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Hoy a partir de las 9:30 de la mañana, el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, citó para audiencia de fallo de primera instancia, dentro de la investigación que se sigue contra la alcaldesa Zunilda Toloza y los concejales de ese municipio por negarse al cumplimiento de un fallo de tutela del juzgado civil del circuito de Chiriguaná, del 8 de junio de 2016, que ordenaba elegir y posesionar al ganador del concurso para el cargo de personero, Pedro Miguel Peinado.

La audiencia será transmitida vía satélite para que las partes puedan presenciar y escuchar la decisión en el auditorio de la Procuraduría Regional en Valledupar. Como se recordará la alcaldesa Toloza Pérez no atendió una orden del Juez Promiscuo Municipal de Pailitas quien la exhortó a convocar a sesiones extraordinarias al Concejo Municipal para que dieran cumplimiento a la orden de tutela pero la funcionaria desatendió la orden.

La investigación fue trasladada a Bogotá desde el mes de julio del presente año como consecuencia de la audiencia que el Procurador General, Fernando Carrillo, adelantó en Valledupar a fines de mayo, durante la cual se expusieron posibles hechos de corrupción entre ellos el caso de la personería de Chiriguaná.

El pasado 4 de noviembre, por orden de otra tutela, Pedro Miguel Peinado fue elegido y posesionado como personero municipal por el Concejo municipal.

En el pliego de cargos contra los investigados, se calificó la conducta como gravísima a título de dolo, por los delitos de prevaricato y fraude a resolución judicial.

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La Corte asumió el estudio de la tutela y falló a favor de las comunidades indígenas que habitan el sector de El Arroyo, por encontrar que es necesario que la Agencia Nacional de Tierras proceda a responder a la petición de las comunidades Santa Rosa y Arroyo Guerrero que piden conformarse como resguardo para lo cual se dio un plazo máximo de 18 meses. 
El caso llegó a la Corte Constitucional por una tutela que interpusieron Gonzalo Sánchez Bonivento como autoridad tradicional de la Comunidad de Arroyo Guerrero y Rosa Matilde Epiayu, autoridad tradicional de la Comunidad de Santa Rosa contra múltiples entidades estatales pidiendo el reconocimiento de la comunidad Wayúu ubicada en el margen izquierdo de la vía que de Riohacha conduce a Camarones. 
Entre tanto, se ordenó a la alcaldía de Riohacha y a los inspectores de policía de esa ciudad que suspendan la realización de actuaciones y procesos de desalojo que actualmente se encuentren en curso en contra de las comunidades. 
Como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia precisó que sería fácil corroborar la cronología de la ocupación del predio con la presencia de un cementerio propio realizando pruebas de Carbono 14 en las tumbas que la comunidad indique son las más antiguas”, la Corte ordenó a ese Instituto, a Medicina Legal y a la Fiscalía que en cinco días inicien los procesos administrativos necesarios para hacer esa prueba. 
Igualmente, como este proceso ha motivado amenazas y denuncias de agresiones, la Corte ordenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección que en 10 días se haga un proceso de diagnóstico de las condiciones de seguridad de quiénes interpusieron la tutela, como de los líderes de la comunidad. 
Pero además le solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría General que investiguen una serie de denuncias que se presentaron a lo largo del proceso por parte de quienes presentaron la tutela y de la familia Epiayu que alegan la existencia de un interés por desalojarlos del lugar. 
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Apelarán fallo que sancionó a Diputado del Cesar

Ante una Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa será apelado el fallo que profirió el Ministerio Público en el departamento del Cesar, que sanciona con seis meses de suspensión al Diputado de Cambio Radical, Julio Casadiegos Navarro.

La sanción contra Casadiesgos Navarro se debe a que la Procuraduría Regional comprobó que el Diputado dejó de asistir 35 sesiones ordinarias y extraordinarias del periodo 2012-2015 de la duma departamental.

Es de indicar que Julio Casadiegos Navarro podrá seguir actuando como Diputado hasta que no haya un pronunciamiento en segunda instancia en su contra.

