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Sentido de fallo condenatorio contra dos sujetos acusados de dar muerte a tiros a un menor en Valledupar emitió el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, contra Jhon Erik Mizar Romero y Jeiser Polo Cantillo, acusados por la Fiscalía de presuntamente dar muerte con arma de fuego a José David Peña Becerra, alias ‘Patiñito,’ de 17 años de edad, en el barrio Mareigua de Valledupar, el 12 de febrero de 2013 en horas de la madrugada.

A Mizar Romero y Polo Cantillo el ente acusador les imputó los punibles de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Esos sujetos fueron declarados por el Juez del conocimiento como responsables coautores de los delitos antes mencionados y podrían pagar una condena de entre 450 a 550 meses de prisión.

La audiencia de lectura de fallo fue fijada para el día 2 de octubre a las 11 de la mañana.

El abogado de la defensa y los familiares de los acusados manifestaron que una vez se conozca la sentencia imputarán la medida porque ellos son inocentes, dado que día del crimen del menor, ellos estaban en otro lugar departiendo con un grupo de amigos a esa hora.

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Fue aplazada para el próximo 15 de agosto la audiencia de lectura de fallo sobre años que deberá purgar Hernando Quintero Gutiérrez alias ‘Caja grande’, imputado por la Fiscalía por el delito de secuestro agravado, en hechos ocurridos el 28 de octubre de 2009 en la finca La Primavera del municipio de San Martín, sur del Cesar, donde resultó víctima el ganadero Jairo Jair Gómez Quiñonez.

La lectura de fallo será proferida por el Juzgado Único Especializado del Circuito de Valledupar.

De acuerdo al ente acusador, Quintero Gutiérrez podría purgar una pena de 37 a 50 años de prisión.

Este sujeto está detenido en la Cárcel Palo Gordo, en el departamento de Santander.

Por este caso están purgando penas: Alberto Vega, condenado a 31 años de prisión, Ramón Quintero, a 46, Joel Sánchez, a 18 y Joel Rodríguez, a 28 años.

De acuerdo a la Fiscalía, alias ‘Caja Grande’ o ‘Córdoba’, habría sido el que planeó el secuestro de la víctima.

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Fracasó la audiencia de sentido fallo condenatorio que estaba programada por el Juzgado Segundo Penal con Funciones de Conocimiento contra Luis Francisco Romero Brochero y Carlos Andrés Consuegra Atencia, por muerte de Luis Eduardo Novoa, miembro de la comunidad  LGBTI, en sector del estadio de fútbol Armando Maestre Pavajeau, de 12 de febrero de 2012.

La fiscalía logró probar que estos sujetos habrían departido con la víctima en un estadero hasta la madrugada de donde salieron hasta el paraje solitario en las afueras del estadio y le dieron muerte con elemento contundente y más de 50 heridas producidas con cuchillo.

Estas personas fueron procesadas por del delito de homicidio y están privados de la libertad en la cárcel Judicial de Valledupar.

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Respetuosa se declaró la empresa minera Cerrejón con respecto a la decisión de la Corte Constitucional que falló a favor una tutela interpuesta por la comunidad del Media Luna 2, en Puerto Bolívar La Guajira, en la cual se pidió la revisión de este proyecto carbonífero por posibles impactos ambientales y para la salud de los habitantes de esta zona.

Dicha comunidad decidió presentar una acción de tutela en la que solicitó que se adelantara la consulta previa, cuya pretensión fue concedida, en primera instancia, por el Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira y posteriormente revocada, en segunda instancia, por el Consejo Superior de la Judicatura.

En fallo de revisión, la Corte Constitucional tomó la decisión de tutelar el derecho a la consulta previa de la comunidad de Media Luna 2 sobre las tres obras en puerto y dejar sin efecto la Resolución de la ANLA por la cual tales obras se autorizaron, hasta tanto se adelante el proceso de consulta.

