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Luz verde para Los Besotes

Desde la misma creación del departamento de El Cesar se empezó a visionar la necesidad de construir una represa o embalse que captara las aguas del río Guatapurí en la región de Los Besotes.

En efecto, en 1969 el entonces existente Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, contrató el primer estudio de factibilidad del proyecto, el cual no fue realizado por los costos que implicaba. 23 años después, en 1992 el Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, HIMAT realizó la actualización del estudio del INCORA. Luego de 9 años, en 2001, bajo la alcaldía de Elías Ochoa Daza, la Universidad Nacional y la firma de ingenieros Integral S.A. realizan los estudios y diseño del embalse. En 2005 se da inicio al proceso de consulta previa con las comunidades indígenas asentadas en la Sierra Nevada, proceso que concluye en 2009 con una rotunda negativa por parte de tales comunidades quienes se oponen a la ejecución del proyecto.

Un año después, en 2010, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, presenta una propuesta de ejecución del proyecto, el cual incluye tanto la función de captar agua para abastecer el acueducto de Valledupar como un distrito de riego. Seis años más tarde, en 2016, el proyecto es incluido en los planes de desarrollo del departamento y del municipio de Valledupar. Finalmente, este año la misma firma de ingenieros Integral S.A. presentó una nueva actualización del estudio de factibilidad que plantea cuatro escenarios posibles para ejecutar el proyecto, todos con expectativas razonables de viabilidad financiera.

Esta apretada cronología muestra las grandes dificultades que ha tenido en el tiempo el viejo anhelo de los cesarenses de materializar el proyecto de Los Besotes. Se trata nada más y nada menos que de asegurar el abastecimiento de agua potable para Valledupar para los próximos 30 años, cuando se estima que se haya duplicado el tamaño de su población. Adicionalmente, por ser un proyecto multipropósito el embalse estaría en capacidad de atender una demanda de riego para cerca de 8000 hectáreas.

Naturalmente, la acción conjunta de alcaldía, gobernación y Contraloría General de la República es la gran responsable de este primer semáforo en verde para empezar a hacer realidad Los Besotes. Hay que agradecer la gestión colectiva de Tuto Uhía, Franco Ovalle y Edgardo Maya, quienes –despojados de cualquier interés personal o político– han unido esfuerzos para impulsar esta necesaria y fundamental iniciativa para la supervivencia de Valledupar, pues, la amenaza del cambio climático ya nos ha demostrado que no son falsos los pronósticos de que la Sierra Nevada se quede sin glaciares en menos de 30 años, sistema montañoso que en siglo y medio ha perdido el 92% de sus nieves. Así que la cuestión no es de poca monta: Besotes hay que empezar a construirlo ahora, antes de que sea demasiado tarde.

Sin embargo, no todo el camino para materializar Los Besotes está despejado. En el horizonte aún se vislumbran grandes nubarrones. En primer lugar, el proyecto aún no cuenta con licencia ambiental. En segundo lugar, existe oposición al proyecto por parte de las etnias indígenas, lo que dificultará la realización de la consulta previa, requisito esencial para obtener la licencia ambiental. Por último, tampoco está asegurada su financiación, ya que por su monto –cerca de 150 millones de dólares– se requieren aportes de varias entidades estatales (nación, departamento y municipio) y de créditos blandos de entidades multilaterales como el BID o el Banco Mundial.

Lo que sí puede decirse desde ahora, al oído de los indígenas de la Sierra, es que ellos no pueden convertirse en la piedra en el zapato a Los Besotes. No solamente está en juego la supervivencia de Valledupar, sino de la de sus propias etnias. Sin agua, nadie sobrevivirá. De ahí la importancia de construir el embalse de Los Besotes.

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El mensaje de la Corte

Un verdadero temblor político produjo en el país el fallo de la Corte Constitucional que estableció fuertes límites al proceso especial legislativo para tramitar la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, más conocido como Fast Track (vía rápida).