El Diputado de Cambio Radical fue denunciado ante la Procuraduría por el ciudadano, Luis Arturo Aragón Zapata, quien también pidió la pérdida de la embestidura de Casadiegos Navarro ante el Tribunal Administrativo del Cesar y en Consejo de Estado, en donde los fallos fueron favorables.

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Audiencia de verificación de allanamiento, individualización de pena y sentido de fallo condenatorio, presidió el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones del Conocimiento contra Yosi Carrillo Santana, acusado por los punibles de hurto calificado agravado, porte ilegal de arma de fuego y homicidio agravado, por los hechos ocurridos el pasado 6 de marzo en la carrera 38 con calle 6 en la urbanización la Ceiba Altagracia de Valledupar.

Carrillo Santana, junto a Jeison Muegues Ramírez también capturado; está acusado dar muerte a tiros para atracarlo a Alejandro Fidel De la Cruz Orozco.

Yosi acordó con la Fiscalía y asumió su responsabilidad en el crimen, por lo que recibirá una considerable rebaja de la pena que podría ser hasta el 50 por ciento.

Mientras que Jeison Muegues, no aceptó cargos y la audiencia ha sido aplazada 7 veces, en el Juzgado Tercero Penal, por causas atribuidas al INPEC, por lo que podría quedar en libertad por vencimiento de términos.

La audiencia de lectura de sentencia de fallo a Yosi, fue programada para el próximo 18 de diciembre, donde se conocerá la cantidad de años que deberá permanecer tras las rejas.

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El Juzgado Tercero Penal del Circuito Municipal con Funciones de Conocimiento, falló la apelación impetrada a favor de la Fiscalía Quinta, sobre la solicitud de medida intramural para Exsecretario de Tránsito de Valledupar, Oscar Miguel Tom Socarrás, acusado por delitos contra la administración pública por el caso del Cartel de la de la chatarrización, durante el gobierno de Fredys Socarrás.

Tom Socarras, quien gozaba de detención domicilia será trasladado en las próximas horas a la Cárcel Judicial, porque representa un peligro para la comunidad.

Oscar Miguel Tom Socarrás, es acusado de orquestar en compañía de otros 15 sindicados, entre ellos el concejal Leonardo Mestre Socarrás, un desfalco de casi 2 mil 500 millones de pesos contra el Estado durante su periodo administrativo en la entidad.
El ente acusador manifestó en la audiencia de imputación de cargos ante el Juez de Garantías, que alrededor de 83 vehículos relacionados al proceso de chatarrización que habilitó el estado mediante la Ley 1630 para modernizar el parte automotor a cambio de subsidios, presentaron irregularidades en falsificación de traspasos de propietarios de vehículo, placas falsas, firmas y sellos falsos de la notaria, vehículos plagiados y cambios de placas.
Por este hecho también fueron vinculados Ingrid Yusilmy Hinojosa Gutiérrez, Luis Eduardo Retamoso Marriaga, Omar Antonio López, Leda Rosa Castilla Castillo, Nathalia Rosa Gómez Polo y José Vicente Ustariz, quien no laboró con la institución pública.

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Sentido de fallo condenatorio profirió el juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones del Conocimiento a José Manuel Castro Socarrás, acusado de violar a su hijastra menor de 12 años, el 21 de junio de 2014 en su residencia de la ciudad de Valledupar.

Este sujeto fue señalado por la Fiscalía 13 Seccional CAIVAS, por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo sucesivo, quien además le practicaba tocamientos a la menor. 

José Manuel fue denunciado por una tía de la menor, quien dio aviso a las autoridades que lo capturaron y le recluyeron en la cárcel Judicial de Valledupar.

De acuerdo a los testigos, el hoy condenado tenía amenazada de muerte a la infante si lo acusaba con su madre.

La menor fue valorada en Medicina Legal y sometida a tratamiento psicológico por funcionarios del ICBF.

En la próxima vista pública el Juez del conocimiento dará a conocer la cantidad de años que deberá purgar por la comisión del delito sin ningún beneficio.

