residuos líquidos, sólidos y domésticos, afectación del ruido, mal manejo de la fauna silvestre, y nula reforestación, entre otros.

La Contraloría también menciona las violaciones de las licencias, que para la Contraloría se ha convertido en un “formalismo” sin relevancia real para proteger al medioambiente, ya que la Agencia no pide oportunamente los informes de cumplimiento ambiental, como pasó con la mina La Loma, de la Drummond, lo que solo se produjo ocho meses después de lo debido, según el órgano de vigilancia.

Lo mismo sucedió entre otros con el informe del Cerrejón Puente Arroyo Bruno, que se generó en octubre del 2016, o sea 20 meses después del plazo.

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Con las manos en la cabeza quedó un grupo de campesinos de la Serranía del Perijá, corregimiento de Media Luna, municipio de San Diego, porque se les cayó un proyecto que presentaron ante la Secretaría de Agricultura para sembrar maíz.

El labriego Rubiel Chona Durán indicó con suma tristeza que arrendaron las tierras, la prepararon y presentaron en el mes de marzo un proyecto para la siembra de 102 hectáreas de maíz y cuando esperaban el respaldo de la Gobernación a través de la Secretaría de Agricultura les dijeron que no había recursos para apoyarlos.

Los campesinos agrupados en la Asociación de Víctimas Progreso del Campo del Cesar, Aviproc, ahora además del trabajo perdido les toca pagar 4 millones de pesos por el arriendo de las tierras.

Las 36 familias víctimas de la violencia esperaban de la Secretaría de Agricultura apoyo para comprar veneno, abono y la semilla de maíz.

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El próximo 10 de agosto es la fecha en la que el Presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón, estará impetrando demanda en contra de la concesionaria Yuma, constructora de la Ruta del Sol 3, por el incumplimiento a los proveedores, lo que obligó el taponamiento de la vía por varias horas en Bosconia, y se necesitó la intervención de varias personalidades para que se levantaran las barricadas.

La acción será ante la Fiscalía General de la Nación, para que se dé cumplimiento a lo pactados para el pago, lo que según el ejecutivo merece un estricto control y vigilancia, pues asegura que no le tiene fe a la obediencia y presiente que los comerciantes nuevamente serán asaltados en su buena fe.

Con la denuncia penal, Urón busca que la Fiscalía investigue qué tipo de delitos pudo haberse cometido, para que la multinacional responda por la falta de pagos.

La cita de Urón Márquez será a las 9 de la mañana en la Fiscalía 12 Seccional de Valledupar en donde será escuchado en diligencia de declaración jurada.

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Ante los reiterados incumplimientos de la pavimentación  de la vía, la comunidad  de Mandinguilla, corregimiento perteneciente a Chimichagua prepara  un nuevo taponamiento de la carretera.   

En  septiembre del 2014  la entonces ministra de Transporte, Natalia Abello, anunció en esta ciudad, que  el Instituto Nacional de Vías, Invías, regional Cesar aperturaría el proceso licitatorio para hacer transitable el tramo Mandinguilla-Chimichagua.

Para la época   se arreglaron   los 6 kilómetros  para que los usuarios de la vía no tuvieran  traumatismos para viajar.

Para esos  primeros arreglos el instituto invirtió 450 millones de pesos,  mientras que para el 2015  estaban  dispuesto 12.000 millones de pesos, para la pavimentación.

Es de indicar que la comunidad de Mandinguilla y Chimichagua en varias ocasiones han “taponado” la vía reclamando el arreglo del tramo de carretera.

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La ciudadanía agrupada en la Asocomuna del sur del municipio amenazó con un desplazamiento a Valledupar, para lograr la atención por parte de alcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía.

El presidente de la Asocomuna, José Ariza Aragón indicó que luego de una reunión de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del sur del municipio se concluyó que el mandatario seccional no había cumplido con ninguna de las promesas de campaña.

Ariza Aragón precisó que los arreglos de las vías terciarias en la actualidad son una quimera para las comunidades campesinas así como la intervención de los acueductos y alcantarillados de los corregimientos.

Se advirtió que un cemento que se envió a Villa Germania, para el arreglo del parque se estaba endureciendo porque no se ha iniciado la obra.

La comunidad pidió una reunión con el Alcalde en Mariangola o si no se desplazan a Valledupar.

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Los clientes del proyecto Multicentro Valledupar torre II, denunciaron ante la opinión pública el incumplimiento de la entrega de los apartamentos, la cual debieron entregarse en el primer semestre del 2016 y de sus recursos.

Uno de los perjudicados con el no inició de las obras de la torre II, Lisandro López indicó que en la actualidad la firma constructora Pedro Gómez & CIA y Rodabena Dangond Navarro, no les responden por sus inversiones y dineros entregados hace más de dos años.

Se estableció que en comunicación con cada uno de los clientes los constructores precisaron que luego de la aprobación de un crédito se les estaría devolviendo los dineros el 28 de febrero, la fecha se cumplió y no se devolvieron los recursos y en la actualidad los continúan engañando.

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