Con una votación de 5 a 3, la Corte dejó sin efectos los literales h) y j) del Acto Legislativo 01 de 2016 que creó el Fast Track. Las normas tumbadas establecían, de una parte, que el Congreso sólo podía introducir modificaciones a los proyectos de ley que implementaban el Acuerdo de Paz, siempre y cuando contara con el aval previo del gobierno (literal h), y de otra, que todas las votaciones para aprobar las normas (leyes y reformas constitucionales) que implementan el Acuerdo debían realizarse en bloque, y no artículo por artículo, como está establecido en el procedimiento legislativo ordinario.

En consecuencia, la Corte avaló las pretensiones de la demanda interpuesta por el senador Iván Duque del Centro Democrático, quien argumentó que tales normas cercenaban, en la práctica, la autonomía del Congreso para legislar. Y tenía razón: el alto tribunal consideró que en el fondo se había sustituido la Constitución al cambiar las competencias del Congreso para deliberar y decidir sobre los temas sometidos a su consideración.

Son varios los efectos y reacciones que este fallo ya ha producido en el país político. El uribismo salió a cantar victoria y a celebrar que en Colombia aún existe la separación de poderes. Por su parte, el gobierno y las Farc, al unísono, expresaron su malestar por la decisión. Desde su cuenta en Twitter, el jefe de las Farc, Timochenko, convocó a todas sus unidades concentradas a estar en asamblea permanente, expresando que el fallo de la Corte “ha puesto el proceso de paz en la situación más difícil que éste haya vivido desde su inicio”. No es de extrañar la reacción de las FARC. Las normas tumbadas por la Corte eran las dos garantías que tenían de que lo convenido con el gobierno en el Acuerdo de Paz permanecería intacto en su tránsito por el Congreso.

Sin embargo, dado que la Corte estableció que su fallo sólo rige hacia el futuro, quedaron a salvo las normas ya aprobadas por el Congreso vía Fast Track, las cuales constituyen el corazón del Acuerdo de Paz: la ley de Amnistía, la Jurisdicción Especial para la Paz, el Estatuto de Oposición, la reincorporación de las Farc a la vida política, y el llamado ‘blindaje jurídico’ del Acuerdo de Paz.

Naturalmente, la decisión de la Corte genera una crisis en el proceso de implementar el Acuerdo de Paz, pero tampoco al punto de propiciar su ruptura definitiva. A las Farc hay que decirles: bienvenidas a la democracia colombiana, en donde opera la separación de poderes y las cortes son independientes del ejecutivo. Las dificultades que plantea el fallo del alto tribunal pueden y deben ser superadas por las vías institucionales. En el fondo el mensaje de la Corte es sencillo: no ir tan a prisa en la implementación del Acuerdo de Paz y respetar la naturaleza deliberativa del Congreso, poder público que no puede ser reducido a ser un simple notario que aprueba como autómata y sin debatir las iniciativas presentadas por el gobierno. La paz es un fin superior y una aspiración colectiva de la sociedad colombiana. Empero, en aras de la paz, no puede sacrificarse en el camino los cimientos mismos del Estado de derecho.

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Campanazo de alerta

La decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender por tres meses al alcalde de Cartagena Manolo Duque por el desplome de un edificio en el barrio Blas de Lezo debe ser entendido como un llamado de atención para todos los alcaldes del país en el manejo de la gestión urbanística.

Ya lo advertíamos en nuestra editorial del pasado 9 de mayo titulada “La Lección de Cartagena” sobre las amargas enseñanzas que se deben extraer de la tragedia ocurrida en la capital de Bolívar. Tal vez la principal lección radica en la imperiosa necesidad de realizar un control estricto y material –no sólo formal– a los proyectos inmobiliarios y construcciones que se pretenden realizar o que se están realizando en los distintos municipios del país.

