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Ciertos afiliados también abusan de las EPS

En el estudio hecho por las secretarías de Salud del municipio de Valledupar como la departamental se develaron muchas fallas de la EPS con asiento en los 25 municipios del Cesar, pero también algunas irregularidades por parte de los afiliados.

Nicolás Mohrez Muvdi, secretario de Salud advirtió que muchos afiliados a los que le hacen seguimiento se dedican a pedir citas y medicamentos para luego comercializarlos.

Mohrez Muvdi advirtió que en especial algunos afiliados comercializan los pañales desechables y algunas drogas de control.

Se estableció que hay afiliados y familias enteras que se dedican a desangrar las EPS y en la actualidad no hay forma de sancionarlos.

La divulgación la hizo el funcionario en una entrevista concedida a La Tribuna del Cesar con ocasión del Ranking de las EPS con asiento en el Cesar.

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El sector de la salud sigue siendo uno de los renglones que más afecta a los cesarenses quienes a diario ven vulnerados sus derechos ante las falencias y desatenciones de las EPS que vulneran a los usuarios sin que autoridad alguna los ponga en cintura.

Recientemente la Secretaría de Salud Departamental dio a conocer el listado de estas entidades que más quejas generaron el año pasado.

Mediante el Servicio de Atención a la Comunidad, SAC, a través del Sistema de Protección e Información al Usuario, se conocieron un total de 3081 quejas registradas, siendo Salud Vida, la EPS que presentó el mayor número de reclamos con 484, le siguen Cajacopi con 424, Comparta con 416 y Nueva EPS con 391.

El Secretario de Salud del Cesar, Nicolás Muhrez Muvdi, tras conocer estos resultados, manifestó que se adelantarán planes de mejoramiento como intensificar las jornadas de capacitación en humanización de la salud y hacer seguimiento al cumplimiento de las normas para garantizar la atención al paciente.

Entre las más destacadas violaciones están: dilatación en la autorización de servicios, falta de oportunidad en la asignación de citas con especialistas, programación de procedimientos quirúrgicos, y en la autorización de exámenes de laboratorio o diagnóstico.

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La navidad para los padres e hija de 14 años no será la más halagüeña por todas las peripecias que les están haciendo pasar las directivas de Coomeva en Valledupar, a quienes han pedido insistentemente el retiro de unos clavos de una pierna, los que le incrustaron en una operación quirúrgica, pero con el paso del tiempo deben retirarlos pera ha sido imposible ante la negativa de la EPS.

La narración la hace el señor padre Diubar Ortega quien lleva 8 meses de estar insistiendo, pero no le han parado bolas literalmente a pesar de los intensos dolores que siente la menor a quien deben acondicionarle una férula para que pueda caminar normalmente.

Asegura el angustiado padre, que la EPS cada día le dilata más el proceso argumentando falta de documentación clínica cuando dice que todo lo tienen en regla. Ni las tutelas han surtido efecto en este caso para el que pide la solidaridad de las autoridades para poder retirar esos elementos de la pierna de su hija.

Toda esta angustia dice el señor Ortega tienen un aditamento y es el gasto económico que tienen que hacer al desplazarse de la Jagua de Ibirico en donde vive hasta Valledupar sin que se vea recompensado el esfuerzo por la negligencia de esta Empresa Prestadora de saluda. 

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El Gerente del hospital de Dibulla, Santa Teresa de Jesús de Ávila, ha comunicando  sentirse molesto y preocupado, porque las EPS Cajacopi y Dusakawi después que se les atendió a sus afiliados en el centro asistencial ahora no quieren recibir las facturas.
El Gerente indicó, que lo autorizaron para hacerle pruebas y estudios de laboratorio de segundo nivel, avalados por las EPS y Secretaria De Salud Departamental.
La deuda contraída con el hospital supera la cifra 70 millones de pesos, “este caso ya está en manos de la Secretaria de Salud Departamental y la voy a pasar al Ministerio de Protección Social y todos los entes de control”, terminó diciendo un poco contrariado Edgar Moscote Levette.
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Después de la polémica respuesta de la Secretaria de Salud del departamento Carmen Sofía Daza y por supuesto sumado al escándalo de la denuncia de madres por el fallecimiento de sus bebés en una clínica de Valledupar, llegó el anuncio de la renuncia de la funcionaria, con ello la noticia de quien será el nuevo encargado de la tan golpeada sectorial, Nicolás Mohrez Muvdi, ha recibido esta denominación y tendrá la dura tarea de cambiarle la cara a esta dependencia de la cual cesarenses esperan mucho más de lo que se ha hecho.

La comunidad tiene altas expectativas, ya que en estos cambios prefieren no aplicar el lema del ‘malo conocido es mejor que el bueno por conocer’, valduparenses y habitantes del Cesar en general vienen presentando constantes quejas porque aseguran que por la mano ‘blanda’ de los mandatarios las EPS e IPS vienen jugando con la salud de los ciudadanos a tal punto de suministrar medicamentos alterados como el caso de la Laura Daniela o incluso no entregar el medicamente sin importar que el tratamiento del paciente sea de vida o muerte.

Lo cierto es que la comunidad está exigiendo, pidiendo que se note el cambio y que sobre todo este sea humano, porque a diario se aglomeran a las afueras de las EPS a suplicar por una atención digna que entre tiempo de espera de compasión y reacción de las tutelas a muchos se les ha ido la vida.

