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Fue aplazada por segunda vez la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra Maritza Pérez Ramírez, Alcaldesa de Chimichagua; Rufino Rafael Machado Cruz Secretario de Gobierno y Luz Maribis Zuluaga Palomino.

La mandataria de Chimichagua, Maritza Pérez Ramírez, es investigada por delitos cometidos contra la administración pública.

La Fiscalía 12 Seccional de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública de Valledupar debería imputarle cargos a Pérez Ramírez en audiencia ante el Juzgado Tercero Penal con Funciones de Control de Garantías.

La diligencia judicial fue aplazada porque el abogado de la defensa presentó excusas dado que debía asistir a un congreso de derecho procesal en Bogotá.

El proceso penal se inició a partir del litigio por la gerencia del Hospital Inmaculada Concepción de Chimichagua, porque que Claudia Patricia Gómez Ovalle, considera que sus méritos le otorgaron a través de concurso tal cargo y ante considerar vulnerados sus derechos inició acciones que hoy tienen a las autoridades tras la alcaldesa.

 

 

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Para el 9 de febrero quedó programada la audiencia donde la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos al actual gobernador de La Guajira, Wilmer González Brito, por presuntas irregularidades en el proceso en el que fue elegido como mandatario de ese departamento.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, señaló que al mandatario se le imputarán cargos por cohecho y fraude electoral. “Logramos establecer presuntas maniobras concertadas que afectaron la transparencia de la jornada electoral donde resultó electo González Brito, como gobernador”, dijo el fiscal Martínez Neira.

Wilmer González Brito, fue elegido en noviembre pasado para reemplazar a Oneida Pinto, cuya elección fue tumbada por el Consejo de Estado.

El Fiscal General señaló que el ente acusador tiene documentos que evidenciarían que hubo irregularidades en el proceso electoral en la península de La Guajira.

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Este viernes se cumplió la audiencia de imputación de cargos al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por parte de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de corrupción al sufragante e invasión de tierras.

Los cargos imputados ante el Tribunal Superior de Bogotá  Sala Penal Magistrado de Control de Garantías, son por los hechos ocurridos en el año 2011, cuando Monsalvo Gnecco en desarrollo de su campaña para llegar a la gobernación del Cesar, firmó un documento con la comunidad de Tierra Prometida, asentamiento urbano de invasión de Valledupar, en el que hacían compromisos mutuos.

Según lo expresado por el apoderado de unos de los propietarios de los predios invadidos, abogado Evaristo Rodríguez, la Fiscalía consideró que Monsalvo Gnecco, cometió el delito de corrupción electoral ya que se comprometió a mantener quietos a los invasores en los terrenos del arquitecto Óscar Guerra Bonilla, por lo que el magistrado de Control de Garantías estimó que estaban cumplidos todos los requisitos formales para imputarle cargo por corrupción al sufragante.

El jurista también señaló que de acuerdo al material probatorio recaudado, porque son pruebas fehacientes y controvertibles, lo que viene en el proceso es la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en cuanto que Monsalvo Gnecco, es un mandatario aforado.

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El Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante, imputó cargos contra siete diputados del departamento del Cesar como presuntos autores del punible de prevaricato por acción, tipificado en la acción de avalar con su voto la prohibición de participar con voz y voto en las sesiones de la Duma a su excompañero de Cambio Radical Julio César Casadiego Navarro.

Los imputados, quienes no aceptaron los cargos que formuló la Fiscalía Quinta Seccional,  son: José Santos Castro González, Gelver Antonio Cadena Mancera, Eduardo Santos Flórez Vergara, Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez, Camilo Andrés Lacouture Ackerman, Miguel Guillermo Mejía Pallares y Alfredo Enrique Pinto Maestre.

De ser hallados responsables del delito que se les imputa, los siete diputados se verán abocados a una pena entre 48 y 144 meses de prisión y multa entre los 66,66 y 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilidad para ejercer cargos públicos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 407 del Código Penal.

Publicado en Política

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