El caso de Valledupar es paradigmático. Según cifras de Camacol Cesar, el 67% de las construcciones en la ciudad se ejecutan sin licencias. Aunque la cifra es alarmante, hay que reconocer que se ha reducido el porcentaje, por cuanto en el año 2010, el curador urbano número 2 Augusto Orozco Sánchez denunciaba que esta cifra ascendía al 85% de las obras de la ciudad.

Precisamente, Orozco Sánchez en una columna publicada en el diario El Pilón (¿Ficción o realidad?) le jala las orejas a su tocayo alcalde por lo que considera el desconocimiento por parte del mandatario del actual Plan de Ordenamiento Territorial, al poner en marcha un plan vial que no ha tenido, según el curador, el debido trámite que corresponde (concertación interinstitucional y consulta ciudadana) y por no tener la correspondiente autorización por parte del concejo municipal. El curador urbano es una voz experta en la materia que debe ser escuchada por la administración para evitar incurrir en errores y dolores de cabeza innecesarios.

Sin embargo, la decisión de la Procuraduría no puede leerse únicamente como una medida cautelar para el caso específico de Cartagena. Se trata de la primera decisión del ente de control que suspende a un alcalde capital en la era del Procurador Fernando Carrillo. Aquí hay un mensaje claro para todos los alcaldes: la Procuraduría no tendrá contemplación con la corrupción. Por ello, los alcaldes del Cesar sin excepción –y particularmente los del eje minero que manejan cuantiosos recursos de regalías– están advertidos que tendrán a la Procuraduría vigilándolos con rigor.

El Cesar no puede seguir repitiendo la historia de alcaldes que se convierten en reyezuelos y ponen el municipio a su servicio y el de sus familiares y amigos, enriqueciéndose impunemente a costa del erario. La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, El Paso, Codazzi y Becerril son poblaciones que tradicionalmente han sufrido la maldición de las regalías: ricos en recursos transferidos, pero con los peores índices socioeconómicos del departamento. En dichos pueblos los únicos que salen ricos son los alcaldes y su parentela. Solo basta mirar a los anteriores exalcaldes y también a los actuales. Dice el refranero popular que ni la pobreza ni la riqueza se pueden ocultar. Si los entes de control siguen el rastro del dinero bien podrían empezar a cambiar esa maldición que pesa sobre los pueblos cesarenses.

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Llegó el invierno

La temporada invernal inició con fuerza en la mayor parte del país y, por supuesto, también en la Costa Caribe, en la cual cinco de siete departamentos se encuentran en estado de alerta: Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena y Sucre.

Según el IDEAM, las lluvias se extenderán hasta mediados de junio, razón por la cual no puede bajarse la guardia en materia de gestión y atención del riesgo, por los efectos negativos que puedan causar las precipitaciones. De acuerdo con la autoridad meteorológica, el departamento del Cesar tiene actualmente un nivel de alerta naranja por la “probabilidad moderada de ocurrencia de deslizamientos de tierra ocasionados por lluvias en áreas inestables”, específicamente en los municipios de San Alberto, La Paz, Manaure y Codazzi.

Sin embargo, el reporte del IDEAM no tiene en cuenta la probabilidad de inundaciones en el sur del Cesar, en particular en los municipios de La Gloria, Gamarra y Tamalameque, donde el río Magdalena ha alcanzado niveles preocupantes.

En este sentido, el país debe aprender de las lecciones que dejan las tragedias de Mocoa y Manizales, por las crecientes súbitas de los ríos. En el caso especifico del Cesar no puede perderse de vista que el sistema montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta, nacimiento de varios ríos que surcan la región, tiene una de las pendientes más altas y pronunciadas del país, lo cual constituye un riesgo para las poblaciones asentadas en sus laderas, riesgo que se acentúan en época de invierno. Precisamente, semanas atrás, el IDEAM emitió una alerta roja por la formación de una creciente súbita en la cuenca alta del río Guatapurí, la cual, por fortuna, no produjo ningún resultado negativo.