Por su parte, la compañía Cerrejón aseguró estar “a disposición del Ministerio del Interior para desarrollar el respectivo proceso de consulta previa con la comunidad de Media Luna 2, respecto de esta obra”.

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Gabriel Bustos, gerente de Gestión Ambiental de la empresa Cerrejón, se ha pronunciado respecto al fallo de la Corte Constitucional, donde se resolvió por una acción de tutela que la entidad carbonífera debe revisar la situación ambiental del departamento y las afectaciones que podría generar en la comunidad indígena, “aún no hemos sido notificados de tal fallo, una vez nos notifiquen tomaremos las medidas que ordenen” aseveró Bustos.

Según el encargado de la parte ambiental, la multinacional Cerrejón deberá realizar consultas previas por tres obras que se llevarán a cabo en Puerto Bolívar, las cuales, según  Bustos, tienen su Plan de Manejo Ambiental, “Estas tienen que ver más con la seguridad, en una hay que mejorar el dragado para maniobrabilidad de buques, la otra es un muelle de remolcadores y la tercera es un módulo de adición de la planta desalinizadora para mejorar suministro de agua en el puerto y las comunidades”.

Así mismo, el ejecutivo minero dijo que se trabaja en un plan de acción para mejorar controles, tanto de emisión como de las áreas aledañas mediante barridos, incluyendo allí las mismas comunidades, cabe recordar que la tutela fue presentada por la comunidad indígena Media Luna Dos en contra de la Nación, la Anla y la Minera.

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En fallo de segunda instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, revocó la condena proferida el pasado 17 de enero por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones del Conocimiento, contra el médico cirujano Manuel José del Castillo Amarís, por el delito de homicidio culposo.

El médico del Castillo Amarís, de 72 años de edad, había sido condenado a la pena de dos años y ocho meses, fallo en el que se dio la suspensión condicional de la pena.

El galeno fue señalado por la Fiscalía como presunto responsable de los hechos ocurridos el 30 de abril de 2010, fecha en que realizó un procedimiento quirúrgico a una menor de edad y esta falleció.

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El Juzgado Segundo Penal con Funciones del Conociendo emitió sentido de fallo condenatorio contra Luis Francisco Romero Brochero, alias “Pinki” y Carlos Andrés Consuegra Atencio, acusados del delito de homicidio agravado donde resultó victima Luis Eduardo Novoa, conocido como “Luchito” integrante de la comunidad LGBTI, asesinada a golpes y con arma blanca el día 12 de febrero de 2012 en las afueras del estadio de fútbol Armando Maestre .

El Juez del conocimiento fijó para el próximo mes de mayo la audiencia donde dará a conocer la cantidad de años que deberán purgar en prisión, que de acuerdo al código va de 33 a 50 años.

Estos sujetos están recluidos en la cárcel judicial de Valledupar.

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Tras el fallo del Consejo de Estado que pidió a la empresa carbonífera Cerrejón suspender temporalmente un proyecto basado en el desvío parcial del arroyo Bruno, el presidente de la multinacional, Roberto Junguito respondió que el fallo será acatado.

El directivo declaró que: “acataremos y respetaremos el fallo y desde la semana entrante comenzaremos consultas con las comunidades pero esto atrasará el proyecto y esto tendrá costos adicionales“, tras la petición del Consejo de Estado que exige puntualmente suspender por un tiempo el proyecto carbonífero en La Guajira hasta que no se hagan nuevas consultas previas con las comunidades de la zona.

Cabe recordar que desde el anuncio del desvío del afluente, las comunidades de la zona, en especial del corregimiento de La Horqueta, han señalado que esto podría atentar contra el abastecimiento del agua para esta región, sin embargo, Junguito dijo que en este proyecto están en juego 30 millones de toneladas de las cerca de 90 millones que se producen cada año en el país. Incluso señaló que podrían afectarse 600 empleos, afirmando que este proyecto no tendrá impactos ambientales como lo denuncia la comunidad.