Esto dijeron los oyentes sobre la nueva designación y el cambio que esperan en la defensa de la salud departamental:

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Desde la gerencia del hospital Santa Teresa de Jesús de Ávila del municipio de Dibulla, se hizo pública la denuncia de que dos Eps, a las cuales se les ha prestado servicios médicos a sus afiliados, están evadiendo sus compromisos económicos con dicho hospital.

Fue el gerente Edgar Moscote Levette, quien dio a conocer la situación luego de sentirse impotente en la etapa de dialogo lo que podría llevarlo a realizar el cobro a través de un proceso jurídico, "el principal deudor es la Sociedad Médica Clínica Riohacha, cuya deuda asciende a 126 millones de pesos y el segundo inconveniente es con la Nueva EPS que le adeuda una suma cercana a los 60 millones de pesos" explica.

Pero al parecer allí no termina todo, de otro lado, existen dos EPS más que, aunque deben, tienen voluntad de pago, ellas son: Salud Total, con una deuda de 48 millones y la desaparecida Cafesalud con 62 millones.

Aseguró que ha dialogado en dos ocasiones con Gelver Ordúz Vargas, financiero de una de las clínicas y ha estado evadiendo la responsabilidad, pese a que se le ha colocado las cuentas con sus soportes y no ha atendido la solicitud del centro asistencial de los dibulleros.

Las EPS le deben al Hospital en total 290 millones de pesos.

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Un verdadero calvario es el que dicen estar pasando unos pacientes renales que periódicamente se realizan diálisis en la Unidad Santa Rita en la ciudad, debido a la suspensión de esos tratamientos por vencimiento del contrato de la EPS Confacort con dicha IPS.

Ante tal situación, desesperadamente estas personas, 18 en total  han venido tocando varias puertas entre estas los estamentos de la secretaría de salud, Personería y Defensoría del Pueblo para que intercedan en el caso sin que hayan obtenido una respuesta positiva.

Andrés Barros, uno de los líderes y con padecimientos del caso manifestó que es inminente el deterioro de la salud si no se actúa a tiempo, de hecho manifiesta que hay personas que ya se encuentran mal, con el riesgo de sobrevenirles la muerte ante la intoxicación de la sangre al no realizarse el proceso que unas máquinas hacen por sus riñones.

Mientras ellos luchan por la supervivencia, Confacort Solo les dice que hay que esperar mientras encuentran otra IPS para suscribir otro contrato, lo que según ellos es letal pues sus cuerpos no resisten más de tres días sin dializarse.

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La representante legal de la entidad EPS Anas Wayuu, Beda Margarita Suarez Aguilar, se refirió al informe de la Contraloría General, en el que se indica que la EPS pagó casi $5.000 millones en contratos que no se ejecutaron, "La EPS Anas Wayuu que opera en La Guajira, fue auditada por el ente de control cuando los contratos aún no se habían liquidado" aseguró

Dijo además la funcionaria que en estos momentos están en la etapa de indagación preliminar y se están entregando todos los soportes para darle claridad a la Contraloría en todos los aspectos.

Según Suárez cuando un contrato se firma generalmente tiene vigencia de un año y la norma establece que cuando termina, cuentan con cuatro meses para hacer la liquidación. "Es cuando nos sentamos con las Ips y  hospitales para establecer como fue la ejecución y los valores que recibieron, porque los giros son de manera anticipada", afirmó.

Entre tanto la auditoria de la Contraloría la gestión y resultados en diferentes áreas de Anas Wayuu, procesos y actividades es desfavorable, en total se establecieron siete hallazgos administrativos, de los cuales dos tienen presunta incidencia fiscal por 5 mil 559 millones de pesos y tres poseen aparente incidencia disciplinaria.

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Las tareas arrojadas por la capacitación sobre el Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad, por parte de la secretaria local de salud a las EPS, IPS, ESE y Fundaciones de la ciudad, es que estas entidades deben conseguir en lo que resta del año a mil 34 personas con algún tipo de discapacidad.

Para alcanzar la meta, las autoridades de salud propondrán una nueva metodología, que consiste en que cada EPS, IPS, UGD, se hagan compromisos mínimos con esa población con discapacidad y también buscar estrategias con las bases de datos, con el Sisbén, con el listado censal para identificar a las personas que presenten alguna discapacidad y así nutrir la base de datos.

De igual forma, se realizará intervenciones y campañas en la ciudad, para que la gente sepa, qué tipo de discapacidad presenta, conocer si cuentan con seguridad social, dar a conocer los programas que tienen las EPS a favor de estas personas con discapacidad.

La secretaria Local de Salud, Claudia Margarita Zuleta Murgas, manifestó que, “necesitamos cumplir con la meta de conseguir esos mil usuarios que nos hacen falta, que son personas que viven en nuestro territorio, pero no tienen esta caracterización. No es un simple requisito cumplir con el número, es una manera de poder direccionar adecuadamente las intervenciones que el Gobierno Municipal y Departamental propone para esta vigencia”.

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Delincuentes ingresaron por el techo y cometieron hurto en la sede de Salud Vida EPS, que está ubicada frente al Loperena del centro de la ciudad de Valledupar, ocurrió el pasado fin de semana.

Los sujetos desactivaron el sistema de alarmas y sustrajeron el dinero que se encontraba en las cajas registradoras, así mismo dos computadores con toda la información de los usuarios.

Las autoridades iniciaron la correspondiente investigación.

Publicado en Judicial
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