Frente a este panorama ambiental el mensaje es claro: las autoridades deben estar preparadas, de una parte, para prevenir –en aquello que es posible prevenir– las situaciones de riesgo que está generando la actual ola invernal, y de otra, para mitigar el impacto de una amenaza metereológica que llegue a materializarse. El sistema de alertas tempranas es el mejor mecanismo para propiciar una respuesta oportuna de autoridades y ciudadanos y evitar la ocurrencia de tragedias. Lo anterior, en cuanto a acciones a corto plazo. Pero en un horizonte más amplio, el Cesar no puede olvidar la deuda ecológica que tiene con las cuencas de los ríos, las cuales han sido víctimas de una voraz deforestación y tala de bosques nativos. Corpocesar, como autoridad ambiental del departamento, es la primera llamada a reforestar estas cuencas y a socializar con las poblaciones que habitan en las riberas de los ríos la importancia de preservar estas barreras naturales. ¡El chip de la conciencia ecológica debe ser insertado y activado ya en las cabezas de todos los cesarenses!

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Craso error

No cabe duda que el pasado Festival Vallenato fue un éxito rotundo por donde se le mire. La calidad de los participantes de los diferentes concursos, en especial del concurso de acordeoneros profesional y de la canción inédita, donde sólo competían ganadores de versiones anteriores. La elección del jurado pues, en su gran mayoría, todos reconocieron que se impusieron los mejores: Alvarito López en Profesional e Ivo Díaz con su composición “El rey de los cajeros”.

Asimismo, también se destaca su organización y la asistencia del público que superó todos los récords. En efecto, según un análisis preliminar que elabora la Cámara de Comercio de Valledupar, a la ciudad ingresaron por distintas vías más de 140.000 visitantes durante el Festival, 15.000 de ellos por vía aérea en más de 80 vuelos comerciales y varios privados. En el marco del certamen cultural, la alcaldía autorizó 140 permisos para eventos públicos, los cuales tuvieron lleno absoluto. En síntesis, el pasado Festival Vallenato dinamizó la economía de la ciudad a niveles antes no vistos, por tratarse de la versión especial de Rey de Reyes.

Tal vez esta euforia colectiva que vivió la ciudad y que tiene a muchos contentos ha llevado a la Fundación rectora del evento a cometer el despropósito de anunciar que el concurso Rey de Reyes será cada cinco años. Así lo expresó su presidente, Rodolfo Molina, en la ceremonia de premiación de los ganadores del certamen el pasado sábado. ¡Craso error!

En primer lugar, esta decisión va en contravía de lo establecido por la creadora de esta edición especial, Consuelo Araujonoguera, cuando estableció en 1987 el primer Rey de Reyes. El periodo de diez años para hacer este concurso no es caprichoso. Los fundamentos que en su momento tuvo en cuenta la Cacica siguen vigentes: cada diez años se forma una nueva generación de acordeoneros que tienen características similares y pertenecen a una misma escuela musical.

Acortar el periodo para el Rey de Reyes a cinco años parece obedecer a un criterio eminentemente comercial y no cultural. Es perder la mística y el encanto que tiene una versión especial de Rey de Reyes. Cuando una distinción o premio puede ser alcanzada por cualquiera, pierde su gracia.

Las comparaciones del Festival Vallenato con las olimpiadas y el mundial de fútbol (eventos que se hacen cuatro años) no vienen al caso. Este es un certamen musical y cultural, aquellos son deportivos. La Fundación no puede ceder a las presiones comerciales y romper con una tradición que ha demostrado con el paso del tiempo haber quedado bien establecida.

Ojalá la Fundación rectifique a tiempo este exabrupto.

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Protestas a granel

Parodiando la famosa canción de Escalona (que cumple 8 años de ausencia), parece que el presidente Santos se ha puesto de malas, de malas porque el país entero le quiere parar. Primero fueron los taxistas que suspendieron sus servicios, luego los docentes entraron ayer en paro, siguen las protestas sociales en Chocó y Buenaventura, se suman los distintos sindicatos del Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, y amenazan también con irse a paro los empleados de la Rama Judicial.