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No más dilaciones

No hay peor ciego que el que no quiere ver. Este popular refrán le cae como anillo al dedo a los protagonistas de la larga novela de la elección del contralor de Valledupar Álvaro Luis Castilla Fragozo, cuya designación fue anulada por el Consejo de Estado mediante sentencia de última instancia proferida el 15 de diciembre de 2016.

Frente a esa sentencia el contralor Castilla ha intentando varias maniobras para evitar lo inevitable: su separación del cargo. En primer lugar, presentó una solicitud de aclaración de la sentencia, la cual aún se encuentran en trámite para ser resuelta. Adicionalmente presentó una demanda de nulidad contra la sentencia ante el propio Consejo de Estado, demanda que apenas inicia su estudio.

Simultáneamente a los dos recursos legales, extrañamente el contralor pidió al Concejo de Valledupar una licencia no remunerada de varios días para ausentarse del cargo, a pesar de que ya conocía de la sentencia en su contra. Y, como si fuera poco, recientemente presentó su carta de renuncia irrevocable ante el alcalde de Valledupar, argumentando que como el fallo del Consejo de Estado no está en firme él es aún el contralor en ejercicio.

Más allá de la controversia jurídica sobre si el fallo del Consejo de Estado tiene firmeza o no (y creemos que sí la tiene pues no admite recurso en su contra por ser de última instancia), lo que se esconde detrás de esta carta de renuncia es otra argucia orientada a hacer incurrir en error al alcalde, para que se declare la vacancia absoluta del cargo, con la expectativa de que se convoque otro concurso de méritos.

Sin embargo, la sentencia en mención es absolutamente clara cuando señala que “Así, como el proceso de elección del Contralor del Municipio de Valledupar se fijó bajo el esquema de concurso que orienta su designación a los resultados finales, necesariamente, la elección debió recaer en el participante mejor puntuado, en cuyo caso, para este proceso, según las pruebas que obran en el expediente, y atendiendo al orden informado en la sesión donde se dictó el acto de elección aquí acusado, correspondía elegir al señor OMAR JAVIER CONTRERAS SOCARRÁS”

Más claro no canta un gallo. Y mal hace el contralor saliente y el concejo de Valledupar en dilatar más esta decisión. El alcalde debe de abstenerse de pronunciarse sobre esta renuncia para evitar verse involucrado en un fraude a resolución judicial. Por el contrario, el alcalde muy bien podría convocar a extras al concejo para que procedan a darle cumplimiento al fallo y elegir a Contreras Socarrás, por haber ocupado el primer lugar en el concurso de méritos. Ponerle trabas a esta decisión, dilatarla más sin necesidad, sólo demostraría la falta de grandeza política tanto de la administración como del concejo para aceptar un resultado adverso. Los concejales de Valledupar se salvaron por un pelo de una destitución fulminante de la Procuraduría por este mismo caso. No es conveniente tentar tanto a la suerte.

Publicado en Editorial

En fallo de primera instancia el Juzgado Segundo Penal con Funciones del Conocimiento, emitió fallo condenatorio de dos años y 8 meses contra el médico Cirujano General, José Manuel del Castillo Amariz, de 76 años de edad, natural de Ciénaga, Magdalena, egresado de la Universidad Nacional, y vinculado al hospital Rosario Pumarejo de López, acusado por la Fiscalía por el delito homicidio culposo, donde resultó víctima Auris María Mandón, de 16 años, el 24 de abril de 2010.

De acuerdo al ente acusador la menor de edad ingresó al centro médico con un dolor abdominal, vómito y neumonía atípica, fue sometida a una intervención quirúrgica, que se complicó sobreviniéndole un paro cardíaco respiratorio, que le causó la muerte.

Medicina legal determinó que Auris María falleció por muerte violenta accidental por una lesión en el corazón causada con elemento corto punzante durante el procedimiento de reanimación.

El Juez fallador determinó la suspensión condicional de la pena y el pago de 26.6 salarios mínimos mensuales vigentes.

Publicado en Judicial
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