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Con las manos en la cabeza quedó un grupo de campesinos de la Serranía del Perijá, corregimiento de Media Luna, municipio de San Diego, porque se les cayó un proyecto que presentaron ante la Secretaría de Agricultura para sembrar maíz.

El labriego Rubiel Chona Durán indicó con suma tristeza que arrendaron las tierras, la prepararon y presentaron en el mes de marzo un proyecto para la siembra de 102 hectáreas de maíz y cuando esperaban el respaldo de la Gobernación a través de la Secretaría de Agricultura les dijeron que no había recursos para apoyarlos.

Los campesinos agrupados en la Asociación de Víctimas Progreso del Campo del Cesar, Aviproc, ahora además del trabajo perdido les toca pagar 4 millones de pesos por el arriendo de las tierras.

Las 36 familias víctimas de la violencia esperaban de la Secretaría de Agricultura apoyo para comprar veneno, abono y la semilla de maíz.

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El próximo 10 de agosto es la fecha en la que el Presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón, estará impetrando demanda en contra de la concesionaria Yuma, constructora de la Ruta del Sol 3, por el incumplimiento a los proveedores, lo que obligó el taponamiento de la vía por varias horas en Bosconia, y se necesitó la intervención de varias personalidades para que se levantaran las barricadas.

La acción será ante la Fiscalía General de la Nación, para que se dé cumplimiento a lo pactados para el pago, lo que según el ejecutivo merece un estricto control y vigilancia, pues asegura que no le tiene fe a la obediencia y presiente que los comerciantes nuevamente serán asaltados en su buena fe.

Con la denuncia penal, Urón busca que la Fiscalía investigue qué tipo de delitos pudo haberse cometido, para que la multinacional responda por la falta de pagos.

La cita de Urón Márquez será a las 9 de la mañana en la Fiscalía 12 Seccional de Valledupar en donde será escuchado en diligencia de declaración jurada.

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Ante los reiterados incumplimientos de la pavimentación  de la vía, la comunidad  de Mandinguilla, corregimiento perteneciente a Chimichagua prepara  un nuevo taponamiento de la carretera.   

En  septiembre del 2014  la entonces ministra de Transporte, Natalia Abello, anunció en esta ciudad, que  el Instituto Nacional de Vías, Invías, regional Cesar aperturaría el proceso licitatorio para hacer transitable el tramo Mandinguilla-Chimichagua.

Para la época   se arreglaron   los 6 kilómetros  para que los usuarios de la vía no tuvieran  traumatismos para viajar.

Para esos  primeros arreglos el instituto invirtió 450 millones de pesos,  mientras que para el 2015  estaban  dispuesto 12.000 millones de pesos, para la pavimentación.

Es de indicar que la comunidad de Mandinguilla y Chimichagua en varias ocasiones han “taponado” la vía reclamando el arreglo del tramo de carretera.

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La ciudadanía agrupada en la Asocomuna del sur del municipio amenazó con un desplazamiento a Valledupar, para lograr la atención por parte de alcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía.

El presidente de la Asocomuna, José Ariza Aragón indicó que luego de una reunión de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del sur del municipio se concluyó que el mandatario seccional no había cumplido con ninguna de las promesas de campaña.

Ariza Aragón precisó que los arreglos de las vías terciarias en la actualidad son una quimera para las comunidades campesinas así como la intervención de los acueductos y alcantarillados de los corregimientos.

Se advirtió que un cemento que se envió a Villa Germania, para el arreglo del parque se estaba endureciendo porque no se ha iniciado la obra.

La comunidad pidió una reunión con el Alcalde en Mariangola o si no se desplazan a Valledupar.

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Los clientes del proyecto Multicentro Valledupar torre II, denunciaron ante la opinión pública el incumplimiento de la entrega de los apartamentos, la cual debieron entregarse en el primer semestre del 2016 y de sus recursos.

Uno de los perjudicados con el no inició de las obras de la torre II, Lisandro López indicó que en la actualidad la firma constructora Pedro Gómez & CIA y Rodabena Dangond Navarro, no les responden por sus inversiones y dineros entregados hace más de dos años.

Se estableció que en comunicación con cada uno de los clientes los constructores precisaron que luego de la aprobación de un crédito se les estaría devolviendo los dineros el 28 de febrero, la fecha se cumplió y no se devolvieron los recursos y en la actualidad los continúan engañando.

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Tras sostener una reunión con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, el líder de la comunidad wayuu Javier Rojas anunció que esta delegación tiene la percepción  de que el Gobierno nacional no ha cumplido con las medidas cautelares para ejecutar acciones a favor de la comunidad wayuú de La Guajira.

La situación mantiene expectante al organismo internacional, puesto que solo hasta el  25 de marzo se darán a conocer los acuerdos de la reunión entre Shipia y el Gobierno nacional, se espera que allí el presidente  Juan Manuel Santos anuncie los planes para poner fin  a la crisis por la que a traviesa La Guajira.