Bastante oscuro, tenso y complejo el clima de gobernabilidad que tiene que capotear el mandatario colombiano, que dicho sea de paso, tiene los índices históricos más bajos de popularidad de presidente alguno, a pesar de contar en su palmarés con un premio Nobel de Paz. ¡Tamaña paradoja!

Por supuesto que son distintas las razones por las cuales cada gremio protesta. Los taxistas, por su oposición al uso de Uber y otras plataformas digitales; los docentes exigen mayores reinvidicaciones laborales y mejores servicios de Salud. Los chocoanos reclaman por el eterno olvido del gobierno central a sus justos reclamos de satisfacer mínimas necesidades básicas. Y los sindicatos del INPEC exigen el aumento de la nómina en 4000 nuevos guardianes para atender el creciente aumento de internos de las ya congestionadas cárceles colombianas.

Sin embargo, llama la atención que todos estas protestas ocurran simultáneamente frente a un gobierno que ya tiene el sol a sus espaldas y escaso margen de maniobra político y económico. Digámoslo sin rodeos. El gobierno central está desfinanciado. La pasada reforma tributaria dejó claro que era imperativo aumentar el recaudo para atender el incremento exponencial del gasto del gobierno. Todo el recaudo de la tributaria ya está comprometido y no hay espacio para nuevos gastos.

Así las cosas, es poco probable que el gobierno llegue a concertar con los sectores en protesta, cargado de soluciones concretas y viables financieramente. Son muchos incendios simultáneos los que le están ardiendo a Santos en la actualidad Y no se ve en el gobierno quiénes oficien como apaga incendios. Por el contrario, varios alfiles de Santos empiezan a abandonar el barco –como Germán Vargas y Simón Gaviria que renunciaron a sus cargos– pensando en sus intereses políticos.

De no actuar a tiempo y en forma eficiente este gobierno, existe la probabilidad de que las protestas aisladas de estos sectores terminen por contagiar a otros sectores y gremios a presionar a Santos en este momento de debilidad. Tiene, pues, el presidente el gran desafío de apagar los incendios rápidamente para no repetir la amarga historia del paro de camioneros del año pasado que tanto daño causó a nuestra economía y al bolsillo y a la canasta familiar de los colombianos.

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5 años de déficit comercial

El próximo 15 de mayo se cumplen cinco años de la entrada en vigencia del tratado de libre comercio celebrado con Estados Unidos, un acuerdo comercial al que se le invirtió mucho tiempo y esfuerzo por parte de la dirigencia colombiana para obtenerlo. Para la muestra un botón: el tratado se firmó en febrero de 2006, después de 21 meses, 15 rondas y 100 reuniones entre los equipos negociadores. Sin embargo, sólo entró en vigencia 6 años después, luego de un arduo trámite de aprobación por parte del Congreso norteamericano. 

No obstante, el balance que deja, un lustro después de su entrada en vigencia, es bastante agridulce. En efecto, antes del TLC, Colombia tuvo durante 15 años consecutivos (1997 a 2012) balanzas superavitarias en su relación comercial con Estados Unidos. Cinco años más tarde la ecuación se invirtió. Pasamos de un superávit de 8.244 millones de dólares en 2012 a un déficit de 1.413 millones en 2016, a pesar de tener una de las tasas de cambio más favorable de nuestra historia.

Mirando hacia atrás, son muchas los factores que explican este resultado tan negativo en nuestra balanza comercial: la poca o nula preparación del país en adelantar la llamada “agenda interna”, esto es, poner a tono la infraestructura, los nodos de transporte, modernizar nuestro sistema arancelario y aduanero, entre otros elementos requeridos para ser competitivos. Tampoco puede negarse la poca diversificación de nuestra oferta exportadora que sigue concentradas en materias primas (petróleo y minerales) y con poco valor agregado.