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Procuraduría regional en fallo de primera instancia destituyó e inhabilitó a Omar Maestre Vélez, exsecretario de infraestructura del Departamento del Cesar, por 11 años, por irregularidades en la contratación construcción de la avenida Ciro Pupo Martínez o San Francisco en el municipio de La Paz.

La obra en mención fue adjudicada en mayo de 2013 por el gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco al consorcio Unión Temporal La Paz, con una inversión de 4 mil 414 millones 713 mil 105 pesos.

La avenida en doble calzada presentaba fallas técnicas y debilidades en el proceso de construcción y calidad de la misma, estimando un daño patrimonial por el orden de los 1.100 millones de pesos.

La Contraloría encontró fallas en 76 placas y la veeduría local había un hecho un inventario de 54.

Lo mismo que los colectores de aguas lluvias, señalización, ciclo rutas, señales de tránsito, lámparas para el alumbrado público, bancas, canecas de basura y suministro de árbol mediano, cambiando el perfil urbano y el espacio público de la zona.

Fue sustentada la apelación por parte de la defensa del exsecretario.

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Sentido de fallo condenatorio contra dos sujetos acusados de dar muerte a tiros a un menor en Valledupar emitió el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, contra Jhon Erik Mizar Romero y Jeiser Polo Cantillo, acusados por la Fiscalía de presuntamente dar muerte con arma de fuego a José David Peña Becerra, alias ‘Patiñito,’ de 17 años de edad, en el barrio Mareigua de Valledupar, el 12 de febrero de 2013 en horas de la madrugada.

A Mizar Romero y Polo Cantillo el ente acusador les imputó los punibles de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Esos sujetos fueron declarados por el Juez del conocimiento como responsables coautores de los delitos antes mencionados y podrían pagar una condena de entre 450 a 550 meses de prisión.

La audiencia de lectura de fallo fue fijada para el día 2 de octubre a las 11 de la mañana.

El abogado de la defensa y los familiares de los acusados manifestaron que una vez se conozca la sentencia imputarán la medida porque ellos son inocentes, dado que día del crimen del menor, ellos estaban en otro lugar departiendo con un grupo de amigos a esa hora.

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Fue aplazada para el próximo 15 de agosto la audiencia de lectura de fallo sobre años que deberá purgar Hernando Quintero Gutiérrez alias ‘Caja grande’, imputado por la Fiscalía por el delito de secuestro agravado, en hechos ocurridos el 28 de octubre de 2009 en la finca La Primavera del municipio de San Martín, sur del Cesar, donde resultó víctima el ganadero Jairo Jair Gómez Quiñonez.

La lectura de fallo será proferida por el Juzgado Único Especializado del Circuito de Valledupar.

De acuerdo al ente acusador, Quintero Gutiérrez podría purgar una pena de 37 a 50 años de prisión.

Este sujeto está detenido en la Cárcel Palo Gordo, en el departamento de Santander.

Por este caso están purgando penas: Alberto Vega, condenado a 31 años de prisión, Ramón Quintero, a 46, Joel Sánchez, a 18 y Joel Rodríguez, a 28 años.

De acuerdo a la Fiscalía, alias ‘Caja Grande’ o ‘Córdoba’, habría sido el que planeó el secuestro de la víctima.

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Fracasó la audiencia de sentido fallo condenatorio que estaba programada por el Juzgado Segundo Penal con Funciones de Conocimiento contra Luis Francisco Romero Brochero y Carlos Andrés Consuegra Atencia, por muerte de Luis Eduardo Novoa, miembro de la comunidad  LGBTI, en sector del estadio de fútbol Armando Maestre Pavajeau, de 12 de febrero de 2012.

La fiscalía logró probar que estos sujetos habrían departido con la víctima en un estadero hasta la madrugada de donde salieron hasta el paraje solitario en las afueras del estadio y le dieron muerte con elemento contundente y más de 50 heridas producidas con cuchillo.

Estas personas fueron procesadas por del delito de homicidio y están privados de la libertad en la cárcel Judicial de Valledupar.

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