Javier Rojas sostuvo un encuentro con los miembros de la Cidh en Washington DC, en ella planteó que el Gobierno colombiano tiene ahora una gran responsabilidad en la aplicación de las medidas cautelares que fueron decretadas por el organismo para evitar que más niños wayuu sigan muriendo como consecuencia de la sed y el hambre.

Por su parte, el vocero de la Cancillería que fue citado a la mesa de diálogo defendió al gobierno nacional indicando que ellos han construido pozos profundos para poder abastecer a las comunidades que se encuentran más alejadas de las áreas urbanas y así erradicar el problema de sed que se padece en la península.

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La Policía incumple con normas de tránsito

Ante los oídos sordos de la Policía Nacional, los vecinos de la carrera 12 A entre calles 25 A y 28 del barrio 12 de Octubre de esta ciudad hicieron un llamado al secretario de Tránsito del municipio, Víctor Arismendi Arias, para que haga una demarcación  en donde se puede parquear o no.

Un vecino precisó que los  policías estacionan en el sector más de 50 vehículos de todos los estilos, lo cual no deja  salir o entrar a los carros de los propietarios de las casas.

Es de indicar que  la carrera 12 A, colinda con el Comando de la Policía y  los agentes administrativos estacionan sus vehículos dejando sin oportunidad a los moradores del sector de sacar de los parqueaderos y garajes sus propios automotores.

La Tribuna del Cesar conoció que los  carros son parqueados desde la 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

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Con las ganas de estrenar las estufas ecológicas que les ofrecieron, se quedaron los habitantes de la vereda Cerro Redondo de Aguachica, los que manifestaron que tales elementos se los prometió  Corpocesar pero hasta la presente no les ha llegado nada.

Una de las moradoras, Lucy Herrera, dijo que a pesar que han llamado en varias ocasiones al coordinador de Corpocesar en Aguachica, este ha incumplido, mientras la población sigue sufriendo las inclemencias del humo  aparte del daño ecológico tras la tala de árboles para hacer leña.

Manifestaron los quejoso que llevan tres meses tratando de encontrar una respuesta a la oferta que la entidad realizó en la vereda, pero que ha sido imposible. Los inscritos en el programa, hacen un llamado al director de Corpocesar, Kaleb Villalobos, para que aclare esta situación y que en la mayor brevedad les entreguen estos artefactos que tanto necesitan.

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A través de un comunicado el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, solicitó al Gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, que adopte las medidas que resulten necesarias frente al incumplimiento del contratista que tiene a su cargo el proyecto de “rehabilitación y/o pavimentación de la vía El Zanjón-Pueblo Bello.

“Es menester diligencia en el proceso sancionatorio por dicho incumplimiento, las acciones de control interno y la supervisión correspondiente frente a las glosas que la interventoría ha anunciado”, indicó el jefe de organismo de control en comunicación que envió al mandatario seccional.

Las glosas de la interventoría se han dado por los faltantes en obra constatados en la cunetas, los muros de contención en puntos de alta criticidad en la vía, en la señalización vertical y horizontal, en la complementación y/o rectificación de las defensas metálicas y de ciertos puntos del pavimento como lo  es en el empalme de la vía con el puente sobre el río Los Clavos.

Las situaciones mencionadas fueron expuestas en la mesa de trabajo sobre el proyecto, que realizó el pasado 5 de octubre, en Valledupar la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, con el apoyo de la Gerencia Departamental de la CGR y de la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física, y la participación de las veedurías ciudadanas y los actores institucionales involucrados.

En desarrollo del proceso de promoción del control ciudadano, la Contraloría General de la República ha realizado un seguimiento continuo a la rehabilitación y pavimentación de la vía El Zanjón – Pueblo Bello.

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La Personería Municipal de Valledupar detectó que tras un seguimiento a los programas de vacunación infantil adelantados en la ciudad se quedaron 5 mil 98 menores sin vacunar en la capital del Cesar.

De acuerdo a este seguimiento, el ente de vigilancia y control aseguró que hay varias entidades prestadoras de salud han incumplido el objetivo principal del programa, tales como: Salud Total, Sinergia Alfonso López, Sanidad Militar, Sanidad de la Policía y el Hospital Eduardo Arredondo Daza.

Alfonso Campo Martínez, personero de Valledupar dijo que se está vulnerando el derecho fundamental a la salud de los niños, quienes se encuentran en riesgo de enfermar por eventos inmunoprevenibles por vacunas.

De las entidades con mayor incumplimiento el funcionario señaló al Hospital Eduardo Arredondo Daza con el 60,2%, del total de los menores faltantes y la segunda es Salud Total EPS, con el 19,5%.

El Delegado del Ministerio Público compulsó copia del informe de seguimiento a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Oficina de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Salud Departamental, para que se tomen las medidas pertinentes al no obtener respuesta de los entes comprometidos.

 

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