Sin embargo, el mayor error cometido en el TLC lo señaló con claridad nuestro analista económico, José Antonio Larrazabal; fue haber creído que negociábamos con una economía complementaria a la nuestra, cuando en el fondo Estados Unidos, por su tamaño y por la diversidad de su oferta exportadora, es una economía sustitutiva de nuestros productos. El mejor ejemplo de ello puede encontrarse en el deterioro creciente de las cifras de la industria manufacturera, el cual coincide con el periodo de vigencia del TLC.

Pero no sólo la industria nacional resultó afectada. El principal sector afectado ha sido el sector agropecuario, en particular los subsectores de arroz, trigo, maíz, azúcar, avicultura, ganadería vacuna y porcicultura.

Ciertamente, no es tiempo de sentarse a llorar, sino de aprender de los errores y examinar cómo el país puede aún sacarle provecho a un acuerdo comercial que por lo pronto ha dejado más pérdidas que ganancias en el balance general.

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La mala hora de la Ruta del Sol

A raíz del escándalo de Odebrecht, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) terminar el contrato Ruta del Sol sector 2, el cual contempla 528 kilómetros de doble calzada, cuyo tramo de mayor extensión se encuentra en nuestro departamento. En efecto, de los 510 kilómetros de su extensión total, 276 se encuentran localizados en El Cesar, en tres tramos: San Alberto – La Mata –(100 kilómetros), La Mata – San Roque (88 kilómetros) y San Roque – Bosconia (88 kilómetros).

Como consecuencia de esa orden, la ANI ordenó la liquidación del contrato e inició los trámites para escoger, por licitación, al nuevo contratista que termine las obras. Las mencionadas decisiones de las autoridades han generado, como era de esperarse, la parálisis de las obras de la Ruta del Sol y un mar de incertidumbre entre los cientos de empleados y subcontratistas del proyecto. Sólo en El Cesar, la suspensión de la obra afecta a cerca de 4000 empleos directos e indirectos.

De los 528 kilómetros que contempla el Sector 2 de la Ruta del Sol sólo se alcanzaron a construir 311, lo que significa que al contrato que la SuperIndustria ordenó terminar, le falta casi la mitad de su ejecución. Teniendo en cuenta la amarga experiencia de proyectos fallidos del Estado, el gran riesgo es que la Ruta del Sol termine convertida en un elefante blanco, una obra a medio hacer, que, además, propicie el estallido de un problema social por los empleos perdidos.

No obstante lo anterior, si por el Sector 2 llueve, en el Sector 3 de la Ruta del Sol no escampa. En efecto, aunque por causa distinta, el Sector 3 (Valledupar - Carmen de Bolívar) enfrenta serios problemas que ponen en riesgo la viabilidad del proyecto. En primer lugar, cabe recordar que desde el año 2015, Conalvías, socio de YUMA, consorcio contratista de la obra, salió del proyecto tras acogerse a la Ley 1116 de 2016. Su participación fue asumida por la firma italiana Impregilo, socio mayoritario de la obra.

Sin embargo, el reemplazo de Conalvías por Impregilo no ha espantado el fantasma de la insolvencia del proyecto. En la actualidad el gerente general Leonardo Castro (argentino) se encuentra negociando un otrosí que prorroga el contrato de YUMA con la ANI. Alega que el Estado le causó daños y perjuicios que estima en más de $70.000 millones, por no haberle otorgado a tiempo la licencia ambiental para el proyecto, debido a demoras en la consulta previa en territorios donde están asentadas comunidades indígenas (Línea Negra) y afrodescendientes. Por su parte, el Estado argumenta que las obras a cargo de YUMA no han avanzado al ritmo comprometido ni en los tiempos establecidos en el contrato.

Si esto no fuese ya suficiente, existe la posibilidad de que en el marco de su negociación con la justicia, el empresario Andrés Jaramillo López, expresidente de Conalvías, y hoy preso por el carrusel de la contratación de Bogotá, aporte alguna información sobre el contrato del Sector 3 de la Ruta del Sol que pueda afectar su legalidad y, en consecuencia, sea declarada su caducidad. Es decir, termine de la misma forma que ya terminó el Sector 2.

Es dentro de este contexto que debe entenderse el oportuno llamado de atención al gobierno nacional que realizó esta semana el congresista Cristian José Moreno sobre la suerte de la Ruta del Sol en nuestro departamento. Acierta el congresista cuando indica que la parálisis de las obras “ha generado la suspensión y el no pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores así como la no garantía de pago a proveedores, empresarios y microempresarios del” Cesar.

Las campanas ya sonaron. Corresponde entonces al gobierno nacional prevenir que la Ruta del Sol, otrora símbolo del avance de la infraestructura vial del país, termine convertido en un laberinto sin salida que deja a su paso, desilusión, quiebra, más desempleo y más pobreza.

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La lección de Cartagena

El desplome de un edificio en construcción en el barrio Blas de Lezo de Cartagena, con saldo trágico de 21 personas muertas y 23 heridos, deja amargas lecciones sobre lo que no debe hacerse en el área de la planeación urbanística.

En primer lugar, la falta absoluta de controles sobre la obra en construcción. En efecto, la empresa propietaria del proyecto “Constructora & Quiroz” no contaba con licencia de construcción y ni siquiera había solicitud de permiso en tal sentido. La valla exhibida al público de la Curaduría Urbana # 1 de Cartagena era falsa, el número de radicado del proyecto allí publicado no corresponde a ningún número en esa curaduría ni en la Curaduría Segunda de esa ciudad.

En segundo lugar, la falta de reacción de las autoridades ante las denuncias de la comunidad. De hecho, una semana antes del colapso del edificio, varios vecinos alertaron a las autoridades sobre las irregularidades cometidas por la empresa constructora tanto en materia urbanística como en el no cumplimiento de normas de seguridad industrial. Como se sabe, las autoridades cartageneras hicieron caso omiso de tales advertencias.

Sólo después de que colapsara el edificio y ocurriera la tragedia las autoridades reaccionaron. Otra tragedia más que pudo haber sido prevenida por la falta de la acción oportuna del Estado.

Dentro de este contexto, Valledupar bien puede mirarse en el espejo de Cartagena para que nunca tenga que vivir en carne propia una tragedia similar. Ciertamente, en Valledupar también abundan las construcciones irregulares que no cumplen con toda la normatividad urbanística. La Oficina de Planeación en cabeza de Aníbal Quiroz Monsalvo adolece de la infraestructura, el personal y la capacidad técnica para controlar los cientos de construcciones que se realizan en la ciudad, algunas de ellas sin los correspondientes permisos de las Curadurías Urbanas #1 y #2 de la ciudad. Aquí también, como en Cartagena, se habla de la existencia de una mafia de construcciones piratas, aunque en menor proporción.

El caso más reciente de este tipo de edificaciones irregulares lo ejemplifica la construcción realizada por el empresario Juan Manuel Geles en el barrio Santa Rosalía de Valledupar. Sin contar siquiera con el permiso de la Curaduría o de Planeación, el señor Geles de manera descarada inició y terminó la construcción de un establecimiento de comercio tipo bar en una zona eminentemente residencial. Fue tal su descaro que hasta puso una valla de la Curaduría Urbana #2 en el que indicaba que la obra contaba con su autorización. En forma oportuna, el propio Curador Iván Zuleta públicamente desmintió a Geles y expresó que la construcción es ilegal porque el solicitante no completó la información requerida por la Curaduría y, por tanto, su solicitud está ad portas de ser archivada. Adicionalmente, los propios vecinos denunciaron ante los medios que el señor Geles continuaba con la construcción y que en vez de parar la obra, los amenazaba de muerte.

A pesar de toda esta evidencia en contra, la Oficina de Planeación a cargo de Quiroz sólo se limitó a poner un aviso en el predio donde se realizó la construcción del lujoso bar de “Suspensión de Obra”, para cumplir “formalmente” con la ley, sin embargo, los propios vecinos se preguntan –y nosotros con ellos– de qué sirve suspender una obra que ya está terminada, cuando lo que corresponde es su demolición.

El señor Geles ha expresado en su círculo privado su tranquilidad por el tema por ser amigo personal del alcalde Tuto Uhía y porque su empresa fue la que le imprimió toda su publicidad en la campaña política. Aquí sólo cabe recordar que los dueños de la Constructora & Quiroz de Cartagena también eran muy amigos del alcalde cartagenero Manolo Duque Vásquez. Ya todos conocemos el fúnebre resultado de esa amistad.

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¡Cuidad a los niños!

Las imágenes –impublicables- del niño violado y estrangulado hasta morir en Curumaní desgarran el alma y provocan náuseas. Otro ángel víctima de la acción demencial de los hombres. ¿Qué llevará a una persona a atentar en forma brutal y despiadada contra un pequeño de cuatro años? Es una pregunta que corresponde al campo de la siquiatría y la sicología forenses.

Lo cierto es que este horrendo crimen es un reflejo más de nuestra descomposición social. Cuando creíamos que habíamos superado la pesadilla de la infamia cometida contra Yuliana Andrea Samboní por el canalla de Rafael Noguera Uribe, la tragedia ocurrida en Curumaní nos golpea en la cara y nos muestra el absoluto estado de indefensión en que se encuentras los niños y adolescentes en Colombia, a merced de monstruos reconocidos como Luis Fernando Garavito y Rafael Noguera, y otros anónimos que andan sueltos.

Se agrega a la tragedia de Curumaní la conducta negligente de la madre del niño que no advirtió oportunamente a las autoridades sobre su desaparición. Conductas así: descuidos de los padres, desatención de los niños, dejarlos sólos mucho tiempo, son las que aprovechan los pederastas y enfermos sexuales para atentar contra los niños y adolescentes.

En muchos pueblos y ciudades de Colombia se cocina un coctel de factores de riesgo que propician los abusos sexuales y la violencia contra los menores: embarazos no deseados, el abandono físico, material y afectivo a los niños, violencia intrafamiliar, bajo nivel educativo de los padres, el alcoholismo o drogadicción de los padres, falta de comunicación, el hacinamiento, familias disfuncionales con hijos de anteriores parejas, entre otros factores, que facilitan la acción de los depredadores de niños.

Por todo ello no debería sorprendernos las crudas y aterradoras estadísticas sobre la violencia a los niños en el país. En efecto, según la ONG internacional Salven a los niños (Save the Children), cada hora en Colombia dos niños llegan a Medicina Legal por haber sido presuntamente víctimas de abuso sexual. Cada día tres menores de edad son abandonados y dos, asesinados. Según Medicina Legal, en 2016 este instituto atendió 17.908 casos de menores remitidos por denuncias de presunto abuso sexual. En 2017, de enero a marzo, habían sido atendidos 4.315 casos de violación a menores.

Los casos de mayor repercusión social (como el de Yuliana Samboní por la influencia del victimario) suelen acaparar la atención de los medios y gozan de mayor despliegue mediático. Sin embargo, las frías cifras nos hablan de una realidad igual o peor de maltrato generalizado a los menores.

Frente a esta cruel realidad hace falta una política pública de protección integral a nuestros niños que debe empezar por prevenir los embarazos no deseados, con una acción efectiva de planificación familiar dirigidas, en primer lugar, a las adolescentes, y, en segundo, a aquellas madres que ya tengan dos o más hijos.

En cuanto al castigo a los responsables, siempre que hay un crimen de esta naturaleza suelen escucharse voces que piden pena de muerte o cadena perpetua para los victimarios, pero los estudios sobre la materia han demostrado que frente a la violencia infantil no hay pena que detenga a los depredadores porque en el fondo son enfermos incurables. ¡La única alternativa es cuidar a los niños!

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